Un número aún no determinado de guerrilleros se concentrarán en una vereda que pertenece a un consejo comunitario de afros, pero que está habitada por campesinos. La disputa es intensa y ha dejado muertos. Cuarta y última entrega de la serie de reportajes sobre las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
La vereda La Playa – La Variante está ubicada en la zona 3 del consejo comunitario AltoMira y Frontera, a poca distancia de la cabecera del corregimiento de Llorente, en Tumaco. Foto: Cortesía Oficina del Alto Comsionado para la Paz.Cuando el gobierno nacional anunció que en Tumaco se instalaría una de las 20 Zonas Veredales de Transición y Normalización donde se concentrarían las Farc para iniciar su camino a la vida legal, la gran pregunta que se hicieron allí fue dónde la crearían. La duda la generó en junio pasado el Ministerio de Defensa al establecer que esas áreas no podían quedar en territorios étnicos, pero al parecer se les olvidó que en este puerto sobre el océano Pacífico hay 13 consejos comunitarios poblados por afros y 15 resguardos indígenas que ocupan casi la totalidad del municipio, a excepción de la cabecera municipal.
A pesar de que se tardaron meses en precisar que sería en la vereda La Playa – La Variante, cuando la visita del equipo de observación conformado por el gobierno, las Farc y Naciones Unidas llegó el 9 de agosto allí, ya los afros suponían dónde iba a ser y, para ellos, la zona era casi evidente. Su preocupación es que ese territorio pertenece al consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, en los límites de Tumaco con Ecuador y sobre la vía que conduce hacia Pasto. De allí era líder Genaro García, asesinado por la guerrilla el 3 de agosto de 2015.
Las veredas La Playa – La Variante de Tumaco, y Betania de Policarpa, fueron escogidas para la concentración y desarme de las Farc. La ubicación de los frentes es según la Fundación Ideas para la Paz.
El colectivo Décima Comuna registró una reunión de pedagogía de paz de las Farc en pasado agosto en dos puntos del río Mira, que atraviesa el consejo comunitario, en la que participaron cerca de mil personas. Varios líderes de la región, e incluso organizaciones internacionales, aseguraron que desde antes de que se conociera la zona ya había altos mandos de la insurgencia en el lugar.
“Estaban en un proceso interno de difundir los acuerdos de paz. Y en los últimos meses se han reunido guerrilleros y civiles en las veredas de El Vallenato, Unión Victoria y Puerto Rico”, aseguró un líder afro de Tumaco, quien pidió la reserva de su nombre.
Pero la preocupación de los miembros del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera va más allá de la presencia de los guerrilleros, muchos de los cuales han estado ahí durante más de una década; su temor es qué pasará después de los seis meses, cuando los alzados en armas concluyan el proceso la dejación del armamento y el proceso de reincorporación a la vida legal.
“El proceso de paz no puede significar una imposición de la visión política de las Farc o del gobierno, porque nuestra lucha siempre ha sido para que se respeten las autoridades ancestrales que tenemos los afros en el consejo comunitario y nuestro mundo cultural”, agregó el líder.
Esta no es una preocupación menor. El conflicto entre las comunidades y el grupo guerrillero en esta zona de Tumaco en los últimos años ha sido precisamente por disputarse las tierras que por ley les pertenecen a los afros pero que han estado ocupadas por campesinos, la mayoría de ellos venidos de otros lugares del país, así como una empresa palmera y por las Farc. Todo ello sin que el Estado intervenga en esas disputas o, peor aún, decidiendo algunas veces sin entender lo que pasa en esta región.
Ajenos a la tierra
Miembros del consejo comunitario Alto Mira sostienen que no se enteraron previamente de la visita de la misión de observación en la zona veredal de La Playa – La Variante. Foto: archivo personas.Una de las primeras peleas por el territorio fue entre afros e industrias de palma aceitera, especialmente con las empresas Palmeiras Colombia S. A. y Palmas Oleoginosas Salamanca. En 1991, compraron predios en los corregimientos de Candelillas, Restrepo y Pusbí, de Tumaco, “con campesinos y colonos que ocupaban terrenos baldíos del territorio de las comunidades”, según la medida cautelar proferida en 2013 por la Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras del Tribunal Superior de Cali.
