Un informe de seguimiento de esta agencia del Ministerio Público a los puntos pactados con la guerrilla de las Farc revela insatisfacción de las comunidades e ineficiencias del Estado en el proceso de reincorporación de excombatientes. Las fallas en este proceso están generando zozobra y condiciones de riesgo a pobladores, líderes sociales y exguerrilleros.
El 24 de noviembre de 2016 el gobierno nacional y las Farc firmaron una nueva versión del Acuerdo Final que lograron tras negociar por más de cuatro años en Cuba, la cual incluyó modificaciones de los voceros que promovieron el No en el plebiscito de refrendación. Foto: Presidencia de la República.“Para generar un clima que promueva la reconciliación nacional resulta ineludible el cumplimiento de lo acordado por parte del Gobierno Nacional y las FARC E.P.”, dice la Defensoría del Pueblo en su más reciente informe de seguimiento a los seis puntos pactados con este grupo alzado en armas en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado. No obstante, los hallazgos establecidos tras un intenso trabajo de campo realizado a finales de agosto revelan graves problemas que comprometen su implementación. (Ver informe)
Los funcionarios de esa agencia del Ministerio Público observaron tres aspectos concretos: las condiciones de seguridad y la garantía de derechos de las comunidades que acogieron a los insurgentes en las 26 zonas de concentración; la adecuación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde se adelantan labores de formación de los excombatientes para su regreso a la vida legal; y las tareas encaminadas a favorecer su proceso de reincorporación. Lo observado inquieta a la Defensoría del Pueblo.
El informe arroja, a partir de sendos diálogos con las comunidades cercanas a los Espacios Territoriales, escepticismo entre sus pobladores, quienes tienen “poca confianza en el Gobierno, en las administraciones locales y en el Estado en general”. Asimismo, reporta que “las expectativas que tenían cuando acogieron las zonas veredales se desvanecieron en un corto periodo al percibir desatención y pocas garantías para la reivindicación de sus derechos”.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que, como lo reseña el documento, que hay pocos “avances en la construcción de vías terciarias, en el fortalecimiento de centros de salud y establecimientos educativos, en la ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado y otras prioridades comunitarias ligadas a su desarrollo económico y social”.
Lo paradójico de estas obras es que algunas de ellas se incluyeron en las estrategias de respuesta rápida y de pequeña infraestructura comunitaria ofrecidas por el gobierno nacional a las comunidades adyacentes a las zonas de concentración de la guerrilla de las Farc. Su incumplimiento genera muchas inquietudes entre las comunidades, que, además, deben soportar, según la Defensoría, un “clima de vulnerabilidad”, por lo que demandan “la adopción de medidas concretas para salvaguardar su vida e integridad, principalmente respecto de los actores que ejercen un papel de liderazgo”.
Otro de los temas que atañe a las comunidades y que evidencia dificultades para su implementación es el de la sustitución de cultivos ilícitos que, a juicio de la Defensoría, “tiene una incidencia directa en los aspectos de seguridad y desarrollo de los habitantes de las veredas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y es una ventana a la transformación del panorama rural”.
En algunas regiones, como en Guaviare, a pesar de existir firmados convenios de sustitución de cultivos de coca, han llegado escuadrones de la Policía a erradicarlos de manera forzada. Foto: Ricardo Cruz.El problema es complejo si se tiene en cuenta que, según el último reporte de la Oficina contra las drogas y el delito de Naciones Unidas (ONUDC), en el país se registraron, en 2016, un total de 146 mil hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito, lo que reflejó un aumento del 147 por ciento con respecto a 2015. (Leer más en: La triste paradoja de los cultivos ilícitos en Antioquia)
Los diálogos de la Defensoría con las comunidades donde persisten las siembras ilícitas revelaron insatisfacción con el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), pues no comprenden la dualidad expresada por el gobierno nacional, que promueve, a la vez, la sustitución voluntaria y la erradicación forzada. Además, quedaron expuestas las “divergencias entre los intereses de los líderes de las Juntas de Acción Comunal y los cultivadores y escasos estudios de mercadeo y de suelos, que son base para la generación de nuevas actividades económicas sostenibles”.
El PNIS ajusta ocho meses de difusión y, según las cifras estatales, se han suscrito 35 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria, seis de ellos con carácter regional, que abarcan 13 departamentos, más de 80 municipios y 5 resguardos indígenas. Pero su ejecución no ha sido fácil. A las tensiones que genera la ambigüedad de la sustitución voluntaria y la erradicación forzada se suma la reacción de los cultivadores que en algunos casos se ha movilizado masivamente, retenido miembros de la Fuerza Pública y registrado amenazas y afectaciones en contra de la integridad de los cultivadores. La Defensoría del Pueblo ha observado estas situaciones en los departamentos de Nariño, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo y Caquetá, entre otros.
Otra de las estrategias de impacto social y económico contempladas en los acuerdos con las Farc son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a través de los cuales se pretende la identificación colectiva y participativa de las necesidades más apremiantes de las comunidades más afectadas por la confrontación armada en 170 municipios priorizados.
