Mientras el destacado abogado y defensor de derechos humanos alertaba sobre la presencia paramilitar en Antioquia, el gremio ganadero se oponía a su desmonte y las autoridades civiles departamentales se empotraron en la defensa de la seguridad privada como remedio a todos los males de seguridad que padecían sus habitantes.

“Paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan”, afirmó, sin vacilaciones, Jesús María Valle Jaramillo en un emotivo discurso pronunciado el 25 de agosto de 1997, durante la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los docentes y defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Felipe Vélez.

Decirlo así, en aquellos años, era un gran riesgo: la maquinaria paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ya estaba articulada con sectores de la Fuerza Pública y sus huestes avanzaban a sangre y fuego atacando todo aquello que afectara los intereses de quienes ostentaban los poderes económicos y políticos.

Su voz era escuchada con nitidez en el recinto del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, pleno centro de Medellín, por decenas de espectadores que concurrieron a aquella disertación conmovidos por el recuerdo de la muerte de tres personajes ilustres de la academia, que dieron su vida por los más humildes.

Aquel día, Valle Jaramillo, quien presidía el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, estaba inspirado en el dolor que le generó la ausencia de sus amigos, pero también en la angustia que le producía la soledad de los campesinos ante la arremetida paramilitar en Antioquia y, sobre todo, en Ituango, su tierra natal. Le afectaba el poder que estaban adquiriendo.

“Ya la Fiscalía tiene que pedir permiso a esos personajes que aparecen extrañamente en los municipios, para poder hacer un levantamiento de cadáveres. Y los inspectores que hacen esos levantamientos de cadáveres son asesinados para destruir la prueba, para impedir los sistemas de investigación judicial”, dijo, con tono de amargura.

Con toda razón, la investigadora María McFarland lo llamó “El Profeta”, en su libro There Are No Dead Here: A Story of Murder and Denial in Colombia (Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia), que será lanzado esta noche en New York. (Leer más en: “Jesús María Valle representa a miles que sacrificaron sus vidas por contar la verdad”: María McFarland)

Hubo un plan

Petición de perdón por parte del gobierno colombiano por el asesinato de Jesús María Valle, realizada hace tres años en la Universidad de Antioquia. Foto: Ricardo Cruz.

Aquel 25 de agosto, el insigne abogado aprovechó la ocasión para rendir un informe sobre la situación de derechos humanos en el departamento. En un breve contexto, hizo alusión a la senda de desarrollo que traía Antioquia desde 1983, año en el que, por primera vez, se presentó un plan de desarrollo, respaldado por una ordenanza, que integraba las regiones y posibilitaba una mayor inclusión social y económica.

“Ese plan se fijó una meta: que fuese un mecanismo en un proceso de paz, que lográramos vincular a todas las regiones y a todos los municipios, que tuviéramos un ciudadano más laborioso y participativo”, detalló Valle Jaramillo, a quien ese proceso lo animó a pensar en un departamento con mayor justicia social, sobre todo con el fortalecimiento que se dio entre 1989 y 1993. “Antioquia estaba proyectando un desarrollo que penetrara más en lo regional y en el ente territorial denominado municipio. Y nos comprometimos en el plan de desarrollo con muchos sectores poblacionales e íbamos a los concejos, a las entidades comunitarias”.

Pero algo pasó, hubo una fractura en ese camino trazado, ocasionada por grupos armados ilegales que se propusieron acabar con las guerrillas. “Entonces aparecieron unos hombres armados en las regiones que cometían una seria de tropelías y asesinatos y hábilmente desaparecían de la zona”, recordó.

El clima de terror que se impuso, sobre todo en el campo, poco a poco fueron minando las ilusiones que había generado en Valle Jaramillo la posibilidad de concretar, con las comunidades y las autoridades locales, un plan de desarrollo más incluyente.

“Un clima de zozobra empezó a desintegrar lo que habíamos construido durante muchos años”, dijo, y detalló las consecuencias que comenzaban a generar esas estructuras armadas, sobre todo en temas tan esenciales como la educación, la salud y el desarrollo agropecuario.

“Aquellos maestros que protestaron por esos asesinatos y masacres fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados. Entonces se empezó a desintegrar todo ese sistema educativo”, aseveró el jurista. “Y los médicos que iban a las veredas y a los corregimientos a atender a los enfermos con mucho esfuerzo, también fueron perseguidos, intimidados, amenazados, desaparecidos, y el sistema de salud empezó a degradarse”.

