Cerca de 40 mil nariñenses viven aislados por no tener carretera, en medio del fuego de todos los grupos armados y empresas ilegales que quieren su oro y su hoja de coca. Así vive uno de los municipios donde será más difícil implementar la llamada paz territorial.
“Tumaco nos lleva años luz. Allá está el gobierno nacional, el poder local y las ong internacionales y todo se lo dan a ellos”. Así habla una mujer de Barbacoas, quien, al igual que la mayoría de los habitantes de este municipio tiene como referente a la capital costera de Nariño, pese a tener uno de los índices en homicidios y desplazamientos más altos de todo el país.
A pesar de ese dejo de envidia, abundan las similitudes entre estos dos pueblos. Ambos hacen parte de los cinco lugares de Colombia con más plantaciones de hoja de coca para uso ilícito según los datos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito de 2013 (UNODC). También los dos están en la lista de la ONU como parte de los 125 municipios claves para el posconflicto en los cuales será difícil aplicar los acuerdos. Pero, ¿cómo es Barbacoas para que sea tan compleja la implementación de un posible acuerdo de paz?
Lo primera característica es que por sus territorios pasa el río Patía, la conexión entre la cordillera central con la salida al mar, lo que equivale a un corredor estratégico para transporte de armas y droga. Esto sin que a los grupos armados ilegales que se han enfrentado allí parezca importarles la vida de 40 mil barbacoanos y otro tanto igual de habitantes en los municipios vecinos de Magüí y Roberto Payán, que forman el Triángulo del Telembí. (Haga clic aquí para ver un mapa de la región)
“Tú comienzas a entender la geografía de la guerra cuando te mueves por esos ríos, donde nadie está presente”, explica Christian Visnes, el director en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), una organización internacional que desde hace años trabaja en la zona.
Además, a diferencia de Tumaco, que está bajo el dominio de las Farc desde 2013, en Barbacoas están esa guerrilla, el Eln y las bandas criminales. Todos matándose y matando para dominar un municipio que además es rico en oro, plata y coltán.
La más reciente guerra en Barbacoas se desató en 2014 con la llegada de un grupo que se llama a sí mismo ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. En un principio chocaron con la otra banda criminal presente en el municipio, ‘Los Rastrojos’, y el resultado fue que “aterrorizaron a todo el municipio con extorsiones y asesinatos”, según su alcalde, Ronald Angulo.
Los homicidio casi que se duplicaron de un año a otro, al pasar de 19 en 2013 a 35 en 2014, de acuerdo con registros del Observatorio Social y del Delito de la Gobernación de Nariño.
“Yo nunca había visto gente tan asustada como estaban las personas de Barbacoas en noviembre del año pasado. En marzo ya no tanto porque parece que los asesinatos bajaron. Pero antes fue muy difícil pues incluso hubo 15 o 16 homicidios en un periodo muy corto”, especifica Visnes.
Aunque la población se siente menos temerosa que antes, todavía consideran que hablar públicamente es un riesgo para ellos. Por eso, loshabitantes y líderes que conversaron con VerdadAbierta.com solicitaron no ser identificados pues todavía están los mismos grupos armados ilegaes con los que han vivido durante décadas.
La guerra en Barbacoas
“Hace 25 años no teníamos conflicto armado, ni coca, ni minería ilegal en Nariño. Todo nos llegó de afuera”, afirma Jaime Rodríguez, secretario de Gobierno del departamento.
El Eln llegó en los ochenta para “controlar zonas económicamente dinámicas” y diez años después arribó el Frente Libertadores del Sur, del Bloque Central Bolívar de las Auc, como lo detalla la Defensoría del Pueblo (vea el informe completo). Para la misma época, las Farc también incursionaron huyendo de la fuerte lucha contra los cultivos de uso ilícito que se desató en el vecino departamento de Putumayo.
La pesadilla comenzó en 2005, el mismo año en que 689 paramilitares del Frente Libertadores del Sur supuestamente dejaron las armas. Pero lo que ocurrió según la Defensoría es que la desmovilización cambió todo porque el aparato de guerra de las Auc no se desmontó, pero ya no existía como tal.
