Las del próximo 30 de octubre se perfilan como las elecciones más críticas de los últimos tiempos en Colombia. Narcos, paras, guerrilla, bacrim y carteles de la corrupción son una amenaza en varias regiones del país. Cruda radiografía de lo que está pasando en la otra Colombia.
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| En Toribío reina el miedo. En este y otros pueblos de Nariño, la gente prefiere no salir debido a los anuncios de las Farc de sabotear las elecciones. Foto archivo Semana. |
En Colombia tal vez nunca antes se había visto tan marcado el contraste en materia de política electoral entre Bogotá y el resto del país. Mientras en la capital la noticia bien puede ser la glamurosa alianza de Antanas Mockus y Gina Parody, o que se pelean la Alcaldía candidatos de talla presidencial, en el otro país, el de las regiones, y sin que el resto se dé cuenta, se está fraguando una preocupante crisis de la democracia.
Muchos creían que en materia de amenaza a las elecciones lo peor ya había pasado. Que ya se había apaciguado el asedio de las Farc que agobió a los mandatarios locales en las décadas de los ochenta y noventa, y se pensaba también que el huracán de la parapolítica, que se desató con toda su furia sobre las administraciones locales en el amanecer de este siglo, había sido controlado y puesto en su lugar por la Corte Suprema de Justicia.
Pero lamentablemente no es así. El próximo 31 de octubre el país se despertará con un nuevo mapa político, que puede llegar a ser aterrador. Por donde se le mire, se disparan las alarmas. Hasta ahora, los medios han dado a conocer episodios de manera aislada, pero estos no reflejan la gravedad del tema. Un recorrido por el país muestra que la democracia está rota en muchas zonas.
“En nueve departamentos hay un alto riesgo de que sean elegidos candidatos que tienen algún tipo de vínculo con grupos armados ilegales”, según dice León Valencia, luego de que la organización que preside, Nuevo Arco Iris, hizo un detenido estudio de campo. Y la Misión para la Observación Electoral (MOE) anota que las elecciones en 241 municipios del país -es decir, en uno de cada cuatro- están en alto riesgo, por violencia y por posible fraude. Una prueba de ello es que en la ‘ventanilla única’ que abrió el gobierno para consultar los antecedentes de los candidatos se descubrió que 9.112 de ellos tienen investigaciones en la Fiscalía. Un número sin duda significativo, pues es casi el 10 por ciento de los inscritos. ¿Cuántos de ellos llegarán a ser elegidos?
No menos grave es el regreso de altos índices de violencia política. Apenas la semana pasada, por ejemplo, mataron a Luis Gonzalo Martínez, candidato a la Alcaldía de Magüi Payán, en Nariño, y sobrevivieron a sendos atentados un candidato a la Gobernación de la Guajira y otro a la Alcaldía de Salento. En total, han sido asesinados 38 candidatos (23 deellos a concejos y 15 para alcaldías), han secuestrado a cinco, amenazado a 85 y atentado contra 21. Lo más significativo es que esas cifras superan las de 2003, cuando la guerra en el país estaba tal vez en el punto más alto de los últimos cincuenta años. En ese entonces, perdieron la vida 29 candidatos (13 de ellos a alcaldías).
Eso quiere decir que con el arrinconamiento de las Farc y el tatequieto a la parapolítica, nada cambió sustancialmente con respecto a las elecciones.
¿Qué está pasando?
Cada día son más las voces de expertos que coinciden en que buena parte del problema está en la descentralización. Colombia era un país altamente centralizado y, a partir de la década de los noventa, pasó a tener uno de los modelos más descentralizados de América Latina, como dice el centro de pensamiento International Crisis Group en un informe de julio pasado. Las administraciones locales se enriquecieron de la noche a la mañana: la torta de las transferencias a gobernaciones y alcaldías se triplicó (del 1,9 por ciento del PIB en 1982 a casi el 6 por ciento en 2002). “Las guerrillas y los paramilitares redoblaron esfuerzos para apoderarse de los dineros públicos, en un intento por complementar sus ingresos de narcotráfico y secuestro”, anota Crisis Group.
La descentralización, diseñada con las mejores intenciones desde Bogotá, se chocó estruendosamente contra la realidad de ese otro país, el de las regiones, con instituciones frágiles, muy poca transparencia y un conflicto no resuelto. La teoría de la democracia moderna se estrelló contra un régimen feudal en varias regiones.
