Un año después de la firma del Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las Farc, las acciones armadas de grupos ilegales de diversa procedencia, algunos de ellos conformados por disidentes de esa organización insurgente, continúan hostigando a las comunidades y a sus líderes, así como a defensores de derechos humanos, desmovilizados y a la Fuerza Pública, en diversas regiones del país. Quinta y última entrega de nuestro especial sobre la implementación del acuerdo de paz.
Si bien el conflicto armado con las Farc finalizó hace año con la firma del Acuerdo Final, la violencia armada y sus consecuencias humanitarias persisten, especialmente en los Llanos Orientales y el Andén Pacífico. Foto: Ricardo Cruz.A pesar de la desaparición de las Farc como grupo armado, en algunas regiones los ataques y las amenazas contra la población civil se han agudizado. Foto: Ricardo Cruz.“Las estructuras de grupos armados disidentes de las FARC-EP, que se autodenominan Frente Primero, han intensificado las amenazas y acciones de violencia contra la población civil en el municipio de Miraflores (Guaviare). Estas estructuras embrionarias en proceso de consolidación, han incurrido en conductas que se constituyen en violaciones graves a los derechos humanos de la población civil, así como en infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
De no ser por la palabra “disidentes”, enunciada en ese párrafo de uno de los tantos informes de riesgo que la Defensoría del Pueblo ha emitido en los dos últimos años sobre los grupos “residuales” de las Farc, podría pensarse que Colombia sigue enfrascada en una confrontación armada que la desangra y deja víctimas por doquier. Aunque ese panorama no refleja los resultados positivos en materia humanitaria que trajo consigo el proceso de paz con las Farc, sirve para ejemplificar que la anhelada no repetición de la violencia, que durante décadas han esperado pobladores de las regiones más conflictivas del país, aún está lejos de ser una realidad.
Muchas cosas han cambiado desde el 24 de noviembre del año pasado cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timoleón León Jiménez’ y ‘Timochenko’, firmaron el Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá, para ponerle fin a una confrontación armada de más de 53 años de duración.
Tras superar múltiples problemas logísticos y retrasos en los cronogramas acordados en La Habana, el 26 de junio de este año terminó la dejación de armas de las Farc y la ONU asumió su custodia para inhabilitarlas y crear tres monumentos en memoria de las víctimas del conflicto armado. El balance final de ese proceso establece que 6.802 guerrilleros entregaron 8.994 armas, 1,7 millones de cartuchos de munición, 38,2 toneladas de explosivos y demás elementos de su arsenal de guerra.
Las cifras arrojan una relación de 1,32 armas entregadas por combatiente, razón por la cual se destaca en el concierto internacional porque duplicó el promedio registrado en procesos similares. Además, se ubicaron más de mil caletas con armas, de las cuales la ONU inhabilitó 750 y las restantes serán extraídas por la Fuerza Pública.
Ya sin armas, las Farc crearon su partido político, al que bautizaron Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, para aspirar a las elecciones presidenciales y legislativas del 2018. A la par, las zonas en donde dejaron las armas se convirtieron en Puntos Territoriales de Capacitación y Reincorporación (PTCR), para preparar la reintegración a la vida civil de sus excombatientes.
De manera inmediata se sintió el efecto positivo del desescalamiento del conflicto y se redujeron a niveles históricos los índices de la violencia política. Según registró el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el proceso de paz previno por lo menos 2.726 muertes y durante los diez meses que duró el cese al fuego bilateral se dejaron de perder por lo menos 673 vidas. La Unidad para las Víctimas también reportó que antes de los diálogos de paz, en promedio, morían tres mil personas al año por causa del conflicto armado, y en lo corrido de 2017 la cifra se redujo a 78.
Sin embargo, a pesar de esos efectos positivos, la no repetición de la violencia, que es una de las razones de ser del proceso de paz, no se consolida. Por el contrario, en algunas regiones ha empeorado tras la salida de las Farc del ajedrez de la guerra.
Nueva dinámica del conflicto
Una vez las Farc abandonaron aquellas zonas que, durante décadas, controlaron con puño de hierro, empezaron a ser copadas o disputadas por grupos armados ilegales para ejercer control territorial y obtener réditos de sus economías ilegales. Se destacan, en ese propósito, la guerrilla del Eln, que a la par adelanta negociaciones de paz en Ecuador; los denominados Grupos Armados Organizados (GAO), entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Epl y Los Puntilleros; y otras organizaciones con menor capacidad de fuego que fueron bautizadas por el Ministerio de Defensa como Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). (Ver más: Los saboteadores que enfrenta el proceso de paz)
En su XXIII Informe, que fue presentado el pasado 9 de noviembre en Washington, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), expone claramente el panorama actual: “Una de las principales preocupaciones en el período observado (del 1 de agosto de 2016 y al 31 de enero de 2017) es que, paralelo a la salida de las FARC-EP de los territorios, los GAO, GDO, delincuencia común y otros grupos armados ilegales, han venido copando paulatinamente algunos de estos espacios. La percepción en esos territorios es que la Fuerza Pública no ha logrado posicionarse adecuada y eficientemente”. (Ver documento)
Para Eduardo Álvarez, quien dirige el Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el conflicto armado evolucionó durante la negociación de paz y después de la firma del Acuerdo Final: “Bajaron la intensidad y sus impactos humanitarios, concentrándose en algunas zonas y hubo una fragmentación territorial del conflicto armado. Ya no eran grandes territorios encendidos sino unas zonas más concentradas”.
