Corte de Apelaciones de Atlanta, Estados Unidos, determinó que demandas contra la compañía carbonífera por sus presuntos nexos con grupos paramilitares en Colombia “carecían de fundamentos”. Afectados buscarán otras alternativas judiciales.
Varios han sido los señalamientos en Cesar sobre presuntos vínculos que tuvo esta multinacional carbonífera con grupos paramilitares de las desaparecidas Auc. Foto: Semana.com.
Decepcionadas, así quedaron las víctimas que impulsaban en Estados Unidos un proceso en contra de la multinacional Drummond Company Inc., Drummond Ltd., que adelanta explotaciones de carbón en el departamento del Cesar, por sus presuntas relaciones del pasado con facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), tras conocer que la Corte de Apelaciones del estado de Atlanta determinó que esas denuncias “carecían de fundamento”, según lo anunció la firma estadounidense.
Durante diez años, familiares de víctimas del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc, que operó en el centro del Cesar, señalaron que la firma internacional financió y apoyó este grupo armado en su afán de proteger sus intereses de ataques de la guerrilla y de las reclamaciones de los sindicalistas, algunos de los cuales fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos.
Uno de esos casos es el de Jowes Nieto Cuello, asesinado la noche del 14 de noviembre de 2002 en el corregimiento Rincón Hondo, del municipio de Chiriguaná. Esa noche un amigo suyo vino a buscarlo para que le ayudara a desvarar un vehículo cerca de su casa. De acuerdo con la demanda presentada ante los tribunales norteamericanos, “una vez llegó al sitio, fue agredido, torturado y su brazo se rompió cuando luchaba por su vida. Le dispararon tres veces en la cabeza, una vez en el tórax y una vez en la médula espinal”. El cuerpo sin vida del joven fue encontrado al día siguiente por su familia
En diálogo con VerdadAbierta.com, Jerardith, hermana de la víctima, expresó su inconformidad con el fallo proferido en Estados Unidos. “La decisión que tomaron en Atlanta es una burla. Tenemos pruebas para confirmar que la Drummond financiaba a los paramilitares, es que uno de los hombres que mató a mi hermano comía en el casino y se transportaba en los vehículos de esa empresa”, indicó Nieto, coordinadora regional del Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales y Transnacionales.
Amarilis Aroca también sufrió con rigor la violencia paramilitar. Ella, sus tres hijos y siete nietos comen una o dos veces al día. La plata no les alcanza desde que huyeron en 2002 de Los Brasiles, corregimiento del municipio de San Diego. A su esposo Manuel Antonio Sierra Vergara lo asesinaron el 14 de junio de ese mismo año en la finca que administraba.
“Unos 10 hombres armados llegaron y nos pidieron que nos tiráramos en el suelo, nos llamaron por el nombre a cada uno y a mi compañero le dijeron que saliera. Al cabo de un rato lo asesinaron delante del menor de mis hijos, que tenía 7 años, y nos desplazamos a Valledupar”, afirma Aroca, quien se dedica a lavar y planchar ropa para ganarse la vida y sostener a sus hijos. “Por eso me duele muchísimo que en esa corte nieguen a las víctimas, porque al fin y al cabo eso es lo que están haciendo”.
La firma norteamericana cuestionada fue fundada en 1935 por Herman Drummond en Alabama. A Colombia llegó en 1995 a explotar las minas de La Loma; en 1997 adquirió El Descanso; y en 2003 El Rincón Hondo y Similoa, todas ellas en el centro del departamento del Cesar.
¿Qué dice el fallo?
El caso fue abordado por la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito en Atlanta tras conocer una apelación de los representantes de las víctimas que cuestionaron el fallo de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Alabama, proferido en mayo de 2009, que desestimó el caso contra la empresa carbonífera tras considerar que no tenía responsabilidad alguna en las muertes y desapariciones de algunos trabajadores de la empresa en el Cesar y no hallar evidencias de los supuestos nexos de directivos de esa firma con las Auc.
Al tramitar el caso, la Corte Federal de Apelaciones revisó tanto las pretensiones de los demandantes como los alegatos de defensa de los abogados que representaron a Drummond Company Inc., Drummond Ltd., y después de su contrastación determinó que quienes señalaban a la empresa multinacional no presentaron evidencias concretas que comprometieran James Michael Tracy y Augusto Jiménez, directivos en Colombia y en la sede central, Alamaba, con las Auc.
“En concreto, no hubo evidencia admisible de que Tracy oJiménez tenían conocimiento de un presunto esquema corporativo de financiar o apoyar el Auc”, indicó el fallo, fechado el 25 de marzo de este año y cuya decisión fue conocida a través de un comunicado de prensa de la multinacional del carbón.