Lo mismo apunta un estudio del IPC que asegura que nueve meses después de la dejación de armas, en Nariño había por lo menos 2.000 combatientes de cinco nuevos grupos de actividades paramilitares, incluidos las ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’.
Estas dos últimas bandas se disputaron durante años el territorio de los antiguos paramilitares entre ellas mismas y contra las Farc y el Eln. El resultado fue aterrador. Cerca de 12.700 personas afectadas por esa guerra entre 2005 y 2008, según la Unidad de Víctimas, que equivale a uno de cada tres habitantes de Barbacoas.
Cuando llegó más Ejército en 2009, los ‘Rastrojos’ se fortalecieron y absorbieron a una parte de las ‘Águilas Negras’, las dos guerrillas hicieron un pacto de no agresión para dedicarse a repeler las otras acciones armadas. En su repliegue hacia la cabecera de los ríos, dejaron minas antipersonales a su paso, incluso por donde caminaban civiles.
Las cifras de la Dirección contra Minas señalan que el peor de los años, por lo menos hasta 2012, fue 2005 con 19 afectados por minas en Barbacoas y el año que le sigue fue 2009 con 14. En total, 80 personas resultaron afectadas por estos artefactos entre 2005 y 2012, de las cuales 35 fueron miembros de la Fuerza Pública.
Otro efecto del repliegue de las guerrillas fue la masacre en febrero de ese año de 11 indígenas Awá en el resguardo Tortugaña Telembí. El Ejército entró a la zona y las Farc señalaron a los indígenas de ser sus informantes. A causa de los homicidios, se desplazaron más de 400 indígenas a otros corregimientos de Barbacoas.
De manera paralela, los ‘Rastrojos’ se disputaron a sangre y fuego la cabecera municipal con lo que quedaba de las ‘Águilas Negras’ y ya regía la ley del silencio. “Al pronunciarse, usted era el siguiente desplazado, muerto, amenazado o lo que sea”, apunta el alcalde Angulo.
El conflicto en Barbacoas siguió vivo, pero sin ningún cambio drástico hasta principios de 2014. El alcalde detalla que en ese tiempo los ‘Rastrojos’ le vendieron su territorio a los ‘Gaitanistas’ y esa fue la cruz del pueblo. “Nuevo régimen, nuevo mandato. Llegaron con su ley y ahí se disparó la violencia otra vez”, dice Angulo. “Este es un territorio del Estado pero ahí no podemos mentir. Ellos se apoderan de una zona rural donde no hay presencia de Fuerza Pública. No puedo ir yo a sacarlos”.
El resultado de los combates lo pagaron otra vez las víctimas. Más de 100 personas se desplazaron del municipio en enero de 2015 según las cifras de la Alcaldía y decenas más se fueron una a una, y la mayoría de veces sin denunciarlo, en la modalidad más recurrente que es el desplazamiento gota a gota, como lo explica Defensoría.
Otro de los dolores que este pueblo vive en silencio es la violencia sexual. Mientras la Unidad de Víctimas asegura que se han registrado 39 personas afectadas por ese delito desde 1985, Concha Fernández, la coordinadora del proyecto de Médico Sin Fronteras en Tumaco, sostiene que el intercambio de sexo por bienes o por dinero es tan común en Barbacoas que casi en todos los hogares tienen un caso.
“Hay un silencio atroz relacionado con la violencia sexual y no solo niñas y mujeres. Me preocupan mucho más los niños y los hombres porque si la otra es invisible, esta es completamente ignorada”, indica Fernández. De acuerdo a las inmersiones que ha realizado esta organización mundial en el municipio, se ha incrementado el embarazo en niñas menores de 14 años.
Uno de esos casos es el de la sobrina de Daniela*, que quedó embarazada a los 13 de un combatiente de los ‘Gaitanistas’. “Mis dos sobrinas se metieron con esa gente porque estaban en el mismo barrio (El Paraíso) y en la misma cuadra”, relata. Daniela se queja de que uno de los lugares donde se mantenían sus sobrinas era la vía Junín-Barbacoas.