Para sembrar la palma, talaron hectáreas enteras de bosque nativo y durante la producción contaminaron los ríos cercanos de los que la población tomaba el agua, explicó la Unidad de Restitución de Tierras ante esa instancia judicial.
El problema se agravó en 1998 cuando Palmeiras Colombia S. A. le solicitó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), entonces la institución encargada de regular el tema de tierras, la suscripción de un contrato de explotación de baldíos en 800 hectáreas, que estaban dentro de un territorio que ya había solicitado el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera para titulación colectiva.
“Aunque en ese momento acumular baldíos era legal, pues fue luego que se prohibió,eran prácticas ilegítimas. Y más porque estaban dentro de un territorio afrodescendiente”, explicó una académica de Nariño, quien pidió la reserva del nombre. No obstante, la empresa aseguraba que era la dueña de esos predios, pues los había comprado; pero los afros sostuvieron que eran sus territorios ancestrales.
En un principio, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que reemplazó al Incora, le dio la razón a la empresa, pues cuando reguló el territorio colectivo de los afros no incluyó las 800 hectáreas que tenía Palmeiras en el lugar.
Un año después revirtió su decisión tras dirimir un recurso de reposición presentado por la Procuraduría de Asuntos Ambientales y Agrarios. Desde entonces, la empresa y el consejo comunitario sostienen una pugna jurídica por esas tierras. Palmeiras Colombia S. A. frenó la explotación desde 2010 debido a una peste en sus plantas.
“La ocupación que se adelanta por parte de las empresas palmicultoras Palmas Oleoginosas Salamanca y Palmeiras SA, en los territorios colectivos de las comunidades negras agrupadas en el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, que por la presente providencia se adjudican, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 70 de 1993 es una ocupación indebida y de mala fe y no da lugar al reconocimiento de las mejoras establecidas”, resolvió el Incoder en la Resolución 0525 del 2 de marzo de 2006.
Actualmente este consejo, con sus 24.790 hectáreas, 39 comunidades y cerca de 7.000 habitantes, es el tercero más grande de Tumaco, después de los de Bajo Mira y Frontera, y Unión del Río Chagüí.
Pese a las decisiones del Incoder, Palmeiras Colombia S. A. no se ha ido de ese territorio, aunque tampoco ha explotado el cultivo pues “se encuentra enfermo con la pudrición del cogollo”, detalló la Defensoría del Pueblo en 2010, en la Resolución 059 sobre la vulneración de los derechos de la comunidad de Alto Mira y Frontera.
Para esa agencia del Ministerio Público, la presencia de la empresa, la contaminación que produjo y las “ocupaciones irregulares e indebidas de colonos que han generado desplazamiento de nativos” desembocaron en el “resquebrajamiento del tejido social y debilitado la representatividad de las comunidades y su capacidad de interlocución”.
Por su parte, el Tribunal de Cali ordenó que “hasta que se tramite el proceso de restitución, (Palmeiras) se abstenga de realizar actos que menoscaben el medio ambiente, determinación que se hará saber mediante la pertinente comunicación, que se libre al efecto”.
Resistencia ante las armas
Luis Alberto Albán, alias ‘Marcos Calarcá’ es el jefe por parte de la guerrilla de la misión tripartita. Foto: Cortesía Oficina del Alto Comsionado para la Paz.A la tensión entre los afros y la empresa palmera, se sumó la llegada de los primeros grupos armados ilegales, también con la ambición de hacerse a nuevos predios. “Los primeros en aparecer fueron los del Eln, pero crecieron más las Farc y ahí empezaron los problemas en el territorio afro”, recordó un antiguo miembro del consejo comunitario.
La tesis del centro de pensamiento Fundación Ideas para la Paz (FIP) es que esta guerrilla pisó las tierras nariñenses desde los ochenta, pero se fortalecieron a partir de 1999, cuandola Columna Móvil Daniel Aldana y la Mariscal Sucre ingresaron a Tumaco.
Así lo planteó en su informe ‘Dinámicas del conflicto armado en Tumaco y su impacto humanitario’ de 2014: “después de que en 1999 los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo se convirtieron en los principales objetivos militares del Estado, los cultivos de coca que allí se concentraban se empezaron a trasladar hacia el departamento de Nariño”.
