Entre 2002 y 2010 se cometieron en Colombia por lo menos 3.000 ejecuciones extrajudiciales. Pero la estadística que realmente duele entre las víctimas de este flagelo es la impunidad que ronda en más del 95 por ciento de estos casos.
Manifestación de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Bogotá, marzo de 2009. Foto: archivo Semana.
El martes 14 de abril será una fecha trascendental para Herminia Rosa Arias. Ese día, un juez de la ciudad de Medellín ordenará practicar una serie de pruebas mediante las cuales buscará determinar si un grupo de soldados que pertenecieron al Batallón de Artillería No 4 de la IV Brigada del Ejército, con sede en la capital antioqueña, fueron los responsables de la muerte de su hijo, José Alfredo Botero, y su acompañante, Albeiro Giraldo García. Será el primero de muchos pasos que deberá dar la justicia para tratar de esclarecer un crimen que cambió para siempre la vida de su familia.
Todo comenzó un 26 de septiembre de 2003. Por aquel entonces, las montañas del Oriente antioqueño eran un campo de batalla donde los guerrilleros de las Farc y Eln, los paramilitares del Bloque Metro y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; y las tropas del Ejército se disputaban a sangre y fuego su hegemonía en el territorio. Los constates combates y bombardeos que sacudían la región obligaban a los pobladores, en especial aquellos de las zonas más encumbradas, a mantener la cautela, la prudencia y el cuidado cuándo se trataba de moverse entre veredas.
Eso lo sabían muy bien Herminia, su hijo José Alfredo y Albeiro, un amigo en común. El 25 de septiembre de ese año coincidió que los tres salieron más tarde de lo habitual de sus sitios de trabajo y la oscuridad del campo los sorprendió aún caminando. Aunque todos vivían en la misma vereda Villanueva, municipio de San Luis, a pocos kilómetros de distancia entre sí, sabían que era mejor evitar encontrarse a los hombres de camuflado que se movían permanentemente por el lugar y decidieron pasar esa noche en casa de Rafael, un vecino más de la vereda.
Con las primeras luces del día partieron juntos, cada uno a su destino. No habían caminado más de cinco minutos cuando fueron interceptados por una patrulla del Ejército. Los soldados se identificaron como pertenecientes al Batallón de Artillería No 4 y de inmediato procedieron a requisar a los hombres y verificar sus documentos de identidad. A Herminia la dejaron libre, “pero a ello se los llevaron, los empujaban con los fusiles, los insultaban y a me gritaban que me fuera”, recuerda la mujer, quien no volvió a tener noticias de su hijo.
Días después, un periódico regional publicó la noticia de que el Batallón de Artillería No 4 del Ejército sostuvo combates con una columna del frente Bernardo López Arroyave del Eln, en la vereda Buenos Aires del municipio de Granada, Oriente de Antioquia. Y que en el operativo fueron dados de baja dos subversivos. Herminia se enteró de la noticia y su corazón de madre comenzó a palpitar con la fuerza de quien teme lo peor. Y comenzó a indagar.
Campesinos de la región le contaron que en la tarde de ese 26 de septiembre se escucharon sendas ráfagas de fusil varios kilómetros adentro de la vereda Villanueva. Horas después, un grupo de soldados del Ejército pasó por el sitio conocido como El Charquito, en límites de los municipios San Luis y San Carlos, llevando unas mulas y sobre ellas, los cuerpos sin vida de dos hombres. Que permanecieron en dicho paraje hasta el sábado 27 de septiembre, cuando abordaron una volqueta, con cadáveres y todo, con dirección al municipio de San Carlos. Y allá, en dicha localidad, le contaron que los cadáveres de dos hombres que responden a las características físicas de José Alfredo y Albeiro, fueron dejados por el Ejército en la morgue municipal y posteriormente sepultados como N.N en una fosa del cementerio.
Herminia no pudo seguir averiguando más. Semanas después, hombres armados vestidos de camuflado le dijeron que dejara la “preguntadera”, que lo mejor era que se fuera del pueblo. Y así fue. Partió con sus siete hijos con destino al municipio de Granada. Allá le aguardaba otra tragedia. En los primeros días de septiembre de 2004, dos de sus hijos, Humberto y Carlos Mario, desaparecieron en extrañas circunstancias mientras cortaban caña en un paraje de la vereda Gaviota de esta localidad. Días después, su familia se enteró que los dos hombres yacían en una bóveda del cementerio de San Luis con una inscripción que decía N.N. Cuando intentó indagar con las autoridades militares presentes en la región qué fue lo que pasó, la respuesta que encontró fue que “era mejor que no me preguntara más por ese par de guerrilleros”.
