Más de 1.200 personas LGBT han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, según la Unidad de Víctimas. Y el grupo guerrillero es uno de los actores responsables de esos hechos, que deja más de 80 muertos en todo el país.
En el Caribe se han registrado más de 300 víctimas, y Córdoba es el departamento en donde más ocurrieron crímenes contra personas LGBT, según la Unidad de Víctimas. Foto: archivo Semana.
A las personas LGBT que han sido víctimas de las Farc parece que se las tragó la tierra. Los jefes guerrilleros que están en La Habana no saben cuántas agredieron por su condición sexual, pese a que en algunas regiones del país fueron perseguidas, humilladas y asesinadas. Entre sus filas, la condición sexual también ha sido motivo de castigo y exclusión.
Mientras dos mujeres trans de Tiquisio y Achí, municipios del sur de Bolívar, denunciaron abusos sexuales por parte por guerrilleros del Frente 37, se conocían las historias de insurgentes lesbianas aisladas, humilladas y encerradas en una celda hasta que eran expulsadas de la organización subversiva. “Les decían que la homosexualidad faltaba a la disciplina de la guerrilla, por eso las castigaban”, lo mismo ocurría con los gays, según el director de la Corporación Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, que trabaja en pro de los derechos de esta comunidad.
“Ni siquiera el informe de la ‘Comisión histórica del conflicto armado y sus víctimas’ hace mención a la violencia por intolerancia ni mucho menos a la violencia contra la población LGBT. El Centro de Memoria Histórica sólo reportó el caso del paramilitar ‘El Oso’ en Rincón del Mar, corregimiento de San Onofre, en Sucre, cuando se secuestró a un grupo de gays para una fiesta del comandante paramilitar Cadena, quien los humilló en público”, afirma el director de Colombia Diversa, Mauricio Albarracín.
Los casos, poco a poco, se van revelando. En inmediaciones de la Serranía del Perijá, sur de La Guajira, también se han conocido casos de violencia sexual contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. “Miembros del Frente 59 los amenazaron y obligaban a salir del lugar en donde vivían”, cuenta Castañeda. Y en varios municipios de los departamentos de Meta y Caquetá, el grupo guerrillero obligó a sus habitantes a practicarse pruebas de VIH entre 1998 y 2002, según documentó la organización Amnistía Internacional.
Pero la exclusión de la victimización de la comunidad LGBT también es institucional. Un informe publicado recientemente por la Fundación Círculo de Estudios y el Ministerio de Justicia, sobre cómo las mujeres víctimas de abuso sexual durante el conflicto armado han sido atendidas y reparadas por el Estado, concluyó que el 94% de estas mujeres denunció su caso, pero los organismos de control no han sabido orientarlas ni tampoco fallado los procesos judiciales.
“La publicación, que se hace con base en la Ley 1719 de 2014 que también ampara a las personas LGBT, tampoco tiene en cuenta a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que han sufrido los abusos de los actores armados. Esa ley reconoce que la comunidad ha sido víctima de violencia sexual durante los últimos 50 años”, afirma Castañeda.
En Colombia hay 1.275 personas LGBT víctimas del conflicto armado; de esas, 82 han muerto, 172 han sido amenazadas y 930 son desplazadas, según registros de la Unidad de Víctimas.
“Las Farc, aunque se conoce poco, es uno de los actores responsables de estas cifras que podrían aumentar si los que no han denunciado se deciden por hacerlo”, asegura el director de Caribe Afirmativo, quien hizo parte del segundo grupo de expertos en temas de género que estuvo en La Habana, en la sede de los diálogos que adelanta el gobierno nacional con ese grupo guerrillero para buscarle una salida a 50 años de confrontación armada.
Seis solicitudes
En el encuentro, que se celebró a principios de febrero de este año, Castañeda presentó seis solicitudes ante los representantes negociadores del gobierno y la guerrilla. La primera petición es hacer una reforma a la Constitución en laque se prohíba discriminar por la orientación sexual y la identidad de género.
“No estamos convocando una Asamblea Nacional Constituyente”, asegura Castañeda. “Solo pedimos que se incluya un articulito que sea bastante claro en este tema, aunque los artículos 13 y 16 se refieran a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, respectivamente. Pero nos hemos encontrado con funcionarios como el procurador Alejandro Ordoñez, que aseguran que no hay nada en la Constitución que proteja a las personas LGBT”.
En la segunda petición, Caribe Afirmativo solicitó a las Farc y al gobierno que reconozcan que han afectado a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales por discriminación o cualquier otra agresión homofóbica. En la tercera, pidió garantías para que luego de que se firme el acuerdo de paz no se repitan estas historias.
En la cuarta solicitud, Castañeda reclamó que la Reforma Rural Integral (punto 1 de La Habana, ya con acuerdo parcial) sea completa, sobre todo en derechos. “El campo no solo se reforma generando incentivos para que el campesino siembre. El campo se reforma cuando usted está invirtiendo en el talento de su gente. Necesitamos que el campo aprenda a convivir con el campesino LGBT, para que no se reproduzca en el campo conductas machistas y patriarcales”, asegura esta activista.
Por su parte, Albarracín, quien también acudió a la cita en La Habana, planteó que el campo y las áreas rurales en Colombia deben transformarse estructuralmente: “Compartimos la idea expuesta en el acuerdo de tierras que dice que el territorio rural debe ser ‘un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural’ donde se promueva la igualdad, se aseguren los derechos y se erradique la violencia”.
La quinta solicitud tiene que ver con los homicidios a homosexuales que ha cometido la guerrilla. “Queremos saber de cuáles son responsables”, reitera Castañeda. En este punto también se consignó la petición de que el acuerdo de paz debe tener “un enfoque de género, un lenguaje diferencial”.
Y la sexta solicitud estuvo dirigida a plantear una reparación integral a las personas LGBT en la que haya gestos colectivos y simbólicos. “No nos sirve únicamente el chequecito, aunque se necesita. Queremos que el gobierno acepte públicamente que nos han afectado por ser gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, y nos pidan perdón. Eso, sin duda, va a empezar a enviar un mensaje”. Pero esta propuesta va más allá, porque también se solicitará que el proceso de paz garantice el matrimonio igualitario y la adopción. “Si el postconflicto es restituir derechos negados, otórguenos los que siempre nos han negado”, concluye Castañeda.
Una comisión conformada por seis miembros de las Farc y seis del gobierno estudian las solicitudes que cuentan con el respaldo de Colombia Diversa. Ellos se han comprometido, según el director de Caribe Afirmativo, a hacer algunos ajustes a los acuerdos que se están firmando en La Habana.