Hoy, 23 años después de que la descentralización dio sus primeros pasos con la elección popular de alcaldes, no es equivocado afirmar que ni las instituciones ni la cultura política local estaban preparadas para el aumento de recursos y de competencias. En 1997, la guerrilla amenazó las elecciones en 320 municipios y en 30 de ellos no se pudo votar. En 2000 se advirtió que paramilitares y guerrilla se iban a pelear el control en 600 municipios. En 2003 se consolidó el dominio de las autodefensas en ciertas administraciones locales. Y para 2007 se detectó como fenómeno más visible la presencia de contratistas que ‘compraron’ alcaldías y concejales desde antes de ser elegidos. Como le dijo en su momento un contratista a SEMANA: “Todo empieza en la campaña electoral. Los contratistas financian a los candidatos y hay contratistas que terminan sometiendo al elegido”.
Hay un patrón que va más allá del interés de tomar el control del Estado local. Lo que antes pudo ser interpretado como la búsqueda de la toma del territorio en el marco de una guerra insurgente, o años después como una especie de ‘retoma’ de los paramilitares, ya no es suficiente para explicar lo que está ocurriendo. A partir de 2003 se hizo más evidente el propósito de saquear el erario. Las confesiones de los paramilitares han demostrado cómo las rentas locales se convirtieron en gasolina fundamental para el funcionamiento de sus aparatos de guerra. De tal suerte que no importa el color del gato (llámese parapolíticos, paramilitares, guerrilleros, bacrim, gamonales, cartel de la contratación), todos van detrás del mismo ratón: los dineros públicos. Por eso no es extraño que el nuevo mapa político del país tenga de todo eso un poco.
Estos grupos, entonces, recurren a todo tipo de triquiñuelas. Desde las electorales, como montar jurados (la Registraduría cambió jurados en municipios de seis departamentos), trastear votantes (se anuló la inscripción de 450.000 cédulas) y comprar votos (hay ediles que piden más de 100 millones para endosar sus votos), hasta la clonación de carteles de la contratación como el de Bogotá para mover la maquinaria electoral, y llegan al extremo del uso de la fuerza, con amenazas y asesinatos, para someter a candidatos opositores y electores.
Esa explosiva mezcla se hace particularmentepeligrosa en este momento, cuando en materia económica se espera un protagonismo aún mayor de las regiones. Con el boom minero, que llevará más regalías a los bolsillos de alcaldías y gobernaciones, y con la tragedia del invierno, por la que se están distribuyendo cuatro billones de pesos en ayudas, los astutos de siempre están más alerta que nunca. A eso se suma el proyecto del gobierno de Juan Manuel Santos de restituir cerca de dos millones de hectáreas de tierras por todo el país, que tiene con los pelos de punta a poderes ilegales que se apropiaron de esas tierras y que están convencidos ahora más que nunca de la necesidad de controlar el poder local.
En ese contexto, no resulta extraño que a pesar de que están en la cárcel varios de los grandes caciques electorales regionales, estos sigan manejando el tinglado. Es el caso de Juan Carlos Martínez, en el Valle, que tiene cinco candidatos a gobernaciones y 106 a alcaldías. O de la llamada “casa Suárez Mira”, cuyo padre natural es Óscar Suárez, hoy en la cárcel, que aspira a ganar 70 alcaldías.
Y también, en ese contexto, se entiende por qué se están conformando ‘mafias’ que se toman el poder local y no lo sueltan. En 132 municipios del país, es decir, más del 10 por ciento, el poder no ha cambiado de manos desde 1998, pues se lo rotan entre familiares y amigos del mismo clan, según el más reciente informe de Desarrollo Humano de la ONU, y lo grave es que estos municipios tienen hasta un 17 por ciento más de miseria que el resto del país.
