La Policía capturó a 60 personas que presentaron información falsa a la Unidad de Tierras solicitando la restitución de predios que no les pertenecen.
Los falsos reclamantes de tierras pueden afrontar penas entre 8 y 12 años por entorpecer el proceso que adelanta la Ley de Víctimas y Restitución. Foto: Policía.
El artículo 120 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras señala que cualquier persona que logre la inscripción en el registro de tierras despojadas, suministrando información falsa, podrá afrontar penas entre los 8 y 12 años. Esta es la situación judicial que afrontan 60 personas capturadas por la Policía Nacional en la región del Urabá (Antioquia), Córdoba y Cesar.
Según información del Ministerio de Agricultura y de la Unidad de Restitución, el organismo creado por la Ley de Víctimas para documentar los casos de despojo y presentarlos ante un juez, estas personas trataban de hacerse a 1.800 hectáreas a partir de testimonios y documentos falsos. Esta es una situación que complejiza los procesos de documentación de la Unidad, pues la Ley parte de la buena fe de los reclamantes y ante esta situación, debe entonces concentrarse en determinar si las pruebas aportadas son ilegítimas.
De las 60 capturas, 28 están relacionadas con la reclamación del predio La Leona, en el municipio de Turbo, Antioquia, en las que según las autoridades hay en curso una investigación por fraude testimonial, fraude procesal y falsedad en documento público. “Falsos reclamantes eran convocados y organizados por Jesús Aníbal Hinestroza para que bajo un “libreto” realizaran las fraudulentas reclamaciones”, aseguró la Unidad en un comunicado de prensa. Dichas reclamaciones sumaban 500 hectáreas avaluadas en por lo menos 3 mil 500 millones de pesos.
En Córdoba, las capturas se concentraron en Valencia, Montería y Tierralta, los municipios desde donde los hermanos Castaño expandieron el paramilitarismo y donde implementaron un ‘modelo’ de despojo, haciéndose a tierras de grandes finqueros, para luego redistribuirlas entre campesinos y después quitárselas con violencia, como ocurrió con la hacienda Santa Paula. Allí las autoridades encontraron que 23 personas solicitaban de forma fraudulenta la restitución de 660 hectáreas avaluadas en mil 115 millones de pesos.
Otras cinco capturas ocurrieron en los municipios de Codazzi y Valledupar, Cesar, en las que las autoridades detectaron irregularidades en la solicitud de 550 hectáreas valoradas comercialmente en 2 mil 100 millones de pesos. “Con estas detenciones ratificamos el compromisodel Estado con las víctimas del conflicto”, dijo el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri.
Desde 2013 a la fecha, la Fiscalía ha capturado a otras 58 personas por este tipo de irregularidades en las mismas tres regiones. La Ley de Víctimas y Restitución advierte que los funcionaros públicos que se presten para alterar o simular información fraudulenta que permita la inscripción en el registro de tierras despojadas incurrirá en una pena e inhabilitación para ejercer cargos del Estado entre los 10 y los 20 años.
