En la región que otrora fue fortín de los frentes 5, 18 y 58 de esa guerrilla avanzan las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Su presencia genera una zozobra más que justificada por cuenta de recientes asesinatos cometidos en Tierralta, Córdoba. Se trata de una amenaza seria para concretar lo pactado con ese grupo insurgente, convertido en movimiento político. Pero no es la única.
El avance de las Agc por el Alto Sinú ha elevado el nivel de riesgo de organizaciones sociales, dirigentes indígenas y miembros de movimientos políticos como Marcha Patriótica. Ricardo León Cruz B.El Alto Sinú parece estar condenado a una violencia perpetua, pues el Estado ha sido incapaz de contenerla. Ni el proceso de paz a comienzos de la década del noventa con la guerrilla del Epl, que prácticamente fue “Dios y Ley” en esta región; ni la posterior desmovilización colectiva a mediados del dos mil de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que sometieron a sangre y fuego pueblos enteros en Tierralta y Valencia; ni la reciente dejación de armas de las Farc, que por más de 30 años convirtió el Nudo de Paramillo en un fortín militar inexpugnable, han logrado llevar paz y tranquilidad a esta exuberante y productiva región cordobesa.
El nuevo protagonista de la nueva ola de violencia que atemoriza a comunidades campesinas e indígenas, líderes y organizaciones sociales, y que busca prolongar la historia de conflicto armado en el Alto Sinú, son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’.
Según denuncias recopiladas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y consignadas en la más reciente Informe de Inminencia, el 0058-18 del pasado 14 de enero, hombres armados provenientes del Urabá antioqueño fortalecieron la presencia ‘gaitanista’ en la región, quienes ahora patrullan en grupos de 15 a 30 combatientes vestidos de camuflado y portando armas largas por las veredas, poblados y caseríos de Tierralta y Valencia, áreas que, en el pasado, estuvieron bajo el dominio de los frentes 5, 18 y 58 de las Farc.
A este grupo también se habrían unido excombatientes y algunos excomandantes de las Farc que no se sumaron al proceso de paz y que, según los reportes de la Defensoría, hoy estarían como jefes de las estructuras armadas que intentan controlar militar y socialmente un corredor estratégico que va desde los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano; pasa por San José de Uré, el Bajo Cauca antioqueño; y se extiende hasta las localidades de Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento hasta llegar al Golfo de Urabá.
“Las Agc, denominados por las autoridades ‘Clan del golfo’, es el principal responsable de la violencia ejercida contra la población civil en el municipio de Tierralta. Luego de la dejación de armas por parte de las Farc, las Agc iniciaron un proceso de expansión territorial y consolidación que les ha permitido constituirse en el actor armado ilegal que ejerce el monopolio de la criminalidad en el departamento de Córdoba”, reseñó el SAT de la Defensoría en su Informe.
Al parecer, hombres de las Agc serían los responsables del múltiple homicidio registrado el 3 de enero en la comunidad indígena de Antadó, donde fueron asesinados Lucio Antonio Vásquez, John Esteban Rodríguez y Diego Armando Tapias. De acuerdo con las denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo, ese mismo día los ‘gaitanistas’ habrían asesinado e incinerado los cuerpos de otras tres personas en la vía que comunica esta localidad con la vereda Santa Isabel del Manso.
Previo a este atroz crimen se registró otro hecho que generó zozobra entre los habitantes de la vereda La Ossa, de Tierralta. El 22 de diciembre del año pasado, familiares de Guillermo Javier Artuz Tordecilla, dirigente comunitario y vicepresidente de la Asociación Campesina de Productores Progresistas de la vereda La Ossa, Ascaprodesa, denunciaron su desaparición luego que saliera al parque principal de Tierralta a cumplir una cita.
Su cuerpo sin vida y con múltiples heridas de arma blanca fue hallado dos días después a orillas del río Sinú, en la vereda Chapinero. El hecho generó el desplazamiento forzado de toda su familia luego que denunciaran haber recibido mensajes en los que les advertían que atentarían contra sus vidas si colaboraban con las autoridades judiciales y de Policía.
Dos días antes del asesinato de Artuz Tordecilla, hombres armados detuvieron un vehículo de transporte público en el sitio La Canturrona, en la vía que comunica a Carepa, Urabá antioqueño, con la vereda El Cerro del corregimiento Saiza, de Tierralta. Allí obligaron a descender al señor Gonzalo Antonio Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pechindé, de Saiza, y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Horas más tarde, el cuerpo sin vida de Martínez fue encontrado en el sitio conocido como Piedras Blancas, del municipio de Carepa. La víctima había sido acreditada como miliciano externo del Frente 5 de las Farc por parte la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El SAT de la Defensoría también consignó en su más reciente alerta el desplazamiento forzado de 704 familias de las comunidades Junkaradó, Karakaradó, Wido y Cachichí pertenecientes al pueblo Emberá Katío, que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2017 luego de intensos combates entre ‘gaitanistas’ y efectivos de la fuerza pública adscritos a la operación Agamenón II. Si bien los indígenas ya retornaron a sus lugares de origen, persiste la zozobra en la región por el avance de las Agc.
