Pese a que las víctimas de esta subregión lograron las primeras sentencias de la justicia transicional en materia de tierras, no ha ocurrido lo mismo para las comunidades afro; por ello, el Consejo Comunitario Eladio Ariza ahora reclama sus derechos territoriales ancestrales.
La comunidad depende del acceso a agua del Distrito de Riego del municipio de María La Baja, para sostener los cultivos de pancoger. Pero señalan que el agua ha sido concentrada por quienes desarrollan cultivos agroindustriales. Foto suministrada Equipo de comunicación rural Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas (Opds)-Montes de María.
El 1 de septiembre fue un día de regocijo entre los habitantes del consejo comunitario Eladio Ariza, en el municipio de San Jacinto: lograron que un Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Carmen de Bolívar admitiera la demanda de restitución de sus derechos territoriales.
No ha sido un proceso fácil. Un primer intento terminó en noviembre de 2015, cuando el Juzgado le informó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que la demanda estaba incompleta y siete meses después esta entidad decidió retirarla, por lo que la comunidad quedó en veremos.
En un nuevo intento, el Juzgado admitió la demanda y se convierte en la primera de tipo étnico en Montes de María, una subregión integrada por 15 municipios entre los departamentos de Bolívar y Sucre, priorizada por la justicia transicional debido al número de personas desplazadas y despojadas que ocasionó el conflicto armado. (Lea: ¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María?)
Aunque el proceso de Justicia y Paz, que juzga a quienes integraron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), logró hace diez años la primera sentencia a favor de las víctimas de Mampuján y el proceso de restitución de tierras concentró sus esfuerzos en Carmen de Bolívar, no sucedió lo mismo con los pueblos étnicos. (Lea: Las víctimas de Mampuján apelan la primera sentencia de Justicia y Paz y “Agropecuaria Carmen de Bolívar no actuó de buena fe”: Tribunal de Cartagena)
El Consejo Comunitario que hoy reclama sus derechos fue constituido en 2008 y en 2010 comenzaron el proceso de solicitud del título colectivo ante el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Desde entonces, se advirtieron dilaciones por parte de la entidad agraria, ya liquidada: inicialmente no les reconoció la totalidad del territorio, y luego les incumplió una visita técnica.
En la actualidad, al Consejo le preocupa que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que reemplazó al Incoder, no encuentre los archivos de su proceso. El reciente Quinto Informe de Comisión de Monitoreo y Seguimiento a los decretos ley étnicos advirtió dificultades al respecto.
“Es importante anotar que la mayoría de los procesos de medidas cautelares y de restitución de tierras involucran a la ANT, como responsable de adelantar procesos de constitución, ampliación, saneamiento, clarificación o revocatoria de títulos para la protección y restitución integral de los derechos territoriales étnicos. Frente a este aspecto resulta preocupante la persistencia en las dilaciones por parte de esta entidad a la hora de dar trámite a las órdenes de los jueces de tierras, justificando su demora en hechos como la desaparición de expedientes o la inexistencia de información clara, pertinente y actualizada de predios”, indica el Informe. (Lea páginas 42 y 43)
Precisamente, el consejo comunitario busca que con la demanda de restitución étnica los jueces ordenen la titulación del territorio colectivo, como una garantía para la supervivencia de la comunidad, así como de sus prácticas culturales.
La ‘siembra’ del agua
El 70% de los integrantes del Consejo Comunitario continúa en condiciones de desplazamiento, algunos de ellos en Barranquilla, Cartagena y Venezuela. Quienes resisten en el territorio advierten problemas de acceso al agua. Foto suministrada Rony Morales Guatemala.La comunidad negra del corregimiento de San Cristóbal, en el municipio de San Jacinto, se constituyó como Consejo Comunitario el 2 de noviembre de 2008 con 84 familias, aunque su supervivencia en el territorio data de 250 años. En la actualidad, son 355 personas las que integran esta comunidad étnica, de las cuales el 70 por ciento aún vive en condiciones de desplazamiento en los cascos urbanos de municipios cercanos.
Según el relato de la comunidad, la violencia llegó a su territorio en 1988, cuando las guerrillas causaron los primeros desplazamientos. Pero esta se intensificó durante los siguientes años, con la presencia de grupos paramilitares que terminaron por expulsar a los habitantes de la región. “Esto generó la ruptura de la comunidad. Primero nos torturan, luego nos masacran y después vino la compra masiva de tierras… reconstruir eso no es fácil”, indica un líder de la comunidad.