Y enfatiza en que cada vez es más claro el nexo del conflicto armado con el crimen organizado, que se ha concentrado en regiones muy puntuales como el Pacífico nariñense, el sur y el norte del Cauca, el bajo Cauca y el nordeste antioqueño, el Catatumbo, algunos municipios de Arauca y el norte de Chocó.
Pase el mouse sobre cada círculo para ver la presencia de los grupos armados. Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP)
Aparte del nexo con el crimen organizado, Álvarez señala que entre el proceso de paz y la dejación de dejación de armas de las Farc, en algunas regiones se dieron casos de transferencia de capacidades organizacionales y territoriales entre grupos armados: “En zonas donde estaban las Farc entró el Eln, como en el norte de Chocó, donde estaba el Frente 57, y avanzó rápidamente a finales de 2016 de frente y en las narices del Estado colombiano”.
Producto de la concentración de las tropas de las Farc en su camino a la dejación de armas y reincorporación a la vida legal, ese departamento se convirtió en un hervidero y actualmente sus habitantes padecen una grave crisis humanitaria por los prolongados enfrentamientos entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). (Ver más: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
La MAPP/OEA coincide con la visión de Álvarez. En su informe consignó que “las comunidades argumentan que se dio un escenario de facilitación por parte de las Farc para la llegada de otras estructuras a sus antiguas zonas de influencia. En este escenario, los cambios en el control se están dando en calma y con procesos que parecen articulados entre Farc y Eln, como se percibe en el Catatumbo y el Bajo Cauca”.
Sobre el Eln, la Misión de la OEA señala que el Eln es el grupo armado que más se ha favorecido con la desaparición de las Farc como grupo armado: “Es evidente que el ELN ha logrado establecerse gradualmente, sin mayor visibilización, como actor hegemónico en antiguas zonas compartidas con las FARC-EP. Por ejemplo, en los municipios de Barrancas, La Guajira; Samaniego, Barbacoas y Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; Amalfi y Remedios, Antioquia; y Santa Rosa del Sur, Bolívar, se ha conocido que miembros del ELN han empezado a consolidarse en veredas y corregimientos que anteriormente facilitaban rentas a las FARC-EP, relacionadas con narcotráfico, minería y extorsión”.
En cuanto a las Agc, denominadas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’, la MAPP registra información contradictoria: mientras destaca las disputas con el Eln en Chocó, advierte que ha “recibido información sobre presuntos acuerdos” con esa guerrilla para la explotación de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar. Asimismo, detalla que también tiene relaciones económicas con el Epl en el Catatumbo. Y agrega que en las zonas urbanas está cooptando pequeñas bandas delincuenciales para controlar “puntos de expendio de sustancias psicoactivas, el cobro de extorsiones al comercio y, en algunos casos, acciones de sicariato”.
Como si fuera poco esa situación, a los GAO y GDO se les ha sumado un nuevo actor: las disidencias o grupos residuales de las Farc, como los nombró el Ministerio de Defensa, que también están causando graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Para combatirlas, el ministerio expidió su Directiva 37 el pasado 31 de octubre, en la que autoriza el uso de bombardeos en su contra y todo el accionar de la Fuerza Pública que contempla el DIH. Además, este jueves el presidente Santos declaró que “a esas disidencias les vamos a caer con todo, ahí no vamos a tener ninguna contemplación”. (Ver directiva)
Disidentes, nuevo dolor de cabeza
Este panfleto circuló en la tarde de ayer en Toribío, Caloto y Corinto, en el norte de Cauca, en donde se han dado combates y amenazas por parte de disidencias contra los indígenas Nasa.El temor de que se conformaran disidencias tras el proceso de paz se materializó el 13 de diciembre del año pasado. Ese día, las Farc expidieron un comunicado anunciando la expulsión de ‘Gentil Duarte’, ‘Euclides Mora’, ‘John 40’, ‘Giovanny Chuspas’ y ‘Julián Chollo’ de sus filas por oponerse al Acuerdo Final. De esa manera, el Frente Primero se convirtió en la primera disidencia ‘oficial’, liderada por ‘Gentil Duarte’, experimentado guerrillero que escaló hasta ser parte del Estado Mayor del temido Bloque Oriental. (Ver más: ¿Qué hay detrás de la expulsión de ‘Gentil Duarte’ de las Farc?)
