A pesar de los incumplimientos del gobierno nacional para acondicionar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de El Estrecho, ubicado en Patía, Cauca, los excombatientes de los frentes 8 y 29 de las Farc afirman que no consideran una opción empuñar las armas de nuevo. Asesinatos en la región y la posesión del próximo jefe de Estado les genera incertidumbre.
“El gobierno no pegó ni una puntilla y nos vinimos de Policarpa porque dijo que era imposible desarrollar un proyecto productivo allá. Ahora en El Estrecho ya llevamos más de seis meses y seguimos viviendo en cambuches de plástico. Sin embargo, estamos comprometidos con la paz hasta el final”.
De esa manera resumen Sebastián*, uno de los coordinadores del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Aldemar Galán, cómo ha sido el proceso de reincorporación de los integrantes de dos frentes guerrilleros que tuvieron presencia en el suroccidente colombiano, uno de los más accidentados de la implementación del Acuerdo Final que el gobierno nacional y las Farc sellaron el 24 de noviembre de 2016.
Este espacio inició en los primeros meses de 2017, cuando alrededor de 300 subversivos se concentraron en la entonces Zona Veredal que se instaló en el cerro La Paloma, en el municipio nariñense de Policarpa, para hacer su dejación de armas. Sin embargo, los cronogramas no se cumplieron según lo pactado y la infraestructura necesaria para facilitar la reincorporación de las Farc no se construyó porque, como según argumentó el gobierno nacional, las condiciones geográficas eran muy difíciles para transportar los materiales de construcción.
Por esa razón, como detalló a este portal en marzo del año pasado ‘René Hertz’, entonces coordinador de la Zona Veredal, “nos tocó armar ‘cambuches’ en lugares diferentes para que, cuando vengan a construir, tengan el espacio donde hacer las edificaciones pendientes”. Así, pasaron los meses, las Farc dejaron las armas y terminó la vigencia de las Zonas Veredales, pero las edificaciones pendientes no fueron construidas. (Leer más en: Zona Veredal de las Farc en Policarpa, entre acuerdos y desacuerdos)
De acuerdo con lo pactado en La Habana, una vez terminada la dejación de armas de las Farc, las Zonas Veredales y los Sitios Transitorios de Normalización se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), para que los excombatientes puedan recibir capacitación y desarrollar proyectos productivos. No obstante, como no había en pie infraestructura alguna, las Farc acordaron con el gobierno instalar dicho espacio en una zona más accesible.
Y así fue como el pasado 24 de noviembre, alrededor de 60 hombres y mujeres llegaron a una finca ubicada en el corregimiento de El Estrecho, en Patía, al sur de Cauca. Lo hicieron con la esperanza de que esta vez la adecuación no tuviera mayores retrasos porque el ETCR se encuentra a diez minutos de la vía Panamericana, en una zona plana.
Sin embargo, ocho meses después, siguen en la misma situación que en La Paloma: habitan en cambuches de plástico, no tienen agua potable, no existen aulas para recibir capacitaciones y hasta ahora no hay en marcha proyectos productivos.
Reincorporación en medio de la nada
“Nos vinimos para acá porque está cerca de la vía Panamericana y no ha cambiado nada. Entre las mismas instituciones del Estado encargadas de la implementación de lo acordado se tiran la pelota: primero que era responsabilidad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, después que de Fondopaz y luego de la ARN… Hasta hace poco más de un mes no teníamos energía eléctrica y llegó por iniciativa de nosotros con algo que no fue cosa de otro mundo: se necesitaron 300 metros de cable y algunos postes que ayudamos a clavar para hacer la interconexión”, explica Leo Moreno, uno de los coordinadores del ETCR.
Ese planteamiento es compartido por Sebastián, quien alega que se han encontrado un sinfín de trabas para lograr la reincorporación: “Las demoras están en falta de estudios, de caracterización, de requerimientos que desconocíamos y todo el procedimiento burocrático. La situación es tan complicada que aquí no hay agua potable y Fondopaz nos da bolsas de agua. En este espacio hay más de diez niños y tampoco hay escolarización”.
