El 16 de mayo de 1961 el Presidente John f. Kennedy anunció que el segundo proyecto de los Cuerpos de Paz (una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos para contener el comunismo en países subdesarrollados) se llevaría acabo en Colombia. Por lo menos 64 voluntarios estuvieron a cargo de asistir a comunidades rurales en proyectos de desarrollo agrícola, construcción, educación y salud en el país.
Especial de Ángela María Puente para Verdadabierta.com
Los voluntarios norteamericanos descubrieron las cualidades de la marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta y se convirtieron en traficantes menores de un negocio que posteriormente sería manejado por la mafia norteamericana con la colaboración de traficantes colombianos.
Paradójicamente, parte de la intensión de desarrollo rural de los Cuerpos de Paz en Colombia terminó en la bonanza marimbera, una economía agraria de ciclo corto que le abrió las puertas al mercado de la cocaína y la heroína en Colombia.
En Magdalena, Cesar y Guajira, la mafia gringa modernizó los cultivos y el negocio de la marihuana. Repartió dólares entre las altas esferas de las autoridades colombianas. Posteriormente, introdujo personal norteamericano completamente equipado que interactuaban con los marimberos2 colombianos que se encargaron de cultivar, cuidar y vender la marihuana a los gringos, quienes posteriormente la sacaban del país en aviones y barcos hacia Estados Unidos.
La bonanza también tuvo gran acogida entre los agricultores de la costa norte colombiana, pues coincidió con una fuerte crisis de los cultivos de algodón, asociada con el auge del contrabando de telas de fibras sintéticas. Para 1974, según el informe de José Ignacio Lara, jefe del DAS en La Guajira, el 80% de los agricultores cultivaba marihuana y los salarios de los trabajadores del campo se multiplicaban por seis3. Los cultivos se extendieron a municipios de los departamentos de Magdalena y Cesar.
Por su parte, el Gobierno de Lopez Michelsen nacionalizó los capitales de este negocio por medio de la “ventanilla siniestra” del Banco de la República. Un mecanismo que permitió al Banco cambiar dólares por pesos sin tener en cuenta el origen de este dinero. Con esta práctica el Estado institucionalizó el lavado de dólares producto de las exportaciones de marihuana, pero también del contrabando e incluso de la cocaína. Así mismo, una parte de la elite colombiana (instituciones financieras, terratenientes, y constructores) vio con buenos ojos este negocio emergente y ayudó a lavar sus fortunas por medio de la inversión en negocios lícitos4.
La Bonanza Marimbera fue corta 1975-1985, especialmente si se compara con el negocio de la cocaína en Colombia. Esto se puede entender por varias razones, entre ellas porque los colombianos no tuvieron el control de rutas, ni de comercio al por mayor o de las redes de distribución en los Estados Unidos. El volumen del producto era muy grande y su transporte era costoso comparado con las ganancias. Los norteamericanos empezaron a cultivar marihuana de una calidad más fuerte en cultivos hidropónicos.
El ciclo de consumo cambia y los consumidores prefieren drogas más fuertes como la coca. Por último, el gobierno de Estados Unidos intensifica su guerra contra las drogas y esto afecta fuertemente los grandes cargamentos de marihuana que por su tamaño y olor son fáciles de detectar. Por la brevedad del boom de la marihuana no se formó una mafia colombiana a su alrededor, sin embargo, el negocio dio pie a la consolidación de las grandes mafias de la cocaína en Colombia.
Exportación de base de coca
La participación de los traficantes colombianos en la Bonaza Marimbera fue local y estuvo enfocada en la producción, mientras que la mafia norteamericana se encargaba del tráfico: control de rutas, comercio al por mayor y redes de distribución en los Estados Unidos. En los setentas, por el contrario, los carteles colombianos de la cocaína aprovecharon la gran migración de colombianos hacia Estados Unidos en la década de los sesenta5, para monopolizar poco a poco todos los eslabones de la cadena, especialmente el transporte y la comercialización externa6.
La producción interna de cocaína en los años setenta se cimentó en la “importación” de base de coca de Perú y Bolivia, ésta era procesada en laboratorios locales y posteriormente exportada a Estados Unidos. Los carteles de la droga trataron de difundir la semilla de coca en el territorio colombiano a finales de los años setenta, probablemente con el ánimo de centralizar toda la producción en Colombia, pero la aparición masiva de cultivos en el país sólo se dio a finales de los noventa tras la desaparición de los grandes carteles7.