A partir de ese momento, y por diferentes razones, han surgido diversos grupos y el número de excombatientes de las Farc que retornó a la clandestinidad aumentó. Se manejan varias cifras al respecto, que oscilan entre el seis y el diez por ciento de los hombres y mujeres que dejaron las armas, dependiendo de a quién se consulte, pero lo concreto es que se concentran principalmente en los Llanos Orientales y en el Pacífico sur. (Ver más: “Disidentes de las Farc no superan el seis por ciento”: Joshua Mitrotti)
Sobre estos nuevos grupos armados, Álvarez advierte que no se pueden categorizar como si fueran iguales y propone analizar sus trayectorias para entender el devenir de esta nueva fase del conflicto armado. Por ejemplo, señala las de los Llanos Orientales: “Son diferenciadas en la medida de que, si se mira la historia y el accionar de los grupos que continuaron en disidencia, se da cuenta de los rasgos tan marcados que había dentro de las Farc cuando estaban en armas y ahora de sus disidencias”.
Ese análisis permite comprender por qué es diferente el accionar de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, dos jefes de las disidencias que operan el oriente colombiano. “Si bien hay similitudes en términos de quiénes son los líderes, como que ambos llevaban más de 30 años en las Farc y son expertos en tácticas de guerra e inteligencia, las diferencias son importantes para entender el tipo de disidencias que se están armando”, asegura Álvarez.
“Nuestras fuentes en terreno -continúa- nos dicen que mientras ‘Gentil Duarte’ es un tipo respetado, que tiene una ascendencia importante dentro de sus bases y ejerce un liderazgo que atrae gente de los ETCR de Charras y de Colinas, ‘Iván Mordisco’ progresivamente se fue criminalizando y hoy en día tiene una actitud más predatoria. Eso explicaría la tasa de homicidios en San José de Guaviare donde antes casi no habían”.
Asimismo, considera que las disidencias de la Columna Daniel Aldana, que operan en Nariño, son diferentes a las de los Llanos Orientales, debido al origen de sus integrantes, lo que explica por qué se rearmaron más rápido: “Los exguerrilleros del oriente colombiano fueron campamentarios, hicieron parte de la guerrillerada y pasaron por escuelas donde recibieron la disciplina de las Farc; en cambio, los de Tumaco fueron de redes de apoyo y milicias, cooptados cuando las Farc le ganó la famosa guerra a Los Rastrojos en 2012. No toda la Daniel Aldana era de Los Rastrojos, pero gran parte sí, y justamente ese gran grupo de más de 300 personas, fue expulsado de la Zona Veredal de Tumaco y tenía los contactos y las redes financieras ilegales de ese municipio. Por eso para ellos fue muy fácil continuar cuando se desmontaron las Farc”. (Ver más: En Tumaco se disputan el poder que dejan las Farc)
Pase el mouse en cada punto para ver la presencia de las disidencias de las Farc en cada municipio. Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP)
Exguerrilleros de las Farc sostienen que no se puede calificar como disidencia a cualquier grupo de excombatientes que se haya apartado del proceso de paz. “Muy pocos han tomado ese camino de sumarse a bandas o crear situaciones distintas. En muchas partes ni siquiera se les puede llamar disidencias, no aceptamos que a la mayor parte las llamen así porque no se desprendieron como una parte del movimiento, sino que son personas que de manera individual se suman a otras y crean unas bandas. Las que se pueden denominar como disidencias son las del Frente Primero y pare de contar”, señala ‘René Waltz’, exjefe del Frente 29 que hace parte del Consejo Nacional de los Comunes del partido de la Farc.
Jaime Caicedo, docente de la Universidad Nacional y representante de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), concebida en el Acuerdo Final, llama la atención sobre la importancia de diferenciar a las disidencias de otros grupos delincuenciales: “En Tumaco algunos son antiguos desertores de las Farc que ya venían trabajando con inteligencia militar y ahora aparecen vinculados como si fueran disidencias actuales”.
A juicio del docente, “hay que reencaminar esa concepción de contrainsurgencia por parte del gobierno nacional en el manejo de posacuerdo, porque podeos terminar con la lógica de los funcionarios de Estados Unidos que señalan que las Farc no están cumpliendo y que mantienen una acción armada estratégica”.
Álvaro Villarraga, desmovilizado a comienzos de los años noventa de la guerrilla del Epl e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), también comparte el llamado sobre esa diferenciación: “La mayoría son expresiones de descomposición delincuencial, en donde si se estuvo adscrito al proyecto insurgente a través de milicias, ahora se revierte como expresiones de lucro individual o colectivo”.
Sobre las disidencias, Villarraga recuerda que es un fenómeno ocurrido en otros procesos de paz del mundo y del país. “El M-19 tuvo su disidencia armada, conocida como ‘Jaime Bateman Cayón’ que actuó como pequeña guerrilla disidente casi una década y tuvo algunas muy minoritarias expresiones de excombatientes que cayeron en actores delincuenciales, porcentajes ínfimos”, explica el investigador.