La falta de espacios comunes y aulas de clases también persiste en Patía. “A pesar de estar cerca a la vía nos dicen lo mismo de siempre: que ya van a hacer. Hay mucha burocracia, son muy lentos y parece que no hay voluntad. Este es el único ETCR en el que no han construido lo básico de otros. Yo estuve en La Elvira cuando era Zona Veredal y había salones, luego me mandaron a Policarpa y acá seguimos con los mismos plásticos de allá. Nos dijeron que en dos meses harán las zonas comunes y nada”, cuenta Jacinto Constante, miembro del equipo de comunicación del ETCR Aldemar Galán.
Y así como falta la infraestructura, también escasean los proyectos productivos que faciliten la reincorporación económica de los excombatientes. Hace dos meses desarrollaron el único proyecto que han tenido hasta la fecha, que consistió en la cría de 500 pollos. “Ese proyecto fue desarrollado con recursos del PNUD. Se vendió una parte de los pollos a 3.500 pesos la libra y otra el gobierno la compró para el consumo en el ETCR como parte de la alimentación que otorga. No hemos tenido más proyectos y seguimos a la espera para poner en marcha la cooperativa”, explica Constante.
Como indica el encargado de comunicaciones, los excombatientes de Patía están a la espera de que les habiliten la cuenta bancaria y de finiquitar los últimos detalles para poner en marcha Sendapaz, la asociación con la que pretenden hacer su reincorporación.
“A las Farc nos caracteriza la unidad y por eso sobrevivimos tanto tiempo en la guerra. Hacemos parte de las economías solidarias, Ecomún, y la de aquí se llama Sendapaz, Forjando Senderos de Paz. Tenemos proyectos colectivos, que ya están presentados, pero no hay viabilidad. Hay uno de piscicultura, de frutales, de cítricos, hasta de ganado. Eso se presentó al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Se han generado cuatro proyectos y estamos a la espera”, plantea Moreno. (Leer más en: Las cooperativas de las Farc, apuesta de desarrollo local)
Sobre la situación de Patía, Jefferson Mena, gerente de los ETCR, argumenta que el retraso en la adecuación se debe a que los excombatientes solicitaron que se construyeran viviendas permanentes y más sólidas, a diferencia de las que existen en el resto del país.
“Una vez se movieron al Bordo (cabecera municipal de Patía), estábamos listos y dimos las instrucciones a Fondopaz para que iniciara todas las obras de construcción del Espacio Territorial; sin embargo, ellos en una sesión del CNR pidieron que se mirara la posibilidad de que las construcciones no fueran al estilo ETCR, sino que fueran más estables y duraderas. A eso hemos accedido y trabajamos con diferentes instancias del gobierno para crear la ruta que nos permita invertir los recursos en viviendas más duraderas. Estamos en ese proceso”.
Además, reconoce que “Fondopaz está retrasado en el tema y le hemos solicitado que se ponga al día, pero ya hay un presupuesto y hay profesionales en la zona estudiando el terreno. Creo que en los próximos días iniciaremos la construcción de las obras. Eso implica un trabajo coordinado con el Ministerio de Agricultura a través de la Oficina de Vivienda Rural, para que se construyan las viviendas más duraderas”.
Sobre la reincorporación económica señala que mientras se ponen en marcha los grandes proyectos productivos, el gobierno nacional está consiguiendo recursos con los cooperantes internacionales para “invertir en pequeños emprendimientos que ellos ya han venido desarrollando, como el de la cría de pollos”.
Y sobre el desembolso del aporte único de ocho millones de pesos para que los excombatientes desarrollen un proyecto productivo, recuerda que “no es una cuantía que se les entrega en una determinada fecha, sino que corresponde al proceso de reincorporación económica que ellos tienen que desarrollar, presentando el proyecto productivo al CNR, para hacer el desembolso luego de que sea evaluado y aprobado”.