Sobre los efectos en el campo, que para Valle Jaramillo era un asunto vital, agregó: “Y los programas agropecuarios, las Umatas en Antioquia, cuando soñábamos con remplazar el café, cuando soñábamos con un dominio del paisaje y de la agricultura, se desintegraron”.

Y en medio de su angustia, percibía efectos funestos sobre las comunidades: “Y ese tejido solidario del campesino se fue desintegrando y se empezó a consolidar la zozobra al lado del temor, mientras se perdían los proyectos culturales, artísticos, artesanales”.

Para aquellos años ya esa máquina de guerra contrainsurgente, que veía supuestos enemigos en todos lados, estaba a toda marcha. Tan sólo en entre 1993 y 1995 se habían perpetrado 37 masacres en el departamento, dejando 257 muertos. Y ese modelo macabro, según Valle Jaramillo, se estaba copiando en otros departamentos.

“Estamos exportando, a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para departamentos pacíficos como los de la Costa y Chocó. Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, a todo el país”, afirmó.

Su informe sobre la situación de derechos humanos en Antioquia no era alentador y su relato se basó no sólo en fríos reportes, sino en su experiencia personal: “Lo han visto mis ojos, lo he presenciado con gente de mi pueblo, de mis veredas, de mis corregimientos. A esas personas que yo vi nacer, con esas personas con quienes escuché silbidos de miseria en las montañas, han sido asesinadas”.

En aquella ocasión expresó también su dolor por el silencio de las autoridades: “Y he ido a todas partes invocando derechos de petición para la población campesina, y no he recibido respuesta positiva”.

Sus denuncias

Cargada de sensaciones amargas fue la presentación del informe sobre la situación de derechos humanos que expuso Jesús María Valle Jaramillo. Foto: archivo.

Dos meses antes de aquel célebre informe, Valle Jaramillo acudió a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación a denunciar con detalle lo que venía ocurriendo en buena parte del norte del departamento y a ofrecer detalles de lo ocurrido tras una cruenta incursión paramilitar, donde perdieron la vida Jairo Sepúlveda Arias, Graciela Arboleda, William Villa y Héctor Ortega.

“Todos ellos fueron asesinados por un grupo de hombres armados que se hacían pasar por Autodefensa y para poder cometer el delito hicieron un recorrido, de Caucasia a la Nueva vía, de la Nueva vía a San Andrés de Cuerquia, de San Andrés de Cuerquia al Valle, del Valle al perímetro urbano de Ituango, y de Ituango en un trayecto de dos horas al corregimiento La Granja”, le explicó a la Fiscalía el 13 de junio de 1997.

En su declaración se mostró preocupado por la falta de diligencia de las autoridades policiales locales y el desconocimiento en la Gobernación de Antioquia: “En Ituango en esa época había comando de Policía y había Ejército. Desconcierta que tres asesinatos de esas tres personas en La Granja y el asesinato del profesor Sepúlveda en el municipio de Ituango se hubiesen hecho sin que la Policía y el Ejército se hubiesen dado cuenta y al mes sin que el que Secretario de Gobierno Departamental, doctor Pedro Juan Moreno, se hubiese dado cuenta”.

El abogado y defensor de derechos humanos fue dando cuenta de las infructuosas gestiones que había hecho ante la Gobernación de Antioquia y la Cuarta Brigada del Ejército para que se protegiera a Ituango, su tierra natal, de la presencia de comandos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), quienes, a su juicio, eran apoyados por ganaderos, comerciantes y políticos locales. Lo que obtuvo a cambio de sus denuncias fue un sospechoso silencio.

“Por ello yo considero que el gobernador de Antioquia (Álvaro Uribe Vélez) ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual”, aseveró en su denuncia. Para el momento de su declaración, según el jurista, se contabilizaban 150 personas asesinadas.

Pero no se quedó sólo en ese señalamiento. Con base en distintas pruebas que aportó, solicitó que se enviara “toda esa documentación a la honorable Corte Suprema de Justicia para que esa entidad vea si se amerita dictar un auto de cabeza de proceso contra el gobernador de Antioquia, el doctor Pedro Juan Moreno, por el delito de prevaricato por omisión”. (Descargar declaración)

Defensa institucional

El abogado y defensor de derechos humanos nunca vaciló ante las adversidades que le produjo denunciar el avance del paramilitarismo en Antioquia. Foto: Juan Diego Restrepo E.