Semejante señalamiento la llenó de tanto miedo que decidió desplazarse nuevamente, con los cinco hijos que le sobreviven, a la localidad de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde aguarda con paciencia bíblica que el litigio jurídico que entabló en 2007, por fin levante el manto de impunidad que cubre la muerte de sus hijos; muertes que son atribuidas principalmente a miembros del Ejército Nacional.
Trabas legales
Madre de uno de los jóvenes asesinados en Ocaña, Norte de Santander, y presentado como supuesto positivo o baja en combate del Ejército. Foto: archivo Semana.
Sergio Arboleda Góngora es abogado. Trabaja para la Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental con sede en Medellín que acompaña y asesora víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Actualmente es el apoderado de por lo menos 80 personas que decidieron iniciar procesos judiciales para tratar de probar que sus seres queridos fueron asesinados por miembros activos de las Fuerzas Militares y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Entre los casos que lleva está el de Herminia.
En este, como en los demás casos, Sergio debe enfrentarse a una serie de obstáculos dentro del sistema judicial que no permiten que las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales avancen con la celeridad que las víctimas demandan. “El primero de ellos está en la justicia penal militar”, advierte el abogado. A lo largo de su experiencia profesional se ha topado con jueces militares que abiertamente, y contrariando el debido proceso, le niegan la posibilidad de acceder a los expedientes, lo que le obliga a recurrir a mecanismos excepcionales como el derecho de petición o la tutela.
Eso sin contar la dificultad que implica que los juzgados de instrucción penal militar se encuentren al interior de las guarniciones militares. “Eso se vuelve intimidante para las víctimas y hasta para uno, porque, de todas formas, el Ejército cree que le estamos haciendo un juego político a la guerrilla y la actitud de los militares no es la más cordial”, dice. Actualmente, 15 de los 80 procesos donde funge como apoderado judicial se encuentran bajo esta jurisdicción. El resto ya fueron trasladados a la justicia ordinaria, pero ello tampoco ha sido prenda de garantía para lograr avances significativos.
“Los despachos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se encuentran atestados y faltan investigadores conocedores de la doctrina militar. Eso dificulta aún más las investigaciones y hace que el trámite de las mismas sea muy lento”, señala Sergio. Un alto porcentaje de los casos que representa que ya se encuentran en la justicia ordinaria están en etapa de investigación previa; es decir, el paso que antecede a la apertura de una investigación formal. Para tener una dimensión del problema, el jurista señala que en 2014 fueron proferidas cuatro sentencias condenatorias contra miembros del Ejército nacional, dos en primera instancia y dos en segunda instancia, que no constituyen ni el 0.1 por ciento de acceso al derecho de justicia de las víctimas que representa.
Pero, el verdadero atranque de estos procesos, según Sergio, está en la falta de voluntad de la Fiscalía General de la Nación: “primero, son procesos muy complejos y eso demanda que los investigadores se dediquen de lleno al caso, algo que no se ve; y de otro lado, pienso que los casos no avanzan para no minar la legitimidad de las Fuerzas Militares por el alto número de denuncias”.
Al respecto, un conjunto de organizaciones no gubernamentales agrupadas en el colectivo denominado Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU), logró documentar un total de 3.512 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas entre los años 2002 y 2010. La cifra no dista mucho de la reportada en 2011 por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que señaló que a esa fecha tenía a su cargo 1.633 investigaciones que involucraban 2.832 víctimas, mientras que en las diferentes Fiscalías Seccionales se llevaban 392 casos que involucraban a 525 víctimas. Ese mismo año, la Justicia Penal Militar indicó que a 2011 se estaban adelantando unas 400 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales.
Si bien la documentación realizada por la CCEEUU muestra que en 31 de los 32 departamentos se reportaron denuncias referentes a la comisión de este crimen de guerra, un alto porcentaje de estas se concentra en Antioquia, con 936 víctimas registradas, seguido por Meta (251 víctimas), Huila (202), Cesar (176), Norte de Santander (172), Caquetá (170), Tolima (137), Arauca (127) y Cauca (119). De acuerdo con la CCEEUU, en 95 por ciento de los casos no se ha proferido ninguna decisión judicial y en aquellos donde se han dictado sentencias condenatorias, están han recaído sobre militares de rango medio y bajo.
