El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, conocido en las filas guerrilleras como ‘Timoleón Jiménez’, firmaron el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. La refrendación, el próximo 2 de octubre, queda en manos de los colombianos.
En el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias ante la presencia de más de 1.050 periodistas y 2.500 invitados fue suscrito el Acuerdo Final. Foto: tomada del sitio web de la Presidencia de la República.“Bienvenida esta segunda oportunidad sobre la tierra”, fue la frase con la que el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido en las filas guerrilleras como ‘Timoleón Jiménez’, cerró en Cartagena el discurso con el que la guerrilla bajo su mando se compromete a dejar la lucha armada para entrar en la “arena política”. En esta nueva fase, sin dogmatismo y arrogancia, le pidió perdón a quienes les causaron dolor: “en nombre de las Farc-Ep, pido sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra”, expresó el jefe insurgente.
Ante una audiencia cercana a las 2.500 personas – incluidos ocho presidentes de la región y el rey emérito de España, Juan Carlos I -, el presidente Juan Manuel Santos dio la bienvenida a ese nuevo movimiento político que saldrá del seno de la organización subversiva una vez deje sus armas: “Señor Rodrigo Londoño y miembros de las Farc: hoy, cuando emprenden su camino de regreso a la sociedad; cuando comienzan su tránsito a convertirse en un movimiento político, sin armas; siguiendo las reglas de justicia, verdad y reparación contenidas en el Acuerdo –como Jefe de Estado, de la patria que todos amamos– les doy la bienvenida a la democracia”.
El máximo comandante de las Farc se comprometió a nunca más mezclar las armas con la política, sin que esto implique que la guerrilla vaya a olvidarse de sus principios ideológicos. “Aquí nadie ha renunciado a sus ideas ni arriado sus banderas”, dijo y agregó: “Hemos acordado que seguiremos confrontándolas abiertamente en la arena política, sin violencia, en un apoteósico esfuerzo por la reconciliación y el perdón”, afirmó el jefe guerrillero, mientras recordó que, durante la Décima Conferencia, realizada la semana pasada en los Llanos del Yarí, la base insurgente respaldó de manera unánime el acuerdo final alcanzado con el gobierno nacional en La Habana.
Las Farc: un ‘nunca más’ a la política con armas
Durante la parte más emotiva de su discurso, Santos se comprometió a velar por la seguridad de este nuevo movimiento político. “No estamos –seguramente nunca estaremos– de acuerdo sobre el modelo político o económico que debe seguir nuestro país, pero –tal como lo dije en La Habana– defenderé con toda la determinación su derecho a expresar sus ideas dentro del régimen democrático, porque esa es la esencia de la libertad dentro de un Estado de derecho”, afirmó Santos.
En ese sentido se pronunció el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien, en un emotivo discurso, como preámbulo a las intervenciones del jefe de las Farc y del presidente Santos, aseveró que los acuerdos alcanzados en La Habana y firmados en Cartagena “encierran la promesa no solo de detener el conflicto armado, sino de crear las condiciones para una paz duradera sobre la base del desarrollo equitativo, los derechos humanos y la inclusión. Estos acuerdos prevén una paz que valora y asegura la participación de las mujeres, y un futuro en el que hay espacio en la política para todos, pero no hay espacio en la política para la violencia”.
Una decisión que favorecerá la actividad política del movimiento político que creen las Farc una vez desmovilizadas y desarmadas la tomó la Unión Europea. A través de su jefediplomática, Federica Mogherini, anunció horas antes de la rúbrica del Acuerdo Final que se suspendió la inclusión del grupo guerrillero de la lista de organizaciones terroristas, en la que estaba desde el 2002.
“A partir de hoy suspendemos a las Farc de nuestra lista de terroristas. Esto nos permitirá dar nuestro apoyo al programa posconflicto que beneficiará a todos los colombianos”, declaró Mogherini.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirmó en la ciudad amurallada que su gobierno “revisará” si excluye a las Farc de la lista de organizaciones terroristas, en la que está desde 1997. Cualquier decisión que se tome, aseguró, está supeditada al cumplimiento de lo pactado con el gobierno nacional, que incluye el abandono de toda actividad ligada al tráfico de drogas en toda su cadena productiva.