Denuncias reiteradas
La demora en la implementación en los planes de reinserción y el avance de las Agc llevó a los miembros de las Farc concentrados en el ETCR de Gallo a desplazarse hacia el municipio de Mutatá, Urabá antioqueño. Foto: Ricardo León Cruz B.No es la primera vez que el SAT de la Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo en que se encuentran las comunidades del Alto Sinú. En su Informe de Riesgo 037-16 de Inminencia del 23 de noviembre de 2016, llamó la atención de las autoridades civiles y de Policía sobre la expansión ‘gaitanista’ y el peligro que ello representaba para líderes sociales, dirigentes indígenas, integrantes de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y los habitantes de aquellos territorios que durante años estuvieron bajo dominio de las Farc.
Las advertencias comenzaron a hacerse realidad el 10 de enero de 2017, cuando hombres armados retuvieron y posteriormente asesinaron en el corregimiento de Saiza a José Yimer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas), integrante del movimiento político Marcha Patriótica y uno de los líderes que venía realizando pedagogía sobre los acuerdos de paz en el Alto Sinú. (Ver más en: Tensión en el Paramillo por avance gaitanista)
En julio de 2017, a través de Informe de Riesgo 029-17, el SAT reiteró nuevamente las condiciones de riesgo en que se encontraban los dirigentes sociales, indígenas y campesinos del Alto Sinú debido al crecimiento y fortalecimiento de las Agc, justo después de la concentración de los miembros de las Farc en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) de Gallo para su dejación de armas.
En ese informe, la agencia del Ministerio Público consignó que las “Agc mantienen su accionar violento en el área urbana de Tierralta, cabeceras corregimentales, vías interveredales y planchones sobre el río Sinú. Además, desde finales de 2016, han iniciado su expansión hacia el Nudo del Paramillo y su zona de amortiguamiento. También al interior del Resguardo Embera Katío del Alto Sinú, cuenca del río Manso y los corregimientos Crucito, Saiza y zonas adicionales como Palmira, Frasquillo y El Águila Batatas, donde la población civil está expuesta a accidentes con minas antipersonal, restricciones a la movilidad, utilización de civiles como ‘informantes’, control social basado en la intimidación, la amenaza, el homicidio de sus líderes y el desplazamiento forzado”.
De acuerdo con el SAT, este grupo armado dio muestras de poder, de capacidad de daño y de desafío a la institucionalidad con el denominado ‘Plan Pistola’, dirigido contra miembros de la Fuerza Pública durante todo el segundo semestre de 2017. En el departamento de Córdoba cobró la vida de tres agentes de Policía.
Los análisis del SAT apuntan a que el interés de los ‘gaitanistas’ por controlar esta vasta región no es otro que hacerse con el monopolio de las rentas de actividades económicas ilegales como la extorsión y el microtráfico, así como toda la cadena productiva del narcotráfico: desde la siembra de la hoja de coca hasta su transformación en clorhidrato de cocaína. En este aspecto, el Parque Nacional Natural Paramillo, así como la montañosa geografía de la región, atravesada por tres serranías (Abibe, Ayapel y San Jorge), la convierten en una zona apetecida por los grupos armados ilegales para el desarrollo de sus negocios ilegales.
En los últimos tres años, el Alto Sinú, y en particular todo el departamento de Córdoba, ha experimentado un aumento sostenido en las áreas sembradas con hoja de coca para uso ilíito. Según las mediciones realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), en 2014 se detectaron 560 hectáreas; en 2015 fueron monitoreadas 1.363; y en 2016 se registraron 2.668 hectáreas, lo que representa un incremento del 98 por ciento.
A lo anterior se suma que durante las jornadas de firma de acuerdos colectivos en el marco del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (Pnis), realizadas en abril de 2017, los líderes de 103 veredas, conformadas por poco más de 4.700 familias, reportaron unas 3.700 hectáreas sembradas con hoja de coca, de las cuales, unas 1.370 se encuentran en el Parque Nacional Natural Paramillo. De certificarse dicha cifra, el registro en Córdoba superaría las cuatro mil hectáreas.
Implementación traumática
Según la Subdirectora de Gestión y Manejo de Parques Nacionales, el 2017 se erradicó hoja de coca en 16 áreas protegidas en el país. Foto: Juan Diego Restrepo E.La expansión de las Agc en el Alto Sinú se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la implementación de los Acuerdos de Paz firmados con la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. Los campesinos cocaleros que decidieron acogerse a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos temen por las retaliaciones que pueda realizar este grupo armado contra ellos. “No sabemos qué pueda pasar después de las inscripciones individuales y cuando comiencen a realizar los pagos”, dijo Luis Suárez, integrante de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas).
