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Se trata de un proceso originado en el municipio de Quinchía, Risaralda, y del cual se habrían beneficiado el congresista y su padre, Óscar Tulio. Detrás de esta historia hay narcotraficantes, actuaciones jurídicas al parecer irregulares y posible acceso a información privilegiada sobre una de las fases del proyecto vial Conexión Pacífico 3.
Mauricio Lizcano, senador por el Partido de la U, quien presidió en la pasada legislatura al Congreso de la República. Foto: archivo Semana.
En un informe de 46 páginas, la Procuraduría General de la Nación hizo un exhaustivo análisis de la información que acopió sobre el presunto despojo de tres predios de la vereda Saulito, en el corregimiento de Irra, conocidos como Guamerú, Sausagua y el Lote Sausagua, solicitados en restitución por los familiares de Blanca Ofelia Acosta y Juan Fernando Correa, antiguos propietarios, quienes fueron secuestrados y desaparecidos en noviembre de 1996.
Lo particular de este caso es que los predios reclamados, que, en conjunto, tienen una extensión cercana a las 57 hectáreas, fueron adquiridos por el congresista Lizcano y su padre, proceso de compra sobre el que la Procuraduría lanzó una alerta por “el posible aprovechamiento de la historia de violencia ocurrida” en esos predios para “activar una cadena de actuaciones públicas y privadas que pudieron llevar al despojo de esos bienes”.
El informe, conocido por VerdadAbierta.com, también advirtió sobre el posible acceso y utilización de “información reservada referente a la estructuración de proyectos de infraestructura de interés nacional y estratégico, en cuya gestión contractual y de recursos, además, pudo haberse cometido una serie de irregularidades”. Se trata de una de las fases del proyecto Autopistas para la Prosperidad que requería los predios en reclamación.
Quienes se aplicaron a la elaboración de ese documento consultaron diversas fuentes, entre ellas a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y a las cámaras de comercio Bogotá, Medellín y Manizales.
La historia detallada en el documento de la Procuraduría tiene dos grandes capítulos: en el primero se cuenta lo sucedido a los antiguos dueños de los predios y las decisiones judiciales en su contra; y en el segundo, se detallan las transacciones de los Lizcano y cómo se beneficiarían con las obras de una de las fases del proyecto vial Conexión Pacífico 3, que comprende obras en los tramos Tres Puertas-Irra e Irra-La Felisa.
Desaparecidos
Los esposos Blanca Ofelia Correa y Juan Fernando Acosta fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos sin que aún se conozcan los responsables y sin que sus cuerpos se hubiesen encontrado. Para la época de los hechos, pululaban en la región grupos guerrilleros como el Frente Óscar William Calvo, del Epl, y el Frente Aurelio Rodríguez, de las Farc, así como diferentes estructuras ligadas a carteles del narcotráfico.
Lo que comenzó a tejerse luego de la desaparición de los esposos Acosta Correa fue una trama de decisiones judiciales que afectaron la propiedad de los predios Guamerú, Sausagua y el lote Sausagua y que a juicio de la Procuraduría se adelantaron sin la menor posibilidad de defensa de los dueños.
Sus familiares solicitaron en octubre de 2004 ante el Juzgado Primero de Familia de Medellín la declaración de muerte presunta de la pareja de esposos. A través de sentencia proferida el 9 de mayo de 2008, el despacho así lo declaró, fijando como fecha presuntiva de los hechos el 27 de noviembre de 1996.
En el trámite de sucesión, adelantado por Juan Carlos Acosta Sierra, se descubrió que los bienes habían sido objeto de remate en un proceso ejecutivo, sin la comparecencia de sus dueños, por lo que inició una acción de reparación directa con la idea de que se declarara la responsabilidad del Estado y se les indemnizara por los perjuicios causados tras la decisión del juez. La causa fue presentada ante el Tribunal Superior de Antioquia, que falló en su contra. El fallo fue apelado ante el Consejo de Estado, que aún no resuelve.