Debido a esos retrasos, de los 60 excombatientes que llegaron a Patía, sólo cinco se encuentran en el ETCR de manera permanente y otros diez lo ocupan de manera ocasional. Los restantes, tras un vendaval que dañó algunos cambuches, optaron por alquilar viviendas en los dos pueblos aledaños y están a la espera de que inicie el proceso de reincorporación.
La mayoría de los 250 excombatientes restantes que dejaron las armas en Policarpa decidieron regresar por su cuenta a sus hogares, y tan sólo una minoría, de la que no hay cifras concretas, se vinculó con las disidencias. Según le contó ‘René Hertz’ a este portal cuando recién se asentaron en Patía, la demora en la implementación del Acuerdo Final en Policarpa fue usada por grupos armados para reclutar a algunos de los exguerrilleros. (Ver entrevista y ¿La implementación del Acuerdo Final hace agua en Policarpa?)
Incertidumbres de seguridad
Aunque en Patía no ocurre la misma situación de violencia que padecen los exintegrantes de las Farc en el norte de Cauca, en donde según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), once de ellos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, sí tienen zozobra por la violencia que hay alrededor del ETCR.
“En los últimos seis meses van seis muertos en la región. Mataron a dos personas como a 600 metros de acá por el río y a otras dos como a un kilómetro de aquí por las montañas. Aunque la Fuerza Pública diga que es por ajuste de cuentas, no deja de preocupar que existan actos violentos en un espacio de paz”, cuenta con temor Sebastián, y agrega que “en la cordillera hay Eln, disidencias, ‘paras’ y Fuerza Pública. Eran nuestros territorios y fueron ocupados por grupos residuales”.
Además, en la región se ha identificado presencia de disidentes y del Epl en Pan de Azúcar y Betania, y del Eln y grupos paramilitares en Leiva y Rosario. “En la cordillera se encuentran grupos que dicen llamarse disidencias pero que tienen un propósito que no es otro que obtener recursos económicos. Estamos preocupados porque hace dos meses cerca del espacio, al otro lado del río, asesinaron a dos personas. Hasta ahora no hemos recibido amenazas pero el peligro es latente”, indica Moreno.
Por otro lado, los excombatientes también tienen incertidumbres en cuanto a su seguridad jurídica por el relevo que habrá en la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto, luego de que Iván Duque, candidato del Centro Democrático, partido que se ha opuesto duramente a la manera en la que se desarrolló el proceso de paz y a la consecuente implementación del Acuerdo Final, obtuviera la votación más alta en los pasados comicios presidenciales.
“Nos preocupa el cambio de gobierno. En lo personal porque es la continuación del uribismo, que fue nuestro enemigo directo. Ya había dicho que dañarían los acuerdos y empezaron con la JEP. Nos preocupa, pero seguimos cumpliendo, organizando a la gente y concientizando que se necesita un cambio. Si nos quieren desaparecer, vamos a buscar todos los mecanismos para hacernos escuchar a nivel nacional e internacional porque el gobierno no puede cambiar los acuerdos”, expresa Constante.
Si bien es cierto que el Centro Democrático, dirigido por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, ha hecho fuertes críticas al proceso de paz, en su primer discurso como mandatario electo, Duque señaló que modificará el Acuerdo Final pero que le otorgará garantías a los desmovilizados que quieran continuar su proceso de reincorporación y que no vuelvan a delinquir.
Al respecto, Moreno considera que tras las elecciones el Centro Democrático ha modificado en parte su discurso “por la lectura que le han dado al volumen de votación de la Colombia Humana -campaña opositora a la de Duque que tuvo como candidato presidencial a Gustavo Petro-, que es una fuerza que entra a disputarle la hegemonía a esa clase política que siempre ha tenido el control del país”.
Y agrega que están a la espera de realizar la lectura que tendrá el nuevo gobierno: “A Duque le diría que estamos comprometidos con la paz y que una nueva Colombia es posible. Nosotros estamos convencidos de que la guerra no es el camino de Colombia; nos comprometimos y hemos cumplido el cien por ciento, y lo seguiremos haciendo para trabajar por una patria diferente”.
*Nombre cambiado por petición de la fuente
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