Un reciente informe de la Fiscalía asegura que esa práctica fue una política del grupo guerrillero. Las conclusiones no fueron bien recibidas por los voceros de ese grupo alzado en armas. Así inicia uno de los temas más espinosos que tendrá que abordar la Jurisdicción Especial para la Paz.
En la Octava Conferencia de las Farc en 1993 se estableció que la violencia sexual era considerada un delito al interior de la organización y sería sancionada en un consejo de guerra. Foto: archivo Semana.“En las Farc había una política orientada a la violencia sexual, sobre todo la violencia sexual contra la mujer, pero también hay casos documentados contra hombres en las filas de la guerrilla”, dijo Jorge Perdomo días antes de dejar su cargo como Fiscal General encargado en su correría por varios medios de comunicación con la que funcionario buscaba mostrar el trabajo del Ente investigador en los últimos cuatro años.
La conclusión la extrajo de un informe de La Dirección de Análisis y Contexto (Dinac) de la Fiscalía, la dependencia que está documentando los crímenes de la guerrilla de las Farc para presentarlos ante un futuro Tribunal de Paz. El año pasado, esa unidad se enfocó en un informe que documentó más de 11 mil casos de reclutamiento forzado de menores. De acuerdo con el documento, el delito conexo más común al reclutamiento fue la violencia sexual.
Perdomo hizo público parte del informe que documentó 232 casos de menores reclutados que sufrieron violencia sexual, el 92% de las víctimas fueron mujeres. De acuerdo con el documento, es un delito que cometieron todos los bloques de las Farc, aunque la mayoría de las denuncias se concentran en el Bloque Oriental, con 62 casos.
Los jefes de las Farc que están en la Habana adelantando desde hace poco menos de cuatro años negociaciones con el gobierno nacional, rechazaron el informe y el trabajo que ha hecho la Fiscalía. “El ataque que pretende hacer el fiscal no es solamente contra los mandos de las FARC EP, sino sobre todo contra todas las mujeres guerrilleras pues desconoce nuestra dignidad para la defensa de nuestros derechos, nuestra autonomía, y nuestro derecho a decidir y hacer parte de un proyecto político, consiente y libre” dice un comunicado publicado en el sitio web Mujer Fariana
Iván Márquez por su parte lo calificó como “un delirio algorítmico” de Perdomo.
La existencia “de una política de violación sexual emanada de la dirigencia guerrillera” es un delirio algorítmico del sr. Perdomo
— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 18 de julio de 2016
Perdomo debe anunciar con igual alharaca las imputaciones de todos los involucrados en el conflicto. Si no lo hace, es un fiscal inicuo
— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 19 de julio de 2016
Aunque la discusión judicial se dará cuando se conforme la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía haga entrega de los respectivos informes a un juez, es un debate que desde ya está tomando fuerza, sobre todo ahora con la nueva vicefiscal general de la Nación, María Paulina Rivera, quien fue miembro representante del gobierno en La Habana e hizo parte de la subcomisión de género, espacio en el que se acordó, entre otras cosas, acordó la creación de grupos especializados de investigadores en los tribunales para conocer los delitos de violencia basada en género.
En La Habana, enfoque de género se plasma en acuerdos
Para dar una mirada más amplia a esta discusión, VerdadAbierta.com recoge los apartes más importantes delinforme de la Fiscalía, lo que han dicho las mujeres en las Farc y la opinión de algunas expertas en temas de género que estuvieron en la Habana.
¿Qué dice la Fiscalía?
Perdomo aseguró que hay pruebas suficientes que demuestran que existió dicha política de violencia sexual intrafilas. Su afirmación se sustenta en cientos de testimonios de exguerrilleras recogidos por el Ente investigador y en documentos encontrados en los computadores incautados a jefes de las Farc en operaciones militares.
El informe hace énfasis también en apartados de los estatutos de la guerrilla que afectan directamente a las mujeres combatientes. Por ejemplo, que en la Séptima Conferencia de las Farc, que tuvo lugar en el Meta en mayo de 1982, se determinó que quien discriminara a una mujer sería sancionado, pero al mismo tiempo anuncia que la mujer guerrillera “es libre” y por esa razón “no es esposa ni puede elegir otras formas de matrimonio hasta cuando los Estados Mayores resuelvan, de acuerdo con la conducta, seriedad y responsabilidad de la guerrillera, si ha llegado el momento de su paso a la condición de esposa”.