Una carretera que encierra
Para llegar a Barbacoas hay dos caminos. Salir en lancha desde Tumaco, navegar una parte del océano Pacífico, internarse varias horas en el río Patía y luego descender por el río Telembí. El recorrido tarda aproximadamente 7 horas y es extremadamente costoso, por lo que no todos los pobladores de Barbacoas pueden hacerlo.
La otra opción es más barata, pero más angustiosa. En Tumaco se coge la vía Panamericana y casi a mitad de camino hacia Pasto, se despliega una carretera terciaria que están intentando arreglar hace 100 años. Actualmente, de los 54 kilómetros, sólo hay pavimentados 18 y en el mejor de los casos se recorre en cinco horas, según Javier López, director de la Unidad Especial que la Gobernación creó exclusivamente para hacerse cargo de la vía Junín – Barbacoas.
Pero los más de 700 cráteres que hay en la vía no son el único dolor de cabeza de los 80.000 habitantes que algunas vez han tenido que salir del Triángulo de Telembí hacia Pasto o Tumaco. La gran preocupación es la seguridad.
Desde 2010, las ‘Águilas Negras’ se apoderaron de algunas partes de la carretera ya los pocos carros que pasaban, los retenían. Luego el punto lo ganaron los ‘Rastrojos’. John*, un líder de Barbacoas, afirma que “los paras” siempre estaban en el corregimiento Buenavista, en la mitad del trayecto; en las veredas Jaboncillo y Las Cruces. Además hacían retenes ilegales en las veredas Quendam, Curcuel y Tinajillas, también sobre la vía, según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría.
“Le preguntaban a la gente que qué hacía, quién era su familia, para dónde iba. Si uno sonaba convincente, buscaban a alguien más; pero si se asustaba o era de una zona donde estaba la guerrilla, lo mataban”, sostiene John.
Milena*, una habitante de Barbacoas, cuenta que a los hombres los bajan de los carros “si les parecen sospechosos y nunca más se sabe qué pasa con ellos. Por lo general, se desaparecen”. John agrega que los fusilaban. A algunos cadáveres los tiraban enteros en las fosas comunes y a otros los descuartizaban.
Esta información concuerda con el hallazgo de la Fiscalía en agosto de 2009: una fosa con los cuerpos de cuatro hombres y el de la enfermera del Hospital San Antonio de Barbacoas. “Fueron obligados a bajar de los vehículos públicos y posteriormente fueron desaparecidas y asesinadas por los ‘Rastrojos’”, advierte el informe de seguimiento del SAT de 2010.
El mismo documento señala que cuatro meses después, este grupo armado ilegal obligó a otra mujer a bajar del transporte en el que circulaba y antes de ejecutarla “fue torturada y abusada sexualmente”.
La situación no cambió mucho entre 2009 y principios de 2015. Incluso, la inseguridad llegó a tal punto que en abril de 2014 “abordaron a un senador, lo dejaron seguir porque él no se identificó, y al parecer tampoco lo identificaron, pero solicitaron que llevara a uno de sus miembros del grupo ilegal”, señaló el gobernador en un consejo de seguridad de la misma época.
Todos los años hay varios muertos en la carretera, pero uno en específico afectó a la población. El 25 de febrero en Buenavista un grupo armado paró un vehículo con seis pasajeros. Mataron a tres e hirieron a los demás. Dentro de los muertos, estaba Hernán Ramiro Chamorro Cárdenas, juez promiscuo municipal de Roberto Payán.
“Se acercaba la caminata por la paz (del 9 de abril) y, a pesar de que aquí la gente es muy silenciosa, por primera vez la comunidad marchó a raíz de lo que pasó con el juez. El clamor general no sólo era la paz en Colombia sino el cese de la violencia en este municipio”, afirma Milena.
Pero ese homicidio no fue la única gota que rebosó la copa. Los barbacoanos venían de un toque de queda impuesto en la cabecera municipal por un grupo de autodefensas. Según la misma Gobernación, uno de los dos panfletos que circularon en noviembre de 2014 estaba firmado por el ‘Bloque Sur del Pacífico’. “El que saliera a la calle después de las 9 de la noche y antes de las 5 de la mañana, resultaba muerto. Así duramos hasta los primeros días de febrero”, relata Milena.
