Cerca de 65 familias campesinas se disputan más de 1.300 hectáreas a orillas de la Ciénaga Grande de Santa Marta con el empresario Carlos Lacouture. Los primeros, que han sido hostigados permanentemente, piden que les titulen colectivamente y el segundo insiste en que la tierra es suya. El Incoder está investigando a quién le da la razón.
“Somos campesinos que estamos aquí en la hacienda La Conquista, ubicados en la vivienda que está hecha por nosotros para habitar. Pero en estos momentos, llegamos al conflicto”, dice un campesino, mientras filma con su cámara cómo se acerca un buldócer a un improvisado rancho que tienen 65 familias en un predio al noroccidente de Magdalena y a dos horas de Santa Marta. El conflicto del que habla el campesino que filma es con el empresario samario Carlos Lacouture Dangond, de una familia dirigente del departamento, quien asegura que La Conquista ha sido suya desde hace años.
El video, grabado en mayo de 2012, capta el momento cuando la máquina, conducida –según los campesinos– por un empleado de Lacouture, sigue su camino obligándolos a retirarse de sus cultivos para finalmente tumbar el rancho pasándole por encima, lo que provoca la reacción airada de los afectados.
Este es tan solo un episodio de la prolongada confrontación entre estos magdalenenses y el empresario. Los primeros aseguran que han permanecido en La Conquista por más de 15 años y el segundo sostiene que la finca de 1.356 hectáreas es suya.
Este pleito retrata un típico caso de conflicto por la tierra en el Caribe que se centra en la propiedad de las ricas tierras que lindan con las ciénagas. Estos cuerpos de agua se ensanchan en el invierno inundando las tierras que los rodean, pero en verano dejan al descubierto estos bordes, particularmente nutridos por la vida acuática que allí ha estado parte del año. Así que tradicionalmente los campesinos usan esas tierras públicas para cultivar en verano, y en invierno se retiran para darle paso al agua. No obstante, en muchos lugares vecinos de las ciénagas han visto en estos territorios la oportunidad para ampliar los linderos de las fincas o hacerse a tierras gratuitamente, desecándolas en forma permanente.
El predio La Conquista, en el municipio pesquero de Pueblo Viejo y el corregimiento Tierra Nueva, que limita con la Ciénaga Grande de Santa Marta, es uno de estos predios. La mayor parte de su terreno está compuesto por playones que se inundan durante el invierno y en este caso, cuando se desborda la quebrada Los Micos. Pero cuando están secos, estos playones, que son de uso común, los ocupan los vecinos para sembrar o pastar ganado.
Reinaldo Escobar, líder de los campesinos que siembran en los playones de La Conquista, cuenta que al principio todo el terreno estaba cubierto de agua, lo que los obligaba a entrar en canoa.
La familias que hoy la ocupan vivían principalmente en Soplador, un corregimiento de Zona Bananera y también en El Retén, otro municipio vecino. Escobar dice que cuando el clima lo permitía, cultivaban, construían viviendas y criaban animales, así que permanentemente se desplazaban desde los municipios donde vivían, entraban a trabajar a La Conquista y luego regresaban a sus hogares.
Pronto La Conquista empezó a producir y hoy las familias que ocupan este predio tienen cultivos de plátano, patilla y frijol, además de gallinas, pavos y cerdos. Según los ocupantes de la finca, desde 2006, Carlos Lacouture demandó como suyas estas tierras desecadas de la Ciénaga. El empresario es dueño de la hacienda Montelimar, donde cultiva palma y que, según los agricultores, se encuentra a unos cinco kilómetros de distancia de La Conquista.
VerdadAbierta.com quiso conocer, a través de su abogado en este asunto, la versión de Lacouture sobre el terreno de La Conquista y el por qué del conflicto con los agricultores. Se le preguntó además si, en efecto como lo ha denunciado esta comunidad, hombres bajo su dirección han hostigado y amedrentado a los campesinos. Sin embargo, en una carta enviada por su abogado el 7 de marzo a este medio, éste explicó que prefiere no pronunciarse sobre el caso, ya que Lacouture ha demandado a los campesinos por la invasión de los que considera sus predios, y será “la investigación penal la encargada de evidenciar la verdad” (ver carta).