La acción del Estado
Esta vez no se puede decir que el Estado no está haciendo nada. Es de verdad impresionante la batería de nuevas herramientas que se han desplegado para tratar de ponerle tatequieto a la ilegalidad. La Registraduría estrenó un nuevo software que permite identificar una posible manipulación de listados de jurados. El Consejo Nacional Electoral estrenó Cuentas Claras, el aplicativo en línea para que los candidatos registren cómo están gastando el dinero en sus campañas. El Ministerio del Interior puso la lupa sobre 75 municipios, contrató a la Fundación Nuevo Arco Iris para hacer un estudio sobre candidatos con posibles vínculos con grupos armados ilegales y puso esa información a disposición de los partidos. El Congreso aprobó una reforma para cerrarles el paso a los contratistas en la financiación de las campañas. La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía revisaron antecedentes de los aspirantes. El Consejo Nacional Electoral puso el último filtro al revocar la inscripción a 870 candidatos, la gran mayoría a concejos. Y el día de elecciones también se va a estrenar, por ahora en un 10 por ciento de las mesas, la identificación biométrica, un sistema electrónico para atajar fraudes pues identifica al votante a través de su huella dactilar.
Aún es temprano para dar un veredicto sobre los resultados de esta cruzada de saneamiento. Pero en principio, no parece ser suficiente la cura para tratar problemas estructurales y la falta de cultura política.
Los partidos, en una uotra medida, no han respondido como es debido a todos los esfuerzos hechos para cerrarles el paso a personajes cuestionados. Es escandaloso que les hayan quitado el aval, según ellos dicen, a 11.000 candidatos. ¿Por qué se lo habían dado? En muchos sitios del país, la mafia va a competir en cuerpo ajeno. La hermana, el sobrino, el primo o el simple testaferro de los mafiosos son los que ponen el nombre para el tarjetón y para eludir el veto en el examen de antecedentes.
En los partidos grandes, una facción, la modernizante, parece estar perdiendo la batalla interna con la otra facción, la que busca conservar los feudos a como dé lugar. Las pujas para definir avales fueron verdaderas guerras. León Valencia dice que el 90 por ciento de los candidatos cuestionados, según el informe elaborado por ellos, no fueron sacados de las listas por los partidos. Se pudo ver cómo en el casode Cambio Radical, a pesar del interés de su presidente de sacar candidatos por “conveniencia política”, es decir, porque no tenían antecedentes pero estaban cuestionados, cuando lo hizo ya fue demasiado tarde. Y ahí están.
“Estas elecciones muestran que las reformas para fortalecer a los partidos no han funcionado -explica Felipe Botero, director de posgrados de Ciencia Política de la Universidad de los Andes-. Con ellas se buscaba darles capacidad a los partidos para organizar a sus candidatos. Pero la realidad es que hoy son solo mecanismos electorales que no forman candidatos sino que tratan de cazarlos. Hoy los partidos son marginales y eso es preocupante, porque si los partidos funcionaran bien, serían los llamados a ser una barrera de contención a las incursiones de la ilegalidad en la política”.
1) La trasteopolítica?
Las trampas al sistema electoral están disparadas. Desde abril, la Registraduría prendió las alarmas por el inusitado aumento de inscripción de cédulas en 67 municipios del país, y la semana pasada, el Consejo Nacional Electoral sacó de juego 465.000 cédulas (100.000 más que el año pasado). Eso, entre otras, significa que anularon todas las cédulas que se inscribieron por primera vez para estas elecciones en seis municipios (Páez, Boyacá; San José de Uré, Córdoba; Tenerife, Magdalena; Puerto Leguízamo, Putumayo; Armero-Guayabal, Tolima, y Taraira, Vaupés).
El aumento de votantes, según el registrador Carlos Ariel Sánchez, coincide con corredores del narcotráfico o municipios que reciben regalías. Como Jamundí, Valle; Sogamoso, Boyacá; La Jagua de Ibirico, Cesar, y Castilla la Nueva, Meta. En este último municipio, en 2007, la gente vio que empezaron a llegar buses con personas de otros municipios y sabotearon las elecciones. Este año, el CNE inhabilitó más del 92 por ciento de las cédulas inscritas allí.
2) Los jurados comprados
El registrador Carlos Ariel Sánchez también encendió las alarmas sobre la posible compra de jurados en municipios de seis departamentos, y ordenó cambiarlos. El caso más emblemático se dio en Soledad, Atlántico, donde se presentaron cinco casos de posible manipulación de listas de jurados. Un restaurante (Los Arrayanes) dijo tener 154 empleados -¡154!-, pero la entidad constató que ahí solo laboran dos personas. El mismo fenómeno se dio en un jardín infantil en el que se inscribieron cuarenta para ser jurados, pero al ir a comprobar solo aparecían tres empleados.