“Algunas personas dicen que “la muerte se ha tomado la comunidad” y que “los mayores están enterrando a los jóvenes””, informa la Diócesis de Tumaco en su comunicado de marzo de 2015. (Descargue el documento en versión PDF)
El alcalde Angulo acepta que “la situación se nos salió de las manos” y tuvieron que recurrir a la Gobernación y al Ministerio de Defensa. La respuesta fue la militarización. Desde noviembre hasta febrero, llegaron poco a poco las fuerzas especiales conformadas por carabineros de la Policía, uno de ellos sobre la vía antes de llegar a Barbacoas y el otro en el casco urbano; 85 hombres del Ejército y otros tantos de Sijin, Gaula y la inteligencia de Policía para “aclarar los incidentes que estaban ocurriendo en el lugar”, como se dijo en el consejo de seguridad del 26 de enero de 2015.
“Afortunadamente la situación de seguridad del municipio es diferente y la gente lo percibe así. Ya el toque de queda es un sofisma que se tumbó”, aclara el alcalde.
Varios de los habitantes consultados por VerdadAbierta.com confirmaron que ahora hay presencia militar, especialmente en la carretera, pero más que una seguridad definen su situación como una tensa calma.
Desde el alcalde hasta líderes locales aceptan que todavía hay 14 miembros de las bandas criminales, replegados en la zona de Guiemandí, en el río Yaguapí. Sobre las Farc y el Eln afirman que están arriba del río Telembí. “Se escucha que están a la espera de que el Ejército se vaya, pero ya no se miran en la carretera”, sostiene Milena.
“Sí hay grupos armados ilegales, pero en zonas donde no le hacen daño a la población civil. Están en la selva, no en la cabecera municipal, ni en la vía pues el poder ahora es del Ejército y la Policía”, explica el alcalde. Sin embargo, los registros del DANE señalan que en la cabecera municipal vive menos de la mitad de toda la población de Barbacoas.
En el resto del territorio, la parte rural, están la mayoría de los 12 consejos comunitarios de los afrodescendientes y las comunidades indígenas Awá. Varios de los líderes de esas zonas han señalado que todavía existe temor y que prefieren encerrarse en sus casas en vez de ir a la cabecera municipal, para no correr el riesgo de que el Ejército los señale como guerrilleros o estos los traten de informantes.
En cuanto a la seguridad, el asesinato del juez ocurrió luego de la consolidación militar. Las fuentes oficiales detallan que fue una “práctica de delincuencia común” simplemente para robarlos afirma Mario Vallejo, coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Gobernación de Nariño.
Un líder de la zona consultado por VerdadAbierta.com afirma que desde noviembre hasta marzo ha habido robos “por parte de encapuchados que andan con camisa militar, jean y arma corta”.
Por su parte, el Observatorio Pacífico y Territorio sostiene que si bien para el 1 de marzo de este año “una parte de la carretera la controla la Fuerza Pública […] el control territorial de paramilitares y grupos guerrilleros” empieza después de Buenavista, donde ya no hay pavimento y donde no está asentado el Batallón de Ingeniería del Ejército que trabaja en los primeros 27 kilómetros de la vía. Y según la denuncia de varias personas, no había muchos motivos para confiar, especialmente en el Ejército y la Policía.
Duda y desconfianza
El conflicto que han padecido durante más de 20 años, estar en un rincón de Colombia que limita con Ecuador, con dificultades para salir y entrar del municipio y los hechos violentos de los que han sido víctimas, creó una huella en su salud mental.
