El tribunal de paz divulgó cifras sobre beneficios jurídicos otorgados a firmantes del Acuerdo de Paz por parte del expresidente Santos, de la justicia ordinaria y de su Sala de Amnistía. De ese total, la JEP ha expedido 693 amnistías durante los últimos seis años; un hecho que el último Secretariado de las Farc califica de insuficiente.
Desde octubre del año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viene siendo blanco de críticas por diferentes frentes. Empezó con el ministro de Relaciones Exteriores, Alvaro Leyva, quien presentó una serie de observaciones sobre el funcionamiento de la JEP en su intervención en la instancia de seguimiento del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
Allí, el canciller sostuvo que ese tribunal de paz se está “descarrilando” de lo plasmado en el Acuerdo, “al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”. Unos días después, el presidente Gustavo Petro envió una carta al secretario General de la ONU, Antonio Guterres, señalando que la JEP debía cumplir con las normas que crearon esa tribunal y se refirió a que la Jurisdicción debía ser más ágil a la hora de “aplicar el derecho a la amnistía” en los casos que proceda.
Sumado a esto, en las últimas semanas los miembros del último Secretariado de las Farc enviaron una carta al presidente Petro recriminando lo que, a su juicio, eran fallas en la manera en que la JEP venía interpretando el Acuerdo de Paz y las leyes que dieron vida al tribunal de justicia transicional. Según los exguerrilleros, los magistrados han interpretado en su contra lo relacionado con las solicitudes de amnistía, las resoluciones de conclusiones y la vinculación de mandos medios y guerrilleros rasos a rendir versión voluntaria. (Leer más en Lo que hay detrás del pulso entre miembros del antiguo Secretariado de las Farc y la JEP)
El 21 de febrero los togados defendieron el trabajo de la JEP. De las 14.099 personas acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como exmiembros de la Farc que se encuentran en proceso de reincorporación, 11.702 han recibido algún tipo de amnistía, aclararon los magistrados en una rueda de prensa. Llegar a esa cifra requirió consolidar información y validar si los firmantes beneficiados están vivos o si han sido expulsados de la Jurisdicción.
“Esto quiere decir que aproximadamente el 82 por ciento de las personas que fueron acreditadas han recibido algún tipo de estos beneficios”, indicó la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, presidenta de la Sala de Amnistía e Indulto. Y agregó: “Esto no quiere decir automáticamente que al otro 18 por ciento se le haya negado el beneficio. Lo que quiere decir es que o su trámite está en curso o que son de aquellas conductas que no pueden ser amnistiables y hacen aparte de los macrocasos”.
El presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal López, recordó que ese tribunal es independiente y todo desacuerdo o inconformidad debe tramitarse por las rutas fijas dentro de la institución y queda sometida a la decisión de sus jueces.
Por su parte, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en un informe que entregó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su paso por Caquetá durante su visita a Colombia a comienzos de febrero, aseguró que 12.105 personas firmantes de paz siguen firmes en su proceso de reincorporación.
“El 87 por ciento de los y las firmantes que dejaron las armas se mantienen en el proceso de reincorporación”, aseguró Alejandra Miller, jefe de esa cartera, en el evento de la JEP. Agregó que dentro de los obstáculos que han impedido que la reincorporación se dé en las mejores condiciones resalta la no resolución de la situación jurídica de los firmantes, que en la práctica se traducen en dificultades en el día a día a la hora de abrir una cuenta ahorros, aplicar a un algunos trabajos o acceder a un crédito.
Según cifras de la JEP, ese tribunal ha otorgado 693 amnistías de las 7.635 solicitudes de beneficios que llegaron a la Sala de Amnistía e Indulto desde su entrada en funcionamiento en 2018 hasta 2023. De ese total, aún permanecen pendientes 1.948 por ser resueltas y sobre las que la Sala se comprometió a evacuar.
Nuevas cuentas de amnistía
La amnistía ha sido un mecanismo usado en diferentes procesos de paz en el mundo y con el que se busca otorgar seguridad jurídica a actores armados que se alzaron en armas contra un Estado y firmaron un acuerdo para terminar con la violencia. Por ejemplo, en la desmovilización del M-19, el Estado colombiano otorgó indultos a esa guerrilla. El proceso de paz que dio fin a la guerra con la guerrilla más antigua del país, no fue la excepción. El Acuerdo de Paz que suscribió el gobierno colombiano con las extintas Farc, a finales de 2016, contempla dos tipos de amnistías.
Por un lado, están las amnistías de iure, concedida por delitos políticos como rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción y otros relacionados. En su momento fueron otorgadas a los firmantes que no tuvieran investigaciones o juicios abiertos en su contra a través de la Presidencia de la República en cabeza de Juan Manuel Santos. Hoy, gracias a un estudio de la JEP, se conoce que, entre junio de 2017 y julio de 2018, el Estado colombino entregó amnistía a cerca de 9.600 firmantes de las antiguas Farc.
Desde septiembre de 2023, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP, en coordinación con otras entidades estatales y con el apoyo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, recopilaron los nueve decretos presidenciales que concedieron esas amnistías.