Camino al plebiscito
Con un ‘balígrafo’, un casquillo de fusil convertido en bolígrafo, fue firmado el Acuerdo Final. Foto: tomada del sitio web de la Presidencia de la República.La firma del Presidente de la República y el máximo comandante de las Farc es solo el primer paso para que los acuerdos se materialicen. El próximo 2 de octubre los colombianos decidirán, por medio de un plebiscito, si aprueban o no lo que pactaron ambas partes negociadoras durante cuatro años de conversaciones en La Habana.
Con un ‘Sí’ o un ‘No’, cerca de 35 millones de colombianos podrán refrendar la pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”.
La decisión de los electores será definitiva, pues así lo contempla una de las 30 tesis discutidas por los delegados de las distintas estructuras de esta organización guerrillera en la Décima Conferencia: “No contemplamos en absoluto la renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. No hay otro posible; como no lo fue en el pasado”. Derrumbando la propuesta del Centro Democrático y otros promotores del ‘No’ que propenden por una renegociación de los acuerdos.
“Con el Acuerdo final no asistimos al fin del conflicto”, aseguran las Farc
En caso tal de que el ‘Sí’ salga victorioso, empezarán a tramitarse los primeros proyectos de ley en el Congreso que serán la guía legal para aplicar lo acordado en La Habana. A partir de esta nueva legislación, se crearán decenas de instituciones para implementar lo pactado en materia de reforma rural, participación política, erradicación de las drogas ilícitas y justicia transicional.
El ‘fast track’ del Congreso
Tras varios meses de intensas discusiones, el pasado 7 de julio fue aprobado el Auto Legislativo 01 con el Procedimiento Especial Legislativo de Paz. Este mecanismo expedito se utilizará para presentar todos los autos y los proyectos de ley que requiera la implementación del llamado Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; además, le otorga facultades al Presidente de la República para “expedir decretos con fuerza de ley” durante seis meses.
Se espera que los primeros proyectos de ley que se presenten ante el Congreso sean los que reglamentarán las amnistías, los indultos y los tratamientos penales especiales, además de la ley para crear la Jurisdicción Especial de Paz.
Ambos proyectos, dedicados a otorgar la liberación de guerrilleros condenados o investigados por delitos políticos y a la creación del modelo de justicia transicional, respectivamente, ya están redactados en el acuerdo final del proceso de paz.
Solo resta que empiece a operar el Procedimiento Especial Legislativo de Paz, conocido como ‘fast track’, para iniciar el debate en el Congreso. Tanto es así que el Ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó que en la misma semana que se realice el plebiscito, se presentarán “los proyectos de reforma legal y constitucional prioritarios para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz”, incluido el de las amnistías.
Una vez presentado, comienza a correr el tiempo para el debate en las comisiones constitucionales del Senado y la Cámara de Representantes que, a diferencia de los proyectos de ley ordinarios, se dará en conjunto, para que, posteriormente, pasen a discutirse en las plenarias de ambas cámaras del Congreso. Por su carácter prioritario, se calcula que como mínimo se requieren 10 días para ser aprobado, a partir de la presentación ante el Congreso.
A pesar de ser un mecanismo más rápido de lo usual, se presenta como un reto para los tiempos de los primeros acuerdos a implementar. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a la dejación de armas, el Gobierno y las Farc pactaron que a partir del ‘Día D’ se contaban los 180 días para que la guerrilla hiciera su paso de la vida armada a la civil, a través de la concentración en las zonas veredales.
Inicialmente se dijo que ese día comenzaba inmediatamente después de la firma del acuerdo final, es decir que sería a partir de este martes 27 de septiembre, pero en las últimas semanas se ha acrecentado la discusión y ahora ninguna de las dos partes concuerda cuándo llegaran las guerrillas a las zonas veredales.