Una larga disputa
“Eso es ciénaga, no sirve”, asegura Escobar que fueron las palabras del empresario cuando empezó a ver el trabajo de adecuación de los campesinos. Sin embargo, con el paso del tiempo, han dicho varios campesinos a la justicia, sus palabras fueron subiéndose de tono y de los comentarios pasó a las vía de hecho. En entrevista con VerdadAbierta.com, algunos de ellos confirmaron la versión. “Quemaba las casas, las tumbaba, metía ganado y maquinaria en los cultivos y también gente armada que en ocasiones se tapaba la cara, hacían tiros al aire y rondaban por las noches”, dijo uno de los afectados.
En una carta que enviaron en mayo de 2012 al presidente Juan Manuel Santos, pidiendo protección para la comunidad, le explican con detalle lo que ocurre. “Carlos Lacouture ha venido hostigando y reclamando como suyos dichos terrenos, al punto que ha desplazado a muchos compañeros y ha venido quemando ranchos, canoas, cerrando los caminos de acceso a dichos predios e ingresando ganado de su propiedad a nuestros cultivos con el objeto de destruirlos”.
La carta también habla de tres personas que han sido asesinadas durante el tiempo que vienen defendiendo su posición como poseedores de La Conquista. Se trata de Concepción Escobar, hermano de su principal líder, que murió el 14 de mayo de 2009 luego de recibir seis disparos. También está Jairo Viloria, propietario de una draga que la comunidad alquiló con ahorros de las ganancias de sus cultivos. “La alquilamos por horas y el dinero se reunía con el negocio de los pequeños cultivos. Manteníamos un fondo y se hizo un contrato para pagar 100 mil pesos la hora”, explicó Reinaldo Escobar. Los medio locales registraron que Viloria fue asesinado de cuatro tiros el 30 de agosto de 2011. La muerte más reciente es la de Benjamín Garizabal, asesinado el 19 de marzo de 2012. La justicia aún no ha esclarecido estos crímenes, ni si tuvieron que ver o no con la disputa de La Conquista.
Debido a que fue desplazada en 2012 por miedo, la comunidad decidió hacer campamentos para protegerse, que no era otra cosa que montar ranchos en madera con teja de zinc y piso de tierra. Allí han intentado permanecer los hombres del grupo. Hoy ya tienen 54 ranchos. “Nos ha tocado correr”, dice una mujer del grupo de campesinos. Luego cuenta que varias veces hombres armados les han exigido desalojar el terreno, alegando que la propiedad es del empresario. Su líder Escobar reconoce que esta situación de tensión los ha obligado a reaccionar con la fuerza como ocurrió cuando un campesino amenazó con un machete al conductor del buldócer que tiró abajo uno de sus ranchos.
Una denuncia formal presentada por la comunidad el 6 de enero de 2012, asegura que Lacouture y los hombres armados “no han dejado entrar a las familias porque hay portones en la vía pública con celadores armados y radioteléfonos recibiendo órdenes de las personas que deben dejar pasar”. Los portones les impedían el paso a los campesinos y los obligaba a tomar largos caminos alternos. “Estábamos como huyendo de lo nuestro”, dice uno de ellos, que explica que al comienzo creyeron que estos portoneseran para evitar que se saliera el ganado, pero luego “nos dimos cuenta que no era por el ganado sino por nosotros”, agrega. Sobre este punto este medio también le preguntó al empresario, quien, como se dijo, no quiso dar su versión de los hechos.
Un año después, los campesinos reconocen que aunque siguen estando los portones, pueden transitar con mayor facilidad y, además, explican que los hombres armados ya no están, aunque sí uno que otro vigilante.
A la lista de enfrentamientos se suman dos intentos de desalojo durante 2012, denuncias de parte y parte, intentos de conciliación para retirar uno de los portones y amenazas a los campesinos a través de llamadas por celular. Ha sido tanta la presión, que hoy Escobar es uno de los once líderes de tierras protegidos por el gobierno en La Conquista.