El consejo comunitario ha contado con el acompañamiento de la Corporación Desarrollo Solidario (CDS); el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, de la Pontificia Universidad Javeriana; y del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Estas organizaciones no gubernamentales coinciden en que tras el conflictoarmado hubo un cambio en el uso del suelo y de los recursos naturales para el sostenimiento de la comunidad.
De las 1.818 hectáreas que el consejo reclama como título colectivo, una porción está cultivada en palma de aceite y en piña. Para la comunidad esto resulta problemático, pues su territorio ancestral está destinado no al monocultivo, sino al impulso de cultivos de ñame, yuca y arroz, destinados a su alimentación y a la de la región.
Se teme que quienes desarrollan los proyectos agroindustriales de palma y piña en territorio ancestral sean los opositores al proceso de restitución solicitado por el consejo comunitario. De ser así, tendrá que aportar las pruebas que demuestren la “buena fe exenta de culpa”, es decir, que adquirieron las tierras sin aprovecharse de la situación del conflicto y realizaron la debida diligencia en el estudio de los títulos de propiedad.
A la comunidad negra le preocupa no sólo cómo parte de su territorio está siendo explotado por foráneos, sino que su intervención ha afectado, además, la disposición y calidad de recursos naturales como el agua, y el uso de los caminos veredales. Durante el gobierno del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) se le otorgaron recursos al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) para construir el Distrito de Riego de María Baja, un municipio colindante a San Jacinto, para el aprovechamiento del agua en función de los cultivos agrícolas de la zona.
Este distrito tiene como principales suministros los embalses de Matuya y El Playón, y la ciénaga de María La Baja, pero el Consejo Comunitario afirma que quienes cultivan la palma de aceite y la piña han concentrado su uso para el sostenimiento de dichos proyectos.
“Al disponer de gran parte del agua entonces disminuye la cantidad de peces. Otro problema son los agroquímicos, que están contaminando los cultivos de pancoger de papaya, yuca, ahuyama y patilla. También nos ha afectado la prohibición de transitar por los caminos reales, así como la intervención de maquinaria pesada, la tala de árboles y la sedimentación de los playones”, dice otro habitante del Consejo.
Papeles y paciencia
El Consejo Comunitario está en el corregimiento de San Cristóbal, en el municipio de San Jacinto Bolívar. Una parte de su territorio es explotado por foráneos con cultivos de palma de aceite y piña. Foto suministrada Rony Morales GuatemalaPor todo ello, la comunidad solicitó desde el año 2010 ante el Incoder la entrega del título colectivo, pues este es un ‘blindaje’ a las compras y explotación de su territorio, pero hubo tropiezos. En 2011, la entidad les respondió que solo les adjudicaría 600 de las más de mil hectáreas que reclaman, informándoles, además, que no habría visita técnica por falta de recursos económicos. “Entonces la decisión de las 600 hectáreas la tomaron desde un escritorio en Bogotá”, relata la comunidad.
Inconformes con esa respuesta, los pobladores insistieron en la visita de campo y solo sucedió entre el 22 y el 28 de agosto de 2013. “Pero no fue la más adecuada, porque no hicieron el levantamiento topográfico”, cuenta un habitante, explicando que es esta actividad la que permite medir y hacer una representación gráfica del territorio. Transcurrieron otros tres años sin recibir noticia del Incoder, hasta que, en diciembre de 2015, supieron por la prensa que el gobierno nacional había decidido liquidarlo, entre otras razones, por ineficiente. (Lea: Procuraduría Agraria, a la ‘yugular’ del Incoder y El trasfondo de las nuevas agencias de desarrollo rural)
Los líderes del consejo comunitario aseguran que una vez fue anunciado el funcionamiento de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), solicitaron información sobre el avance de la titulación, pero les contestaron que estaba extraviado el expediente.
Mientras esperaban una solución de la nueva entidad agraria, confiaban en que la URT avanzaría con su reclamación. En noviembre de 2015 radicó la demanda ante los Juzgados Especializados de Carmen de Bolívar, pero los togados la rechazaron señalando que falta aclarar las pretensiones (las reclamaciones de la comunidad), así como precisar el número de hectáreas solicitadas en restitución.
Quienes conocieron este proceso explicaron que la URT tenía la posibilidad de hacer los ajustes e, inicialmente, se comprometió a hacerlo en tres meses, pero en julio de 2016 retiró la demanda, señalando falta de tiempo para cumplirle al juez. La decisión dejó “en ceros” de nuevo al consejo comunitario Eladio Ariza, que ahora recobra sus expectativas con la nueva demanda presentada, las mismas que tienen otros 23 grupos étnicos, entre comunidades indígenas y negras, cuyas reclamaciones ya están en conocimiento de los jueces especializados de tierras.