Un conocedor del departamento explica que el cultivo de hoja de coca y su procesamiento inicial empezó, incipientemente, en Nariño en los años ochenta con los carteles de Cali y Medellín y una década después se fortaleció. En 2015, Tumaco era el lugar del país con más cultivos de la hoja. Para ese año, tenía 16.960 hectáreas sembradas, que representan el 18% del total del país, según la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito.
Para el académico consultado, no es que el conflicto llegó a Nariño, sino que las condiciones ya estaban dadas para que la coca y las Farc se instalaran: “es más fácil sacar la economía ilegal por el Pacífico que por el Atlántico, que está muy controlado; y aquí hay un abandono histórico del Estado que se refleja, por ejemplo, en los bajos niveles de salud y educación. Todo eso apalancó la política de las insurgencias”.
Esta fuente detalló que la guerrilla comenzó a acercarse a varias organizaciones de base en todo el país, “pero como las Farc carecen de visión territorial, creen que esos son territorios sin dueño y comenzaron a organizar ejercicios de poder en el Alto Mira, paralelos a los que histórica y legalmente son reconocidos, los de los afros”.
Al respecto, un miembro de la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas) aseguró que “algunos comandantes no conocen qué es la Ley 70, que favorece el territorio de los afros. Solo unos pocos lo han entendido y respetado”. Esa falta de entendimiento pronto generó un conflicto.
El primero de los líderes en impulsar el consejo comunitario del Alto Mira y Frontera fue Francisco Hurtado, quien desde 1993 luchó por una titulación colectiva para los afros. “Fue el primer representante legal. Cuando estaba haciendo el último censo para la titulación, en las veredas Imbilí, Chimbusal y Pital Piragua, le pegaron dos tiros en la cabeza cuando estaba en la puerta de una casa en Imbilí”, recordó un antiguo miembro de junta de gobierno. Al ‘finado’ Francisco, como le dice, lo mataron el 2 de febrero de 1998.
Aun así, los afros continuaron con el proceso. Críspulo Quiñones asumió el cargo en reemplazo de Hurtado y ese mismo año lograron los primeros reconocimientos de algunas autoridades como consejo comunitario.
Pero el conflicto arreció con el arribo en 1999 del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Este grupo paramilitar “llegó a disputarle a las Farc los principales centros de acopio y rutas para la salida de drogas”, según la FIP.
Ese bloque se desmovilizó en diciembre de 2005, bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), pero tras su dejación de armas nacieron otros grupos como ‘Los Rastrojos’ y de nuevo la población civil quedó en el mediodel fuego cruzado. La Defensoría del Pueblo señaló que periodo más crítico y con más víctimas en el departamento fue entre 2006 y 2008.
Ese último año, mataron a Pablo Gutiérrez, presidente de la junta de gobierno de la vereda El Pital y a Armenio Cortés, fiscal del consejo comunitario. Todavía no se ha establecido quién fue el responsable.
“En 2003 las Farc decretaron la liquidación del consejo. Pero la violencia aumentó después del asesinato de Pablo. Ahí las Farc amenazaron a todos los dirigentes de la junta de gobierno y tenían una lista donde aparecían Armenio, Genaro García, Germán Tenorio y Antonio Alegría”, contó un miembro del consejo.
Esa amenaza obligó a Genaro a desplazarse hacia Bogotá, pero regresó a Tumaco en 2014 creyendo que la situación había cambiado. “Al año siguiente, las Farc lo inhabilitaron. Él siguió siendo el representante legal del consejo comunitario”, precisó una persona de Recompas. Todo por su firme convicción de que la junta de gobierno era la autoridad legítima y debía defenderla.
El 3 de agosto de 2015, cuando iba para la comunidad San Luis Robles a cumplir un llamado de las Farc, unos motociclistas lo obligaron a bajarse del carro en el que iba. Preguntaron quién era Genaro García. Le dispararon delante de sus compañeros, líderes de otros consejos comunitarios.
“Unidades de la Columna Móvil Daniel Aldana se encuentran comprometidos en la comisión de tan condenable acto [ …] hechos como este contradicen la política de las Farc – Ep sobre el comportamiento con la población civil y el respeto a las comunidades étnicas”, admitió la guerrilla semanas después. Con este asesinato, rompieron su tregua unilateral que habían decretado el 20 de julio de 2015 desde La Habana, Cuba.
