Niños NN en las filas de las Auc

En las investigaciones realizadas por Justicia y Paz se ha descubierto que muchos miembros de las autodefensas, patrulleros en su mayoría, no pudieron desmovilizarse debido a que no tenían cédulas de ciudadanía. La razón era que habían sido reclutados cuando apenas eran unos niños y su tránsito por las filas de los paramilitares lo hicieron como NN.

VerdadAbierta.com conoció algunos de los casos que ya ha aceptado el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso en las audiencias ante los magistrados de Justicia y Paz y varios paramilitares dan cuenta de esta situación, que impidió que los menores, ya adultos, no pudieran recibir beneficios ni ayudas que les ofrecen a los desmovilizados por no poseer un documento de identidad.

El caso de Ramón* es un ejemplo. Él vivía con sus padres en el municipio de Ciénaga, Magdalena, cursaba quinto de primaria en un colegio del pueblo. Tenía 13 años y jugaba con sus amigos todas las tardes. Su vida cambió el 11 de febrero de 2001, cuando ese día se fue junto con seis amigos por los lados del matadero municipal, cerca de los playones en la salida para Colorao, con el fin de cazar iguanas.

El grupo de muchachos fue sorprendido por varios hombres armados, vestidos de uniformes camuflados, que llegaron en un camión y les ordenaron a cuatro de ellos que se subieran al vehículo –los otros tres eran demasiados pequeños-. El vehículo tomó rumbo a la Serra Nevada de Santa Marta y solo se detuvo cuando llegaron a un poblado, que más adelante se enterarían que se llamaba Quebrada del Sol, sitio de concentración de las autodefensas de Hernán Giraldo. Uno de los niños reclutados era Ramón.

El muchacho contó que tanto él como sus otros tres amigos, también menores de edad, sintieron mucho miedo cuando al bajarse del camión les dijeron que desde ese momento iban a trabajar con las autodefensas. Para ese año había combates con facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que querían someter a Giraldo y sus hombres.

Una vez enterados de la situación, los cuatro niños fueron conducidos a la vereda Los Moros, unos kilómetros más arriba del caserío de Minca, donde fueron recibidos por el comandante ‘Doble Uno’ o ‘Rambo’, quien les dio uniformes y fusil, y las instrucciones sobre el manejo de armas.

A Ramón le pusieron el alias de ‘Sosa’, su nombre de guerra de ahí en adelante. Atemorizados, los primeros días hicieron patrullaje y llegaron a la vereda Machete Pelao. El joven no sabía qué hacer y, resignado, se quedó en las filas de los paramilitares. Lo primero que hizo en cuanto pudo fue avisarle a su familia que hacía parte de las autodefensas.

VerdadAbierta.com conoció que Ramón se convirtió en experimentado patrullero, estuvo en la zona del corregimiento Siberia, de San Pedro de la Sierra, recibió órdenes de diferentes comandantes, participó en la guerra contra las Auc y tras muchas muertes fue testigo de la unión del grupo de Hernán Giraldo con el Bloque Norte de las Auc.

En septiembre de 2005 cumplió 18 años, pero no tenía ningún documento de identidad y no podía hacer nada porque sus padres no lo habían registrado. Cuatro meses después estaba en una compañía móvil a la que le ordenaron concentrarse en la vereda Quebrada del Sol, donde había llegado la primera vez.

Allí estuvo hasta el tres de febrero, cuando se desmovilizaron los hombres del bloque Resistencia Tayrona. Ese día, a 12 menores de edad que no tenían ningún tipo de documento de identidad, Ramón entre ellos, los devolvieron a sus casas. Sus armas se las entregaron a soldados del Ejército Nacional.

Varios de los compañeros fueron hasta el pueblo y buscaron quien los registrara o los ayudara a tener un documento que les permitiera desmovilizarse. Ramón recibió el pago de dos meses que les debían, acató la orden de ir hasta Mendihuaca, allí fue a un almacén que le habían indicado, reclamó una muda de ropa y 200 mil pesos adicionales.

A partir de ese momento, el joven tenía dos opciones: irse cada uno a su casa, como si nada hubiese pasado, o diligenciar urgentemente el documento de identidad y desplazarse hasta el Cesar, donde se desmovilizaría otra facción del Bloque Norte, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y de esta manera lograr los beneficios de la reinserción.

Ramón había pasado cinco años de su vida en las filas paramilitares y no quería continuar vinculado a ellas, por eso prefirió alejarse de todo eso. No se fue al Cesar, no se desmovilizó. Solo hasta el 2007 obtuvo su cédula de ciudadanía.

En las audiencias de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso aceptó, por línea de mando, el reclutamiento de menores en las filas de los bloques que estuvieron bajo sus órdenes. En el caso del Bloque Resistencia Tayrona, comandado por Hernán Giraldo, admitieron cargos por ese mismo delito Norberto Quiroga Poveda, alias ‘5.5’; Afranio Manuel Reyes Martínez, alias ‘Saavedra’; José Daniel Mora López, alias ‘Guerrero’; Daniel Giraldo Contreras, alias ‘Grillo’; José Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’; Carmen Rincón, ‘La Tetona’; y Luis Quiroga Poveda.

