Así lo determinó el Juzgado 56 Penal de Bogotá. Luciano Romero Molina fue señalado por paramilitares del Frente ‘Mártires del Cesar’ como miembro del Eln. La sentencia deja al descubierto la complicidad del DAS con autodefensas en esa zona del país.
El 11 de septiembre de 2005 apareció a pocos metros del Batallón La Popa en Valledupar el cuerpo de Luciano Romero Molina, quien para esa época era miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal y secretario de derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a pesar de que en 2002 fue despedido de la empresa Cicolac, filial de Nestle, en Valledupar. Su cuerpo tenía cincuenta puñaladas y registraba signos de tortura.
Este asesinato se convirtió en la crónica de una muerte anunciada. El sindicalista recibió amenazas antes y después de ser desvinculado de la multinacional luego de la organización de una huelga laboral que, finalmente, se truncó por las amenazas que recibieron los líderes de la misma. Ante las delicadas advertencias que recibieron en panfletos y directamente, un grupo de compañeros del sindicato solicitaron protección al Estado. La respuesta fue un celular, el mismo que llevaba Romero Molina el día de su muerte.
El Juzgado 56 Penal, en su fallo del 31 de marzo de 2014, declaró este crimen como de lesa humanidad tras considerar que los principales motivos de los paramilitares para matarlo era su activismo en la defensa de los derechos humanos.
Ese despacho judicial documentó que el líder sindical había salido incluso del país en noviembre de 2004 para el Principado de Asturias y regresó en abril de 2005 a Valledupar, “donde continuó con su trabajo de defensor de derechos humanos y para subsistir, manejaba taxi por las noches”, el mismo en que fue abordado y trasladado por los paramilitares la noche del 10 de septiembre hasta el sitio donde lo asesinarían. Los paramilitares se robaron el vehículo y lo vendieron por partes, por lo que inicialmente las autoridades indicaron que su muerte fue para hurtarle el taxi.
Romero Molina había denunciado la presencia y el control que ejercían los paramilitares en la capital cesarense, asegura la sentencia, y la omisión de las autoridades para combatirlos, circunstancias por la que fue declarado “objetivo militar” a través de un panfleto dejado en el sindicato Sintramedes, en el que se decía que los paramilitares atacarían a los sindicatos que hacían parte de la Subdirectiva de la CUT. Por ello fue “sujeto de medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos”.
En la investigación, testimonios aseguran que la Comisión Interamericana notificó al Estado colombiano la situación de seguridad y el peligro que corría la vida de Luciano Romero e instó al Gobierno a brindar las respectivas medidas de protección, “pero nunca recibimos respuesta de esa solicitud”.
El hecho fue que el sindicalista sufrió persecución laboral y política. Al respecto, fallo del Juzgado 56 Penal indicó que “la empresa Cicolac lo suspendió y determinó unilateralmente despedir a los trabajadores mencionados (en el panfleto dejado en Sintramedes), sin haber terminado de escucharlos en sus descargos”.
En Valledupar, entre los años 2001 y 2002, fueron asesinados de manera selectiva por facciones paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) cerca de 12 dirigentes sindicales y amenazaron a otro grupo, entre esos a Luciano Romero.
Investigadores judiciales conocieron que los paramilitares tenían en su poder los nombres de varios dirigentes y activistas sindicales para ser asesinados y sentenciaron en aquella época que “así renuncien a la actividad sindical, continuarían siendo objetivo militar ellos y sus familias” y habían dicho que “éste –se referían a Luciano- no se les iba a escapar porque sabía mucho y que estaban haciéndole seguimiento”.
El caso de Romero Molina es emblemático porque su asesinato, en su condición de afiliado a un sindicato de una empresa multinacional, abrió en el país la discusión de la responsabilidad de las multinacionales para proteger a sus empleados.
El cinco de marzo de 2012 el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) presentaron ante la Fiscalía de Zug, en Suiza, una querella contra la firma Nestlé. La organización europea señaló a ejecutivos de alto rango de esta empresa de haber propiciado un ambiente de peligro al acusar al sindicalista de ser guerrillero y de haber omitido protegerlo a pesar de las amenazas contra su vida. (Ver Denuncia contra Nestlé)
Según consta en un documento que reposa en el archivo del caso, proveniente del secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, se desarrollaría para los días 29 y 30 de octubre del 2005, una audiencia pública en ese tribunal de opinión, en la que Sinaltrainal presentaría en contra de Nestlé denuncia por los asesinatos y desapariciones de 10 trabajadores por presuntos paramilitares entre 1986 y 2005, las políticas antisindicales de la empresa y la venta de productos vencidos y contaminaciones del río Guatapurí, para lo cual sería citado Romero Molina.
El líder de derechos humanos era pieza clave en las denuncias y aunque ya no laboraba en Cicolac (hoy DPA), seguía afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario debido a que tenía expectativa de reintegro dada la demanda que había presentado al considerar injusto su despido, situación avalada por los directivos de Sinaltrainal.