“La formulación de estos planes no se ha iniciado”, destaca la Defensoría. “Y de acuerdo a lo referido por las poblaciones, no se han establecido suficientes canales de comunicación tendientes a garantizar su participación real y efectiva en todas las etapas del proceso, pero lo que es más grave, la falta de planeación ha generado fracturas en las organizaciones sociales y entre las distintas veredas que componen las 16 regiones priorizadas”.
Si bien en el informe se reitera la importancia de los programas de sustitución de cultivos ilícitos y de desarrollo con enfoque territorial, “siempre que cuente con la participación activa de organizaciones sociales, la garantía financiera para su concreción y la articulación inter e intrainstitucional”, lo cierto es que, tal como lo reseñó este portal, existen riesgos de que este tipo de iniciativas no cuenten con los recursos económicos suficientes para su ejecución. (Leer más en: Plan Marco para la Paz: un paso adelante, dos atrás)
Otro riesgo es la lentitud en los trámites legislativos para expedir las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Para tal fin se puso en marcha un sistema expedito denominado Fast Track, que supuestamente duraría seis meses, pero ante la lentitud y problemas en el Congreso de la República, fue extendido por un semestre más, y a la fecha hay sendos proyectos sin ser aprobados, como la ley estatutaria de la JEP, las circunscripciones especiales de paz, la Reforma Rural Integral, entre otros. (Leer más en: Así fue la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en el Congreso)
Más atrasos
Muchas espacios de capacitación, que hasta hace poco fueron las zonas de concentración donde las Farc dejaron sus armas a disposición de la ONU, no fueron terminados al cien por ciento. Foto: Juan Diego Restrepo E.Las indagaciones en campo realizadas por los funcionarios de esta agencia del Ministerio evidencian que la adecuación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, constituidos el 15 de agosto pasado, y tras ocho meses de trabajos en 26 regiones del país, donde se concentraron cerca de 8 mil excombatientes de las Farc, no es la proyectada, lo que ha generado inquietudes sobre sus reales posibilidades de reintegración.
Se suponía que estos espacios serían utilizados no sólo para desarrollar actividades de capacitación tendientes a la reincorporación de los exguerrilleros las Farc, iniciar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas. El propósito era que fuesen áreas de integración social. Sin embargo, y pese a los avances, que no son homogéneos, “persisten retos logísticos ligados a la adaptación para la reincorporación. En muchos de los espacios las aulas son insuficientes para la formación en educación básica -que además integra a miembros de las comunidades cercanas- existen vacíos en la dotación del mobiliario y material educativo indicado y suficiente”. Además, en varios de estos espacios “los servicios de luz y agua son intermitentes”.
Las situaciones más críticas se registran en los espacios establecidos en las veredas Madrigal, del municipio de Policarpa, en Nariño, y La Guajira, de Mesetas, en Meta. Allí se presentan “condiciones precarias tanto en las áreas comunes como en las unidades de habitación”, que distan de lo acordado con las Farc.
Tales atrasos tienen un impacto directo en el ánimo de los excombatientes, pues decenas de ellos viven aún en carpas y carecen de sitios adecuados para desarrollar labores de reincorporación. De acuerdo con la Defensoría, algunos de los exguerrilleros “se han desplazado a zonas distintas y otros han manifestado escepticismo en el cumplimiento y la posibilidad de abandonar el lugar”.
La preocupación central consignada en este informe de seguimiento es que estos atrasos, “además de torpedear el proceso de reintegración, sean una causa generadora de deserción, creación de grupos y resurgimiento de conflictividad, por lo que se impulsa al Gobierno a mejorar estas condiciones de manera pronta”.
Zonas inseguras
Crimen organizado, guerrillas y disidentes, además de economías ilegales, rondan las zonas donde las Farc dejaron las armas. Foto: archivo Semana.Uno de los datos más preocupantes destacados por la Defensoría del Pueblo es que en 24 de los 26 Espacios Territoriales donde se concentran las Farc en su proceso de reincorporación se registra la presencia de diversos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), disidencias de las Farc y diversas estructuras criminales de diversas características. Se libran de esa presencia las zonas ubicadas en los municipios de Iconozo, Tolima, y Pondores, La Guajira. (Leer más: Los saboteadores que enfrenta el proceso de paz)
“El resurgimiento de la violencia no es ajeno a los procesos de desmovilización. Al retirarse los grupos armados organizados en zonas donde la presencia institucional es limitada, subsiste un territorio con recursos ilícitos y una población vulnerable, lo que se constituye como un escenario propicio para la formación de nuevas estructuras armadas o asociaciones de los grupos que operan en la zona en pugna por el control de los recursos”, conceptúa la Defensoría.
Tanto las comunidades como los exguerrilleros “pusieron de presente la sensación generalizada de riesgo, la cual viene acompañada de la persistencia de amenazas mediante panfletos y mensajes en las paredes, que evidencian la presencia de distintas estructuras armadas que pueden poner en riesgo la implementación del Acuerdo Final”.
