Pese a las promesas del gobierno nacional, la situación de los campesinos reclamantes de tierras en esta región de Magdalena es dramática: de un lado, los jueces se demoran en fallar; y de otro, lo ordenado en algunas sentencias no se cumple.
Este es el estado de la vía que ‘comunica’ a La China con La Pola y desde allí hasta Planadas, entre los municipios de Chibolo y Plato,Magdalena. Las sentencias de restitución ordenan al Municipio y la Gobernación mejorar la infraestructura. Foto suministrada por parceleros.“Sabemos que los campesinos quieren que esto funcione, sabemos que los campesinos van a ser nuestros aliados en este proceso y por eso este proceso es imparable, óigase bien, imparable. El gobierno no va a permitir que a este proceso nadie le ponga obstáculos”, aseveró el presidente Juan Manuel Santos el 3 de agosto de 2012 ante cientos de pobladores de Chibolo, en el Magdalena, donde defendió con vehemencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
No obstante, la realidad actual dista mucho de aquellas palabras. “Sin títulos la inseguridad es muy grande. Los bancos no le prestan a uno nada, pero lo que más preocupa es que vengan y nos vuelvan a quitar las tierras”, dice María Ramírez*, una mujer campesina retornada en 2007 quien está a la espera de una decisión sobre su solicitud de restitución por parte del Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, que conoce del caso desde 2013.
La situación de María refleja la paradoja que enfrentan los campesinos reclamantes en Chibolo; un grupo de campesinos que pertenece al sector de La Palizúa, del que hace parte esta mujer, cruza los dedos para que los jueces dicten pronta sentencia sobre las reclamaciones de las parcelaciones La Boquilla y Santa Martica.
Otro grupo de labriegos, que corresponde al de las parcelaciones de la antigua hacienda La Pola, colindante a la Palizúa, donde los reclamantes de Villaluz, Santa Rosa y La Tolúa, ya cuenta con sentencias a su favor, esperan el cumplimiento de las órdenes dictadas por los jueces a distintas agencias del Estado.
En ambos casos los labriegos sienten una profunda decepción por cuanto ni en un caso ni en otro se observa un camino libre de obstáculos que con tanto ahínco expresó el presidente Santos hace más de cuatro años.
Tanto los parceleros de La Palizúa como de la antigua hacienda La Pola tienen un pasado de terror. Como lo documentó la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y extraditado a Estados Unidos en 2008, utilizó toda su fuerza criminal para ordenar asesinatos y despojo de predios en los municipios de Chibolo, Plato y Sabanas de San Ángel.
La arremetida paramilitar ocasionó el desplazamiento de 1.320 personas de Chibolo entre 1999 y 2001. Pero ‘Jorge 40’ no solo se apoyó en las armas para ocupar tierras. Con el apoyo de concejales y funcionarios del Incora Magdalena, usurpó varios predios, poniéndolos a nombre de paramilitares bajo su mando o de sus testaferros. (Lea: La toma del Incoder)
En la Palizúa ocurrió algo similar, solo que quien se apoderó de las tierras fue César Augusto ‘Tuto’ Castro, capturado el 10 de octubre de 2012 señalado de participar en la conformación de nuevos grupos armados ilegales y frenar los procesos de restitución en Magdalena.
El ‘Tuto’, quien desmovilizó el 10 de marzo de 2006 junto a otros 2.544 integrantes del Bloque Norte de las Auc, es hermano de Jorge Castro Pacheco, exsenador de la República, condenado en mayo de 2010 por vínculos con paramilitares, cuando la Corte Suprema de Juticia encontró que él y Dieb Maloof lograron ganar sus curules en 2002 al Congreso de la República con financiación y apoyo de las Auc. (Lea: La caída de un señor de las tierras)
Para los campesinos de la Palizúa el problema está en que “la situación de seguridad está complicada. Han aparecido grupos de delincuencia. La semana pasada se le metieron a la casa a una familia. Los ‘maniataron’ y les robaron los animales”, cuenta Libardo Martínez*, un campesino de la zona cuyo nombre se reserva.