3) Nueve gobernaciones en veremos
En uno de cada tres departamentos del país hay preocupación, en menor o mayor medida, por la posibilidad de que sean elegidos gobernadores personas que tienen algún tipo de vínculo con actores armados ilegales o con parapolíticos condenados.
En Caquetá, por ejemplo, de cuatro candidatos a la Gobernación, hay dos cuestionados. Uno es Nelsy Almario, quien se quedó con el aval conservador luego de que este partido se lo quitó a un candidato que aparecía en un video cantandoque era “el patrón de patrones” y haciendo alarde de su pistola. Nelsy es hermana del controvertido excongresista Luis Fernando Almario, investigado por parapolítica, Farcpolítica y por el asesinato de la familia Turbay Cote. El otro candidato es el liberal Harry Giovanni González, y tiene una investigación en la Fiscalía por extorsión y su hermano está condenado por lavar dinero para las Auc, según Lasillavacia.com.
En Casanare, dos de los candidatos más opcionados, Nelson Mariño, de Afrovides, y Efrén Hernández, del PIN, han sido salpicados por paramilitares. Mariño comenzó su carrera como conductor de la camioneta burbuja de un exgobernador que fue condenado por recibir más de 500 millones de pesos de los paramilitares. Ha sido diputado y alcalde de Yopal. La Procuraduría lo investiga por uso indebido de recursos de regalías, y en la Fiscalía tiene una investigación por peculado por apropiación y tres por contratación irregular. Y el otro candidato cuestionado es Efrén Hernández, cuyo nombre ha sido mencionado en la Fiscalía por tres paramilitares: todos coinciden en decir que apoyaron su candidatura a la Cámara en 2002.
En Magdalena, el favorito para ganar es Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, hijo de uno de los llamados ‘conejos’ Cotes -sobre quienes la Fiscalía tiene evidencias que los relacionan con el jefe paramilitar Jorge 40- y su tío político el exalcalde José Francisco ‘Chico’ Zúñiga fue condenado por parapolítica. Al Mello lo apoya además una alianza en la que está el también condenado exgobernador Trino Luna. Su campaña es una de las más costosas que se han visto en Magdalena, pues a sus 25 años es desconocido para la mayoría de sus coterráneos. Su principal contendor es José Luis Pinedo, hijo del exsenador Miguel Pinedo Vidal, hoy detenido por supuestos nexos con autodefensas.
En Arauca, hay una guerra sucia para ver quién se queda con la Gobernación. De un lado está Carlos Eduardo Pinilla, a quien señalan de ser el candidato del exgobernador Julio Acosta, investigado por vínculos con paramilitares, entre otros delitos. Pinilla tiene el apoyo de uno de los principales contratistas del departamento, quien salió a acompañar la caravana del candidato el día que lanzó su campaña. El otro aspirante es José Facundo Castillo, a quien a pesar de contar con el respaldo público del expresidente Álvaro Uribe, sus adversarios lo acusan de tener vínculos con las Farc y su hermana ha sido investigada por su supuesta pertenencia a la guerrilla.
En Cesar, la disputa por la Gobernación está entre Luis Alberto Monsalvo Gnecco, de La U, y Arturo Calderón, de Afrovides. Ninguno de los dos simboliza una opción distinta a la clase política tradicional del departamento, que en el pasado gobernó en complicidad con los paramilitares. Calderón fue el secretario de Salud del exgobernador Hernando Molina, preso por parapolítica, y Monsalvo es sobrino del exgobernador Lucas Gnecco, condenado por constreñimiento al elector, y de Jorge Gnecco, asesinado, uno de los promotores del paramilitarismo en el Cesar.
En Bolívar, en los últimos años, unas elecciones sin injerencia de Enilse López Romero, alias la Gata, son una extravagancia. Y estas no son la excepción. Esta vez su apoyo va para el liberal Juan Carlos Gossaín, candidato que lidera las encuestas, y aunque este lo ha negado, no puede ocultar las fotografías del hijo de la Gata, el senador Héctor Julio Alfonso, haciéndole campaña. La otra candidata es Rosario Ricardo Bray, apoyada por el exsenador Juan José García Romero, conocido como el senador del ‘miti miti’, por una conversación que sostuvo con el gerente de Telecartagena en 1998 en la que establecían la forma como se repartirían los porcentajes de los contratos.