Con respecto al Epl, asegura que “antes de las Farc, era la guerrilla más grande que se había desmovilizado, de 18 frentes rurales, tuvo 13 pequeños grupos disidentes que fracasaron como proyecto de rehacer esa insurgencia, unos terminaron descompuestos en delincuencia común, otros fueron a nutrir el paramilitarismo y sólo uno sobrevive en el Catatumbo”.
Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Sobre por qué surgieron varios grupos disidentes de las Farc, existen varias explicaciones, que van desde la falta de preparación para enfrentar esta situación, hasta la ausencia de liderazgo para implementar de manera integral el Acuerdo Final.
“El Acuerdo parte de que se entra en una nueva situación en la que confluye un conjunto de factores: planes de desarrollo con enfoque territorial, sustitución concertada de cultivos de uso lítico, reforma rural integral… pero no se han visto”, cuestiona Caicedo, y agrega que, si el Estado no estimula el surgimiento de nuevas economías para sustituir las ilegales, difícilmente se superaran los ciclos de violencia.
Además, diferentes analistas señalan que los problemas de adecuación de las zonas de concentración para la dejación de armas, sumados a la lentitud para desarrollar los programas de reincorporación y la falta de garantías jurídicas y de seguridad, han alentado la deserción y el rearme. El caso más preocupante es el de ‘Rodrigo Cadete’, exjefe del Frente 27 que dejó las armas en la Zona Veredal de Icononzo, Tolima, pero que meses después se alejó del proceso de paz y se sospecha que se unió a los grupos de ‘Gentil Duarte’. (Ver más: ‘Rodrigo Cadete’: las dos caras de la reincorporación)
Por otro lado, Álvarez identifica que hubo problemas con la pedagogía que las Farc hicieron sobre el proceso de paz con sus integrantes: “Una versión muy consistente es que la famosa pedagogía no caló como todo el mundo pensó y sí hubo unos mandos que dijeron que no estaban de acuerdo con lo que se estaban negociando y que no tenían garantías de seguridad”. A su juicio, “no hubo por parte de las Farc ni del gobierno una estrategia de contención dirigida a los mandos medios para haber transformado esos liderazgos militares en usos políticos que ayudaran a aglutinar al resto de la base para estar pegados al proceso”.
VerdadAbierta.com intentó hablar con las entidades estatales que están a cargo del proceso de reincorporación de excombatientes de las Farc y sus disidencias, pero no fue posible entablar comunicación. Representantes de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y del Ministerio del Posconflicto, dijeron que ese tema no era de su resorte y remitieron al Ministerio de Defensa. Este portal contactó con esa cartera ministerial y hasta el cierre de este artículo esperó respuesta al cuestionario que le solicitaron.
Advertencias de la Defensoría
VerdadAbierta.com tuvo acceso a varios informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo que dan cuenta del accionar de las disidencias de las Farc en los Llanos Orientales y de los grupos de rearmados Policarpa, Nariño, que dan cuenta de las afectaciones que están sufriendo esas marginadas comunidades que aún espera por la no repetición de la no violencia que le prometió el Acuerdo Final.
31 de marzo de 2017
Cuando las tropas del Bloque Oriental de las Farc aún estaban concentradas en las zonas veredales para dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo alto a raíz de las acciones de la disidencia del Frente Primero y la eventual incursión las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Sobre ese grupo surgido a mediados de 2006, tras la desmovilización de las Auc, el informe señaló “la pretensión de ingresar o expandir sus estructuras a territorios que ya no son del control de las FARC”.
En cuanto a la disidencia del Frente Primero, advirtió que capitalizó a su favor la tregua unilateral de las Farc y el posterior cese al fuego bilateral, colocando pequeñas estructuras armadas en algunas regiones de los departamentos de Vaupés, Meta y Guaviare.
Sobre el accionar de esa disidencia encabezada por Gentil Duarte, la Defensoría detalló el uso de diferentes métodos para generar terror: “(…) De manera sutil y silenciosa, se le pide a la población civil no apoyar el acuerdo de paz y mantener las pautas de comportamiento consignadas en los manuales de convivencia elaborados por la guerrilla en tiempos de guerra. El Frente Primero ha promovido de manera inexcusable -entre los habitantes- reuniones con fines extorsivos y políticos. En su discurso, advierten a la población civil que las reglas y las normas de control social y territorial se mantienen, así como la “combinación de todas las formas de lucha””.
Y advirtió que, con su presencia, los líderes o representantes de las comunidades que se agrupan en organizaciones comunales, ambientales y de defensa de los derechos humanos, son quienes están en la primera línea de riesgo: “La movilidad por el territorio de personas orgánicas de la insurgencia que están con una u otra causa, genera incertidumbre y temor entre los defensores de derechos humanos y la población en general. En otras palabras, las amenazas contra expresiones ciudadanas que se opongan a los intereses de los actores armados, pueden generar desplazamientos forzados”.