¿Justicia transicional para militares?
Más de mil uniformados están siendo investigados por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Foto: archivo Semana.
A Herminia se le corta la voz y gruesas lágrimas ruedan por sus mejillas cuando recuerda lo que le pasó a sus hijos. Mucho más cuando es consciente que los culpables de su tragedia no han sido castigados por la justicia. Pero prefiere ya no desgastarse pensando en ello. Por ahora solo espera que el próximo martes 14 de abril, un juez de Medellín le permita realizarse varias pruebas de ADN para confirmar, de una vez por todas, que los cuerpos enterrados en una fosa del cementerio de San Carlos, Antioquia, bajo la inscripción de N.N., corresponden a los de su hijo José Alfredo y su amigo Albeiro.
“Por lo menos para tener la tranquilidad de darle cristiana sepultura y no dejarlo ahí. Con los otros dos muchachos se confirmó que sí son ellos, pero nos tocó dejarlos enterrados allá en San Luis”, relata. En el extremo norte del país, en la Costa Caribe, Marta Díaz contó con suerte distinta, pero no por ello menos dolorosa. Dos años atrás, un juez de Riohacha condenó a nueve militares del Batallón La Popa de Valledupar por la muerte de su hijo Douglas Tabera Díaz, de 27 años, en hechos ocurridos el 2 de abril de 2006 en San Juan del Cesar, Guajira.
“A él se lo llevaron el 28 de marzo de 2006 de Barranquilla a Valledupar. Jugaba fútbol cuando le propusieron irse a trabajar a esa ciudad”, cuenta Marta. Las versiones entregadas por el Ejército Nacional luego de su muerte indicaban que se trataba de un integrante del Frente 59 de las Farc. La justicia demostró todo lo contrario. Marta logró recuperar los restos de su hijo el 11 de diciembre de 2010 en un cementerio de San Juan del Cesar, luego de hacerse varias pruebas de ADN. Hoy día lidera la Asociación Familias Unidas por un Solo Dolor (Afusodo), que agremia a más de 400 personas en el Atlántico que alegan que sus seres queridos fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Militares.
“El 90 por ciento de los casos que lidera Afusodo se le atribuyen al Batallón La Popa”, dice, aunque agrega que también se han conocido víctimas del Batallón Córdova de Santa Marta, “como el de Rubén Junior Villa Padilla, de 22 años. A él lo mataron el 25 de septiembre de 2007, pero su familia se enteró de que había muerto un año después. A su padre Rubén Villa, de 56 años, le dijeron que había muerto en medio de un combate en la vereda Paraíso Nueva Colombia de Tenerife, un municipio del Magdalena. Él trabajaba como ayudante de ebanistería en Barranquilla antes de que desapareciera. Es ilógico pensar que tenía nexos con la guerrilla”, afirma.
En este caso, como en los demás registrados en todo el territorio nacional, la pregunta que surge entre víctimas y defensores de derechos humanos es si se trató de actos ilegales cometidos por unas cuantas “manzanas podridas” al interior de las Fuerzas Militares o si el tema va más allá. Es lo que se pregunta, por ejemplo, Iván Cepeda Castro, senador e integrante del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice), quien si bien señala que con la promulgación de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) el Estado colombiano reconoció la responsabilidad de sus agentes en la violación de derechos humanos, la discusión actual gira en torno a un tema de mayor calado.
“La discusión hoy día es otra: si se trató de ‘crímenes de agentes del Estado’ o de ‘crímenes de Estado’. Y no es una discusión menor, porque no es posible pensar que hayan pasado 50 años de guerra en Colombia y que algunas personas se desviaron de sus deberes y actuaron como criminales. En el contexto de esta guerra se han presentado conductas que son el resultado de políticas, planes y patrones de carácter sistemático de violaciones de derechos humanos”, señala el senador Cepeda.
Aesta discusión se le suma una pregunta que ya ha sido ventilada en diferentes escenarios públicos: ¿se debería incluir a los militares inmersos en investigaciones por ejecuciones extrajudiciales en un sistema de justicia transicional? La respuesta del senador Cepeda es categórica y controversial: “Imposible ignorar un delito como las ejecuciones extrajudiciales, ignorar la reparación a las víctimas de este delito. Por el contrario, al final de un conflicto armado no se podría olvidar semejante situación”.
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