La situación en La Guajira se ilustra con el atentado que sufrió, a veinte días de las elecciones, uno de los candidatos favoritos a ganar la Gobernación: Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar. Un hombre que se hizoen Barrancas -fue dos veces alcalde allí y ha impuesto los últimos dos-, un pueblo de los que reciben más regalías en el país y hoy, en algunos barrios, el agua llega una o dos veces a la semana. Un paramilitar desmovilizado le dijo a esta revista lo mismo que dicen en voz baja periodistas y autoridades en La Guajira: que fue auxiliador del grupo paramilitar comandado por Jorge 40.
En Chocó, el portal KienyKe reveló que hace un mes el excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, condenado a nueve años por vínculos con el jefe paramilitar alias el Alemán, tuvo una conversación telefónica desde su celda con un candidato a la Alcaldía de Unguía, Chocó. Sánchez le propuso darle 20 millones a cambio de que con los votos de sus seguidores apoyara al aspirante a la Gobernación Óscar Bernardo Palacios. Curiosamente, tanto Sánchez como el también excongresista preso Édgar Ulises Torres, han tenido permisos recientemente para salir de la cárcel y visitar Quibdó.
Y en Sucre se ha dado un caso como para alquilar balcón. La baraja de candidatos era tan cuestionada que el único de mostrar era el también polémico y octogenario exsenador Julio César Guerra Tulena. Misteriosamente, su elección como próximo gobernador quedó cantada con el retiro de otros tres aspirantes. El último en renunciar, el pasado 3 de octubre y luego de haber ya invertido bastante dinero en su campaña, fue Ramón Emiro Muskus, candidato del PIN, apadrinado por el representante Yaír Acuña y el exgobernador Salvador Arana, ambos enredados con paramilitares. El otro que queda en competencia es Gustavo Montes, de Aico, quien, como reside en Bogotá, en Sucre se burlan con sorna de su candidatura. Guerra Tulena no ha respondido a SEMANA si es verdad, como dicen fuentes enteradas, que a cambio del retiro de los otros aspirantes hizo un acuerdo con Enilse López y sus hijos para que conserven la jugosa concesión del chance.
La gran mayoría de estos candidatos mencionados le han dicho a SEMANA en otras ocasiones que no tienen nada que ver con lo que se les endilga y aseguran que todos son infundios de sus adversarios políticos que han montado campañas de desprestigio en su contra.
4) Los parapolíticos y los ‘baby’ parapolíticos
Mientras la Corte Suprema investigaba las grandes ligas de la parapolítica -es decir, los congresistas-, los demás dirigentes locales que hicieron pactos con las autodefensas quedaron prácticamente intactos. A pesar de que los fiscales encargados de la Ley de Justicia y Paz han remitido pruebas a otros fiscales para que investiguen a 24 gobernadores, 225 alcaldes, 11 diputados y 55 concejales mencionados por los paramilitares en sus confesiones, en la práctica los procesos no han pasado a mayores. “Lo que nos pasó fue que la Fiscalía no hizo su trabajo”, dice Alejandra Barrios directora de la Misión de Observación Electoral.
Las redes políticas de los paramilitares no se han roto. Los ejemplos abundan. El viernes de la semana pasada, por ejemplo, la Fiscalía anunció la captura de 81 políticos, entre los cuales se encuentran candidatos a concejos de Córdoba, Antioquia y Chocó, por un supuesto acuerdo electoral con el bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares que nunca se desmovilizó.
En Dosquebradas, Risaralda, Roberto Jiménez Naranjo, hermano del jefe narcoparamilitar Macaco, es el más opcionado para ganar la Alcaldía. En Pereira, las encuestas las lidera el exalcalde Juan Manuel Arango y para la Gobernación, Carlos Alberto Botero; sus carreras políticas han estado ligadas al exsenador Habib Merheg, investigado por parapolítica, e incluso Botero tiene también investigación abierta en la Fiscalía.
