El Catatumbo cumple más de tres décadas padeciendo masacres, desapariciones, desplazamientos, impunidad y la indiferencia de un país que solo mira al Norte de Santander cuando hay problemas fronterizos. El CNMH presenta un informe que revela porqué la zona no ha podido salir del espiral de violencia y abandono.
Entre 1980 a 2013 en el Catatumbo se cometieron 66 masacres y 120 mil personas se desplazaron.Foto: archivo Semana.
El libro comienza con una cita que resume el drama: “En Norte de Santander y a nivel nacional desde las más altas autoridades sabían lo que estaba pasando, los gobernadores, la clase política, la clase económica, la fuerza pública, el clero, todos en absoluto sabían que estaban masacrando a la población civil y no hubo una respuesta”. Lo dijo Edgar Carvajal, un exfiscal de Justicia y Paz, en un documental del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre lo que ha ocurrido en el Catatumbo en su historia reciente, pero bien podría aplicarse al Urabá, Buenaventura, San Carlos (Antioquia) o el Valle del Guamuez (Putumayo). Es la historia repetida de la “periferia” en Colombia.
Solo que esta vez, el informe (titulado, “Con licencia para desplazar”) hace un recuento juicioso de las masacres, las desapariciones, los desplazados, los “falsos positivos”, la supervivencia de los campesinos, la connivencia del Ejército y la indiferencia nacional en una zona fronteriza que sonó en los titulares del pasado fin de semana no por el lanzamiento del libro, propiamente, sino por la muerte de ´Megateo´, jefe del frente Libardo Mora del EPL, uno de los hombres más buscados del país.
Portada del informe del CNMH sobre el desplazamiento en Tibú.La guerra no se detiene pero tal vez era necesario hacer un ejercicio de memoria histórica para contribuir con uno de los deseos de los sobrevivientes expresado por el obispo de Tibú, Ómar Sánchez, en el evento público de lanzamiento en el sábado anterior: “Queremos que se conozca toda la verdad y esta es la primera piedra”.
Es una verdad dolorosa: desde 1980 a 2013 la gente del Catatumbo sufrió 66 masacres y 120 mil personas se desplazaron. Y más allá de las cifras, el común denominador, página tras página, es el de la impunidad. Salvo algunos mandos medios del Ejército y de los paramilitares, los grandes autores del horror están libres. El tema es más preocupante si se tiene en cuenta que “durante cinco años, el Ejército se tomó el Catatumbo”, como dijo Yamile Salinas, coordinadora del informe, a VerdadAbierta.com.
La investigación también habla de las veces que Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo, mencionó que Carlos Castaño se reunió con altos mandos militares y élites políticas, y nombró entre los presuntos contactos a los “exgenerales del Ejército Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño, con quienes supuestamente se coordinó la expansión por todos los departamentos de la Costa Caribe, Santander y Norte de Santander. En este último departamento, Mancuso se ha referido a apoyos de los comandantes de la Segunda División, exgeneral Mario Fernando Roa, y de la Quinta Brigada, exgeneral Alberto Bravo Silva, y al exsubdirector del liquidado DAS, José Miguel Narváez”.
La toma de Tibú por parte de los ‘paras’ fue llamada “Proyecto Tibú” y, según el informe del CNMH, fue coordinada por Armando Pérez Betancourt, alias ‘Camilo’, Fernando Fino Rodríguez, alias ‘Marlon’, y José Bernardo Lozada Artuz, alias ‘Mauro’; los tres fueron oficiales del Ejército, con militares activos que hacían presencia en la región, entre ellos el exmayor Harvey Hernández Correa y el excapitán Alexander Gutiérrez Castro, ‘El Capi’; excomandantes del Distrito de Policía de Tibú (el segundo capturado como miembro de bandas criminales después de desmovilizarse con el Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar), el exmayor Mauricio Llorente, excomandante del Batallón de Contraguerrillas Héroes de Saraguro en Tibú, y el exteniente Luis Fernando Campuzano Vásquez, excomandante de la base militar en La Gabarra.
Las víctimas también hablan sobre esta connivencia. A propósito de una masacre de 1999 en el casco urbano de La Gabarra, una sobreviviente entrevistada por los investigadores dijo lo siguiente: “Una docente recuerda que cuando estaban buscando a sus colegas, llegó el Ejército y perdonen la expresión, nos dijo, qué hacen aquí (…), zorras, perras, degeneradas (…). [Las víctimas] yo creo que pasan de treinta personas (…) porque en el cementerio no había como tirar la gente (…) y mucha gente quedó herida”.