En la antigua hacienda La Pola la preocupación no solo está en que las órdenes de los jueces se están incumpliendo, sino en la demora de los fallos de la Palizúa, que los tiene en la incertidumbre, y en el temor que genera la excarcelación de ‘Tuto’ Castro, luego de cuatro años de prisión. “¿Se imagina que los fallos no sean a favor de los campesinos? Eso es preocupante porque hace un año que a ‘Tuto’ Castro lo han visto por la región”, comenta Laurentino Rosas*, otro habitante de la zona.
Larga espera en La Palizúa
Los campesinos restituidos en los predios de la antigua hacienda La Pola, en Chibolo, cuentan con proyectos productivos de ganadería. Su sueño de comercializar leche y quesos está truncado por el estado de la vía, que luce así en pleno verano. Foto suministrada por parceleros.Las tierras de esta vereda pertenecían a la familia Duque Barros, que hace unas tres décadas atrás las dividió en cinco partes iguales, cada una de 601 hectáreas, para heredarlas a sus hijos. Las bautizaron Santa Martica, Planadas, La Boquilla, El Mulero y Las Mulas.
En los años ochenta, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) alentó las invasiones de tierras en esta región, para que campesinos sin tierra entraran a extensiones que consideraban estaban siendo improductivas. Los Duque Barros vendieron al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el instituto adjudicó las parcelas a varios campesinos. (Lea: Los trucos de ‘40’ para apropiarse de la Palizúa)
Sin embargo, como fue confesado en versiones libres en Justicia y Paz, el 15 de agosto de 1997 los paramilitares ingresaron a la Palizúa y asesinaron a 19 campesinos por oponerse a la orden de ‘Jorge 40’ de entregar sus tierras.
El exparamilitar Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, le aseguró a la Fiscalía que varios de los hombres bajo su mando, conocidos con alias de ‘Codazzi’, ‘Bola Ocho’ y ‘El Flaco’, también se quedaron con fincas en La Palizúa. Otras parcelas, como Santa Martica y y La Boquilla, quedaron a nombre de ‘Tuto’ Castro, quien solicitó el desalojo policivo de los campesinos cuando estos comenzaron a retornar en 2006, una vez fue anunciada la desmovilización paramilitar.
Después de un largo proceso agrario, el liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les dio la razón a los campesinos y ordenó la extinción de dominio de las parcelaciones Santa Martica y La Boquilla para que volvieran al registro de baldíos (tierras de la Nación) y así pudieran ser devueltas a los campesinos. Una vez comenzó el proceso de restitución, en enero de 2012, los casos de La Palizúa y el de la antigua hacienda La Pola fueron documentados y presentados en demanda ante los jueces especializados.
Sin embargo, cuando los jueces dictaron los primeros fallos en 2013, los primeros campesinos favorecidos fueron los de el sector de La Pola. Pero han transcurrido cuatro años y las reclamaciones de La Boquilla ySanta Martica continúan en el Tribunal de Restitución de Cartagena sin decisión alguna.
En una carta enviada el año pasado por el congresista Alirio Uribe Muñoz al magistrado Néstor Raúl Correo, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, expresó su preocupación por la demora en las decisiones. Sobre los casos de La Boquilla y Santa Martica reiteró que se han superado los tiempos establecidos por la Ley 1148 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, de 90 días para fase probatoria y cuatro meses más para dictar fallo. Dado que no recibió una respuesta, el congresista insistió en el tema en otra misiva, fechada el 17 de febrero de 2017. (Lea carta aquí)
De momento, los únicos campesinos de la vereda La Palizúa que cuentan con una sentencia de restitución son los del predio Planadas, cuya sentencia fue proferida el 6 de diciembre de 2013. Sin embargo, desde entonces hay incumplimientos. “La sentencia reconoció que había compradores de buena fe [exentos de culpa] y que el entonces Incoder debía entregarles los títulos. Ya han pasado cuatro años y esas familias siguen esperando”, asegura Andrés Torres*, quien resalta que esta situación refleja una gran incoherencia en el discurso del gobierno: “la paz está en los territorios, ayudando con salud, educación y vías. No tenemos ni siquiera los títulos que es lo más rápido para comenzar. Acá las tierras son fértiles, pero necesitamos ayuda”.