Una de las situaciones de riesgo más graves la padecen los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, quienes adquieren una mayor relevancia justo cuando se abren nuevos espacios democráticos y se proyectan inversiones en las regiones más golpeadas por la guerra. La mezcla de intereses criminales con nuevas posibilidades de participación, según el informe, “podría generar una mayor visibilidad, pero al mismo tiempo acentuar la vulnerabilidad para los líderes sociales y comunitarios”.
Los riesgos también se extienden a los exguerrilleros de las Farc en proceso de reintegración. Durante este año, “se ha atentado contra la vida de nueve personas de esta organización, algunos de los cuales se encontraban agrupados en las zonas veredales”. Este clima de zozobra, se advierte en el documento, “puede desestabilizar los liderazgos en la comunidad y ocasionar el abandono, de manera permanente o transitoria de varios de los miembros originalmente concentrados” en los Espacios Territoriales.
Pese a que el Ministerio de Defensa ha presentado varias estrategias para contrarrestar los escenarios de riesgo e incrementar la seguridad en estos espacios, entre ellos el Plan Victoria, Comunidades Seguras en Paz y el Sistema Nacional de Reacción Inmediata para el Avance de la Estabilización, en las regiones alegan “escasa socialización con las comunidades y miembros de las FARC – EP en proceso de reincorporación, que son quienes mayor apropiación deben tener sobre ellas”.
Falta acompañamiento
Así lucía la zona campamentaria de Ituango el pasado mes de julio. Foto: Yeison García.La agencia del Ministerio Público no tiene duda en que “la reincorporación de los miembros de las FARC – EP a la vida civil es un elemento esencial para la construcción de la paz y el progreso de las comunidades que los recibirán”, no obstante, valorados los ámbitos económico y social en el proceso de reintegración a la vida legal se encontraron situaciones que son preocupantes.
Se destaca en el documento de seguimiento la falta de acompañamiento a los exguerrilleros “para el manejo de los recursos económicos que se entregan y de instructivos claros dirigidos a las personas que nunca habían hecho parte del sistema financiero ni de la economía de mercado”. Una particularidad en este caso es que se les han dado tarjetas débito para administrar sus dineros, pero, como era de esperarse, los cajeros están concentrados en cabeceras municipales, bastante distantes de las zonas, lo que obliga a los excombatientes a exponerse durante su desplazamiento e incurrir en elevados costos de transporte.
Otro de los problemas identificados es la falta de documentación requerida para acceder a los tres tipos de beneficios económicos para los exmiembros de las Farc en proceso de reincorporación: la asignación única de normalización, la renta básica, y el apoyo a proyectos productivos. Algunos excombatientes aseguraron no tener cédula de ciudadanía; a otros no se les ha entregado el certificado de acreditación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; y varios, pese a cumplir con los requisitos, no han ingresado al sistema financiero.
“Estas circunstancias no pueden ser un obstáculo para la concreción de resultados tangibles en la búsqueda de la paz y en este sentido, se invita al Gobierno Nacional a realizar una comparación de los listados entregados por las FARC- EP, para individualizar a las personas que afrontan los distintos tipos de inconvenientes y promover jornadas de cedulación, acreditación y bancarización”, aseveró la Defensoría. Los trámites, según esta agencia, deben extenderse a quienes, como insurgentes de las Farc, se encuentran en las cárceles.
El informe de seguimiento también sugiere definir la situación jurídica de los exmiembros de las Farc, en aplicación de la Ley 1820 de 2016, relativa a la Amnistía, Indultos y Tratamientos Penales Especiales, y el Decreto 277 de 2017, que la reglamenta. En ese sentido, la Defensoría propone atender con prontitud tres situaciones: la suspensión de la totalidad de órdenes de captura que pesan contra los exmiembros de las Farc inscritos en los listados entregados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; el otorgamiento de los beneficios de la ley 1820 para quienes se encuentran privados de la libertad; y la claridad respecto a la figura de los gestores de paz.
La indefinición de estas situaciones jurídicas, según el documento, “han traído consigo la detención de un alto porcentaje de excombatientes y el retraso en los tiempos establecidos para el inicio de la fase de reincorporación”.
La Defensoría registró el descontento expresado por los excombatientes de las Farc, quienes “no encuentran una hoja de ruta clara para la reintegración y perciben desarticulación de los entes en el ámbito nacional y local”. Por tales razones, solicitó “realizar esfuerzos más amplios tendientes a agilizar la puesta en marcha de un plan definido de reincorporación que incluya el enfoque diferencial y que haga partícipe a los beneficiarios de los programas y a las comunidades receptoras”.
Tal como la advierte esta agencia del Ministerio Público, si no se avanza pronta y eficientemente en la implementación de los acuerdos firmados con las Farc y se les garantiza a las comunidades más vulnerables una mejor calidad de vida, el proceso de reintegración podría complicarse, lo que se traduciría en nuevos escenarios de riesgo.