Víctimas de la masacre de La Gabarra. Foto: archivo Semana.
Pero el maridaje no solo provino de las fuerzas armadas del Estado. Ecopetrol también apoyó el proyecto. Según los propios paramilitares, citados en el libro, “cuando los urbanos iban a entrar a Tibú (…), ese señor Montaño llevó un carro de Ecopetroly nos recogió en Campo Dos (…) y nos metió a Ecopetrol (…) duramos ocho días mientras planeábamos cómo entrábamos a Tibú. Por su parte, Lozada Artuz, declaró que Armando Montaño, exjefe de seguridad de Ecopetrol, ‘colaboró con armas, equipo y en logística’ y Giovanny Velásquez, exintegrante del Bloque Catatumbo en los procesos de Justicia y Paz preguntó ‘¿Cómo es posible que un helicóptero que presta Ecopetrol para que transporte militares del Maza, se haya montado un militar como Mancuso?’”. Ningún alto directivo de la empresa de petróleo más importante de Colombia ha sido condenado por lo que sucedió.
Pero el periodo comprendido en la investigación es mucho más amplio y no se limita a la violencia paramilitar y del Ejército. El primero, comprende casi toda la década del ochenta, cuando entraron las primeras guerrillas, se adelantaron negociaciones de paz en el nivel nacional con algunos de estos e incursionaron esporádicamente grupos de justicia privada que arremetieron contra líderes y dirigentes políticos y sociales. Luego, entre 1989 y 1996, donde la guerrilla extendió su dominio alrededor del fortín cocalero y se aumentó la presencia de grupos traficantes de drogas y de autodefensas.
El tercer periodo -entre 1997 y 2004- es el que, según el informe, ha dejado la mayor secuela en los habitantes porque fue cuando los paramilitares ingresaron e impusieron su dominio en Tibú y causaron el éxodo masivo de la gente. Y, finalmente, el período de 2005 a agosto de 2013, cuando, a pesar de los procesos de desmovilización y la gran militarización de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial, las guerrillas y las bandas neoparamilitares continúan actuando.
Son prácticamente tres décadas de terror que conducen a una pregunta obligada: ¿por qué el Catatumbo? Las riquezas naturales, en especial el petróleo y las ventajas geoestratégicas de la zona han marcado su destino. Todos los actores armados han participado del desangre y lo que es peor: los dividendos multimillonarios de esos proyectos así como los de las economías ilícitas de las drogas y el contrabando no han beneficiado a la población. El testimonio de una mujer entrevistada para el libro es revelador: “Estamos en el siglo XXI y no tenemos agua potable, batería sanitaria y luz en nuestras veredas, ni carreteras para sacar los productos de los proyectos productivos que ofrece el Gobierno para erradicar la coca”.
Los propios investigadores del CNMH estaban sorprendidos porque en Tibú, uno de los municipios más ricos en petróleo de Colombia, no hay una sola carretera bien pavimentada: “La gente nos dice: ´los cinco años de violencia paramilitar nos hicieron retroceder 40´”, dijo Yamile Salinas.
Los números son más escandalosas aún: en Tibú viven 30 mil personas, de las cuales el 61 por ciento habita en las zonas rurales y, de esas, el 93 por ciento es pobre.
Todas esas cifras también se convierten en mensajes directos para los Diálogos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. De llegarse a firmar el acuerdo final el próximo año, se viene la implementación de todo lo dicho en los micrófonos y lo escrito en el papel y, en ese momento, regiones como el Catatumbo (al igual que el Bajo Cauca antioqueño, Tumaco o Arauca) se tendrán que convertir en laboratorios de paz. Tantos años de marchas, protestas y resistencia han demostrado que los modelos o las estrategias utilizadas no han funcionado. Tal vez este informe también sea una alerta sobre lo quequiere la gente y ese querer lo resume parte de un poema escrito por Tirso Vélez, miembro fundador de la ONG Redepaz y candidato a la Gobernación del Norte de Santander, asesinado en 2003: “No nos manden militares, mándenos maestros”.