Al respecto, el SAT de la Defensoría consignó en su Informe de Riesgo 029-17 de julio del año anterior cómo dos dirigentes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tierralta (Asocomunal) recibieron amenazas en abril del año pasado, luego que se negaran a asistir a una reunión clandestina convocada, al parecer, por propietarios de grandes cultivos de hoja de coca y miembros de las Agc, quienes se oponen a la sustitución voluntaria en el Nudo de Paramillo y el sur de Córdoba.
“La amenaza también se extiende a miembros de juntas de acción comunal de los corregimientos donde se ubican cultivos de coca; a líderes indígenas; a miembros de la Asociación Campesina Para el Desarrollo del Alto Sinú, (Asodecas); a delegados de la Asociación de Zonas de Reservas Campesinas, Anzorc, que han apoyado abiertamente la generación de espacios de interlocución para la socialización e implementación de la política de sustitución de cultivos de coca en el departamento”, se lee en el Informe del SAT de la Defensoría.
Si bien Suárez admitió que el riesgo en el que se encuentran los integrantes de Asodecas y otras organizaciones sociales del Alto Sinú es real, también precisó que esa no es la única dificultad para la implementación de los Acuerdos de Paz en esta región: “Los campesinos acá quieren sustituir los cultivos ilícitos pero, ¿dónde vamos a implementar los proyectos productivos?, ¿dónde vamos a acceder a tierras como lo plantea el punto uno del Acuerdo (sobre reforma agraria), si más de 45 veredas de Tierralta están al interior del Parque Nacional Natural Paramillo o en zonas de Ley Segunda (que decreta áreas de reserva forestal, por ende, no susceptibles de explotación campesina)? Por eso es que aquí la implementación no avanza”.
Se trata de un problema tan antiguo como la misma guerra en el Alto Sinú. En 1977, el Ministerio de Agricultura, mediante Resolución 163, aprobó el Acuerdo 024 del 2 de mayo del mismo año, emitido por el desaparecido Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), que reservó 460 mil hectáreas para conformar el Parque Nacional Natural Paramillo, integrado por áreas de los municipios antioqueños de Peque, Dabeiba e Ituango, y lo cordobeses de Montelíbano y Tierralta.
La Resolución consignó, en su artículo segundo, la prohibición expresa de “cualquier actividad diferente a las de conservación, investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control y en especial la adjudicación de baldíos”. Sin embargo, la orden ministerial no resolvió qué hacer con cientos de comunidades campesinas que, al momento de creación del parque, ya habitaban allí. (Ver más en: El Paramillo, un nudo difícil de deshacer)
Como el Parque, y en general todo el Alto Sinú, ha sido un escenario permanente de guerra, avanzar en soluciones permanentes que beneficien al campesinado y favorezcan la conservación del parque ha sido una tarea más que colosal.
Una de las tareas que el conflicto armado ha truncado en varias oportunidades es la elaboración de un censo que permita saber cuántas familias viven en el Parque. “Este año esperamos avanzar lo suficiente con la caracterización”, le dijo a este portal Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien confió, además, en que este año, cuando se pongan en marcha iniciativas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Diferencial (PDET), pactados con las Farc, se logre avanzar en soluciones concretas.
“El Alto Sinú está en de las regiones priorizadas dentro de los PDET y esperamos que esa herramienta nos ayude a agilizar temas de desarrollo rural y de reasentamiento de población campesina al interior del Parque”, afirmó Jarro, y agregó que “el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto plantea acuerdos diferenciales en los Parques Nacionales (…) por ejemplo, en el Paramillo no podemos hablar de sustitución de cultivos ilícitos, sino más bien de erradicación concertada”.
Actualmente, Parques Nacionales Naturales viene trabajando conjuntamente con la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos para avanzar en la erradicación de hoja de coca sembrada en las zonas protegidas del país, entre ellas el Paramillo, que junto con el Parque Nacional Natural Sierra La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak, son los parques naturales con mayor presencia de cultivos de uso ilícito.
“Ya hemos sostenido reuniones con las comunidades campesinas sobre cómo solucionar el tema del reasentamiento. No ha sido un diálogo fácil porque los campesinos piden tierra, piden ganado y eso no es posible. Estamos hablando de una zona donde nacen buena parte de las fuentes hídricas de la Costa Caribe y que debe ser conservada. Por eso se han planteado algunas figuras como los ‘guardaparques’, que ayuden a la restauración y conservación del Parque”, explicó la funcionaria.
Para avanzar en las soluciones que demandan las comunidades campesinas e indígenas que habitan el Parque es necesario que las autoridades civiles y de Policía tomen cartas en el asunto frente a la expansión de las Agc, una amenaza seria para la seguridad de los pobladores de esta vasta región, quienes anhelan vivir en paz.
