Hace pocos días se reunieron en Medellín reconocidos juristas, activistas e incluso magistrados de Justicia y Paz para debatir sobre los desafíos de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Entre todos existe gran preocupación porque la participación de las víctimas, centro del nuevo acuerdo de paz, no es clara en este nuevo escenario.
Aún no ha comenzado a operar el nuevo sistema de justicia transicional y diversos sectores ya encuentran reparos, principalmente en cuanto a la participación procesal de las víctimas se refiere. Foto: archivo Semana.La palabra “víctimas” aparece, en total, 219 veces en las 310 páginas del Nuevo Acuerdo de Paz. Con todo y ello, académicos, juristas, activistas y magistrados de las salas de Justicia y Paz coinciden en afirmar que no es claro cómo será la participación de las víctimas en los procesos judiciales que comenzarán a marchar una vez entre en funcionamiento el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
No se trata de un detalle menor ni mucho menos de un problema de interpretación del nuevo texto. Pese a que en el punto de justicia transicional se aplicaron la mayor cantidad de precisiones, ajustes y cambios al Acuerdo de Paz luego del triunfo del No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, en la práctica no es claro si las víctimas podrán aportar pruebas o testimonios; si podrán interpelar a sus victimarios del porqué de tanta sevicia; e, incluso, si podrán presenciar los procesos judiciales que se adelanten bajo la JEP.
Tal como lo afirman expertos en justicia transicional, sin la versión de las víctimas, el esclarecimiento de cientos de hechos ocurridos durante cinco décadas de confrontaciones armadas podría quedar incompleto o, sencillamente, no satisfacer sus derechos a la verdad y a la justicia. Según Henry Rivera, investigador del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj), “la participación de las víctimas no es clara en el nuevo sistema y como no es clara se corre el riesgo de que no sea efectiva”.
La JEP fue concertada por el gobierno nacional y las Farc, y quedó consignada en el punto quinto del documento final -Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto Armado- del Nuevo Acuerdo de Paz, firmado el pasado 24 de noviembre en la ciudad Bogotá. Esta nueva jurisdicción transicional se constituye en el mecanismo judicial a través del cual se juzgarán los delitos cometidos por todos los actores de conflicto armado y comenzará a funcionar una vez se refrenden e implementen los acuerdos.
Este mecanismo sufrió modificaciones con respecto al primer Acuerdo Final firmado en la ciudad de Cartagena el pasado 26 de agosto. Entre los cambios figura, por ejemplo, que ya no se nombrarán magistrados extranjeros (solo serán nombradosmagistrados colombianos); ya no se revisarán las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia; y se articuló la JEP a la justicia ordinaria.
También se acotó la labor de la JEP a diez años, prorrogables cinco años más, y funcionará bajo el esquema de tres salas, que se denominarán de Reconocimiento, de Amnistías e Indultos y de Definiciones Jurídicas, y tendrá asociada una Unidad de Investigación y Acusaciones, cargo en el cual fue nombrada Alexandra Valencia, anterior magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
Aunque el grueso de las modificaciones fue recibido con moderado optimismo por parte de las Altas Cortes, para Rivera persiste la preocupación por el papel que cumplirán las víctimas en este nuevo escenario de justicia transicional dado que “como la participación de las víctimas no es clara, es probable que ellas demanden esa participación vía acción de tutela, lo que podría generar un conflicto de competencias”.
De acuerdo con el investigador del Ictj, “no se podrá juzgar todo en el nuevo sistema, pero tenemos que plantearnos un sistema que haga unos juicios rigurosos, que terminen con sanción para los responsables; y no solo eso, que esa sanción despierte la indignación y el rechazo de la sociedad a esos actos. El objetivo de la justicia transicional no es producir sentencias en serie sino en serio”.
El espejo de Justicia y Paz
A diferencia de Justicia y Paz, donde la participación de las víctimas fue determinante, en la Jurisdicción Especial de Paz no aparece ni clara ni explícitamente cómo podrán participar en los juicios. Foto: archivo Semana.Para muchos resulta inevitable comparar la JEP con el proceso de Justicia y Paz que sirvió para juzgar a los paramilitares una vez entregaron sus armas, así como a algunos guerrilleros, entre ellos varios de las Farc que desertaron de sus filas. Si bien uno y otro proceso de justicia transicional presentan notables diferencias, para Rubén Darío Pinilla Cogollo, actual magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, “los desafíos del nuevo Sistema superan con creces los que tuvo en su momento Justicia y Paz”.