Un comprador de buena fe exento de culpa es aquel que durante el juicio probó que adquirió las tierras sin tener un vínculo con el conflicto armado. En muchos casos, estos compradores tenían la misma condición de vulnerabilidades que los campesinos desplazados. “La Agencia Nacional de Tierras [que reemplazó al Incoder] es el responsable de entregarles los títulos”, coinciden los parceleros de Planadas. (Lea la sentencia de Planadas)
La Pola, decisiones de ‘papel’
El ‘colegio’ fue adecuado por los campesinos de Chibolo durante su retorno hace diez años. El lugar sigue a la espera de inversión pública para que niños y jóvenes puedan recibir educación de calidad. Foto suministrada por parceleros.Como está consignado en la sentencia de la parcelación Santa Rosa, proferida el 28 de junio de 2013 por el Juzgado Primero de Santa Marta, La Pola fue una antigua hacienda que, al igual que la vereda La Palizúa, fue objeto de tomas campesinas promovidas por la Anuc. El antiguo Incora dividió la hacienda en las parcelaciones Villa Luz, Santa Rosa, La Tolúa, El Radio y La Pola Pequeña para adjudicarles porciones de tierra a los labriegos.
Sin embargo, la violencia perpetrada por alias ‘Jorge 40’ frenó los procesos de titulación del Incora, al punto que para 1997 solo había sido adjudicado el predio La Pola.
La sentencia narra cómo durante ese año el entonces jefe paramilitar citó a los campesinos en El Balcón, un prediode la antigua hacienda que ‘40’ convirtió en su ‘despacho’, ordenándoles devolver las tierras. Les dijo que les pagaba a 100 mil pesos la hectárea para quienes tuvieran títulos y a los que no, que les ‘reconocería’ las mejoras de los predios. Ocho días después los paramilitares asesinaron al pastor Antonio Rodríguez Felizzola y los parceleros, atemorizados, se desplazaron a ciudades como Barranquilla, Valledupar y Santa Marta. (Lea: La lucha por la tierra en Magdalena)
Cuando las tierras quedaron abandonadas, ‘Jorge 40’ instaló una ‘base’ paramilitar en La Pola, las encerró con cercas de electricidad y las ocupó con ganado. Entre 1997 y 2006 los campesinos no pudieron pisar sus fincas hasta que el gobierno nacional anunció la desmovilización de las Auc.
Finalizando 2006 y durante gran parte de 2007, los campesinos retornaron voluntariamente animados por Orlando Yanes, un policía despojado que motivaba a la comunidad a volver. Aunque Yanes hizo todo lo posible por lograr la restitución de las tierras no pudo ver en vida la primera sentencia, pues murió de un infarto en 2009. (Lea: El Policía que luchó a favor de las víctimas)
El Juzgado Primero Civil de Restitución de Santa Marta ordenó la restitución de los predios La Tolúa y Santa Rosa, de la antigua hacienda La Pola, en junio y agosto de 2013 respectivamente. En ambas decisiones se ordenó al antiguo Incoder y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi garantizar los títulos de propiedad a los campesinos; a las Fuerzas Militares, que les garantice la seguridad; al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que les otorgue programas de subsidio familiar de vivienda rural e integral de tierras; y al Ministerio de Salud para que les brinde asistencia médica y psicológica. (Lea sentencias La Tolúa y Santa Rosa)
La sentencia a favor de los parceleros de Santa Rosa incluye una orden a la Alcaldía de Chibolo y a la Gobernación de Magdalena para que en sus presupuestos incorporen una partida que garantice la adecuación de las vías de comunicación y acceso a la vereda La Pola y los sectores circuvecinos, esto con el apoyo del Ministerio de Transporte.