Los responsables
Investigaciones realizadas por la Fiscalía 34 Especializada de Derechos Humanos de Bucaramanga concluyeron que Romero Molina “fue trasladado en su mismo vehículo, esposado, amordazado y reducido a la voluntad de varios hombres integrantes del grupo armado ilegal, autodenominado Frente Mártires del Valle de Upar, del Bloque Norte de las Auc, que delinquía en esa región, al mando de ‘Jorge Cuarenta’; quienes una vez cometido el homicidio se apropiaron del taxi y procedieron a comercializarlo por partes”.
Por estos hechos han sido condenados como coautores los paramilitares Jorge Armando Turizo Ibáñez, alias ‘Calabazo’; José Antonio Ustariz, alias ‘José’; Jhonathan David Contreras, alias ‘Paco’; Jair Domingo Plata Rodríguez, alias ‘Emiliano’; Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘101’; Giovanny Alfredo Andrade Racines, alias ‘El Guajiro’.
Lo más significativo de este caso es que quedó demostrada la complicidad que existía entre los paramilitares del Frente Márties del Cesar y los organismos de seguridad del Estado, en este caso el DAS. De esta investigación fueron absueltos en primera instancia, el detective José Antonio Riaño y Norberto Sotomayor González, coordinador de la unidad investigativa de la policía judicial ante el Gaula.
En el fallo del 31 de marzo pasado, el Juzgado 56 Penal condenó a 390 meses a Hever Ovidio Neira Bello, alias ‘R1’ o ‘El Fugitivo’, también conocido como ‘El Abogado’, como coautor del delito de homicidio en persona protegida, actualmente está en prisión, quien según las investigaciones entregó a Romero Molina a los paramilitares la noche del 10 de septiembre de 2005 en el semáforo de la transversal 23 de Valledupar.
Igualmente ese despacho ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investigue la presunta persecución y violencia contra los integrantes de Sinaltrainal y contra la propia agremiación, la cual tenga en cuenta los elementos hallados en dicha providencia, y a su vez se investigue el presunto delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas contra el Mayor Calvo Soto, comandante del grupo Gaula de Valledupar.
Según testimonio del exparamilitar Adolfo Enrique Guevara, alias ‘101’, que reposan en el proceso, sus acciones criminales “ya estaba todo coordinado con el Estado, la Policía nos daba un margen de tiempo de homicidios semanales, creo que eran cuatro o cinco homicidios semanales, nosotros teníamos un radio de la Policía con la frecuencia y nosotros sabíamos todo lo que estaba haciendo la Policía”. Además señala: “investigue los resultados mostrados por ese grupo –se refiere al Gaula- durante el 2004 2005 y la fecha de mi desmovilización, que lo único que va a encontrar son falsos positivos”.
A Romero Molina lo relacionaron con el grupo guerrillero del Eln, acusación que fue desvirtuada en el juicio contra alias ‘R1’, quien trató de involucrarlo con testimonios que aseguraban que era miembro de esa guerrilla, donde se le conocía con el alias ‘Pepe’. La versión fue desmentida por Nilson Teheran Ferreira, alias ‘Tulio’, integrante de ese grupo subversivo, cuyo testimonio ratificó su calidad de civil. Además, un amigo y compañero del líder sindical asesinado, bajo la gravedad del juramento, afirmó que “como parte de la persecución laboral en su contra, lo vincularon a un proceso penal como militante del grupo guerrillero del Eln, pero que ni siquiera en ese montaje pudieron involucrar a Luciano”.
En cambio, asegura el Juzgado 56 Penal, sí hay elementos para sostener la estrecha relación entre los grupos armados ilegales y miembros de agencias estatales, tal como lo afirmó alias ‘101’, ex jefe del Frente Mártires del Cesar, quien asegura que existió relación con varios integrantes del DAS de Valledupar.
“Coordinábamos todas las actividades urbanas para que aparecieran ejecutadas por el DAS y la participación de ellos aparte de lo anterior, era facilitarnos los medios como vehículos, brazaletes, en caso de que tuviéramos que hacer algún tipo de retención ilegal y al momento de presentar los resultados eran ellos quienes los presentaban como trabajo propio. De esto y de toda la colaboración que prestaban esos agentes del Estado a las autodefensas ilegales ya lo he manifestado en mi versión ante la Fiscalía Tercera de Justicia y Paz”, dice el testimonio del ex paramilitar.
En Valledupar y el Cesar este es uno de los pocos crímenes de sindicalistas que se esclarecen y junto con los asesinatos del presidente y vicepresidente del sindicato de Sintraminergética, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita en marzo del 2001, trabajadores de la multinacional Drummond, se convierten en los casos más representativos a pesar de que bajo la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, es poco lo que han confesado los paramilitares que fueron postulados a esa norma transicional.