En la costa caribe las cosas no pintan mejor. Un exparamilitar del Frente Mojana, Anuar Nadjar Badrán, es el candidato en Achí, Bolívar. Y en María La Baja, aspira Diana Mancilla García, hermana de Zambrano, exjefe militar del Bloque Montes de María. En Sucre, Nilson Navajas, candidato a la Alcaldía de Coveñas, ha sido señalado como intermediario en los contratos que el municipio tenía con los paramilitares. En la USB del jefe de finanzas del bloque Montes de María aparecen pagos a él.
En otras latitudes del país también se reportan casos relacionados. En Barrancabermeja capturaron en septiembre a dos candidatos al Concejo por presuntos vínculos con bandas criminales. Y una redada similar se dio en Norte de Santander, donde capturaron no solo a los alcaldes de Silos y Pamplona, sino también a los aspirantes a las alcaldías de Tibú, Bernardo Betancourt, y Pamplona, José Luis González, por presunta colaboración con grupos armados ilegales., entre varios delitos.
Y en Antioquia, está el caso de Bello, la segunda ciudad del departamento, donde solo quedó el conservador Germán Londoño apoyado por el exsenador Óscar Suárez Mira, preso por parapolítica. De hecho, según lo reveló El Tiempo, Londoño le ha hecho diez visitas en prisión. Su más dura contrincante, Luz Imelda Ochoa, quedó fuera de concurso luego de que la Registraduría le anuló su inscripción por firmas. Los otros dos candidatos, de los partidos Liberal y el Mío, renunciaron el 18 de agosto y ambos adhirieron a la campaña de Londoño. Lo paradójico es que se haya retirado el candidato liberal, pues se le había atravesado en el camino a Luz Imelda Ochoa, para que no le dieran a ella el aval rojo. En otra ciudad vecina a Medellín, Itagüí, hay dos candidatos con nexos complicados: Carlos Andrés Trujillo, que tiene el apoyo de la casa Suárez Mira, y Carlos Arturo Betancur, quien ha sido mencionado en el proceso judicial de alias el Cebollero por favorecimiento de grupos paramilitares en las elecciones de 2003.
En la región del norte hay varios candidatos a alcaldes cuestionados. El de Cáceres, José Mercedes Berrío, es apoyado por Hugo Barrera, quien fue vocero de un grupo de ganaderos que reconoció en 2006 estar apoyando a los paramilitares “ante la ausencia del Estado”. El de Caucasia, José Nadín Arabia, también apareció en aquel grupo de hacendados que hicieron ese reconocimiento. Sin embargo, él dice que la carta era para apoyar la desmovilización y que después de firmada le metieron un texto distinto. La candidata de Tarazá, Gladis Rebeca Miguel Vides, tiene el apoyo de Miguel Ángel Gómez, alcalde destituido que estuvo preso por corrupción y parapolítica por vínculos con el paramilitar Cuco Vanoy.
5) Los narcos, a pura bala
En el suroccidente del país, la coca es la plaga del voto libre. En Nariño, la alianza entre las Farc y Los Rastrojos para controlar el negocio del narcotráfico ha desembocado en intimidación de candidatos. Como ocurrió con el exalcalde de Tumaco Nilo del Castillo, quien fue secuestrado a finales de 2010 junto a su esposa. Ambos fueron liberados y hoy ella es candidata a la Alcaldía. Desde entonces, la violencia política no ha parado. El pasado 27 de septiembre fue asesinado el concejal Jesús Perlaza y secuestraron al secretario privado de la Alcaldía, Yéner Ávila. Todos esos hechos motivaron una monumental marcha de protesta. En otro municipio de Nariño, Cumbitara, Los Rastrojos les dieron a 74 líderes comunales un plazo para que se presentaran en sus campamentos.
En López de Micay, Cauca, el candidato Manuel Antonio Garcés denunció que las bacrim le ofrecieron financiarlo y ‘darle permiso’ para hacer política. Como no aceptó, le hicieron dos atentados en dos meses, el último el 19 de agosto.
En el Valle, la tónica es parecida. Las elecciones llegan en medio de una nueva guerra entre el confeso narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, respaldado por Los Urabeños, y los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna, más conocidos como Los Comba. En las balas cruzadas se encuentran los candidatos, algunos con estrechos vínculos con esos personajes o sus organizaciones y otros como víctimas accidentales. En el Valle han sido asesinadossiete aspirantes (cinco para concejos y dos para alcaldías).
