La agrupación política de origen ciudadano que está encargada de velar por la implementación del Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las Farc, tendrá voz en el Legislativo, pero no derecho al voto. Esta es la segunda norma aprobada vía Fast Track.
Lanzamiento público de Voces de Paz ocurrido el 15 de diciembre en Bogotá. Foto: archivo Semana.Con una votación de 54 votos a favor y ninguno en contra, este martes la plenaria del Senado aprobó el último debate en el que se añadió un artículo transitorio a Ley Quinta de 1992, la cual define las reglas de juego del Congreso de la República. Con esa reforma, que pasa a sanción presidencial y posterior control de constitucionalidad, los seis representantes que tiene Voces de Paz en el Senado y en la Cámara de Representantes podrán debatir como cualquier congresista todas las normas que se discutan para aterrizar el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón.
Esa organización se inscribió el 15 de diciembre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y designó que sus voceros en el Senado serán Jairo Cruz, Judith Maldonado y Jairo Estrada; y en la Cámara de Representantes estarán Francisco Tolosa, Imelda Daza y Jairo Rivera. Aunque debutaron en los últimos días del año pasado durante la promulgación de la Ley de Amnistía e Indulto para los miembros de las Farc que no cometieron crímenes de guerra ni de lesa humanidad, al momento de intervenir las sesiones eran declaradas informales y no tenían derecho a réplica.
Al respecto, Jairo Estrada, docente de la Universidad Nacional y vocero en el Senado, explica que esa situación fue superada con la reforma de este martes y que las sesiones en las que intervinieron previamente fueron declaradas informales para evitar que se pudieran “aducir vicios en el trámite en el procedimiento del acto legislativo, en la medida en que nosotros no hacemos parte del Congreso”.
En un escenario ideal, la reforma a Ley Quinta debió ser el primer trámite en medio de la implementación del acuerdo con las Farc para permitir que los representantes de Voces de Paz pudieran hacer veeduría de manera formal.
No obstante, según cuenta Jairo Rivera, vocero Nacional de la Mesa Amplia Estudiantil y veedor en la Cámara de Representantes, lo más urgente era la Ley de Amnistía porque tras los resultados del plebiscito del 2 de octubre, había mucha incertidumbre jurídica y la estabilidad política del acuerdo de paz tambaleaba: “Era necesaria para arrancar la implementación y darle una base sólida al proceso”.
Para ese momento, mediados de diciembre, los miembros de las Farc se encontraban en sitios de preagrupamiento y varios jefes guerrilleros alegaban que la ejecución del cronograma para el traslado hacia las zonas veredales donde dejarán las armas iniciaba con la expedición de la Ley de Amnistía y no con la refrendación del acuerdo de paz.
Sobre el trámite en el Congreso, Rivera explica que “en la Ley de Amnistía se hicieron muchas proposiciones que tenían que ver fundamentalmente con el debate que se dará en la Jurisdicción Espacial para la Paz. Hicimos pedagogía para explicar que en ese paso no se iban a resolver todas las incertidumbres jurídicas sobre los acuerdos y el respeto a los derechos de las víctimas, sino que todo el conjunto del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es el que debe responder por esas preguntas. Creo que eso se logró y por eso el trámite de la ley se sacó en poco tiempo”.
Los miembros de Voces de Paz también están presentes en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), en donde delegados del gobierno nacional y de las Farc convienen los temas que serán radicados en el Congreso para aterrizar el Acuerdo Final en la realidad. “Tenemos el propósito de articular las decisiones que se toman en la CSIVI y nuestra labor consiste en contribuir a garantizar que los textos acordados lleguen fielmente al Congreso y que las ponencias que sean presentadas correspondan con ese espíritu”, plantea Estrada.
Origen y dificultades
Instalación de la plenaria del Senado en la que se aprobó el último debate a la reforma de la Ley Quinta de 1992. Foto: tomada de la cuenta de Twitter de Voces de Paz.Voces de Paz nació del interés de diferentes ciudadanos de apoyar el proceso de paz y su fase de implementación, que en diferentes momentos se habían contactado con los negociadores de ambas delegaciones. También sirvió para resolver un problema que se presentó en la mesa de negociación: la necesidad de que las Farc pudieran estar presentes durante los debates de expedición de las leyes y reformas que requiere el proceso de paz.
“Había el debate de cómo se podía buscar la manera de garantizar que hubiese una representación en los debates sobre lo que se iba a implementar de la voz de las Farc. No se podía hacer a través de las Farc mismas por cuanto no habían entrado a un proceso de dejación de armas ni lo habían terminado. En ese sentido es cuando en la discusión en La Habana se buscó una fórmula y se propuso la agrupación. Fue una fórmula conocida por las partes desde agosto de 2016, la semana previa a la firma del primer acuerdo. No fue un invento de las Farc, sino que es una propuesta que se discutió”, explica Jairo Estrada.
Una vez contaron con el aval de las dos partes y, adicionalmente, con la bendición de la Corte Constitucional al Acto Legislativo para la Paz, que estableció una vía expedita para tramitar las normas que permitirán la implementación del Acuerdo Final y la refrendación del mismo en el Congreso, el 15 de diciembre se hicieron los trámites de inscripción en el CNE, radicando el acta de constitución e inscribiendo a los seis voceros.
Sin embargo, ese trabajo de veeduría ha traído consigo señalamientos y estigmatizaciones contra los miembros de Voces de Paz en el Congreso y en diferentes escenarios, a quienes sindican de ser parte de las Farc. Al respecto, Imelda Daza, sobreviviente al exterminio de la Unión Patriótica y quien estuvo en el exilio por 26 años, recibe con extrañeza los reclamos que ha recibido de manera agresiva por parte de congresistas del Centro Democrático: “Nos señalan y nos reclaman la devolución de 10 mil niños reclutados por la guerrilla y de los 30 mil secuestrados. Ellos están sembrando mentiras en el imaginario popular cuando hacen esas acusaciones”.