Para esos exguerrilleros, aunque quede resuelta la situación relacionada con los delitos políticos, los beneficiados deben atender el llamado de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en caso de que se les requiera. Aquellos firmantes amnistiados y que no tienen más deudas con la justicia “están exentos de responsabilidades legales y pueden continuar sus vidas en la legalidad, convirtiéndose así en agentes activos en la construcción de un mejor país”, señala la institución en un comunicado.
Sin embargo, muchos de los firmantes beneficiarios de este indulto no comprendieron el significado de acceder a la amnistía, que con la entrada en funcionamiento la JEP no era necesario otorgar un nuevo indulto o incluso muchas excombatientes no conocieron esas decisiones y al día de hoy no conocen el estado de su situación jurídica.
Por eso, la JEP anunció la entrada en funcionamiento de una plataforma digital para que cada firmante del Acuerdo de Paz descargue el decreto presidencial (anonimizado) y el certificado de amnistía de iure. Además la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP se comprometió a viajar a los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) para comunicar personalmente los indultos otorgados y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) también le comunicará directamente a los excombatientes que tienen estos beneficios legales.
En esta categoría de amnistía de iure también jugó un papel determinante los jueces de la justicia ordinaria, antes de que la JEP entrara en funcionamiento, concediendo indultos sobre aquellos delitos políticos susceptibles de amnistía, casi que de forma automática. Según la investigación de la Sala de Amnistía e Indulto, los jueces ordinarios entregaron 1.409 amnistías de iure por este tipo de delitos.
De otro lado, están las amnistías “de sala”, las cuales sólo puede otorgar la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP frente a delitos que no se encuentren expresamente enlistados para amnistía de iure, pero que guardan estricta relación con el delito político y con la lucha armada. “Esta dependencia de la JEP se ocupa de los casos más difíciles. Es decir, aquellos en los que es necesario investigar en profundidad si el hecho victimizante puede ser amnistiable o no”, precisa un comunicado de ese tribunal de paz. En estos casos la JEP ha tenido que realizar una valoración probatoria en cada caso para poder otorgar “la amnistía más amplia posible” conforme su mandato constitucional.
No todas las amnistías otorgadas por la JEP en sus seis años de funcionamiento están relacionadas con delitos políticos. Algunas han sido concedidas por delitos relacionadas con narcotráfico, como una de las formas de financiamiento que habría utilizado las extintas Farc; infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que no son crímenes de guerra; o hechos que en la justicia ordinaria fueron calificados como territorismo, pero que tras el análisis de los magistrados de la JEP eran hostilidades permitidas por el DIH.
Según consignaron los miembros del último Secretariado de las extintas Farc en la carta que le enviaron al presidente Petro el pasado 6 de febrero, para los firmantes esa labor ha sido insuficiente. En la misiva aseguran que 3.804 solicitudes de amnistía tramitadas por la defensa de los firmantes han sido negadas.
Al respecto, la magistrada Sandoval pidió leer con cuidado lo concerniente a las amnistías negadas. “Se negaron porque fueron solicitadas por personas que no hacían parte de las Farc-EP y por tanto no son competencia de este tribunal, o por personas que han sido acreditadas como Farc-EP pero sus delitos no tenían relación con el conflicto, o son conductas no amnistiables: los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no se amnistía”, precisó en rueda de prensa.
Además, para respaldar el trabajo del tribunal, Sandoval precisó que para determinar los indultos no ha sido suficiente con la información que les fue brindada desde la justicia ordinaria. “La Sala de Amnistía e Indulto recauda pruebas y nueva información que le permite hacer análisis distintos y muchos más amplios y comprensivos de lo que fue el conflicto armado, y las actuaciones y la participación de las Farc”, señaló.
En su intervención, Rodrigo Londoño, antiguo jefe de las Farc, resaltó que la situación jurídica de varios excombatientes permanece en el limbo por las “limitaciones” establecidas por la JEP en sus decisiones. “En consecuencia, muchos han sido víctimas de asesinatos, amenazas, desplazamientos, pérdida de bienes, afectaciones a la salud al ser excluidos de los beneficios adquiridos tras el Acuerdo Final de Paz y más grave aún, han aumentado las deserciones de los firmantes que temen al incumplimiento de la JEP”, expresó.
Según Londoño, la JEP ha denegado 3.854 amnistías y ha otorgado 470 solicitudes de libertad condicionada y otras 2.056 las ha negado. “Esto sumado a casi un centenar de personas, firmantes de paz que aún se encuentran privadas de la libertad en 21 centros carcelarios, cuyas solicitudes llevan más de cinco años en los despachos de la JEP”, señaló.
Para el último comandante de las Farc, la manera como el tribunal de justicia transicional viene operando hará que tarde más de 20 años en alcanzar la verdad y reparación para las víctimas. Terminada su intervención, Londoño recibió el certificado de amnistía de iure que le había sido concedido por decreto presidencial años atrás. El alto comisionado para la Paz, José Otty Patiño, hizo la entrega simbólica y con un apretón de manos entre Patiño y Londoño se cerró el espacio.