En los ochenta los comerciantes ilegales se agruparon en grandes organizaciones criminales como el Cartel de Medellín, Calí, el Central, el de la Costa y los Santanderes8, quienes además de la producción de drogas, vieron la necesidad de tener un aparato armado paraestatal, con el fin de proteger su negocio. Inicialmente, los grupos armados ilegales de izquierda fueron considerados como una opción para servir a los intereses de la mafia porque ya tenían una estructura armada, control sobre territorios de interés de los narcotraficantes, influencia sobre la población y necesitaban recursos para la guerra.
Las Farc, por ejemplo, llegó a negociar con los narcotraficantes el cuidado de sus actividades a cambio de dinero, como se evidenció en Tranquilandia, uno de los más grandes laboratorios de refinamiento de cocaína del país, al parecer propiedad de los Hermanos Ochoa, Rodríguez Gacha y Escobar, ubicado en los Llanos del Yarí, “en el corazón de un territorio controlado por las farc”9. Ante los hechos, el embajador en Colombia Lewis Tambs acusó a las FARC de ser una narcoguerrilla.
Sin embargo, la relación con la guerrilla fue problemática y duro poco, tanto las Farc como el M-19 atentaron contra la mafia colombiana y esto deterioró sus vínculos. En 1983, las farc se tomaron un campamento de Rodríguez Gacha con 180 kilos de coca, armas y 500.000 dólares10. Dos años antes, en 1981, El M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, reconocidos narcotraficantes del Cartel de Medellín. Estos y otros hechos provocaron la reacción de la elite narcotraficante que, en conjunto, con terratenientes, ganaderos e incluso miembros de la Fuerza Pública, decidieron crear grupos de paramilitares11.
Una de las primeras respuestas de los carteles del narcotráfico unidos contra los grupos armados de izquierda, fue la formación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981, para rescatar a Martha Nieves Ochoa y otros secuestrados. El MAS asumió también tareas de protección para los narcotraficantes y sus propiedades. La nueva clase terrateniente se adueñó de un 11% de las zonas rurales del país12 y provocó un “fenómeno de concentración de la propiedad en el campo conocido como la contra-reforma agraria”13, que intensificó la necesidad de seguridad privada y el enfrentamiento entre los grupos armados de izquierda y los carteles con sus nuevos ejércitos14.
En la década de los ochenta los narcotraficantes complementaron sus capacidades económicas y militares con acciones políticas abiertas o camufladas que los pusieron en la arena pública nacional. A principios de los ochenta por ejemplo, Carlos Lehder fundó el Movimiento Latino Nacional que ganó algunos puestos públicos en el departamento del Quindío.
Asimismo, Iván Roberto Duque, miembro de ACDEGAM fachada del paramilitarismo en Puerto Boyacá y que posteriormente sería conocido como “Ernesto Baez” fundaría el Movimiento de Restauración Nacional (MORENA). Por su parte Pablo Escobar, como suplente de Jairo Ortega llegó al Congreso, aunque por poco tiempo. Por su parte, el Cartel de Cali si bien no buscó protagonismo en la escena pública, desde los ochenta penetró más discretamente las instituciones públicas del Estado corrompiendo a sus funcionarios hasta el punto de financiar una parte de la campaña del expresidente Ernesto Samper en la década de los noventa.
Por su capacidad económica, sus acciones filantrópicas y militares, la clase emergente narcotraficante contó con el apoyo de ciertos sectores de la población colombiana. Sin embargo, en la década de los ochenta, la presión de la política antidrogas de Estados Unidos, y de sectores políticos internos que se oponían al narcotráfico encabezadas por el Nuevo Liberalismo, fortalecieron la lucha del Estado contra los carteles de la droga.
La Decisión Directiva de Seguridad Nacional 221, declarada por el presidente Ronald Reagan (1981-1989) en 1986, facilitó la militarización de la estrategia contra las drogas de este país, pues el narcotráfico fue declarado amenaza letal contra la seguridad del país. A partir de entonces, con variaciones menores, las administraciones de George Bush (1989-1993) y Bill Clinton (1993-2001) mostraron posiciones acordes con la política de Ronald Reagan.
La extradición fue la principal arma de Colombia y Estados Unidos contra los narcotraficantes, quienes intentaron negociar su abolición con el Estado. Llegaron a ofrecerle al presidente Betancur que se retirarían del negocio y pagarían la deuda externa, a cambio de no ser extraditados. Ante la negativa del gobierno el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar con el apoyo de sus aliados, formó el grupo “Los Extraditables” y emprendió una guerra de acciones terroristas contra el Estado desde 1984 hasta 199315.
El tratado de extradición fue firmado el 14 de septiembre de 1979. Sin embargo, no se hizo efectivo hasta el 5 de enero de 1985, como respuesta del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) al atentado que le quitó la vida al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, perpetrado por el Cartel de Medellín en abril de 198416. El magnicidio dio pie a 28 extradiciones y 50 órdenes de captura con este fin17.