Para Jairo Rivera, cualquier coyuntura que se relacione con el proceso de paz o los pronunciamientos que realizan, “repercuten en amenazas, irrespetos, violencia simbólica y estigmatización muy fuerte”. Este representante del sector estudiantil se desmarca de los señalamientos sobre la guerrilla e indica que tienen “la tarea de mantener la confianza entre las partes y el espíritu de los acuerdos lo más fiel posible a lo que se pactó en La Habana. Además, que sirvamos como pedagogía para la reconciliación, a través de la implementación en el territorio para la reincorporación, porque también tenemos la tarea de ir a los territorios para centrarle a la gente qué está pasando y construir confianza”.
Jairo Estrada, por su parte, plantea que “debe entenderse que somos Voces de Paz, y al mismo tiempo, somos la voz que las Farc no puede tener en este momento en el Congreso, sin que eso signifique que seamos la voz de las Farc o los representantes de las Farc. No es fácil de entender, pero está planteado en esos términos. Es decir, hay una parte del acuerdo, que en este momento recurre a una figura que se ha creado, que es la agrupación política, para a través de ella manifestar sus inquietudes de lo que se esté tramitando en el Congreso”.
Rivera coincide en ese sentido y considera que “va a ser muy difícil que se logre arraigar el mensaje más allá de los límites. Durante muchos años aquí nos educaron diciendo que si alguien hablaba a favor de la paz, es de las Farc. Yo no soy de las Farc ni comparto muchas de las prácticas ni de las equivocaciones que en medio de la guerra cometió la guerrilla”.
Imelda Daza insiste: “nosotros somos voceros del acuerdo de paz y representamos en esencia a la ciudadanía porque el acuerdo es para todos los colombianos y defendemos sus intereses. No ha sido posible cambiarle la idea a muchos medios que nos siguen llamando voceros de las Farc. Dentro de seis meses ellos habrán entregado la última arma y no habrá quién supuestamente los represente porque ya no existirán”.
Además de la estigmatización, la falta de recursos y de logística para desempeñar sus labores afectan a los miembros de Voces de Paz. Estos van desde instalaciones en el Congreso hasta gastos para desempeñar su labor. Por ejemplo, Imelda Daza, quien está radicada en Cesar, ha tenido que costear los tiquetes aéreos para asistir a las sesiones del Congreso.
“Anoche (lunes 12 de febrero) pagué 487 mil pesos de tiquetes ida y regreso. No he recibido ningún peso de organismos internacionales ni del gobierno. He hecho peticiones a diferentes funcionarios, pero nadie ha hecho nada efectivo”, cuenta, y agrega que lo mismo sucede con los viajes que hace en la Costa Atlántica para difundir el proceso de paz. Espera que con la reforma a Ley Quinta esta situación se solucione.
Este movimiento político de origen ciudadano existirá hasta que las Farc conformen su partido político, una vez que le hayan entregado la totalidad de sus armas a la Organización de Naciones Unidas (ONU), tras estar concentradas en las zonas veredales, y puedan delegar a sus propios voceros.
Los voceros
Judith Maldonado
Abogada, defensora de Derechos Humanos, educadora popular, egresada de la Universidad Industrial de Santander, con una Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, estudiante de Doctorado en Derecho y de la Especialización de Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina CLACSO 2016.
Recibió la Distinción como Defensora de Derechos Humanos de la Embajada Británica en Colombia en mes de septiembre de año 2010, el Premio Internacional Shalom por su trabajo en defensa de la Justicia y la Paz en Alemania en 2011 y el Premio Nacional Defensora de Derechos Humanos en Colombia 2012.
Fue candidata popular a la Gobernación de Norte de Santander, postulada por los sectores sociales y populares del departamento, llegando a obtener 75.000 votos, siendo su primera participación en los comicios electorales.
Francisco Tolosa
Politólogo y Magister en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor universitario y dirigente social, fundador del Movimiento Marcha Patriótica. Educador sindical y popular.
Imelda Daza
Economista de la Universidad Nacional. Fue concejal galanista en Valledupar entre 1980 y 1982 y concejal de la Unión Patriótica en el periodo 1986 – 1988. Exiliada en Suecia entre 1989 y 2015. Concejal socialdemócrata en Aneby-Suecia entre 202 y 2014. En 2015 fue candidata por la Unión Patriótica a la Gobernación de Cesar con avales del Polo y la Alianza Verde. Hoy se desempeña como pedagoga de paz en la Costa Atlántica y otras regiones del país.
Jairo Rivera
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos en la misma universidad. Representante estudiantil en el Concejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. Fue integrante activo del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiante Universitarios. Vocero Nacional de la Mesa Amplia Estudiantil. Activista en Paz A la Calle.
Jairo Estrada
Economista, Ph. D. en Ciencias Económicas de la Hochfachschule für Oekonomie – Berlín, Especialista en Instituciones Jurídico-políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia
Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia desde 1993. Ha sido Director académico de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos. Director del Grupo interdisciplinario de estudios políticos y sociales –Theseus. Miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimasm y coautor del Informe de dicha Comisión: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Ha sido asesor invitado a de la Mesa de Diálogos.
Pablo Cruz
Abogado de la Universidad Nacional. Profesor universitario de Derecho Constitucional por más de 20 años, fue Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia, Notario 28 de Bogotá elegido por concurso de méritos.
