El más reciente informe del organismo internacional advierte que los fallos de restitución se han concentrado en los casos donde ya ha habido retornos y no en los que hubo despojo, que son más complejos.
Amnistía Internacional advierte que por lo menos 520 sentencias de restitución de las 650 que han proferido los jueces de tierras en dos años, corresponden a casos de campesinos que ya habían retornado a sus tierras. Foto: archivo Semana.
Después de analizar las 650 sentencias que los jueces especializados en restitución de tierras han fallado desde enero de 2012 a agosto de 2014, Amnistía Internacional advierte que el gobierno debe prestar atención a varios problemas que hay en el proceso de restitución de tierras. Según el informe Un título de propiedad no basta: por una restitución sostenible de tierras en Colombia, el organismo internacional señala que la mayoría de las sentencias corresponden a familias que ya retornaron, los casos de despojos siguen sin resolverse y quienes ya tienen los títulos de sus parcelas temen amenazas porque no se ha investigado a los responsables de la violencia. (Lea el informe completo aquí)
En Colombia desde hace dos años el gobierno aplica la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que promete durante la próxima década devolverles dos millones de hectáreas a cuatro millones de personas que tuvieron que abandonar o les despojaron sus parcelas con violencia. Los responsables fueron guerrilleros, paramilitares y de forma más reciente bandas criminales que, en muchos casos, con la complicidad del antiguo Incora hoy Incoder, de la fuerza pública y de particulares expulsaron a comunidades enteras (Lea: La Lucha por la tierra en Magdalena, Despojo de tierras en Urabá, Un pulso a las verdades en los Montes de María; Ganar la paz, perder la tierra, y Tres agroindustrias de los Llanos compraron tierras con líos y violencia).
Según el informe, a la fecha los jueces han restituido 29 mil hectáreas a 2 mil campesinos que durante el conflicto fueron forzados a abandonar mil 200 predios. “Se trata de una fracción de las ocho millones de hectáreas que se cree que fueron adquiridas ilegalmente en el transcurso del conflicto; además, más de una cuarta parte de la cantidad total de tierra que ha sido objeto de restitución -8.400 hectáreas- fue restituida a una sola familia en Puerto Gaitán, departamento del Meta, en marzo de 2013”, señala el documento.
De los 650 fallos, en 520 no hubo opositor. Es decir, ningún particular o empresario se presentó durante los juicios rechazando las solicitudes de los campesinos. Para Amnistía, esto significa que los jueces resolvieron los casos de abandono en los que muchas familias ya habían retornado y solicitaban medidas para que el gobierno les reconociera los títulos de propiedad y los apoyara para progresar en el territorio. Por eso, el organismo internacional cuestiona “la lentitud del proceso” pues se presume que los casos que carecen de opositor son más ágiles a diferencia de los de despojo, que requieren prácticas de pruebas y estudios de escrituras.
Como los casos no se han concentrado en el despojo, el organismo internacional señala que son pocos los fallos que “hayan abordado la ocupación de las tierras por parte de grandes empresas nacionales o internacionales” así como de otras entidades o personas que puedan ser responsables del conflicto armado y el despojo. En ese sentido, a Amnistía le preocupa la impunidad pues cree que este es un factor por el que la gente aún siente miedo de retornar. En 2013, casi 220 mil personas se vieron obligadas aabandonar sus hogares.
Otro punto que cuestiona el informe es que el gobierno no haya reconocido a las víctimas de abandono y despojo antes de 1991. Amnistía considera que este tope fijado por la Ley generó “una jerarquía de víctimas en la que el derecho a la reparación depende de la fecha en que se cometieron los abusos”. Es el caso por ejemplo de la antigua hacienda Santa Paula, en Córdoba, que los hermanos Castaño despojaron en los años 80 a sus originarios propietarios y luego entregaron a campesinos que terminaron expulsando una década después. (Lea: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada)
Amnistía le pide al gobierno garantizar que la restitución de tierras sea completa y sostenible, que haya protección para las personas que deben retornar y que lleve ante la justicia a los responsables de la expulsión de seis millones de personas de sus hogares. A la comunidad internacional les sugiere revisar y vigilar dónde están invirtiendo sus empresarios, si estas inversiones se desarrollan sobre zonas donde hubo despojo y si los recursos que están girando para la agroindustria tienen o no relación con proyectos cuestionados por acumulación ilegal de baldíos o violencia.