10 de abril de 2017
A partir de marzo de este año, los miembros del Frente Primero de las Farc que se apartaron del proceso de paz, razón por la cual fueron identificados como “estructuras embrionarias disidentes de las FARC-EP”, intensificaron sus actividades para cumplir con sus objetivos militares, políticos y económicos, alertó la Defensoría.
Esta agencia del Ministerio Público aseguró que esa disidencia “se viene fraguando desde el año 2015” y que “es evidente que estas estructuras han sacado provecho de los procesos de treguas (unilateral y bilateral) decretadas en el contexto del proceso de Paz e igualmente, del vaciamiento del territorio que significó la concentración de combatientes de las FARC en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Buenavista Guajira, y la escasa, por no decir que nula presencia institucional”.
Sobre su trato hacia la población civil, identificó que para ese entonces presionó para que se rechazara el proceso de paz y que impuso toques de queda como medidas de control territorial: “Hay preocupación por los pronunciamientos y señalamientos por parte de los disidentes a quienes se desmovilizan en el actual proceso de paz. Igualmente, veladamente, se cuestiona a la población civil que acompaña el proceso, dejando entrever la posibilidad de que esta estructura disidente actúe en contra de quienes se constituyan o puedan ser considerados como “leales al Secretariado” o “pro proceso de paz” pues serian un peligro para su seguridad, circunstancias que pueden significar que una persona sea declarada “objetivo militar””.
También se refirió a su apartado económico y estableció que “es evidente que las estructuras disidentes promueven acciones con estos fines: de una parte, según fuentes comunitarias, al parecer estarían exigiendo cuotas extorsivas a comerciantes; igualmente a ganaderos y lecheros; también estarían buscando supuestos bienes muebles e inmuebles presuntamente de las FARC-EP y la imposición y usufructo de cargas económicas a actividades ilegales como el cultivo y tráfico de estupefacientes”.
En esa región también hacen presencia grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Al respecto, la Defensoría aseveró que “estarían promoviendo atentados en contra de personas relacionadas no solo con la güerilla de las FARC en proceso de desmovilización, sino contra los movimientos sociales y políticos influenciados por la Marcha Patriótica, sectores ambientalistas independientes, que en virtud de la actual coyuntura política estarían ampliando su espectro en términos sociales y políticos”
22 de mayo de 2017
Para ese municipio, la Defensoría del Pueblo emitió una de sus alertas más graves. En tono categórico, puso de presente que la disidencia del Frente Primero está cometiendo sendas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Entre ellas el secuestro de Harley López, funcionario de la ONU que promovía la sustitución de cultivos de hoja de coca. (Ver más en: Lo que hubo detrás del secuestro del funcionario de la ONU en Guaviare)
Pero su llamado de atención no se limitó a ese caso. En su informe denunció el reclutamiento forzado de siete menores de edad, ocurrido en las veredas Barranquillita y Caño Tigre en noviembre del año pasado. Como si fuera poco, esa agencia del Ministerio Público cuestionó que a pesar de “la oportuna advertencia y recomendación, los hechos victimizantes -cuyo presunto responsable es el Frente Primero en los departamentos de Vaupés y Guaviare-, se repiten una y otra vez, sin que haya autoridad que pueda evitarlo: Así lo indican el secuestro de un joven indígena inspector de policía el pasado mes de marzo, la retención de cinco ciudadanos extranjeros en el mes de abril en el Vaupés y el citado secuestro del miembro de la ONU en el municipio de Miraflores”.
Dijo, también, que su accionar es similar al que emplea en el departamento de Meta: “ (…) Han colocado pequeñas estructuras móviles de guerrilla particularmente en las zonas más alejadas del casco urbano de Miraflores, en zonas de confluencia de cuencas hidrográficas y zonas selváticas, que brindan ventajas físico-ambientales, geográficas y sociales para movilizar combatientes desde el departamento del Vaupés hasta el sur del Meta, Caquetá y centro del país y viceversa, usando este espacio como parte de la gran zona de retaguardia conformada por el sur de Guaviare y el departamento de Vaupés”.
Además, estableció que esa organización residual de las Farc pretende dominar vastas extensiones selváticas para controlar zonas de cultivos y laboratorios de procesamiento de coca; evitar el ingreso de la Fuerza Pública por el río Vaupés; y controlar peajes fluviales en los ríos Unilla y Vaupés, el cobro de extorsiones a contratistas, comerciantes y transportadores de mercancías, con destino a inspecciones ribereñas y los municipios Carurú y Mitú.