El caso más exótico es el de El Dovio, donde han sido asesinados un candidato a la Alcaldía y otro al Concejo. En un consejo extraordinario de seguridad, en agosto, con el ministro de Defensa a bordo, los dirigentes se sacaron los trapos al sol: contaron desde alcaldes que fueron impuestos por narcotraficantes, concejales que se escudan en organizaciones criminales y candidatos respaldados por patrones que asesinan e intimidan a sus contradictores. “Estamos cansados de que el narcotráfico nos imponga el alcalde”, dijo a SEMANA el concejal de La U José Antonio López.
En Cartago y Yumbo se repite el mismo patrón. Cartago tiene el penoso récord de ocho alcaldes (tres titulares y cinco encargados) en los últimos ocho años. Para estas elecciones está en furor la guerra de panfletos y amenazas reivindicadas porLas Águilas Negras, Los Rastrojos o Los Urabeños. Y en Yumbo, han sido asesinados tres candidatos a la Alcaldía y cinco al Concejo en la última década. Uno de los concejales más amenazados de este municipio, considerado capital industrial del país, dice: “Hacer política en Yumbo es como estar en el Viejo Oeste”. El pasado 10 de julio, sicarios asesinaron a Fernando Vargas, diputado y candidato a la Alcaldía.
En Sevilla también ha corrido sangre. Desde noviembre de 2010 empezó la racha de violencia que dejó dos precandidatos, un fiscal y el hermano del alcalde asesinados. Además, el mandatario renunció a su cargo y debió salir de la región por temor a correr la misma suerte. En este caso de nuevo surge la hipótesis de crímenes cometidos por la mafia pero por encargo político.
Y en Zarzal, quiere repetir alcaldía Ana Cecilia Valencia, hermana de los capos Dairo y Víctor Valencia, Los Pirañas, capturados el año pasado por la DEA en México, y de Léyner, también extraditado a Estados Unidos.
6) Las Farc en 24 municipios
En las alertas de la Misión para la Observación Electoral aparecen las Farc como riesgo para las elecciones en 24 municipios de siete departamentos.
En Cauca, la situación es tan crítica que 16 pueblos del norte del departamento donde se forma un corredor estratégico se encuentran catalogados en riesgo extraordinario. Esa región es objeto continuo de ataques con cilindros bombas, carros bombas y hostigamientos con armas no convencionales. La ahijada de un candidato a la Alcaldía de Miranda fue asesinada.
En el Huila, según la Defensoría, las Farc han declarado objetivo militar a candidatos de Algeciras, Gigante, La Argentina, Campoalegre y Tello. Han pintado sus casas con grafitis, los amenazan con mensajes de texto vía celular y a través de panfletos.
En Nariño, circularon panfletos anónimos y otros con el logo de las Farc con frases como “no queremos candidatos que se quieran hacer reelegir” o con el listado de candidatos en la mira en el municipio de Leiva. Cuatro aspirantes recibieron amenaza directa y al final solo se inscribieron dos. También en zonas del municipio de El Rosario, el frente 29 de las Farc ha amenazado a la comunidad advirtiéndole que no dejarán votar.
En departamentos como Guainía y Vaupés, la guerrilla anunció que no permitirá elecciones libres en las zonas de su injerencia. Y en Antioquia, la guerrilla está detrás de al menos dos de los asesinatos de candidatos y atentados a otros cuatro. Los dos asesinados son de Campamento, el que alguna vez fue el segundo municipio panelero del departamento y hoy se dedica en buena medida a cultivar y procesar pasta de coca. Dos de los tres candidatos fueron asesinados. El primero, el tesorero del municipio -Guillermo Roldán- era un hombre muy crítico del alcalde actual, que está suspendido. El segundo, Donay Correa, se perfilaba como un firme candidato por el Partido de la U. El 30 de mayo coincidieron en una carretera en zona rural. Cada uno viajaba en su carro con sus compañeros de campaña cuando fueron detenidos por hombres armados con fusiles y vestidos de civil. Los hicieron bajar a todos de los carros, se llevaron a los candidatos y caminaron unos cuantos metros. Cuando sus acompañantes todavía podían verlos, los hombres armados tomaron distancia, levantaron los fusiles y dispararon. Días después, las Farc se atribuyeron esas muertes.
Publicado en Semana. Sábado 15 Octubre 2011
