Hace dos semanas estas comunidades fueron víctimas de la quema de dos de sus centros ceremoniales. La noticia quedó allí. Pero estos pueblos indígenas siguen esperando la reparación y restitución de sus territorios colectivos, como lo advierte el reciente informe de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento a los decretos ley étnicos.
De los 15 mil integrantes que componen el pueblo Wiwa, por lo menso 3 mil están en condición de desplazamiento. Foto suministrada Pueblo Wiwa.
El pasado 17 de agosto los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa recibieron un ‘ataque al corazón’ de sus sitios sagrados, donde están los principios y fundamentos de su espiritualidad, de sus prácticas culturales y gobierno propio. A las 5 de la mañana de ese día fue incendida una Kankurwa, en la comunidad de Guatapurí en territorio Kankuamo, en Cesar; y a las 9:30 de la noche ocurrió lo mismo con una Unguna y Ushui, en la comunidad Sheyamake Wiwa, en La Guajira. Las dos comunidades hicieron un llamado al Estado para esclarecer lo ocurrido y proteger sus derechos. (Ver comunicado)
Sin embargo, las noticias sobre estos pueblos indígenas de la Sierra Nevada se quedan en el reporte de hechos como éste. Aunque lo ocurrido preocupa a las comunidades, no descartan que sea una retaliación a sus denuncias y oposición frente a la planeación y desarrollo de proyectos de infraestructura y explotación minera en la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo expresaron en una audiencia citada por la Corte Constitucional el 1 de agosto pasado.
A lo anterior se suma que ambas comunidades siguen a la expectativa de que las instituciones de la justicia transicional, como las Unidades de Víctimas, Restitución de Tierras y de Protección actúen con diligencia para atender los procesos de reparación integral, restitución y protección de sus territorios colectivos.
Los casos de los pueblos Kankuamo y Wiwa son ejemplo de lo que advierte el Quinto Informe de la Comisión de monitoreo y seguimiento a los decretos ley de reparación y restitución étnica, integrada por la Defensoría, la Procuraduría y la Contraloría. Estos organismos del control concluyeron que persisten los problemas de planeación financiera y diseño institucional para garantizar los derechos a las comunidades étnicas. (Lea el Informe)
En promesas
Así registró el pueblo Kankuamo la construcción de una Kankurwa, centro ceremonial, en el corregimiento de Chemesquemena, en Valledupar. El pasado 17 de agosto la comunidad de Guatapurí denunció la quema de una de estas. Foto suministrada Beethoven Arlant Ariza.El pueblo Kankuamo está integrado por 22 mil personas, de las cuales 12 mil viven dentro del resguardo, reconocido en 2003 con 24 mil 212 hectáreas en Valledupar, Cesar. Los otros 10 mil indígenas viven fuera del territorio colectivo, de las cuales por lo menos 500 están aún condición de desplazamiento por causas del conflicto armado. Una gran parte de las familias en esta situación están dispersas en la capital cesarense, así como en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca y Bogotá.
Jaime Enrique Arias, gobernador del Cabildo Kankuamo, explica que aunque su pueblo tuvo medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y están amparados en el Plan de Salvaguarda de la Corte Constitucional, han pasado cinco años sin que el Decreto Ley 4633 de 2011 tenga avances significativos para la comunidad.
Arias se refiere al Decreto Ley que dicta las medidas para asistir, atender, reparar integralmente y restituir los derechos territoriales de las víctimas de pueblos y comunidades indígenas. El Gobernador señala que aunque la Unidad Nacional de Víctimas los reconoció en 2015 como sujetos de reparación colectiva, apenas están en el diseño de la hoja de ruta. “En estos meses hemos hecho varios derechos de petición. Es más, la tramitomanía un ejercicio de revictimización”, reitera Arias.
Refiriéndose al reciente hecho de la quema de la kunkurwa, el líder expresa indignación sobre la respuesta institucional. Tras lo ocurrido, el Ministerio
del Interior convocó a una reunión, pero, según Arias, no asistieron los representantes de la Alcaldía de Valledupar y de la Gobernación de Cesar. “Es curioso que no haya un compromiso real, pero sí para impulsar los proyectos de explotación a los cuales nos oponemos”, indica.
Arias agrega que la falta de compromiso de las instituciones territoriales se evidencia en que todavía ninguna quiere financiar el equipo interdisciplinario, clave para el trabajo de campo en las caracterizaciones de los daños ocasionados ala comunidad indígena durante el conflicto armado. La primera reunión para definir la destinación presupuestal estaba programada para marzo, pero ésta sigue pendiente.
