Cesar Pérez negó su participación en Masacre de Segovia

      
El ex congresista antioqueño, Cesar Pérez  negó su participación en la masacre de Segovia,  en la que paramilitares en coordinación con miembros de la fuerza pública asesinaron a 43 personas.

 

Cesar Pérez García, exdiputado y excongresita antioqueño. Foto Partido Liberal.

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Los testimonios que implican a César Pérez con la masacre de Segovia

 

Durante el primer día de audiencia del juicio que se adelante en su contra, el ex representante a la cámara y ex diputado Cesar Pérez García se declaró inocente de las acusaciones que lo responsabilizan como determinador de la masacre en Segovia, Antioquia, cometida por paramilitares el 11 de noviembre de 1988. (Ver, Masacre de Segovia Antioquia, (Noviembre de 1988))

“Me declaro inocente. No tuve conocimiento de los sucesos en Segovia, lo que usted me habla denigra de mi personalidad. Yo era ajeno a los paramilitares, nunca estuve vinculado o frecuente el comando del ejército o de la Policía”, aseguró el excongresista.

De acuerdo con versiones entregadas a las autoridades judiciales, Pérez García presuntamente incitó a los paramilitares para que cometieran la masacre: “él le pidió a Fidel Castaño que sacara a la U.P. de Segovia, Fidel Castaño lo conectó con Henry Pérez y ya ellos en reunión explicaron los motivos para la masacre”, dijo ‘Vladimir’ a los investigadores que ahora procesan a Pérez.

El paramilitar también aseguró que: “Cesar Pérez era el que tenía los contactos y podía cuadrar con la policía y el ejército eso (la masacre de Segovia, Antioquia), habían políticos de Antioquia y Santander en eso, inclusive la masacre se cuadró en Medellín”.

Sin embargo, el político antioqueño desconoció estas acusaciones y se declaró inocente de los delitos de homicidio múltiple agravado y concierto para delinquir, por los que lo juzga la
Corte Suprema de Justicia.

Los panfletos que circularon por Segovia.
Días antes de la masacre,  el grupo denominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) circuló en Segovia unos panfletos en los que se amenazaban a los sindicalistas y dirigentes de la Unión Patriótica (U.P.). En el comunicado el grupo aseveraba que de ninguna manera se aceptaba en la política a comunistas y campesinos  y  en contraposición y de manera directa se respaldaba la labor política de Cesar Pérez. El comunicado finalizaba con la frase ‘fuera comunistas y  guerrilleros.

Sobre esta prueba, el ex congresista se defendió y aseguró que nunca conoció el contenido de ese panfleto. Tanto así que aseguró que para la época en Medellín se reunió con miembros de la U.P. y firmó un comunicado en el que rechazaba y descalificaba al MRN.

Sin embargo según lo indica la investigación, fue en una oficina de Pérez en Segovia, donde se emitieron dichos. Ante este hecho, el ex congresista aseguró que para ese entonces la oficina era manejada por una señora de su confianza quien tenía alquilada la oficina.

Durante el juicio Pérez negó rotundamente el participar en la elaboración de los panfletos.
Asimismo sobre los testimonios de los habitantes que aseguran que días antes de la masacre, el ex congresista fue visto con militares rondando la zona, el político aseguró que esas acusaciones era producto de sus constantes visitas a la zona.

“La gente tal vez me atribuye la masacre porque yo era el personaje político que más visitaba la región del Nordeste Antioqueño”, dijo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El juicio contra Pérez García
Pérez García fue detenido el 22 de julio de 2010, por orden de la Corte Suprema, que decidió reabrir un expediente por la presunta complicidad en la ejecución de la matanza ocurrida el 11 de noviembre de 1988. El crimen no prescribió porque fue considerado de lesa humanidad por el Alto Tribunal.

En julio del 2011, La Corte ratificó que su competencia para juzgar al ex congresista antioqueño, luego de que su defensa solicitara anular el proceso.

De acuerdo con los testimonios y los documentos evaluados por la Alta Corte, la masacre hizo parte de las operaciones paramilitares contra los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) que, para esa época le había ganado las elecciones al Partido Liberal, de donde procede Pérez García, y tenía gran aceptación entre los pobladores de Segovia y municipios vecinos como Remedios.

Inicialmente, el cacique liberal fue procesado y capturado el 8 de agosto de 1995, pero los cargos en su contra fueron retirados por asuntos técnicos. El proceso cesó a su favor el 29 de agosto de 2000, cuando un juez lo absolvió de los cargos.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia, aseguró que esta incursión sangrienta de paramilitares debe ser considerada como uno de los primeros casos de parapolítica en el país, pues a su juicio contempló la articulación de militares, políticos y paramilitares para recuperar el poder político que le arrebató la UP. En las elecciones de 1992 el Partido Liberal recuperó su poder regional en el Nordeste antioqueño.

Del excongresista también han hablado, en audiencias ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, Fredy Rendón Herrera, ex comandante del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y Raúl Hasbún Mendoza, ex jefe del frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según los comandantes paramilitares , Pérez fue uno de sus financiadores y socio en negocios relacionados con las apuestas del chance en la región del Urabá antioqueño.

La carrera política de Pérez García
Pérez García, abogado de profesión y oriundo del municipio de Remedios, se desempeñó por cinco períodos como Representante a la Cámara; además, ha sido Concejal y Diputado, y presidió la Federación Nacional de Diputados. Es fundador del movimiento Convergencia Liberal, un sector del Partido Liberal en Antioquia. En sus actividades en el sector privado se desempeña como Rector y Miembro del Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia a la que se vinculó desde 1976.

Además, su vida política ha estado asociada a prácticas de corrupción y por ello perdió la curul en la Cámara de Representantes en enero de 1994 y su asiento en la Asamblea Departamental de Antioquia en el 2010. Además, fue condenado recientemente a 8 años de detención domiciliaria tras comprobársele malos manejos administrativos cuando se desempeñó como Presidente de la Asamblea en 1998.