Sin embargo, las familias restituidas consideran que gran parte de las órdenes han sido incumplidas. Alberto Álvarez*, un campesino que fue reconocido en la sentencia, asegura que la Unidad de Restitución de Tierras les garantizó un proyecto productivo entregándoles siete vacas con las que sobreviven en las fincas; asimismo, les incumplieron con la vivienda rural, el apoyo psicosocial y la intervención en la vía que conecta a La China con La Pola y desde allí hasta Planadas, clave para la comunicación entre los municipios de Plato y Chibolo.
Los niños, independiente de la edad y el grado de escolaridad, comparten un tablero y mesas dispuestas bajo un techo de zinc que los aguarda de los rayos de sol. Foto suministrada por parceleros.“Cuando uno pregunta por la vía, la Alcaldía dice que no tiene plata que porque son un municipio de tercera categoría. En realidad la vía está muy mal. Incluso ahora que estamos en verano es difícil transitar”, comenta Álvarez.
Al complejo panorama de incumplimientos se suma que los niños no cuentan con una adecuada infraestructura escolar para recibir clases, lo hacen en una ramada que los campesinos organizaron a su retorno hace unos diez años; tampoco hay un puesto de salud ni promotor que atienda las urgencias. “Para acceder a un médico debemos ir a los cascos urbanos, lo que muchas veces no podemos hacer por falta de dinero”, agrega.
Gabriel Jaimes*, un parcelero del sector de La Pola, advierte que otra de las dificultades de los campesinos es la falta de infraestructura eléctrica. “Están los postes, pero no hay luz”, dice y explica que se requiere con urgencia ahora que los campesinos impulsan una cooperativa con la que piensan comercializar lácteos y sus derivados. “¿Cómo vamos a refrigerar?”, pregunta el parcelero. Los campesinos están esperanzados en la promesa de la Alcaldía de Chibolo, donde aseguran que el proyecto de electrificación será una realidad dentro de poco.
Para los parceleros restituidos es preocupante que no haya avance con el cumplimiento de la sentencia del predio El Radio, también de la antigua hacienda La Pola. El 19 de octubre de 2015 el Tribunal de Cartagena dictó sentencia, pero la Unidad de Restitucion y la Corporación Jurídica Yira Castro, que acompaña a los labriegos, solicitaron aclaración a principios de diciembre de ese año sin que todavía haya una respuesta de los magistrados. “Lo que sucede es que ordenaron una titulación global cuando debería ser individual”, aclara Jaimes.
Tanto los campesinos tanto de La Palizúa como de la antigua Pola, consideran que es urgente la acción de la justicia transicional y de las diversas instituciones del Estado no solo para cumplir con la ley, sino para protegerlos de la inseguridad a su alrededor.
En un comunicado divulgado el pasado 9 de febrero, la Mesa de Seguridad y Protección para Reclamantes de Tierra en Magdalena advirtió sobre “los continuos ataques y amenazas sistemáticas en contra de líderes y lideresas comunitarios, representantes de víctimas y reclamantes de tierras en el departamento”.
En el documento llamaron la atención sobre la amenaza dirigida en enero de este año contra los 16 líderes que participan de la Mesa de Víctimas en siete municipios de Magdalena a través de un correo firmado bajo el seudónimo de ‘El Cóndor’ que llegó a la cuenta del Defensor Regional del Pueblo. (Lea comunicado)
“Nunca habrá paz si hay hambre. El gobierno debe cumplir la Ley”, reitera Gabriel Jaimes. Otro parcelero de la Palizúa, quien está a la espera del fallo de restitución concluye: “Nosotros celebramos cada año el Día Nacional de las Víctimas y creemos que la paz es con justicia e inversión social, en vías, educación y salud. Necesitamos los títulos de las tierras para sacar adelante los proyectos productivos”.
Los reclamos de los campesinos distan mucho del optimismo que impregnó el discurso del presidente Santos aquel 3 de agosto de 2012 y de la promesa de no permitir obstáculos al proceso de restitución de tierras.
*Nombres cambiados a petición de los campesinos por razones de seguridad.