La comunidad Wiwa asegura que sigue a la espera de la entrega de la resolución, por parte de la Unidad de Víctimas, que los reconoce como sujetos colectivos de reparación. Foto suministrada Pueblo Wiwa.Sobre el proceso de restitución, el gobernador kankuamo cuenta que este año hicieron la solicitud de derechos territoriales ante la Unidad de Restitución, pero que la institución les respondió que tal reclamación debe pasar primero por la Mesa de Concertación. “Entre la solicitud pedimos ampliación del resguardo. Nos preocupa es que en la Unidad sí está avanzando la reclamación individual de predios sobre nuestro territorio ancestral”, afirma Arias.
La situación de la comunidad Wiwa no es distinta. Pedro Manuel Loperena, comisionado de Derechos Humanos de esta comunidad, explica que, según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este pueblo indígena está compuesto por 15 mil integrantes, en comunidades asentadas en La Guajira, Cesar y Magdalena, de las cuales por lo menos 3 mil personas siguen en condición de desplazamiento por efectos del conflicto armado.
Loperena indica que ni la reparación individual de miembros de su comunidad ni el proceso colectivo han avanzado en la Unidad de Víctimas. Fue tal la insistencia que en mayo de 2016 la Unidad firmó con ellos un acto de compromiso para ser reconocidos como sujetos de reparación, pero pasó un año para que les informaran que sólo hasta junio de 2017 les darían la resolución. Tal documento aún no ha sido entregado a los Wiwas. “Nos dicen que eso no ha sido posible por falta de operador [contratista]. Si esas son las condiciones mínimas para comenzar el proceso, ¿cómo nos van reparar? Acaban de notificarnos que habrá un evento el próximo 4 de septiembre”, agrega el comisionado indígena.
El líder relata que su comunidad, por ejemplo, fue víctima de la masacre del Limón, perpetrada por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 2002. Durante cuatro días el Bloque Resistencia Tayrona de las Auc ingresó al caserío de El Limón, en Riohacha, y la vereda Caracolí, en San Juan del Cesar, asesinando a 19 integrantes del pueblo Wiwa, entre ellos a sus abuelos y tío. “Después de 15 años mi abuelo sigue desaparecido”, dice.
Así celebran el Corpus Christi los indígenas en Atánquez, una de las doce comunidades que integran el Resguardo Kankuamo. Foto suministrada Beethoven Arlant Ariza.Pese a que el Tribunal de Cundinamarca condenó al Estado por estos crímenes y ordenó que el Presidente de la República y el Ministro de Defensa pidieran perdón público a la comunidad, Loperena afirma que el pasado 15 de febrero concertaron dicho acto para este miércoles 30 de agosto. “Sin embargo, sabemos que han sido delegados funcionarios de bajo perfil. Si el Gobierno no es capaz de ofrecer perdón en un acto simbólico, creemos queal Estado le está quedando difícil reconocer sus hechos y omisiones… Esto demuestra que Colombia es un país fallido en la defensa y protección de derechos humanos”, reitera.
Desde 2005, el pueblo Wiwa cuenta con medidas cautelares de la Cidh, entre otras razones porque han denunciado 32 casos de ejecuciones extrajudiciales, como son llamadas coloquialmente los “falsos positivos”, en los que han sido víctimas miembros de su comunidad. Loperena cree que esas denuncias casi le cuestan la vida cuando el 11 de mayo de 2003 sobrevivió a un atentado con granada en su casa. Según el Comisionado, las familias desplazadas en Valledupar, San Juan del Cesar y Riochacha sobreviven en condiciones difíciles. “Los jóvenes están trabajando en cuidar niños para contribuir con el alimento diario”, relata Loperena.
Frente al proceso de restitución, explica que desde 2013 la comunidad concentró sus esfuerzos para que la Unidad de Restitución realizara un estudio preliminar. “Creemos que no hay voluntad para avanzar. Es la hora y no hemos recibido alguna notificación. Esto puede estar relacionado con que la Sierra está priorizada para el desarrollo de megaproyectos”, apunta y precisa que los Wiwas han estimado unas 84 mil hectáreas despojadas a causa del conflicto armado.
VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina de Comunicaciones de la Unidad de Víctimas para conocer su versión sobre los cuestionamientos, informando que está próxima a brindar una respuesta. La Unidad de Restitución de Tierras, por su parte, indicó por medio de la Jefe de Prensa que “actualmente se encuentran documentando estos casos. El resultado de ese análisis determinará la ruta a seguir”.
Llamado de atención
Los indígenas Wiwa cuestionan que el Estado no logre pedir perdón público, en el caso de masacre del Limón, de la que fueron víctimas en 2002. Foto suministrada Pueblo Wiwa.Las preocupaciones y críticas de los pueblos Kankuamo y Wiwa están reflejadas en el Quinto Informe de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 del año 2011 de comunidades étnicas víctimas del conflicto armado. El documento señala que el Presupuesto General de la Nacional no incluye recursos para garantizar el enfoque diferencial de esta política pública, que hay ineficacia administrativa en la implementación de la Ruta de Reparación Colectiva Étnica, así como falta de efectividad en las medidas de prevención y protección, y de garantías para la participación de los grupos étnicos en la formulación y toma de decisiones.
Para la Comisión, los anteriores problemas tienen como origen dos situaciones: fallas en la planeación financiera y en el diseño institucional de los procesos de reparación y restitución de tierras a comunidades étnicas. En ese sentido, los organismos lanzaron fuertes cuestionamientos a las instituciones de la justicia transicional, las agencias del Estado y la misma justicia especializada en sus trámites.
En sus ejemplos, expone que, pese a que el resguardo Kitek Kiwe y el consejo comunitario Los Cardonales de Guachoque han solicitado como primera medida reparadora la titulación de sus territorios colectivos, esto no ha ocurrido. Hace también un análisis del cumplimiento de las medidas ordenadas por los jueces de restitución en los casos del Alto Andágueda y Renacer Negro, las primeras sentencias de restitución étnica del país, adviertiendo que los resultados han sido “mínimos” por falta de compromiso de las instituciones territoriales, pero también por la persistencia del conficto (Lea: Las promesas a medio cumplir a indígenas del Alto Andágueda y Con histórica sentencia afros recuperan su territorio en Timbiquí, Cauca).
El documento señala que solo para la adquisición de predios y mejoras la Agencia Nacional de Tierras (ANT) les respondió que requieren de unos 800 mil millones de pesos, una cifra que pone de presente la dificultad que ya reconoce esa entidad para cumplir con la ampliación y saneamiento de resguardos y consejos comunitarios.
Cuando el Informe se refire al seguimiento de los procesos de restitución de territorios étnicos, cuestiona su efectividad más allá del papel. “La etapa posfallo de los procesos ha mostrado que la expectativa de lograr una restitución realmente transformadora se estanca ante una respuesta institucional limitada en términos de enfoque diferencial; una oferta fragmentada y desarticulada, así como una falta de planeación de mediano y largo alcance, que ha terminado por fomentar conductas asistencialistas, alejando a los pueblos y comunidades étnicas de la posibilidad de lograr un goce efectivo de sus derechos territoriales a través de la restitución”.
Para los organismos de control, los obstáculos al “goce efectivo” también están relacionados con la demora de algunos juzgados en el estudio de los casos y por las decisiones de frenar las medidas cautelares mientras la Unidad ajusta lo requerido por el juez, como ocurrió con el Consejo Comunitario de Puerto Girón, en cuya reclamación se oponen empresarios del banano que en el pasado habrían financiado grupos paramilitares. (Lea: Los cuestionamientos a bananeros detrás del No)
La Comisión es crítica sobre las actuaciones de la ANT, indicando que “resulta preocupante la persistencia en las dilaciones por parte de esta entidad a la hora de dar trámite a las órdenes de los jueces de tierras, justificando su demora en hechos como la desaparición de expedientes o la inexistencia de información clara, pertinente y actualizada de predios”. También sobre la implementación de equipos como el llamado Amei (Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura) en los procesos de restitución de la Unidad; así comolas pocas respuestas brindadas por la Unidad Nacional de Protección. (Lea: Las contradicciones de Santos con la restitución)
Al respecto, el Quinto Informe de la Comisión concluye que “luego de cinco años de expedición de los Decretos Ley, el desconocimiento de los mismos y la falta de adecuación institucional para responder a los retos que implican en términos de política pública son una constante”. Para los organismos de control la solución está en la comprensión de las instituciones públicas, la voluntad política y la apropiación de recursos.