Así lo reconocen incluso las mismas personas de Barbacoas que hablaron con VerdadAbierta.com y lo señala el informe de marzo de este año elaborado por OCHA, NRC, Save The Children y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
En las encuestas con los organismos internacionales, lo que más piden los pobladores de ese municipio es atención en salud. Por eso, el equipo evaluador lo ranqueó como la primera necesidad y su primera recomendación es implementar “programas de salud mental comunitaria, que permitan mitigar estados de ansiedad asociados a la situación de inseguridad”. (Lea el informe completo)
En febrero pasado Médicos Sin Fronteras fue a Barbacoas para analizar si debían o no hacer una campaña de salud, especialmente por la violencia sexual y las afectaciones mentales que causa el conflicto. Su diagnóstico fue que la atención debía ser urgente.
Los niveles desbordados de nerviosismo, ansiedad y tristeza que encontraron eran el producto de cuatro meses de toque de queda y casi todo un año con el recrudecimiento de la guerra por la llegada de un nuevo actor armado al municipio. Además, sólo había una psicóloga en el Hospital de San Antonio
“Un mes más tarde, ya se habían tranquilizado. Con la presencia de la Fuerza Pública y sin los panfletos, Barbacoas volvía a tener su dinámica”, apunta Concha Fernández de Médicos Sin Fronteras.
De acuerdo a sus investigaciones, Barbacoas es muy similar a todo el Pacífico. Tienen una resiliencia enorme y se recuperan muy fácil pues “naturalizan los hechos violentos porque son muy seguidos” pero todos los síntomas de ansiedad y nerviosismo se disparan cuando sucede algo puntual, como explica Fernández.
Uno de esas chispas fue la reacción de la Fuerza Pública hacia los homicidios. “Aquí mataban la gente en las narices de la Policía. Ellos no hacían nada porque supuestamente no sabían quién era el asesino, aunque la gente sí lo supiera. Sólo empezamos a ver los cambios cuando llegaron los refuerzos”, denuncia Milena.
El primer cambio es que relevaron a todos los policías y militares que había en la zona, incluso el suboficial que estaba al mando. Incluso después de esta decisión, el alcalde Angulo defiende el actuar de la Policía y explica que no los capturaban porque no tenían las pruebas suficientes o alguna denuncia.
Otra opinión tiene el secretario de Gobierno de Nariño, quien explica que las desconfianzas son recurrentes no solo en Barbacoas sino en otros municipios del departamento, pero aclara que sí son fundamentadas. “Donde la Fuerza Pública está mucho tiempo, empiezan los signos de descomposición, se unen con las bandas y se producen casos que la gente denuncia de manera puntual”, sostiene Rodríguez.
En lo que sí concuerdan la Alcaldía y la Gobernación es en la solicitud al Gobierno Nacional de que no retire las tropas. Angulo argumenta que la Fuerza Pública tiene que dominar siempre ese territorio porque la experiencia de Barbacoas demuestra que cuando se acaba un grupo ilegal, otro surge inmediatamente.
La razón para Rodríguez es la desconfianza que hubo hace unos años cuando también militarizaron la zona. “La gente se tranquilizó, confió y entregó información sobre grupos irregulares creyendo que la Fuerza Pública se quedaría. Pero no fue así y cuando los retiraron todo empeoró porque los grupos irregulares la emprendieron contra la gente”, indica.
El director del NRC en Colombia señala una razón adicional por la que quienes viven en Barbacoas ya no creen en sus vecinos y, como consecuencia, se rompió la economía solidaria de la que dependían antes. “Los asesinados han sido personas que ellos reconocen como buenos y eso es lo que buscan esas acciones, generar terror, romper todo lazo de confianza y que la gente empiece a sospechar que fue el vecino el que dijo algo”, concluye.
Hoy los habitantes de Barbacoas disfrutan la tensa calma, que en el pasado han precedido las tormentas. En las calles conocen a los nuevos militares y policías que patrullan su municipio y en las casas se encierran por desconfianza. Saben que los grupos armados ilegales no se han ido del territorio y que en todo el país se habla del proceso de paz en La Habana con las Farc, pero allí la realidad es otra.
Con estas condiciones, ¿qué tan preparado está Barbacoas para una eventual firma de los acuerdos? ¿Cómo están las instituciones locales y la sociedad en general? Lea la segunda entrega de “Barbacoas: un olvido, muchos conflictos”:
– Barbacoas: ¿un municipio fallido?