“Lo mataron por su posición, porque no quería que en su territorio hubiera gente de otros lados diferente a la gente nuestra”, precisó el miembro de Recompas. Como él, muchos líderes afrodescendientes están convencidos de que las Farc tienen otras vías para imponer su poder y aseguran que una de ellas son los campesinos de la Asociación de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuna).
Un ‘sutil equilibrio’
En la Casa de la Memoria de Tumaco le rinden homenaje a las víctimas que ha dejado el conflicto en ese municipio, incluyendo a los líderes del consejo comunitario Alto Mira y Frontera que han asesinado. Foto: VerdadAbierta.com.El académico consultado precisó que en ese sector fronterizo de Tumaco, desde hace años, existe un “frágil equilibrio” que si se rompe puede desencadenar en muertes y que en gran parte ha sido promovido porque el Estado entrega tierras sin reconocer quiénes habitan el territorio y sin gestionar recursos.
“Este conflicto por tierras y territorios se caracteriza por una inseguridad jurídica donde no hay títulos sino posesión, excepto el consejo; ya que allí el Estado no ha podido tener una política de colonización frente al refugio de personas que han venido por múltiples violencias”, añadió.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo detalló en 2010, en la Resolución 059 sobre la vulneración de los derechos de la comunidad de Alto Mira, que las disputas “tiene su origen en un largo proceso histórico marcado por relaciones interétnicas, olvido gubernamental, deficiente régimen legal de tierras, violencia, invasiones irregulares y despojo, entre otros, es durante los últimos cinco años (de 2005 a 2010) cuando se han agravado”.
Todas estas condiciones de ausencia estatal y del poder de los grupos armados, han llevado a que los afros y los campesinos intenten solucionar por sí solos las tensiones que existen al ocupar un mismo territorio.
Asominuma nació en 2005, según el registro de la Cámara de Comercio de Tumaco. “La comunidad nos exigió que hiciéramos una asociación para que nos ayudara a gestionar los proyectos productivos y creamos Asominuma. La hicimos la gente negra, con consideración de la junta de gobierno del consejo comunitario. Pero después, sacaron a todos los negros, metieron a la gente de otro lado y se quedaron ahí”, recordó un antiguo dirigente de Alto Mira y Frontera, quien sostuvo que desde entonces ambas organizaciones entraron en una tensión permanente con la que han convivido cerca de una década.
“El Estado también es responsable porque desconoce la territorialidad étnica. No sabe qué es un resguardo, un consejo comunitario o una junta de acción comunal. En ese contexto, la Alcaldía de Tumaco certificó a muchas juntas de acción comunal en territorios colectivos. Esa es un poco la defensa de Asominuma”, precisó el académico.
En el caso del Alto Mira, los campesinos de la asociación viven y quieren gobernar en tres de las cinco zonas que legalmente pertenecen al Consejo Comunitario, específicamente en la 3, 4 y 5. Todo a pesar de que la Ley 70 de 1993 dicta que la tierra de los afros es “inalienable, imprescriptible e inembargable”.
Esto despertó la disputa por la gobernabilidad. Además, algunos de los asociados de Asominuma son afrodescendientes que se unen a ellos y no al consejo comunitario “lo cual causa polarización”.
De hecho, los 14 consejos de los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro, congregados en Recompas, publicaron en 2008 un comunicado en el que invitaron a los habitantes “a no vincularse a organizaciones, asociaciones y comités (de campesinos), pues muchas causan la pérdida de nuestros territorios”.
A esta difícil relación se suman los señalamientos, pues muchos miembros de Recompas aseguran que los “colonos”, como los llaman, llegaron con la guerrilla.
“Las Farc llegaron con su estrategia de comunidades móviles, que consiste en traer campesinos al Alto Mira, más o menos unos 2.000. Los ubicaron en comunidades y fueron ellos los que empezaron a manejar el narcotráfico”, señaló un líder afro.
Por otra parte, hay quienes explican que algunos de esos campesinos también son víctimas del conflicto. “Muchos han dejado sus tierras, llegaron con la violencia bipartidista de los cincuenta y también muchos liberales se vinieron a refugiar, pero sin una condición política. Pero aquí se ha querido satanizar a unos y alabar a otros”, puntualizó un experto de la región.