También cuando un año después, en la Octava Conferencia, realizada en Guaviare entre el 11 y el 18 de abril de 1993, se estableció que la violencia sexual era considerada un delito al interior de la organización y sería sancionada en un consejo de guerra. Pero en el mismo documento se plantea la conformación de clínicas clandestinas ‘farianas’ (donde, entre otras cosas, se practicarán legrados) y se ordena laplanificación familiar. Aunque no dice que sea una obligación única de las combatientes, el documento recomienda el uso de Norplant, implantes que funcionan como método anticonceptivo de larga duración solo para las mujeres.
De acuerdo a lo documentado por la Fiscalía, en las filas de la guerrilla se usaron también otros métodos como las inyecciones y el dispositivo intrauterino, más conocido como ‘la T’, sin considerar en ocasiones la edad de las combatientes. “Es que cuando entraba a la guerrilla lo primero que le decían eran que no podía quedar embarazada, inmediatamente una entra, la ponían a planificar, yo por ejemplo que era una niña me pusieron la T y eso casi que me mata porque me dio una anemia terrible”, contó una excombatiente que fue reclutada a los 10 años de edad.
Además de la planificación forzada, en la guerrilla también se limitó la libertad sexual y reproductiva de las mujeres por medio de abortos forzados. Aunque no hacía parte de los documentos rectores de las Farc, si fue una orden que se impartió a todos los frentes. Así consta en un comunicado enviado por el Estado Mayor del Bloque Oriental a sus frentes que se encontró en el computador del ‘Mono Jojoy’, incautado durante la Operación Sodoma en 2012, que dice: “La planificación es obligatoria y en los casos de embarazo realizar el legrado. Mantener el secreto de las áreas de los hospitales”.
Quienes no accedían a realizarse el legrado podían enfrentar un consejo de guerra y ser sancionadas. Así quedó evidenciado en un comunicado del Frente 56 del Bloque Oriental: “Lorena incurrió en el enciso (g) de los delitos se le hizo consejo de guerra por no cumplir con el legrado, sanción: 400 viajes de leña, transcribir el Reglamento de Régimen Disciplinario, 5 páginas explicando el papel que desempeña la mujer en la guerrilla, 1º charlas de Reglamento, 10 huecos para basura de 1×1, 10 páginas de autocrítica explicando el delito cometido”.
La Fiscalía reunió varios correos electrónicos en los que se notifica el estado de las combatientes y el uso de métodos anticonceptivos. Era tal el nivel de detalle en la información registrada en los computadores hallados, que en las hojas de vida de las guerrilleras constaba si se había realizado o no algún legrado, como muestra la imagen a continuación.
Con respecto a otros delitos como acceso carnal violento, la Fiscalía asegura que algunos comandantes aprovecharon su condición para abusar de las mujeres. Tal afirmación, la ejemplifican con el testimonio de una excombatiente: “yo me encontraba durmiendo sola en mi cambuche cuando llego el comandante Alias Anderson, me despertó y le dijo que tenía que estar con él, yo le dije que no quería, pero él me cogió a las malas y me dijo que no gritara, que él era el comándate y que debía obedecer, me tapo la boca para que no gritara y que la tropa se diera cuenta, porque es que allá uno no puede decir nada y menos al comandante porque si no lo matan, a uno le toca aguantarse todo eso”.
Esta presión o acoso, ejercido desde lo alto de una estructura jerárquica como la Farc, ha sido objeto de análisis de varias investigaciones académicas. “Al analizar las relaciones erótico-afectivas de las mujeres al interior de la guerrilla se puede ver que algunas se dan en un ambiente de coerción en el cual desaparece la capacidad de dar consentimiento y que, por lo tanto, son abusos sexuales. Pero es importante no quitarles la capacidad de agencia a miles de mujeres asumiendo que todas las relaciones que se dan en la guerrilla parten de la coerción”, indica Crímenes que no prescriben: La violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, un informe que no solo se limitó solo a describir la violencia que los paramilitares ejercieron sobre las mujeres araucanas, sino también la de las guerrillas y la fuerza pública.