La crueldad del reclutamiento
Los casos de reclutamiento forzado de menores documentados por fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en la Costa Atlántica, específicamente en los bloques comandados por Salvatore Mancuso (Catatumbo, Norte, Montes de María y Córdoba), detallan la manera cómo eran engañados, en algunos casos, los menores de edad para que ingresaran a las autodefensas.

Según esos hallazgos, los paramilitares se valieron de las pésimas condiciones sociales y educativas de los menores, pues en su mayoría no estudiaban, vivían en fincas o en zonas rurales o con padres que los maltrataban. También recurrieron a las amenazas como medio para que accedieran a participar en una guerra que no era de ellos, intimidándolos y obligándolos con la advertencia de que si no hacían lo que les decían, matarían a algunos miembros de sus familias.

En el 2002, Pedro* tenía 17 años y como miembro de la comunidad indígena arhuaca, caminaba la zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar, en la Sierra Nevada de Santa Marta, sin ningún temor. Sin embargo, en el segundo semestre de ese año, cuando apenas acababa de cumplir años, Rodolfo Lizcano Rueda, alias ‘38’, del frente Mártires del Cesar, se lo llevó a la vereda Los Antiguos, donde los paramilitares tenían una base.

La Fiscalía 49 de Justicia y Paz conoció que Pedro aprendió en ocho días a manejar armas, cantar los himnos de las autodefensas y hacer ejercicios como patrullero. Luego de esas instrucciones, lo enviaron con uniforme y un fusil a una escuadra comandada por alias ‘Yimi’.

Con el paso de los días fue trasladado a la vereda Palmarito, donde se encontró con otro grupo paramilitar, cuyos miembros en su mayoría eran oriundos del Magdalena. Allí les asignan la tarea de cuidar un “cañón” para evitar que la guerrilla se metiera a su campamento. Pedro se desmovilizó en marzo de 2006 en el corregimiento de Chimila, municipio de El Copey, y mientras estuvo en las filas de las Auc no participó en enfrentamiento armado alguno.

Aunque los jefes paramilitares aceptaron cargos por reclutamiento de menores, han tratado de demostrar que su política no era tenerlos en sus filas. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario. En el municipio de El Difícil, Magdalena, ocurrió uno de los reclutamientos más numerosos de que se tenga noticia en la Costa Atlántica. El caso fue aceptado por Salvatore Mancuso y también por Oscar José Pacheco Ospina, alias ‘Tolemaida’, comandante del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, del Bloque Norte de las Auc.

La historia ocurrió en el año 2001 a la salida de un colegio de ese municipio, cuando a un grupo de aproximadamente 25 estudiantes los cercaron varios hombres armados que se bajaron de varias camionetas y los obligaron a montarse en ellas. Según los detalles conocidos por VerdadAbierta.com, a los jóvenes los llevaron a la finca Buenaventura, ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico, la que según testimonios era propiedad del papá de alias ‘Tolemaida’.

Una vez allá, les informaron que habían sido reclutados por las Auc y los amenazaron con matarlos si intentaban fugarse. Desde ese momento se convirtieron en miembros del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ y los distribuyeron en diferentes grupos ubicados en la Serranía del Perijá, territorio que controlaba esa facción armada ilegal.

A los 25 jóvenes los recibió alias ‘Chitiva’, quien era el encargado de esa zona. Según Julio*, uno de los menores que en ese momento tenía 13 años y que contó su historia a Justicia y Paz, los mandaron a una base situada enel sitio conocido como la Ye de los mangos. Esa base se llamaba ‘La oficina’ y allá fueron preparados durante tres meses en técnicas de patrullajes, manejo de armas y como francotiradores. Después del entrenamiento, a Julio y otros de sus compañeros los enviaron a combatir la guerrilla en el cerro de Patascoy y otras veredas de la Serranía, hasta marzo de 2006 cuando se desmovilizaron en el corregimiento de La Mesa, en Valledupar.

El reclutamiento forzado de menores de edad en las filas de las Auc afectó su desarrollo físico. Muchos quedaron con discapacidades, consecuencia de los combates en los que participaron. Así le sucedió a Martín*, un chico de 15 años que fue reclutado en enero de 2003 en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde hacía presencia el grupo comandado por Rubén Darío Ávila Martínez, alias ‘Felipe’.

A Martín se lo llevaron bajo amenaza. Según su propio relato, él bajó a El Tarra en compañía de su hermana con el fin de vender una cosecha de cacao, pero en el camino fue sorprendido por un grupo de paramilitares que lo señaló de guerrillero. Se lo llevaron a un lugar llamado Matecoco y horas después le dijeron que le perdonaban la vida, pero tenía que trabajar para ellos.

En ese lugar duró 20 días y trabajó como escolta, después lo pasaron al frente de combate y una noche cuando patrullaba pisó una mina antipersonal. Debido a las heridas, fue llevado a una clínica en la ciudad de Cúcuta y luego a Santafé de Ralito para su recuperación, hasta el día de la desmovilización. Este joven quedó con lesiones físicas y con problemas visión.

(*) Nombres cambiados por razones de seguridad y por normas que protegen a los involucrados.