La justicia transicional no es nueva en Colombia. Desde hace diez años se empezó aaplicar la Ley 975 de Justicia y Paz para los exparamilitares que dejaron las armas, y para cientos de guerrilleros que desertaron de las filas insurgentes. La Ley, así como la jurisprudencia que han sentado cortes y tribunales a lo largo de estos años, han preservado los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, de las víctimas. Sin embargo, una cosa son las leyes en el papel y otra diferente su puesta en práctica.
Manuel de Jesús Pirabán, conocido como ‘Pirata’, jefe militar del Bloque Centauros, entregó las coordenadas de esta gigantesca fosa común en la Cooperativa, una inspección de Mapiripán. Foto: archivo Semana.
Estos diez años han sido un camino de ensayo y error para las víctimas, los excombatientes y los operadores judiciales. Es difícil hacer un balance en blanco y negro sobre los logros que se han obtenido hasta ahora. En algunos aspectos hay avances enormes –como en la búsqueda de desaparecidos-; en otros, fracasos innegables –como en la persecución de bienes-; y en algunas áreas, mucho por hacer aún, como investigar a las miles de personas señaladas como cómplices o financiadores de los grupos armados. Lo más importante de estos años, quizá, es que las víctimas emergieron como un actor social, con voz clara y exigiendo sus derechos.
VerdadAbierta.com publicará desde hoy una serie de reportajes que muestra esa gran escala de grises que ha sido el proceso de Justicia y Paz: las verdades inconclusas, los obstáculos jurídicos, las vidas que se han transformado en el camino, los liderazgos que han surgido, lo ganado y lo perdido por víctimas e instituciones.