El continuo de la violencia sexual contra las mujeres en Arauca
Sin embargo, esa capacidad de agencia no es un factor a tener en cuenta cuando se trata de menores de edad, contra quienes también se ejerció dicha presión. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, de los 11 mil casos de reclutamiento documentados, fueron más las menores entre 11 a 14 años que entraron a las filas de las Farc, que las que estaban en un rango de edad de 15 a 17 años. Esto a pesar de que Séptima Conferencia de las Farc se planteó que solo se permitiría la entrada de menores de 15 años. La estadística cambia para los hombres, que entran en su mayoría entre los 15 y 17 años.
De esta forma, de los 395 casos de niñas que fueron reclutadas entre los 11 y los 14 años, 130 denunciaron que habían sido víctimas de violencia sexual. La Fiscalía encontró también 18 hombres que dicen haber sido abusados en las filas de la guerrilla mientras fueron menores de edad.
Con los testimonios y documentos recolectados, el reto de la Fiscalía será entonces demostrar en sus informes que, a pesar de que estaba prohibido en los estatutos de las Farc, la violencia sexual y otro tipo de delitos de género fueron una política del grupo subversivo.
¿Qué dicen las dirigentes de las Farc?
En un video publicado por las Farc en respuesta a lo expuesto por Perdomo, las guerrilleras aseguraron que “la Fiscalía General de la Nación sigue siendo usada como arma de guerra” y que ese informe, además de desconocer la autonomía de las mujeres en las filas, “no contiene principio de realidad alguna”.
“Tratar la violencia sexual como un mecanismo de propaganda contra la paz no le sirve al proceso y sobre todo sigue siendo un mecanismo para prolongar la subvaloración de la violencia sexual en el conflicto armado y fuera de él”, dice otro de los comunicados.
Las guerrilleras han insistido en que la violencia sexual está explícitamente prohibida en los estatutos de las Farc y quienes han abusado de una mujer han sido convocados a consejos de guerra. Le piden a la Fiscalía una investigación integral en el asunto, que no solo se centre en las guerrillas, porque aseguran que los mayores perpetradores contra las mujeres han sido los grupos paramilitares y las fuerzas militares.
“Hemos recibido un nuevo ataque a nuestra organización por medios de estudios amañados que nos quieren mostrar como mujeres violentadas, asustadas y que históricamente hemos sido víctimas”, declaró alias ‘Manuela Marín’, una de las guerrilleras que hace parte de la subcomisión de género, durante el evento “Hablemos de los acuerdos de paz entre mujeres: un dialogo con las insurgentas necesario para la paz”, realizado el pasado 19 de julio en Bogotá.
La subversiva agregó que el informe incluye solo testimonios de mujeres que se desmovilizaron y que “ahora odian a la organización”. “¿Ustedes cómo se imaginan que a van a violar a una mujer que está armada?”, se preguntó ante un auditorio en comunicación vía Skype desde La Habana.
Al respecto, también había escrito Tanja Nijmeije, conocida también como ‘Alexandra Nariño’: “Hay un claro sesgo de parte de los medios, la Fiscalía y el Establecimiento en general, encaminada a culpabilizar a la insurgencia. Prueba de ello es la matriz de que las FARC usan la violencia sexual como arma de guerra, la cual se empezó a generar DESPUÉS del inicio de estos diálogos de paz (…) la respuesta de las FARC frente a la campaña mediática y frente a los trabajos de la Fiscalía no puede ser desconociendo a las víctimas, algo con que las FARC-EP en su conjunto estamos de acuerdo. Las víctimas de violencia sexual necesitan su reconocimiento como tal, independientemente de la manipulación que pueda existir frente a la autoría de los hechos”.
En resumen, las guerrilleras no solo dicen que la información es falsa, sino que este tipo de informes donde se hace énfasis en la victimización de las mujeres, invisibiliza la dimensión política dentro de la organización.
Acerca de los abortos y la planificación forzada, las Farc también se han pronunciado. En enero de este año cuando capturaron a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, más conocido como ‘el Enfermero’, a quien la Fiscalía lo acusa de haber practicado más de 500 abortos forzados a los Frentes 7 y 49 entre 1998 y 2000, el Secretariado emitió un comunicado desmintiendo la información y asegurando que ni siquiera conocen a Arboleda.