Según la Defensoría, ese grupo pretende mantener una lógica insurgente y contener el avance del Estado, por lo que se oponen al programa de sustitución de cultivos y demás ofertas institucionales: “En ese sentido ejecutan acciones intimidatorias y violentas en contra de la población, orientadas a la no integración de las comunidades con dichos programas, enviando el mensaje que aún permanecen en la región y que poseen capacidad militar transmitiendo la percepción de mantener el control territorial y la injerencia sobre la población civil”.
18 de junio de 2017
Este informe de riesgo puso de presente la relevancia de la ubicación estratégica de los Llanos Orientales que, en la actualidad, es objeto de disputa entre disidentes de las Farc y grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
A juicio de la Defensoría del Pueblo, entre esos tres municipios se mueven los siguientes factores de interés: “El control del cultivo, procesamiento y comercialización de pasta de coca y cocaína; el control de yacimientos de oro y tungsteno; la movilidad por caños, ríos y trochas; la débil o escasa presencia de instituciones del Estado que facilita la implementación de actividades ilegales y el sometimiento de la población civil; la conexión con los departamentos de Vichada, Meta, Caquetá y Vaupés, así como la cercanía a las fronteras con Venezuela y Brasil que convierte el territorio en un corredor estratégico para la salida y llegada de insumos para el procesamiento de la hoja de coca, así como para el tráfico de armas, gasolina o para la extracción ilegal de minerales (…)”.
Y como en la época en la que paramilitares y guerrillas se disputaban la tierra a sangre y fuego, la intención de sus sucesores continúa. Al respecto, la Defensoría explicó que “el interés económico en la tierra por parte de los grupos posdesmovilización de las AUC, se confirma al analizar las zonas que coparon a finales del año 2016 y comienzos del 2017, luego de la concentración de las FARC-EP en los Puntos de Preagrupamiento Temporal (PPT) y Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), pues se trata de zonas con posibilidad de titulación de tierras o con expectativas de levantamiento de la reserva forestal”.
En cuanto a los exfarianos, indicó que “los territorios ubicados en parques naturales o en resguardos indígenas que por sus características no son objeto de titulación, quedaron desocupados y luego fueron ocupados por estructuras del Frente Primero disidente de las FARC-EP”.
Sobre los otrora frentes Primero y Séptimo de las Farc, ha documentado que desde diciembre de 2016 tienen presencia en 13 veredas de Guaviare y 16 de Meta, en donde “imponen normas de conducta, restringen la movilidad de la población, realizan reclutamientos forzados, cobran un porcentaje por cada transacción comercial de ganado, cerveza y cigarrillos, controlan la compra y venta de la base de coca, extorsionan a contratistas, imponen agendas sociales y políticas a las comunidades y realizan atentados en contra de la fuerza pública, la infraestructura”. Y se han reportado casos de contratistas o comerciantes que han sido víctimas de retaliaciones por negarse a pagar extorsión.
7 de abril de 2017
La Defensoría del Pueblo aseveró que antes de la dejación de armas de las Farc no ocurrieron ataques contra la Fuerza Pública ni la infraestructura de ese departamento, pero que durante ese periodo el Frente Primero y demás estructuras disidentes recrudecieron su control territorial, “facilitado por las dificultades en las comunicaciones, las distancias entre los centros poblados y las comunidades y la insuficiente presencia de autoridades civiles y militares en el territorio”, por lo que se dieron casos de reclutamientos forzado, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, amenaza y proselitismo armado.
Para ese momento, estableció que el Frente Primero, “mediante la administración del miedo mantiene la búsqueda de la aceptación de sus objetivos políticos y militares por parte de la población civil, y la incorporación de nuevos combatientes entre ellos menores de edad. Para el efecto, continúa aprovechando el desescalamiento del conflicto en el territorio, y profundizando su plan de expansión territorial con guerrilleros vestidos de civil en las cabeceras urbanas y con pequeñas unidades armadas y uniformadas diseminadas por todo el territorio del departamento”.
Sobre el porqué de su presencia en ese departamento, la Defensoría indicó que se debe a las condiciones geográficas del territorio y a la insuficiente movilidad institucional civil y militar, con lo que puede fortalecer su retaguardia. Además, en esa región se le facilita incorporar nuevos combatientes y mantener ciertas condiciones de seguridad para sus comandantes. Además, este informe precisó que “utiliza las cuencas de los ríos Apaporis, Vaupés y Guaviare, fortaleciendo las rutas de salida hacia Venezuela y Brasil, y el tránsito de combatientes hacia el centro del país, lo que le garantiza mantener una fuente constante de recursos económicos y corredores que los colocan fuera del alcance de las fuerzas estatales”.
Por otro lado, resaltó entre sus intereses económicos en esta región las extorsiones a comerciantes y contratistas; la búsqueda de testaferros y presuntos bienes de las Farc; y las rentas que dejan los cultivos ilícitos y el consecuente tráfico de estupefacientes.