La incógnita del ‘Día D’
En Cuba fueron acordados siete documentos con los protocolos para definir el cese al fuego bilateral y la dejación de armas de las Farc. Sin embargo, no se fijó una fecha concreta, sino que se estableció una cuenta en clave de Días D. Foto: archivo Semana.Para concentrarse en las zonas veredales, las Farc exigen que ya esté aprobada la Ley de Amnistía, pues temen que, sin esta claridad, al moverse a las zonas de concentración, les podrían acarrear problemas jurídicos a los guerrilleros. “Mientras no se levanten las órdenes de captura, ¿quién se va? Nosotros no vamos a ser tan irresponsables para ir a meter la gente por unos caminos para que un juez diga ‘no, es que todavía no hemos levantado orden de captura a tal o cual guerrillero’”, explicó Ricardo Téllez, conocido también como ‘Rodrigo Granda’, durante la Décima Conferencia.
A este planteamiento se sumó Luis Antonio Losada, identificado en las filas de las Farc como ‘Carlos Antonio Lozada’, uno de los negociadores de las Farc en La Habana: “hemos sido lo suficientemente claros respecto a ese tema en sentido que llegada de guerrilla a zonas veredales se dará una vez todo lo acordado esté en firme, incluida la Ley de Amnistía”.
Décima Conferencia de las Farc: la otra mesa de negociaciones
Sin embargo, Sergio Jaramillo, negociador del gobierno en La Habana, tiene otra posición. Afirmó que la concentración deberá comenzar cinco días después de la firma de los acuerdos, es decir antes del plebiscito y antes de la presentación del proyecto de ley. “Está escrito un cronograma que vamos a cumplir de 180 días para dejación de armas. Durante ese tiempo gobierno por su parte hará una cantidad de cosas, entre otras cosas pasar leyes por el Congreso como Ley de Amnistía”, sostuvo esta semana.
Un pacto por las garantías políticas
Una de las tantas reformas que incluye el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc es el Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición. Ambas partes negociadoras conciliaron en que se deberá crear una comisión conformada por todos los partidos políticos, los movimientos congregados en el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, y dos expertos delegados por las Farc. Su misión será entregar un informe con las recomendaciones al Gobierno para que este luego presente el proyecto de ley ante el Congreso y así crear el estatuto que proteja la apertura a la democracia de diferentes facciones políticas, incluidas el partido que surja tras la dejación de armas de la guerrilla.
Sin embargo, Sergio de Zubiría, académico y miembro del Partido Comunista, aseguró a VerdadAbierta.com que desde hace mes y medio se han reunido todas las colectividades con personería jurídica, el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica a discutir el Estatuto. El único faltante ha sido el Centro Democrático.
“Ya tenemos un proyecto de 17 puntos. Ya son artículos consensuados con todos los artículos que de alguna manera abren la posibilidad de que inmediatamente gane el ‘Sí’ uno de los proyectos que quede acordado sea el estatuto”, explicó De Zubiría.
A pesar de que el mandato de La Habana habla de crear espacios para la oposición, en estas reuniones han incluido a varias facciones políticas. “Por ejemplo el Movimiento Mira o el Partido Verde no se autodefinen como oposición, pero tampoco hacen parte del gobierno. Será un estatuto con garantías para la izquierda y la derecha”, adelantó este académico. Y aunque no entregó más detalles, sí explicó que tendrá un enfoque regional.
Según el acuerdo, el gobierno nacional tiene hasta tres meses después de que la comisión le presente el informe para llevarlo ante el Congreso. Hasta ahora el proceso se ha adelantado para que se realice lo antes posible.
El ambiente vivido en Cartagena le imprime esperanza a una decisión que se discutió en La Habana por cerca de cuatro años y que se convierte en la posibilidad de que Colombia comience a transitar por caminos donde la política se haga sin armas y el desarrollo integral por fin llegue a las regiones más olvidadas del país. La guerra ya no es excusa.
