El año pasado 682 líderes sociales fueron víctimas de ataques que pusieron en riesgo su vida, su integridad y su trabajo. Entre ellos, los más alarmantes son el aumento de las amenazas y de los asesinatos. Informe de una ONG pone de relieve esta situación y alerta sobre la necesidad de garantizar la libre participación para el posconflicto.
Los defensores de derechos humanos siguen en la mira de los violentos. El año pasado las agresiones contra estos líderes volvieron a aumentar. Foto: archivo Semana.Mientras las acciones de las Farc y los enfrentamientos con el Ejército disminuyeron a cifras no vistas hace más de medio siglo, los homicidios a nivel nacional se redujeron con relación a 2014, y en varias regiones históricamente convulsionadas por el conflicto armado se empezó a sentir algo de paz, 2015 fue un año muy duro para los defensores de derechos humanos.
El informe El Cambio, publicado este miércoles 2 de marzo por el Programa Somos Defensores -organización no gubernamental que desde hace varios años monitorea la situación de los defensores de derechos humanos-, documentó cada una de las 682 agresiones que sufrieron los activistas sociales el año pasado, nueve por ciento más que en 2014. Según el documento, dos líderes fueron agredidos diariamente por motivo de su labor.
Pese a las denunciasde las víctimas y de las organizaciones sociales, los ataques contra estos dirigentes no cesan y, paradójicamente, aumentan año tras año. Lo más preocupante es que las investigaciones contra los responsables no avanzan y en la gran mayoría de los casos se desconoce quiénes son. Sobre el porqué de estos hechos, el informe es claro: “Las agresiones aumentan por el simple hecho de lo inoperante de la política de prevención, protección (de defensores) y judicialización (de agresores)”.
En cuanto a las cifras de asesinatos, volvieron a aumentar el año pasado. Si bien en 2014 ocurrieron 23 menos que en 2013 (55 y 78, respectivamente), el año pasado esta cifra llegó a 63. Llama la atención que la mayoría de las víctimas eran líderes de comunidades indígenas y LGBTI; que los homicidios ocurrieron en 22 departamentos del país, siendo Cauca y Antioquia los que más casos registraron; que 47 asesinatos fueron hechos con arma de fuego, siete con armas blancas y uno a golpes con un objeto contundente; que 21 de las víctimas habían denunciado amenazas previamente, cuatro tenían medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a una se le habían vencido y a otra se las negaron; y que del total de víctimas, 55 eran hombres y 8 mujeres.
Además, el informe indica que “la mayoría de los homicidios ya no se concentran en una zona región del país como en las épocas álgidas del conflicto, por el contrario el asesinato de estas personas se presentó de manera dispersa y en casi todos los departamentos; de igual manera y preliminarmente se puede deducir que estas muertes no se derivan directamente del conflicto armado “convencional” y por el contrario son producto de nuevas violencias que aún están por estudiarse”.
Al observar el tipo de defensor asesinado, por quinto año consecutivo, los líderes indígenas volvieron a registrar el mayor número de casos: 12 en total. Para Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), esta situación ocurre por la autonomía y la defensa territorial que promulgan estas comunidades. “Las autoridades tradicionales se oponen a la extracción minera, a la ocupación de militar de cualquier actor armado y a la presencia de multinacionales en los territorios, lo cual hace que sus líderes estén en condiciones de alta vulnerabilidad. El no dejarnos imponer los intereses de los grupos armados, nos ha afectado mucho, pero nuestro plan de vida es innegociable”, le explicó Capaz a VerdadAbierta.com.
Las amenazas son otro dolor de cabeza para los defensores de derechos humanos. Somos Defensores documentó 539 amenazas contra activistas sociales, y en 27 de ellas, que se realizaron de manera masiva, se agredieron a alrededor de 400. En 2015 ocurrieron 12 amenazas masivas más que en 2014, año en el que ese fenómeno tuvo sus mayores picos. Según el informe, desde finales de ese año, cuando varios líderes sociales y víctimas del conflicto armado viajaron a Cuba para participar en el proceso de paz, estas agresiones se dispararon, y en tan sólo cuatro meses, ocurrieron 15 amenazas masivas.
Los sitios donde más amenazas se presentaron son Bogotá (con269 casos), Valle del Cauca (91), Atlántico (42), Cauca (34), Sucre (34), Meta (20) y Antioquia (14). Entre los presuntos responsables se encuentran en mayor medida las bandas criminales y desconocidos.
Este documento también registra otro tipo de agresiones como atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, usos arbitrarios del sistema penal, violencia sexual y robos de información. Al analizar todas estas variables desde los últimos cinco años, Somos Defensores llega a la conclusión de que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se “raja en la materia de protección del ejercicio de defensa de los derechos humanos”, pues en su quinquenio al frente de la Nación, ocurrieron 2.444 agresiones contra defensores de derechos humanos.
Además, el informe cuestiona la política de protección de las víctimas, a través de la Unidad Nacional de Protección, la cual está enfocada en destinar “enormes presupuestos en el sistema de protección física en lugar de invertir en una real implementación de mecanismos preventivos que reviertan las causas que conllevan al riesgo, como es el caso del paramilitarismo”. El no prevenir y judicializar a los responsables de las acciones, son, según el documento, el caldo de cultivo se ha identificado como la causa del aumento de agresiones contra quienes defienden los derechos de los demás.
Y sobre este punto hace un llamado de alerta para la posible etapa de posconflicto a la que entraría el país si se firma un acuerdo de paz con las guerrillas, para que el Estado garantice la libre participación en las regiones, por medio de una política que dé garantías para el ejercicio de la política pública.