“Este informe es una voz de alerta”, dijo Peter Drury, investigador para Colombia de Amnistía Internacional.
“El despojo de tierras también tuvo que ver con intereses económicos”: Peter Drury
Peter Drury, investigador de Amnistía Internacional, cree que la justicia debe investigar no sólo a los autores directores de despojos de tierras sino a las personas que fueron cómplices de la ola de violencia. Foto suministrada por Amnistía Internacional
El investigador para Colombia de Amnistía Internacional habló con VerdadAbierta.com sobre por qué el organismo internacional considera que el proceso de restitución ha sido lento, las fallas, el reconocimiento de las víctimas que fueron despojadas antes de 1991 y la complejidad de restituir a comunidades étnicas:
VerdadAbierta (V.A.): Teniendo en cuenta el informe, ¿por qué es la lentitud en el proceso de restitución y cómo resolverlo?
Peter Drury (P.D.): Reconocemos que con la Ley 1448 hay un gran avance en el reconocimiento de las víctimas, pero las diferentes fallas en la Ley y bloquean el proceso. El marco jurídico que se está aplicando podría conllevar a la legalización de muchas tierras que fueron despojadas. Lo que hemos visto es que varias de las zonas microfocalizadas son regiones donde no ha habido tantos intereses económicos de empresas nacionales e internacionales. Son zonas donde es más fácil restituir pero, ¿qué pasa con esas otras zonas donde sí hay intereses por ejemplo mineros?
La gente fue sacada en muchas ocasiones no sólo porque estaban sobre una zona estratégico-militar, sino porque vivían en zonas de grandes proyectos de infraestructura, minería, de agroindustria o de hidrocarburos. Según cifras de varias organizaciones no gubernamentales, el período 1997-2002 tuvo un pico de masacres y desplazamientos forzados. Y a partir de ese momento se comienzan a implementar una serie de políticas para sanear ese despojo.
(V.A.): Ustedes señalan que hay más formalización que restitución. ¿Qué está sucediendo?
(P.D.): Se han buscado los procesos fáciles donde no ha habido opositores, incluso en zonas donde ya había algún tipo de retorno. Un ejemplo es el Cesar, una zona de micro focalizada, que cuando ha habido intentos de restitución en regiones de interés minero el proceso allí no avanza.
(V.A.): ¿Qué cree se debería hacer con las víctimas que han reportado casos antes del año 91?
(P.D.): Mucha tierra robada no va a ser restituida por los tiempos que pone la Ley. La gente que fue despojada antes de 1991 no puede ser objeto de restitución. Esto facilita la legalización del despojo por intereses económicos. Se tiene que estudiar cómo se integrará a estas víctimas.
(V.A.): ¿Qué responsabilidad le cae a las instituciones del Estado en las fallas de la restitución?
(P.D.): Hay una serie de fallas. Muchas tienen que ver con el tema de recursos. También las amenazas. No sólo los reclamantes reciben amenazas, funcionarios, los topógrafos que hacen el estudio en terreno. Eso complica el trabajo. Pero también ha sido la falta de seguimiento a los fallos porque la restitución física no ha sido posible en muchos casos. Es el caso de El Toco, en el Cesar, donde hubo una orden de restitución pero cuando la familia retornó, la amenazaron. Se necesitan más recursos para investigar las amenazas y asesinatos a reclamantes.
(V.A.): Hasta ahora solo hay un caso de restitución en una comunidad indígena, la del Alto Andágueda. ¿Por qué cree que han sido lentos los casos de comunidades étnicas?
(P.D.): Muchos de esos territorios están sobre regiones de interés económico. Hay mucha riqueza en zonas de afrodescendientes e indígenas. Allí ha habido una pelea porque se legalice la tierra por parte de empresas para expulsar a las comunidades. Con la Ley 93 que reconoce a las comunidades afro, no es casualidad que justo cuando las comunidades iban a recibir los títulos colectivos luego fueron víctimas de desplazamientos. Lo mismo con los indígenas. Cuando han reclamado sus resguardos han sido atacados por actores armados.