La extradición y la violencia terrorista del narcotráfico contra esta medida fueron el tema central de las administraciones de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994). Bajo el gobierno Barco el país sufrió los más duros golpes de los extraditables, entre ellos: los asesinatos del director de El Espectador Guillermo Cano, el procurador general Carlos Mauro Hoyos, el gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, el candidato presidencial Luís Carlos Galán y cerca de cien militantes de la Unión Patriótica, incluido el candidato Jaime Pardo Leal.
NOTAS
1 Statement by President Kennedy Announcing a Peace Corps Project in Colombia http://peacecorpsonline.org/messages/messages/467/2072496.html
2 Para una descripción más detallada de los marimberos y la distribución de sus labores vea, Dario Betancourt y Martha L. Garcia, Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia social de la mafia en Colombia (1965-1992), Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994.
3 Ibid. P. 50
4 Alvaro Camacho-Guizado y Andrés López-Restrepo, “From Smugglers to Drug-Lords to Traquetos: Changes in the Colombian Illicit Drug Organizations”, p. 16, en http://www.nd.edu/%7Ekellogg/pdfs/LopeCama.pdf
5 During the 1960s, the flow of immigrants from Colombia to the United States significantly grew, giving way to ethnic transnational networks, which criminal organizations took advantage of. Alvaro Camacho-Guizado y Andrés López-Restrepo, “From Smugglers to Drug-Lords to Traquetos: Changes in the Colombian Illicit Drug Organizations”, p. 8, en http://www.nd.edu/%7Ekellogg/pdfs/LopeCama.pdf
6 Ana María Díaz y Fabio Sánchez, Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia, Bogotá: Uniandes, CEDE, 2004, p. 7.
7 María Clemencia Ramírez, Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia: Colciencias, 2001. International Crisis Group (icg), Guerra y droga en Colombia, informe sobre América Latina No.11, enero 27 de 2005, en http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/spanish_and_portuguese/11_war_and_drugs_in_colombia_spanish.pdf
8 Ver Dario Betancourt y Martha L. Garcia, Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia social de la mafia en Colombia (1965-1992), Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994. Although some scholars have identified several organizations of cocaine traffickers, two of them became the focal points around which most of the business revolved. The so-called Medellín and Cali “cartels” got to control, in the experts’ opinion, more than 70% of the Colombian exports during the decade of 1980 and half way through the 1990s. Other less important organizations gravitated around them, and very few independent ones achieved great commercial success.
<spanstyle=”color: #0000ff;”>9 Internacional Crisis Group, icg, Guerra y droga en Colombia. Informe sobre América Latina No.11, 27 de enero de 2005, p. 9. http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/spanish_and_portuguese/11_war_and_drugs_in_colombia_spanish.pdf
10 Equipo Nizkor- Derechos Human Rights (Ed) “Capítulo X. Mafia y Política”, en Los jinetes de la cocaína, en http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/jinetes/cap10.html
11 Eduardo Pizarro Leongómez, Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004. p. 122.
12 Duncan, Gustavo. Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra, Bogotá: Uniandes, CEDE, 2005, p. 11.
13 Alejandro Reyes, “Compra de tierras por narcotraficantes”, en Drogas ilícitas en Colombia.Su impacto económico, político y social, Editado por Ariel, PNUD y DNE, 1997, pp. 279-346. Citado en Duncan, op. cit., p. 11.
14 Al respecto, Alejandro Reyes menciona cómo el Cartel de Medellín controló la estructura paramilitar de Puerto Boyacá, el narcotraficante Fidel Castaño el grupo paramilitar “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” de Córdoba y Urabá, y Gonzalo Rodríguez Gacha, junto con los esmeralderos Gilberto Molina y Víctor Carranza, los paramilitares de los Llanos Orientales. Alejandro Reyes, Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias, New York: The Columbia University, New York University Consortium, 1990, p. 14. Por su parte, En esta empresa, otras industrias ilegales como los esmeralderos también le dieron un importante apoyo a los grupos paramilitares. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003, p. 29, en http://indh.pnud.org.co/informe2003_.plx?pga=CO3tablaContenido&f=1127155495
15 Alvaro Camacho-Guizado y Andrés López-Restrepo, Op. Cit.
16 Este hecho provocó una fuerte división entre el Cartel de Medellín y el de Cali.
17 Rafael Pardo Rueda, De primera mano. Colombia 1986-1994: Entre conflictos y esperanzas, Bogotá: Cerec, Grupo Editorial Norma, 1996,p. 186.