Lo más demoledor de este informe es la falta de respuesta institucional para enfrentar ese panorama desolador. La Defensoría aseveró que la emergencia de esos tres municipios es tan grave como invisible: “La consolidación del Frente Primero no ha sido reconocida ni dimensionada aún en sus reales proporciones por las autoridades municipales, departamentales y nacionales encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Se requiere de la actuación inmediata, contundente e integral por parte del Estado. Es evidente que el subregistro como constante no ha sido valorado en su real significado: ante la ausencia de denuncias, algunas autoridades predican la imposibilidad de que grupos armados operen en el departamento”.
23 de agosto de 2017
Esa región, compuesta por los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, Fusagasugá, Pasaca y Silvania, suroccidente de Cundinamarca, fue clave durante el conflicto armado porque es un corredor natural de movilidad que conecta con la capital de la República desde el sur y el oriente del país. En la actualidad, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las Farc optaron por fortalecer sus estrategias de trabajo político y acercamiento comunitario en todos los municipios del Sumapaz, por lo que, “como en el pasado, esta región se constituye en una pieza clave ya no de un levantamiento armado, sino de la terminación de cincuenta años de lucha armada, y la incubación de un nuevo proyecto político y social”.
En medio de ese panorama de transición de la guerra a la construcción de paz, han surgido factores de riesgo a causa de la presencia de “presuntos responsables a grupos armados posdesmovilización de las AUC, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y de presuntas estructuras embrionarias disidentes de las FARC-EP”. Este informe alertó sobre la posibilidad de surgimiento de disidencias de las Farc en esta región, por lo que hizo un llamado para prevenir esa situación.
“El SAT mediante Informes de Riesgo y Notas ha registrado con preocupación la existencia de estructuras integradas por excombatientes de las FARC-EP que estarían por fuera del proceso de paz. Algunos segmentos de las milicias bolivarianas con asiento en Bogotá y Cundinamarca, podrían eventualmente seguir el mismo camino de los frentes Primero, Tercero y Séptimo ubicados en la Orinoquia y Amazonia, asumiendo hipotéticamente, que no se plegarían al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Lo anterior no es un temor infundado: “en algunas zonas rurales apartadas del Sumapaz, otrora estratégicas para el control territorial y social de las FARC-EP, recientemente se ha reportado la presencia de pequeños grupos de personas extrañas que, luego de identificar a los dignatarios de Juntas de Acción Comunal (JAC), anónimamente han transmitido pautas y normas de comportamiento a la población civil y han hecho ‘llamados de atención’ para que las comunidades “cumplan con sus deberes y responsabilidades”, que en el pasado impusieran las FARC-EP”.
Por ello, la Defensoría subrayó que en el pasado los frentes 51 y 53 de las Farc “se fortalecieron logística y económicamente, acumulando gran experiencia en el territorio. No sería extraño, que los disidentes realizaran actos de extorsión a empresas de transporte y a distintos establecimientos comerciales de la provincia. Así mismo, podrían buscar capitalizar los vacíos suscitados en materia de resolución de conflictos y administración de justicia en zonas rurales, donde la población civil ha venido manifestando un aparente incremento de hurtos en las fincas y otros conflictos sociales, que generalmente fueran regulados por las FARC ante la ausencia institucional. Luego del proceso de agrupamiento en la ZVTN de La Fila, las comunidades sienten un “vacío de poder” que al parecer está siendo capitalizado igualmente por la delincuencia común y otras expresiones delincuenciales”.
9 de octubre de 2017
La Defensoría también ha emitido informes de riesgo sobre el sur del país. Sobre Policarpa, el otro municipio de Nariño que junto con Tumaco acogió las Zonas Veredales Transitorias de Normalización de ese departamento en donde la otrora guerrilla se concentró y dejó las armas, esa agencia del Ministerio Público no hace referencia a disidencias sino a excombatientes que conformaron o integraron nuevos grupos armados ilegales.
Y alertó que existen tres grupos que están cometiendo diferentes violaciones de derechos humanos y que por tal razón se encuentran en riesgo alrededor de 10 mil personas de la cabecera municipal y de algunos de sus corregimientos. (Ver más en: ¿La implementación del Acuerdo Final hace agua en Policarpa?)
Dichos grupos son los de ‘La Vaca’ -asesinado a finales de julio de este año-, ‘Sábalo’ y ‘Morocho’. Sobre el primero, señaló que ha empezado a expandirse por el territorio que dominó el Frente 29 y que se está proyectando desde la cordillera hacia la costa; del segundo dijo que está reclutando menores de edad; y del tercero, precisó que está conformado “por desmovilizados (no reincorporados) de las FARC-EP”, que ha amenazado a los excombatientes presentes en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y que tiene presencia entre los corregimientos de Remolino, Mojarras y Mercaderes.
