Durante una conferencia sobre Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional en la Universidad del Cauca, varias asociaciones de víctimas recibieron del ex juez español información sobre violación de derechos humanos y cómo opera la justica en estos casos.
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| Por solicitud del juez Garzón, sólo la Guardia Indígena del Cauca lo escoltaron a él y a la fiscal Delgado. Foto: VerdadAbierta.com |
El pasado viernes 13 de agosto, la Universidad del Cauca y el Tribunal Superior de Popayán organizaron este encuentro en el que se dieron cita asociaciones y víctimas de la violencia, académicos, el magistrado de la Audiencia Nacional de España y asesor de la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, y Dolores Delgado, fiscal de la Asamblea Nacional de España.
Las víctimas tuvieron un encuentro privado con el juez Garzón y la fiscal Delgado, en el que recibieron orientación para la documentación jurídica de sus casos.
Durante más de una hora, representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin); de la Asociación Solidarios por la Vida (Solivida), que atiende a víctimas de la violencia en Cali; de la Asociación Renacer Siglo XXI, una asociación de afrodescendientes con sede en Buenos Aires (Cauca); de Comunitar, una ONG que acompaña a víctimas en el centro y el sur de Cauca, y los alcaldes de Corinto, Caldono, Toribío y Silvia, compartieron sus experiencias con el juez Garzón y la fiscal Delgado.
Los dos funcionarios españoles les dieron recomendaciones a las víctimas sobre cómo estar pendientes de los casos de sus familiares y de cómo deben documentar sus casos para que tengan buena sustentación durante los procesos judiciales.
Una de las quejas de las víctimas fue la lentitud con la que avanzan las investigaciones y los procesos en la justicia colombiana. También expresaron su inconformismo porque en muchos de sus casos, se han identificado algunos autores materiales, pero no se ha podido establecer quiénes ordenaron cometer los crímenes contra sus seres queridos.
Ante esta situación, el juez Garzón les explicó a las víctimas que la justicia internacional sólo puede intervenir si se demuestra que la justicia local no ha investigado de manera efectiva y los casos pueden quedar en la impunidad.
Durante este evento también se desarrolló una serie de conferencias en la que estudiantes de derecho y víctimas de la violencia fueron capacitados sobre el funcionamiento de las cortes internaciones, las diferencias entre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, la justicia transicional y el funcionamiento de la Ley de Justicia y Paz.
Sobre esta ley, que permitió la desmovilización de más de 30 mil paramilitares y las confesiones ante las autoridades unos 600 ex combatientes, el representante del Observatorio del Centro Internacional de Toledo para la Paz, Juan Felipe García, realizó la conferencia sobre los Derechos de las víctimas en procesos de Justicia y Paz en Colombia.
Después de analizar el proceso de Justicia y Paz, este observatorio encontró que la mayor parte de las víctimas de los paramilitares fueron las comunidades más pobres; que tanto indígenas, como afrodescendientes, campesinos y mujeres estuvieron bajo la mira de los paramilitares, y que a través de las confesiones de los desmovilizados se aumentó la extensión de responsabilidades, en las que han sido involucrados políticos, militares y particulares.
Pero quizás, una de las conclusiones más tristes que expuso García, es la que está relacionada con los pocos espacios de participación que tienen las víctimas en la opinión pública.
La fiscal Dolores Delgado y el juez Baltasar Garzón también dieron conferencias. La Fiscal expuso sobre la Justicia Internacional y mecanismos de lucha contra la impunidad, y el juez Garzón habló sobre la Corte Penal Internacional y crímenes de lesa humanidad.