Al momento de la desaparición, los tres predios estaban a nombre de Blanca Ofelia Correa y sobre uno de ellos, Guamerú, pesaba una deuda hipotecaria a favor de la sociedad Danasay Ltda., hoy MH Pineda y Cía S.A.S., por 100 millones de pesos.
Para saldar esa deuda, se inició un proceso ejecutivo de cobro de mayor cuantía que derivó, inicialmente, en el embargo de las tres propiedades, y luego en la adjudicación a favor de la firma MH Pineda y Cía. S.A.S., tras un proceso tramitado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado y fallado a favor de los cobradores el 4 de febrero de 1997.
Si bien se le aclaró al juez que la decisión no podía ser notificada porque la demandada al parecer estaba secuestrada junto con su esposo, ese despacho no reparó en esa situación y ordenó enviar a la citación a la dirección aportada en la demanda. El documento fue recibido por el portero, quien informó que la residencia de los Acosta Correa estaba desocupada. No obstante, el operador judicial insistió en la notificación y para ello nombró un representante de la familia, quien no presentó objeción alguna.
Finalmente, los predios fueron traspasados a la MH Pineda y Cía. S.A.S., cuyos antecedentes empresariales se remontan a Danasay Ltda., representada en el momento de la hipoteca por Yolima Hernández Pineda, viuda, según la Procuraduría, de Guillermo de Jesús Blandón Cardona, un antiguo narcotraficante que integró ‘Los Doce del Patíbulo’, grupo que aportó información para acabar con el Cartel de Medellín y que recibió “beneficios por colaborar con la justicia”, de acuerdo con el Decreto 1833 de junio de 1993 de la Fiscalía General de la Nación. Justo a finales de ese mismo año fue asesinado y reportado por la prensa como “testigo de excepción contra Escobar”.
De acuerdo con la valoración de la Procuraduría sobre este proceso, el embargo de los bienes se realizó en condiciones adversas para la propietaria, quien no tuvo la posibilidad de “ejercer su derecho fundamental de defensa”, y respaldándose en sentencias de la Corte Constitucional, sugirió que “es posible que el Juzgado haya vulnerado el derecho a la igualdad material de la señora Blanca Correa y en consecuencia sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa técnica”, lo que podría configurar un despojo jurídico.
Pero el Ministerio Público fue más allá y advirtió que este caso podría “estar construido a partir de diversos elementos que permiten considerar a la señora Correa y su compañero como víctimas de un despojo, y que ameritan una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación para establecer si dicho despojo, los hechos victimizantes que terminaron con la declaración de muerte por desaparecimiento de los mencionados señores, y las prácticas de la empresa MH Pineda y Cía. S.A.S., están relacionados con una espiral de violaciones al orden jurídico, que podría recorrer prácticas de testaferrato, blanqueo de capitales, violaciones al derecho a la integridad de personas vulnerables y despojo de tierra en contextos de violencia generalizada”.
Los Lizcano
Óscar Tulio Lizcano, exrepresentante a la Cámara por Caldas que estuvo casi nueve años secuestrado por las Farc. Foto: Ricardo Cruz.El segundo capítulo del informe del Ministerio Público revela la aparición en esta trama del senador por el Partido de la U, Mauricio Lizcano, y su padre Óscar Tulio, quienes han sido cuestionados en este proceso.
Las transacciones de los predios continuaron una vez el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado falló a favor de la firma MH Pineda y Cía. S.A.S. El 15 de mayo de 2012, los Lizcano compraron los predios Guamerú (51 hectáreas), lote Sausagua (6 hectáreas) y Sausagua (5.250 metros cuadrados). Por el primero pagaron 237 millones de pesos; por el segundo, 68 millones de pesos; y por el tercero 863 mil 580 pesos. Por los tres se registró una hipoteca de 200 millones de pesos.
Ante ese proceso de compra, la Procuraduría advirtió que, según la documentación analizada, “existe una dificultad para probar la buena fe de los señores Lizcano”, quienes se han acreditado como opositores en el proceso de restitución. “El Ministerio Público nota que la posible debilidad en la prueba de su buena fe exenta de culpa en este caso probable de despojo, podría encontrar sus principales causas en la dificultad que se observa para desvirtuar el conocimiento público y notorio del contexto de violencia en la zona”.