Algunos de los miembros de Asominuma también han sido asesinados en el territorio. En 2013, mataron a Álvaro Fernando Quenguán en la vereda Muguí del corregimiento de Llorente. Otros 14 integrantes de la junta de acción comunal de esa vereda fueron detenidos por el Ejército en el marco del Plan Campaña Espada de Honor “sin ningún motivo”, según la organización campesina.
Las Farc, de nuevo
El presidente de Asominuma explicó que como asociación decidieron no pronunciarse públicamente mientras todo el tema de la zona de concentracion destinada a la guerrilla de las Farc: “no queremos más problemas de los que ya hay. Es por la seguridad de nuestros líderes”. En conversaciones anteriores con VerdadAbierta.com se quejó de la estigmatización de la que son víctimas.
La relación se tensionó más por el riesgo que trae la zona veredal transitoria que habrá dentro de su consejo. “En guerra, la pelea con las Farc fue porque llegaban a dictar normas. Ahora, con la zona, deben entender que pueden estar ahí, pero no se pueden quedar con las tierras y que nuestra autoridad tradicional es la que gobierna”, opinó un representante afro de Tumaco.
El otro detonante fue el asesinato de Genaro García. Fuentes de VerdadAbierta.com detallaron que este líder creía cada vez más que los afros y los campesinos podían convivir en un mismo territorio desde que los ‘colonos’ respetaran y acataran la autoridad ancestral de las comunidades negras.
Pero tras su muerte, la situación se empeoró hasta el punto que la Unidad de Restitución de Tierras tuvo que frenar el proceso de microfocalización que tenía en curso en ese territorio. Hasta ese momento, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) había realizado una caracterización de las afectaciones de los derechos del consejo comunitario de Alto Mira para presentarlo a la Unidad y falta que se completen algunos insumos para incluirlos en el informe final y entregarlos a un juez de restitución de tierras.
“Se inició el proceso de caracterización de afectaciones territoriales, el cual debió ser suspendido por esta Dirección Territorial debido a las difíciles condiciones de seguridad existentes en la zona y la situación de vulnerabilidad en la que podían verse abocados sus líderes impulsores del proceso, después del asesinato de Genaro García”, precisó Catalina Rosero, directora en Nariño de la Unidad de Restitución.
La funcionaria agregó que “una verdadera acción sin daño nos exigió cambiar el abordaje del proceso para convocar, en la medida de las competencias de la Unidad, a la institucionalidad para que haga presencia en la zona, se atiendan necesidades de la comunidad y se propicien procesos de reconciliación y convivencia que permitan pacificar un territorio duramente azotado por la violencia”.
Las comunidades también exigen que haya un mayor acompañamiento del Estado para zanjar las diferencias entre afros y campesinos. Hasta ahora, algunas normas que existen en el país para proteger los derechos de las etnias, como el Decreto Ley 4435 de 2011, plantean soluciones para los conflictos que involucran a afros e indígenas, pero hay un vacío porque nunca menciona casos como el de Tumaco, donde también hay campesinos.
“Exigimos a las entidades del Estado colombiano respetar la autoridad y autonomía en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios, en tal razón, toda actuación que adelante o afecten nuestros intereses deben ser consultados”, pedía Recompas desde 2008.
Eso es lo mismo que busca la comisión étnica de organizaciones afros e indígenas que participó en el proceso de paz para que el acuerdo con la guerrilla se lea con un lente de respeto a esas comunidades. “Queremos proteger nuestro territorio y nuestra autonomía”, puntualizó uno de los miembros afro de dicha comisión.
Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico
El académico insistió en que ya es hora que se entienda cómo funcionan los territorios. Si bien los afro y campesinos pueden participar para encontrar una solución, el problema corresponde más al Estado por haber estado ausente y porque se requieren una voluntad política de todas las instituciones y grandes recursos para enmendar los errores del pasado: “Si el Estado brinda educación, vivienda, salud y políticas agrarias pertinentes para territorio, no tendríamos problemas. Pero aquí quien cumplía esas funciones era la insurgencia. El reto a futuro es saber cómo subsanar eso”.
Mientras se encuentra esta solución, los afros temen que las Farc se apropien de sus tierras otra vez. Por eso un miembro de Recompas concluye que “a Genaro lo mataron por defender el territorio y el premio que nos dan es mandarnos esa misma gente al consejo comunitario”.
(*) Varios de los nombres fueron omitidos a petición de las fuentes