Según Pinilla Cogollo, “en el nuevo sistema se amplía el ámbito de los responsables. En Justicia y Paz se juzgaron únicamente a los combatientes de las Auc; mientras que aquí no solo van a estar las Farc sino también miembros de las fuerzas militaras y terceros; se amplía el ámbito de responsabilidades porque no solo serán penales sino también disciplinarias; y, fuera de eso, se complejiza el proceso judicial por todos los casos que tendrá que conocer el nuevo Sistema”.
Este magistrado también comparte la preocupación de organizaciones sociales y activistas sobre la participación de las víctimas en este nuevo escenario judicial. Al respecto, señala que si un efecto positivo tuvo Justicia y Paz fue la participación de las víctimas, “aunque al principio su presencia en los estrados era masiva, pero esta se diluyendo con el paso de los años”, se lamenta.
En efecto, las diligencias de versiones libres y las diversas audiencias ante los magistrados de Justicia y Paz contaron con la presencia activa de personas afectadas por las acciones de los grupos paramilitares y no fueron pocas las ocasiones en que las preguntas formuladas a los postulados, en la gran mayoría de los casos orientadas a saber qué pasó con sus seres queridos o por qué se cometieron tales atrocidades contra ellos, ayudaron a fiscales e investigadores judiciales a esclarecer crímenes, confrontar versiones encontradas y excluir a quienes decidieron no aportarle a la verdad, entre otros.
Pese a las múltiples críticas que desde diversos sectores se han hecho a la Ley de Justicia y Paz, tachándola como un proceso que favoreció la versión de los victimarios y donde no se logró esclarecer quién o quienes realmente alentaron y fortalecieron el fenómeno paramilitar, Pinilla Cogollo considera que, por el contrario, “otro de los principales efectos que tuvo Justicia y Paz fue que ayudó a develar las relaciones entre la política y el paramilitarismo, entra las fuerzas armadas y otros sectores de la sociedad con el paramilitarismo”.
Por ello, desde su experiencia como magistrado de Justicia y Paz, siente que “uno de los principales retos de la Jurisdicción Especial de Paz es construir un sistema que sirva para transformar la sociedad y para ello, debe ayudar a reconstruir la verdad sobre el conflicto armado, que ayude a determinar responsables y que ayude a construir memoria histórica. Y todo ello tiene que servir para que la sociedad en su conjunto rechace el uso de la violencia como arma política”.
El reto: la implementación
El nuevo sistema judicial se activará con la presentación de informes provenientes de los organismos judiciales, los órganos de control. Los informes de las ONG servirán como insumo también.“El diseño de la JEP parece el más idóneo. Tal como figura en el papel se trata de un proceso expedito para proferir resoluciones con prontitud. Sin embargo, habrá que esperar la capacidad real de las instituciones del Estado”, expresa Camilo Bernal Sarmiento, integrante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A su juicio, la clave de la JEP estará en su implementación. Tal como sucedió con la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, que sufrió notables variaciones durante su trámite en el Congreso, Bernal no descarta que, en este caso, algunos aspectos del nuevo sistema de justicia transicional cambien durante su etapa de reglamentación.
Y es que, sin que entre en funcionamiento, hay puntos que desde ya se advierten traumáticos. Uno de ellos: las sanciones restaurativas. “Estas sanciones podrían generar tensiones en los territorios. Por ejemplo: si un juez ordena a los guerrilleros de las Farc que, como pena, deben construir una escuela en una vereda, pero los habitantes de esa vereda dicen que no mandarán a estudiar a sus hijos en un sitio construido por guerrilleros, ¿qué puede pasar ahí?”, se pregunta Bernal.
Otro de los aspectos que preocupa, principalmente a los activistas de derechos humanos, es la eliminación de la responsabilidad de los mandos militares que, dicho de otra forma, asegura que estos no sean juzgados por los hechos cometidos por sus subordinados. Asimismo, otra de las inquietudes que aún ronda entre juristas y magistrados es qué pasara con los postulados de las Farc que hoy se encuentran postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Sobre el particular aún no hay respuestas claras.