Además, advirtió que “cada uno de estos grupos armados ilegales tiene intereses de expandir sus operaciones en toda la cordillera occidental, y podría presentarse alianzas o enfrentamientos armados por el control territorial y poblacional, en medio de la población civil. Cada una de estas estructuras armadas ilegales, vendría reclutando de manera ilegal jóvenes de la región, y llamando a integrar sus filas a personas que están en proceso de reincorporación, dentro del Espacio Territorial de Capacitación y Normalización o fuera de éste”.
Asimismo, destacó que integrantes de esos nuevos grupos armados ilegales han amenazado a personas que se encuentran en proceso de reincorporación, “tal como sucedió con una mujer que iba a visitar a su madre, en el corregimiento de Mojarras, y quien habría tenido que devolverse al ETCR en La Paloma, al develarse un plan para asesinarla, el día lunes 25 de septiembre de 2017. El personal que transita por la vía Panamericana, proveniente del ETCR La Paloma, teme ser objeto de atentados con la vida, al existir grupos armados ilegales interesados en asesinarles. Igualmente, integrantes del Grupo Armado Ilegal de “La Vaca” han amenazado a quienes fueran comandantes de las FARC – EP y quienes están en proceso de reincorporación”.
Líderes sociales, en el medio
A pesar de las denuncias y advertencias reiteradas, se cumplió la desalentadora previsión de que durante la implementación del Acuerdo Final aumentarían los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De acuerdo con los registros de Somos Defensores, organización no gubernamental que desde 2002 monitorea las agresiones contra estas personas, 55 fueron asesinados en 2014, 63 en 2015, 80 en 2016, y el 27 de octubre se igualó la cifra del año anterior con la muerte de Ramón Alcides García Zapata, quien promovía la sustitución de cultivos de hoja de coca en Antioquia. (Ver más: Campesinos cocaleros en Antioquia, intimidados y con poco apoyo gubernamental)
90 líderes sociales fueron asesinados entre la firma del Acuerdo Final y el 27 de octubre de ese año. Fuente: Somos Defensores
Sobre este tema, las organizaciones han sido diligentes y en el último año algunas entidades estatales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación las escucharon y tomaron medidas para frenar ese desangre, pero al final de cuentas no alcanzaron sus objetivos.
A mediados de marzo, la Defensoría emitió un informe de riesgo en el que alertó que 310 organizaciones sociales enfrentan sendos peligros en 282 municipios de 31 departamentos del país. Los analistas del Sistema de Alertas Tempranas determinaron que “la recurrencia de hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos dirigidos contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país, genera un alto nivel de incertidumbre en términos de las garantías para el ejercicio político en los territorios, en momentos en que se da inicio a la implementación de los acuerdos”. (Ver más: Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales)
Para enfrentar esta grave situación, el 15 de junio la Procuraduría expidió una directiva para tratar de preservar la seguridad de los líderes en riesgo, propendiendo a dejar de lado la estigmatización en su contra y pidiéndole diligencia a los funcionarios del Estado para brindarles protección. (Ver más: No habrá tolerancia ni impunidad para crímenes de líderes sociales)
Sin embargo, esas medidas no fueron suficientes y el año en el que las Farc dejaron las armas, la violencia aumentó de nuevo. En medio de ese desangre, Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores, precisó que las agresiones se focalizaron contra líderes comunitarios y comunales por efectos del proceso de paz: “Creemos que la desmovilización de las Farc tiene ese efecto porque el componente campesino de las Farc es muy alto. Entonces, al salir tanta gente de las Farc, llegaron otros grupos armados a decirles que tienen que estar con ellos o se van”.
En vista de que las entidades estatales no han logrado brindarles protección, las organizaciones sociales y los líderes comunitarios tienen depositadas sus esperanzas en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) que, entre sus tareas, y por mandato del Acuerdo Final, tiene la tarea de crear un plan de acción para enfrentar el paramilitarismo, señalado de ser el máximo responsable de las agresiones contra los defensores de derechos humanos.
Al respecto, Gustavo Gallón, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas y representante por la sociedad civil de la CNGS, destaca que ese organismo esté integrado por la cúpula de Estado que evidencia una alta voluntad política, pero lamenta que el desarrollo de su actividad sea tan lento y que todavía no se haya empezado a discutir el plan enfocado en el desmonte del paramilitarismo.
“Es necesario identificar la forma de acción de los grupos que están perpetrando estos asesinatos en diversas regiones; hay patrones comunes y diferentes. Para ello se necesita hacer una inspección más de cerca para identificar esas actividades, que consisten en lazos con poderes locales en las regiones y poderes privados, en ocasiones con algunos funcionarios, que permite que esta actividad se desarrolle; o sencillamente por su actividad coercitiva”, cuenta sobre cómo debe discutirse ese plan.
Mientras se producen resultados concretos, un año después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, en algunas regiones se siente con fuerza la continuada dinámica armada y las economías criminales, por lo que las comunidades aún no ven cerca la concreción del derecho a la no repetición de la violencia.
