La región chocoana en la que fueron secuestrados el general del Ejército Rubén Darío Alzate, un suboficial y una abogada, es una de las más pobres del país y soporta una guerra ininterrumpida hace 20 años.
Por más de dos décadas, la región del Medio y Bajo Atrato, hacia el norte del departamento del Chocó, ha padecido la guerra en su más drásticas expresiones. En esa estratégica región, han confluido grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, Fuerza Pública y, recientemente, bandas criminales emergentes. Su posición limítrofe con los océanos Pacífico y Atlántico, además de la diversidad de ríos y caños que se adentran en la espesa selva, hacen de la región un enclave de actividades ilegales que dejan constituyen jugosas rentas como el tráficos de drogas y armas; y las explotaciones ilegales de oro y madera. Por estos recursos es que unos y otros se disputan a sangre y fuego el control del territorio.
Esa confrontación se ve favorecida por las condiciones de marginalidad, atraso y olvido del Estado en las que se mantienen las comunidades ribereñas y selváticas que habitan esa región, que viven bajo el imperio del grupo armado de turno que ocupe sus tierras, imponiendo con rigor sus condiciones. El agravamiento de la situación en los últimos años, marcado por un férreo control del río y zonas aledañas por parte del Frente 34 de las Farc, llevó al gobierno nacional a crear a finales de 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, en la que confluyen unidades del Ejército y la Armada, para combatir la insurgencia, combinando el intenso combate con un despliegue fuerte de acción integral, lo que en lenguaje castrense se conoce como combinar cañones y mantequilla.
Al frente de esa Fuerza está el general Rubén Darío Alzate, retenido por milicianos de las Farc en el corregimiento Las Mercedes, de Quibdó, junto con dos personas más, el pasado 15 de noviembre. La pregunta que todo el país se hace, y que solo los cautivos podrán responder cuando los liberen, es qué hacía un general desarmado y sin escolta, en una zona de fuerte presencia guerrillera. La respuesta está, posiblemente, en lo que en el lenguaje militar se conoce como acción integral, que no es más que tratar de ganarse el corazón de las poblaciones. Alzate se ha caracterizado por ser uno de los oficiales más convencidos de que ese camino es necesario para ganar la guerra. Tanto así que una vez asumió el mando de Titán, les explicó a sus tropas que el 40 % de sus acciones serían “maniobras conjuntas” y el otro 60 % relaciones con la población civil.
Para el analista Jorge Restrepo dice que es normal que en regiones donde la presencia del Estado es débil, los militares asuman un enfoque social. Por eso no le sorprende que el General estuviera desarmado y sin escolta militar. “Esto no es una guerra convencional. Uno se imagina al general acompañado de una caravana de carros blindados pero eso no es así, aquí los generales sí toman riesgos y dentro de las acciones integrales es normal que vayan de esa manera”, sostiene el analista.
Hace apenas un mes, Alzate había enviado un mensaje a sus tropas en las que advierte que: “el estudio y posterior análisis del factor socioeconómico y cultural de la región será una prioridad del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, para entender los diferentes factores que tiene afectación directa hacia la población civil (…) para buscar soluciones inmediatas y poder brindar una mejor calidad de vida a la región del pacifico”.
El secuestro de Alzate generó la primera crisis seria de la Mesa de Conversaciones de La Habana, dado que es primera vez que un oficial de tan alto rango es retenido por la guerrilla, y por tanto el diálogo entre las partes sólo se reanudará cuando el alto oficial recupere la libertad.
General Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, retenido por las Farc en zona rural de Quibdó, Chocó, junto a dos acompañantes. Foto Semana
En estado de guerra
El escenario donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta Titán ha sido zona de intensas disputas entre guerrillas y paramilitares. Las confrontaciones más cruentas se registraron durante 1997 y 1998, y luego de un breve descenso, se recrudecieron entre 2002 y 2005, y en 2011 según la Fundación Ideas para la Paz.
Sin embargo, la presencia guerrillera en esa subregión del Chocó data de mediados de los años ochenta cuando las Farc expandieron sus frentes desde el Urabá antioqueño, siguiendo los lineamientos trazados en la Séptima Conferencia de esta guerrilla realizada en marzo de 1982. Allí se decidió que el Frente 5 se desdoblara en varios frentes más, siguiendo el Plan Estratégico para “tomarse el poder”, según ellos, en 1990. Así nació el Frente 34, al que le fue asignada un área de operaciones centrada entre el Atrato Medio y Bajo y el Darién, así como una porción del departamento de Antioquia, básicamente en los municipios de Urrao, Betulia, Santa Fe de Antioquia, Frontino Murindó y Vigía del Fuerte.
Por más de una década, el Frente 34 trajinó por esas regiones sin mayores obstáculos, imponiendo su ley a las comunidades, hasta que en 1997 irrumpieron los grupos paramilitares. A la zona del Bajo y Medio Atrato comenzaron a llegar facciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por Elmer Cárdenas, alias ‘El Cabezón’, Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’, y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. La primera acción armada contra las posiciones de la guerrilla se conoce como ‘Operación Cacarica’ y de acuerdo con revelaciones de exparamilitares, se hizo de manera conjunta con el Ejército. (Ver Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis: ‘el Alemán‘)
La arremetida paramilitar para tomar el poder en zonas originalmente con presencia guerrillera produjo en Chocó una de las peores olas de violencia de su historia. Sólo en ese año (1997) se desplazaron 27.433 personas en el Chocó, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). Esta misma entidad demuestra en sus bases de datos que los años más cruentos en cuanto a muertes de civiles y secuestros fueron justamente el período entre 2000 y 2003, tiempo en el que paramilitares y guerrilleros tuvieron un enfrentamiento sin cuartel. Y un nuevo escalamiento sobrevino entre 2005 y 2007, cuando ya las Auc se habían desmovilizado pero la guerrilla entró en disputas con bandas emergentes.