Pero Valle Jaramillo luchaba contra corrientes institucionales muy poderosas, entre ellas la Federación Antioqueña de Ganaderos (Fadegan). Unos de sus directivos, Jaime Tobón Villegas, era un defensor de la seguridad privada como estrategia para combatir a los grupos subversivos. Así lo advirtió en una carta que le envió al entonces ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, el 17 de junio de 1997, en reacción a un mensaje que enviaron varios jefes guerrilleros dos días antes, durante la entrega a una comisión de personalidades nacionales e internacionales de 70 soldados que mantenían retenidos tras las incursiones en Las Delicias (Caquetá) y Juradó (Chocó) en que propusieron el desmonte del paramilitarismo y las Convivir.

“No pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Ellas son motivo de conversaciones”, escribió Tobón Villegas. “Lo que pretenden las Farc es suspender todos los controles del Estado para defender la sociedad y poder continuar el conflicto sin Seguridad, sin Paramilitarismo, sin las Convivir, sin los decretos de orden público, etc., como quien dice que el Gobierno y la Sociedad se crucen de brazos para que la guerrilla prosiga a sus anchas para ir ganando espacios en todo el territorio nacional”. (Descargar carta completa)

Pero no era el único que tenía esas posturas. Meses atrás, el 20 de marzo de 1997, el entonces secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, le envió una extensa carta a José Miguel Vivanco, “director ejecutivo de Human Rigths Watches” (sic), con el objeto de aclarar la legalidad de las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, en reacción a unas críticas declaraciones que dio Vivanco a un noticiero de televisión el 9 de marzo de ese mismo año.

En esa misiva, el funcionario defendió las políticas de seguridad que se implementaron en la Gobernación de Antioquia y aseguró que “el Señor Gobernador dentro de la concepción de autoridad firme ha utilizado los recursos y medios necesarios que la Constitución pone a la mano para hacerlo”, refiriéndose, entre otras cosas, al Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, expedido por el entonces presidente de la República, César Gaviria Trujillo, mediante el cual se crean las asociaciones de seguridad y vigilancia privada.

No faltaron, en su exposición, alusiones a los críticos que, como Vivanco, cuestionaban a las Convivir: “Nuestros intelectuales de izquierda están condenados a ser una minoría desubicada y anacrónica en este país”.

Pero su punto central fue concretar la intención que impulsó la Gobernación de Antioquia durante ese periodo, apalancándose en normas de carácter nacional: “Si […] resulta urgente superar el estado de inteligencia del Ejército y la Policía, ¿por qué ha de tildarse de ‘guerrista’ a quien de veras asume el liderazgo en la reivindicación civil de la acción militar?”.

Líneas más adelante volvió a fustigar a quienes promovían salidas negociadas a la confrontación armada: “El Señor Gobernador, con su política de fortalecimiento de la seguridad, está propiciando el diálogo con una mayor eficacia que toda la retórica empalagosa de los pacificas desubicados”.

Y al abordar el tema de las asociaciones de seguridad y vigilancia privada, no dudó en defenderlas. “Tienen una base ética legal y ética indiscutible”, aseveró. “Fueron constituidas con el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legalmente constituidas y crear entre la ciudadanía de bien, una conciencia de colaboración con las instituciones del Estado”. (Descargar carta completa)

Valle tenía razón

La investigadora María McFarland describió a Valle Jaramillo como «una persona de una gran nobleza, humildad y, sobre todo, de un profundo compromiso con los más necesitados». Foto: Juan Diego Restrepo E.

“Paramilitares y las Convivir se confunde en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan”, dijo el jurista y defensor de derechos humanos aquel 25 de agosto, muy en contravía de lo que decían en la Gobernación de Antioquia y sectores económicos como Fadegan.

Lo que se vino a corroborar, más de una década después, a través de los testimonios de exparamilitares que se desmovilizaron bajo los acuerdos firmados con el gobierno nacional y se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que los comprometía a decir la verdad sobre sus actividades en la guerra, es que, efectivamente, lo que denunció tempranamente Valle Jaramillo era cierto. Y lo ratificaron diversos tribunales.

Así, por ejemplo, quedó consignado en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 21 de noviembre de 2013, al condenar al Ministerio de Defensa por la desaparición forzada de ocho personas en el municipio de San Roque, Antioquia, ocurrida el 14 de agosto de 1996. En esta decisión se precisó: “La Sala reitera que en estos eventos la responsabilidad del Estado se ve comprometida de forma especial y particular, toda vez que, precisamente, la administración pública –y especialmente en el departamento de Antioquia– fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados ‘Convivir’ cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad a un fenómeno de paramilitarismo cuyo objetivo era exterminar los grupos subversivos”.

La sentencia contra José Barney Veloza García, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 31 de enero de 2012, estableció que “las Convivir, fueron el motor para el sostenimiento y crecimiento de las autodefensas”, basándose en las declaraciones del empresario bananero y exjefe paramilitar Raúl Hasbún y de Hebert Veloza García, alias ‘HH’.