La decisión cuestionó a los demandantes luego de someter a examen sus argumentos y señaló que “no aportaron ninguna prueba” que comprometiera a los directivos de la Drummond en “hechos materiales” relacionados con los crímenes perpetrados por hombres de las Auc contra sindicalistas y trabajadores de la firma norteamericana. (Ver decisión, en inglés)
Supuestas evidencias
Durante el proceso de Justicia y Paz, a través del cual se juzga penalmente a aquellos jefes paramilitares y mandos medios que fueron postulados por el gobierno nacional a los beneficios de la justicia transicional, se conocieron varias versiones que hacían referencia a los supuestos vínculos de las Auc con la Drummond.
Uno de los postulados en hacer referencia a esa presunta alianza fue Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, quien hizo parte del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc, bajo el mando de Oscar José Ospino, alias ‘Tolemaida’. En declaraciones entregadas a un juzgado especializado de Bogotá, aseveró que los asesinatos de los líderes sindicales Valmore Locarno y Victor Orcasita, perpetrado el 12 de marzo de 2001, fue coordinado “con una persona de la Drummond”. (Ver: ‘Samario’ reiteró que funcionarios de Drummond participaron en asesinato de dos sindicalistas y La versión de ‘Samario’ sobre la Drummond y los ‘paras’)
Varias de las versiones de los postulados a Justicia y Paz sirvieron como base para elaborar el informe ‘El lado oscuro del carbón’, escrito y difundido por la organización holandesa Pax en junio de 2014. Entre los testimonios se encuentra el de José Gélves Albarracín, alias ‘El Canoso’, jefe político del Frente Resistencia Tayrona de las Auc. Este exparamilitar declaró que “la llegada y el estacionamiento de la nueva fuerza paramilitar (un grupo de 100 hombres en enero de 1997 y un segundo grupo de 100 hombres en mayo de 1997) fueron organizados por empleados de seguridad de Prodeco y Drummond y por los militares”. (Descargue el informe El lado oscuro del carbón)
Un eslabón más en la cadena de presuntas evidencias contra la multinacional del carbón lo representa el empresario Jaime Blanco Maya, proveedor de alimentos de la Drummond, quien paga una condena de 38 años en la cárcel La Picota de Bogotá por el asesinato de los líderes sindicales Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita. Durante su proceso penal, reconoció que colaboraba con las Auc, particularmente con los comandantes del Frente Juan Andrés Álvarez, entre ellos con alias ‘Tolemaida’. (Descargue la sentencia en PDF)
Camino a seguir
El abogado Francisco Ramírez, quien representa a varias de las víctimas del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc aseveró que en Colombia es poco lo que se ha hecho sobre este caso y por eso se recurrió a la justicia norteamericana. “El gobierno no ha hecho nada por las víctimas porque es un gobierno corrupto, y el aparato de la justicia es inoperante”.
Tras conocer la decisión de Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito en Atlanta, Ramírez le dijo a VerdadAbierta.com que el grupo de abogados que representa en ese país a las familias afectadas por las acciones paramilitares estudia una solicitud de revisión para ser presentada ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
De otro lado, también han iniciado labores de cabildeo en Europa para pedirle a empresas del sector minero-energético e industrial, varias de ellas de Holanda que son las mayores compradoras del carbón de Colombia que se abstengan de adquirirlo. Similar petición hizo el año pasado la organización Pax al advertir que si la no reparaban a las víctimas del paramilitarismo le solicitaría a las empresas de energía más grandes de Europa que dejen de comprarle el mineral. (Ver “Esperamos que Drummond y Prodeco reparen a las víctimas del Cesar”: Marianne Moor)
Finalmente el abogado Ramírez destacó lo que para él son evidencias concretas de las alianzas ilegales entre la firma carbonífera y las Auc: “El 80 por ciento de la financiación del Bloque Norte de las Autodefensas salió de compañías mineras y bananeras de la región Caribe, estamos hablando de unos 400 millones de dólares. Pero eso fue más una inversión que cualquier otra cosa para ambas multinacionales, porque además de sembrar terror, montaron a varios políticos que crearon el Código Minero, una legislación de saqueos con el que han recuperado 10 veces el dinero con el que financiaron a los paramilitares”.
En contraste, la compañía expidió un comunicado, una vez conoció la decisión, en la que expresó su satisfacción por la decisión: “Con la empresa y sus ejecutivos liberados de cualquier mala acción, Drummond acoge con satisfacción esta sentencia como una reafirmación de que hacemos negocios obedeciendo la ley. En ningún momento hemos estado involucrados en actividades ilegales o en las relaciones con los grupos ilegales”.