Uno de los combates más cruentos se presentó en Bojayá en mayo de 2002, entre tropas insurgentes y facciones del Bloque Elmer Cárdenas, ocasionando la muerte de 119 pobladores, quienes murieron calcinados en la iglesia del pueblo, a donde buscaron refugio.
Cuando los paramilitares emprendieron su camino hacia el sur de Chocó, los pueblos ribereños del Atrato, desde Riosucio hasta Quibdó sintieron con fuerza el rigor de su violencia. “Se registró una intensidad pocas veces vista”, asegura en uno de sus informes el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.
La situación de orden público en algunas zonas de Quibdó se viene agravando desde 2011.
En las goteras de Quibdó
La desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc en agosto de 2006 no detuvo la violencia. El reposicionamiento de las Farc y el Eln, y la irrupción de las bandas criminales como ‘Águilas Negras’, ‘Renacer’, ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’, prolongaron la guerra.
Desde el 2011 diversos informes de organismos gubernamentales y no gubernamentales han advertido del agravamiento de la situación de orden público en los barrios periféricos de la capital chocoana y en sus corregimientos, particularmente hacia el norte, siguiendo las aguas del Atrato, área que incluye a Las Mercedes.
En Quibdó y sus alrededores hay una fuerte presencia las milicias de las Farc, organizadas en un sistema de redes que les permite adelantar actividades de extorsión contra comerciantes, principalmente, y de reclutamiento de hombres y mujeres jóvenes, sobre todo en los barrios de la comuna 1 (San José, Samper, Los Álamos, Reposo, Monserrate, Obrero, Huapango, La Fe, Miraflores, la Gloria, Sub estación, La Victoria, Mis Esfuerzos, La Unión, Kennedy, Buenos Aires).
Ya en 2011, los medios periodísticos locales hacían alusión en sus espacios informativos sobre la presencia de las Farc en la capital chocoana. “En Quibdó los subversivos hacen presencia, a través de retenes y hostigamientos, en las goteras de la ciudad”, escribió uno de los diarios locales en su edición semanal de marzo de ese año.
Buena parte de esas actividades las desarrolla el Frente 34, responsable de la retención del general Alzate y sus acompañantes, pero también de estar comprometido en las acciones que condujeron a la masacre de Bojayá, así como en el asesinato en cautiverio, después de un prolongado secuestro, del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, su asesor de Paz, Gilberto Echeverri y siete militares más, hechos ocurridos el 5 de mayo de 2003 en una espesa zona selvática en límites entre Chocó y Antioquia.
Esta facción guerrillera es comandada por Ancizar García Ospina, alias ‘Pedro Baracutado’, quien se mueve con sus hombres por una amplia zona entre Antioquia y Chocó, y con fuerte presencia en los ríos Atrato y Neguá. Se calcula que este grupo está conformado por cerca de 150 hombres. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, determinadas tareas las hace de manera conjunta con el Frente 57 y hacia el Alto Atrato con Compañía Aurelio Rodríguez.
En zonas rurales, el Frente 34 se encarga principalmente de las extorsiones a los mineros y de cobrarles a los narcotraficantes que llevan los alijos de droga que transportan por ríos y caminos selváticos hacia las costas del Pacífico y el Golfo de Urabá, en el Atlántico.
El analista Restrepo asegura que el Frente 34 tiene problemas de comunicación con el Secretariado de las Farc. Su argumento es que esta estructura ha sido, junto a las del Cauca, la que más ha violado las treguas unilaterales decretadas por ese grupo armado en los últimos dos años. “Durante un cese al fuego tumbaron unas torres de energía y dijeron que no habían recibido la orden de la tregua sino que se enteraron por medios de comunicación”, asegura el director del Cerac.
Restrepo sostiene que este Frente controla el tránsito de las embarcaciones desde Quibdó hasta Riosucio, aguas abajo del río Atrato. “Esa es su principal fuente de financiación. La segunda es la explotación de maderos y la tercera las drogas, aunque no tengo información de que tengan laboratorios”, dice.
Tal es el control sobre el río que en los últimos dos años ha impuesto tres paros armados, cerrando, por decirlo de alguna manera el paso desde la capital chocoana hasta el Golfo de Urabá. Seguimientos de la situación de Quibdó realizados en los últimos años por el Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep) concluyen que la suma de intereses económicos y militares, aunados a las complejas circunstancias sociales que padecen sus pobladores, alejan “el fin del conflicto armado y perpetúa la espiral de la violencia”.
Paradójicamente, de un territorio que no ha visto un solo día de paz en las últimas dos décadas, depende en este momento la continuidad de una negociación política que podría ser la única esperanza para cesar la guerra en esa región.