El 24 de julio de 2012, el paramilitar José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Tijeras’, preso en una cárcel de Barranquilla y quien fuera jefe militar del frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc, denunció ante la Fiscalía que Carlos Lacouture y otras tres personas “actualmente constriñen ilegalmente a campesinos y demás agricultores de la Zona Bananera, especialmente a los propietarios de la finca La Conquista (…) para que se atemoricen, entren en pánico y miedo y salgan de sus tierras” (ver denuncia).
Un asunto para clarificar
En medio de la disputa y luego de la insistencia de la comunidad para que las autoridades tomaran cartas en el asunto, el Incoder visitó por primera vez el predio el 1 de marzo de 2012 para definir, entre otras cosas, cuáles son los linderos de La Conquista. En el informe presentado por el Instituto, del grupo de vecinos que identifican, en su mayoría dedicados al cultivo de palma, no aparece la finca Montelimar de Lacouture. Los campesinos han insistido en que Montelimar no colinda con La Conquista.
El 30 de abril de 2012, el ministerio de Agricultura emitió una resolución para iniciar el proceso de deslinde de La Conquista, que resalta las denuncias que ha hecho la comunidad con relación a las presiones indebidas del empresario. Según fuentes cercanas al proceso, entre las irregularidades que han encontrado está el bloqueo con portones denunciado por los campesinos y la presencia de maquinaria que arrasa con sus cultivos y ranchos.
Ahora, el Incoder estudia los derechos de propiedad de los vecinos de La Conquista y de aquellos que rodean los playones del sector. Finalmente, será una inspección ocular la que delimitará qué es de quién, si realmente hay una propiedad privada, cuál es su extensión, hasta dónde va el playón y en dónde empiezan los terrenos baldíos.
Mientras investiga estos asuntos, el mismo Incoder denunció en diciembre un desalojo a las familias que permanecen en La Conquista y que hizo la alcaldía de Pueblo Viejo con una orden expedida en 2009. Para el instituto de tierra, “la diligencia puede tener vicios de procedimiento, por ser extemporánea y por tratarse de un predio sobre el cual se adelanta un proceso agrario (deslinde)”. En este comunicado, el Incoder aclaró que estas personas eran víctimas de desplazamiento forzado y de protección especial. Los campesinos dicen que desde que se puso esta denuncia, las presiones han bajado al mínimo.
Otra visita realizada por el Incoder, también en diciembre, para precisar el número de ocupantes, determinó que hoy en La Conquista hay 52 familias que tienen cultivos de pancoger menores a 2 mil metros cuadrados. Durante la visita, algunos ranchos desmantelados evidenciaron que en época de lluvias se inunda una parte del predio y que en ese momento los cultivos no estaban afectados. Según el instituto, cerca del 60 por ciento de La Conquista es playón.
VerdadAbierta.com conoció que existen declaraciones juramentadas por despojo contra Carlos Lacouture registradas en 2011 en la notaría única de Aracataca y que se remontan a hechos que ocurrieron en 1973, precisamente en la franja de tierra que va desde la finca Montelimar hasta La Conquista (los mismos cinco kilómetros que los campesinos, afirman, separan a los dos predios). En una de las denuncias se lee: “El señor Carlos Lacouture me hizo salir a la fuerza junto con mi familia, de las tierras donde yo con mi familia vivíamos y trabajábamos, declaro que a la fuerza, porque él entró acompañado de hombres del ejército y policía, con maquinaria (buldócer), tumbó los árboles, dañó nuestros cultivos, quemando la casa que teníamos y nos hizo salir, diciendo que esas eran su tierras, que tenía en la mano los títulos que la ley exige a los propietarios de tierras”.
Las declaraciones coinciden en que el despojo ocurrió un 17 de agosto, hace 40 años, en el sector de Montelimar. Algunos de los campesinos con los que habló VerdadAbierta.com afirman que se animaron a denunciar cuando el gobierno anunció la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Será el Incoder el que dirima el pleito por La Conquista, pero mientras tanto la justicia está en mora de investigar quién ha estado detrás de las presiones violentas contra los campesinos y las muertes.