Ante jueces y fiscales, Hasbún narró que en alguna ocasión visitó al secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, quien le sugirió crearan una Convivir en el Urabá antioqueño y la idea cogió tanta fuerza que en poco tiempo se constituyeron doce, una de las cuales, llamada Papagayo, fue utilizada por la estructura paramilitar para canalizar los recursos económicos aportados por las empresas bananeras y ganaderas.

Alias ‘HH”, por su parte, detalló que las Convivir en el Urabá antioqueño, desde su conformación, estuvieron al servicio de las Accu, siendo encargado Raúl Hasbún, “quien las creó para legalizar dineros que entraban a las autodefensas por los aportes de sectores de la economía legal de la región”.

La Fiscalía General de la Nación también sumó investigaciones al respecto. Durante una audiencia realizada en abril de 2011, la Fiscal 17 de Justicia y Paz aseguró que “Raúl Hasbún fue la parte administrativa fundamental de las Convivir”, y agregó que éste aprovechó su condición de empresario y su cercanía con los empresarios bananeros y ganaderos de la zona para captar recursos para estas asociaciones. De acuerdo con el ente acusador, en Antioquia se constituyeron por lo menos 87 Convivir, la mayoría de ellas durante la gobernación de Álvaro Uribe, entre los años 1995 y 1997.

En esa audiencia, alias ‘HH’ detalló que las confesiones que venían haciendo sobre las Convivir les habían generado presiones a él y a José de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, un exparamilitar del Bloque Calima de las Auc que sabía del tema.
De acuerdo con ‘HH’, a Pérez Jiménez le ofrecieron 200 millones de pesos para que guardara silencio y, según dijo, detrás de esa oferta estaban el llamado excanciller de las Auc, Rodrigo Zapata, el abogado Sergio González y el hoy senador José Obdulio Gaviria. (Leer más en: Convivir eran fachada del paramilitarismo en Urabá)

Lo dramático de este caso es que Pérez Jiménez, el primer desmovilizado en recuperar la libertad tras saldar sus cuentas con la justicia, fue asesinado en el barrio Moravia, de Medellín, el 6 de junio de 2015, tan sólo 22 días después de recuperar su libertad.

Denunciar la relación de las Convivir con las estructuras paramilitares implicaba riesgos. Así lo vislumbró Valle Jaramillo en aquel discurso del 25 de agosto de 1997, luego de anunciar que aparecía en “las listas de Carlos Castaño”, máximo jefe de las Accu en aquel tiempo: “Desde esa fecha estoy esperando el golpe, porque me hice el propósito de denunciar esas 150 muertes de personas de mi pueblo y yo sigo creyendo que muy lentamente, muy tardíamente, que, con muchos años de atraso, la Fiscalía y el órgano judicial adelantará esta investigación”.

Y su afirmación fue premonitoria. En sentencia de segunda instancia fechada el 25 de noviembre de 2017, más de 19 años después de su discurso, el Tribunal Superior de Medellín sostuvo que “las Fuerzas Militares, de Policía, de Seguridad, la Gobernación de Antioquia, grupos de ganaderos, comerciantes, industriales y muy buena cantidad de personas que fueron víctimas de las acciones de la guerrilla, se aliaron con los grupos de autodefensa o paramilitares en orden de combatir a esos grupos insurgentes”.

De acuerdo con las pruebas evaluadas por ese tribunal, existía un alto interés del secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, de silenciar al defensor de derechos humanos. “Fue el principal promotor de ese hecho, reiteramos, en la idea de impedir que se diera a conocer la alianza entre los mandos institucionales y de Autodefensas. A más por cuanto eran también responsables de la cantidad de homicidios y desplazamientos y en general de la ejecución de la política orientada al exterminio de las guerrillas, sus simpatizantes y auxiliadores”.

La decisión, que ratificó la condena de 30 años contra los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, coautores del homicidio del abogado y defensor de derechos humanos, también ordenó compulsar a la Fiscalía para que se investigue al senador, expresidente y exgobernador Álvaro Uribe Vélez; al general Carlos Alberto Ospina, comandante para aquella época de la Cuarta Brigada del Ejército; al entonces comandante del Batallón Girardot, coronel Germán Morantes Hernandez; y a varios oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía.

Varios sectores sociales leyeron la decisión con algo de esperanza, tal vez pensando en aquellas palabras de Valle Jaramillo pronunciadas en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en Medellín: “En ninguna parte del mundo ha vencido la criminalidad organizada a la judicatura”.