Una de las razones para mostrar la debilidad de la prueba es la propia historia familiar de los Lizcano, que los sitúa “en un contexto geográfico y social muy próximo al que rodeaba los predios aparentemente despojados, antes, durante y después de los hechos que parecen constituir el abandono forzado causado por el secuestro de quienes fueron declarados muertos por desaparecimiento”.
Pero no es el único aspecto que pone una sombra de duda sobre los Lizcano. El otro asunto es el eventual acceso a información privilegiada por parte de Mauricio Lizcano en su calidad de senador de la República sobre proyectos viales de gran envergadura que podrían beneficiarlo a él y a su familia, particularmente del proyecto vial Conexión Pacífico 3, que comprende obras en los tramos Tres Puertas-Irra e Irra-La Felisa.
Esos trabajos afectan por lo menos 39 predios del municipio de Quinchía, Risaralda, y están siendo ejecutados desde hace dos años por la firma Concesión Pacífico Tres SAS, conformada por las empresas colombianas Construcciones El Cóndor y MHC Ingeniera, la costarricense MECO.
En el expediente del proceso de solicitud de restitución de tierras reposan dos oficios, fechados el 4 de abril de 2016 y suscritos por la Gerencia General de Concesión Pacífico Tres SAS, en los que le informa a la Unidad de Restitución de Tierras que los predios Guamerú y Lote Sausagua se encuentran en el área de influencia del proyecto Concesión Pacífico 3 y, por tanto solicitó información al respecto de esos predios par adelantar el estudio de títulos, adelantar el proceso de enajenación voluntaria de los predios y solicitó la entrega de esas fajas de terreno.
En respuesta del 26 de abril de ese año, la URT, sede Valle del Cauca-Eje Cafetero, le contestó a la Concesión Pacífico Tres SAS y le aclaró que esa entidad no es la propietaria de los predios y que la inscripción de los predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente “busca alertar a las personas que tengan algún interés en el inmueble sobre la existencia de una posible situación de abandono y/o despojo por circunstancia del conflicto armado y se constituye en un requisito de procedibilidad para solicitar a un Juez o Magistrado especializado en restitución de tierras, la restitución del predio, proceso que no ha concluido”.
Uno de los aspectos que llama la atención de la Procuraduría es que desde 2011 se conocía que los tres predios de los Lizcano serían requeridos para el proyecto vial, pero esta información que, ante información, “de carácter reservada, confidencial y para fines exclusivamente relacionados con el proyecto”, menos de seis meses después se produjo la compra de dichos predios por el Senador Lizcano”.
Por tal razón el Ministerio Público alertó sobre “la posibilidad de, con ocasión de su cargo, el señor Lizcano tuviera acceso a información privilegiada sobre los estudios de gestión predial de este proyecto de infraestructura de interés nacional estratégico, y la utilizara para negocios personales en lo que pudieron ser necesarias transacciones aparentemente opacas”.
Adicional a ello, advirtió que “no está claro que el Senador Lizcano haya cumplido las cargas mínimas exigidas por la ley, y específicamente por el sistema jurídico de protección de las víctimas del conflicto armado, en cumplimiento de los mandatos derivados de la buena fe exenta de culpa”.
Aunque la Procuraduría, en sus recomendaciones, aclara que “no tiene pruebas sobre la participación” de los Lizcano “en los hechos victimizantes” en contra de Blanca Ofelia Acosta y Juan Fernando Correa, ni de las conductas que pudieron constituir el despojo jurídico y material de los predios, sí le pide a la Fiscalía que inicie una investigación sobre algunas de las presuntas irregularidades cometidas durante los sucesivos procesos de enajenación de los predios para determinar si hubo o no violaciones a las leyes que pudieran tipificarse como delitos y acusar a los responsables.
Mientras tanto, la familia Correa Acosta espera que prospere la demanda de restitución de sus predios y los tribunales admitan que hubo fallas en el proceso jurídico de los embargos de los predios que los afectaron en su condición de familias víctimas del secuestro y desaparición forzada de sus padres.