Explicaron, también, que la planificación es obligatoria para hombres y mujeres porque es imposible criar niños en medio de la selva. Sostuvieron, además, que el aborto no es considerado un método de contracepción y se usa solo en último recurso cuando ocurre un embarazo no deseado.
“Hemos ido precisando nuestra línea frente a las condiciones y tiempos para practicar la interrupción de embarazo. Este derecho de las combatientes es ahora cobijado por reglas que prohíben cualquier intervención sin el consentimiento de la guerrillera y determinan un tiempo máximo de 3 meses para su realización”, se lee en el documento, en el que se dice que todas estas normas son conocidas por las combatientes antes de entrar a sus filas.
¿Qué dicen los expertos?
María Paulina Riveros, en representación del gobierno, y Victoria Sandino, su contraparte en las Farc, hicieron parte de la subcomisión de género. Foto: archivo Semana.No será la primera vez que la justicia transicional se enfrenta a casos de violencia sexual en medio del conflicto. Ya con la ley de Justicia y Paz se dio un primer paso. Aunque las primeras sentencias contra paramilitares daban cuenta de agresiones sexuales y torturas cometidas en medio de la guerra, de la misma forma que se documenta un homicidio o un desplazamiento, en 2014, en la macrosentencia contra Salvatore Mancuso se abordó el tema de manera distinta y se concluyó que se trata “una fuente importante de empoderamiento de la organización armada”.
De acuerdo con esa sentencia, en la Costa Caribe se usó la violencia de género como una estrategia para humillar al “enemigo”, con el objetivo de “provocar un dolor intenso en el contrario, exterminando un elemento que cohesionaba y empoderaba el tejido social desde sus bases”. En lo que respecta a víctimas civiles, el fallo reconoce además que la violencia sexual también fue una forma de recompensa o halago a los líderes paramilitares, por lo que muchas veces se cometió en espacios abiertos y públicos.
Las verdades de la nueva condena contra Mancuso
De violencia intrafilas existe también un precedente. En diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín reconoció la conexión que existió entre el delito de reclutamiento forzado y la violencia basada en género en el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), una disidencia de la guerrilla del Eln que operó entre Antioquia y Chocó. En esa decisión se afirmó que las menores fueron también obligadas a abortar ante de cumplir la mayoría de edad.
Acerca de la planificación reproductiva forzada, se refirió la Corte Constitucional en el auto 092 de 2008, calificándola como una forma de violencia sexual contra las mujeres, niñas yjóvenes reclutadas que se presenta en muchas ocasiones de forma reiterada y sistemática.
La violencia sexual que padecieron las guerrilleras del ERG
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, coinciden en que la violencia sexual no debe ser instrumentalizada con intereses políticos, ni debe convertirse en una pelea entre los bandos que hoy negocian la paz.
“Hemos dicho públicamente, y lo dijimos en La Habana, que la violencia sexual en el marco del conflicto armado, la cometieron todos los actores- legales e ilegales-. No puede ser que la Fiscalía se concentré en la violencia sexual de la guerrilla, pero deje de lado las investigaciones frente a miembros de la fuerza pública, que son las más atrasadas”, aseguró Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer, organización que junto a Humanas y la Red Nacional de Mujeres, presentaron en La Habana el documento “Cinco claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos sobre la justicia transicional en el proceso de paz”.
Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, reconoció los avances de la Fiscalía en la investigación de delitos de violencia basada en género, pero aseguró que la situación es mucho más compleja que un escenario donde se enfrentan víctimas con victimarios: “Atribuir que las mujeres en la guerrilla son solamente víctimas nos complejiza a quienes somos feministas, porque también son agentes de una decisión en términos políticos. Haríamos mal como organizaciones en presionar a las mujeres para que sientan víctimas o denuncien a sus compañeros”.
Agregó, sin embargo, que la decisión misma de entrar a formar parte de un grupo armado no implica una cesión de los derechos sobre el cuerpo. “Cuando se accede a ser parte de una organización, no se endosa el cuerpode las combatientes”, dijo.
Por su parte María Eugenia Vásquez, quien hizo parte del M-19 y es miembro de la Red de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia, consideró que el tema está planteado en la mesa desde un enfoque equivocado. A su juicio, el trabajo debe hacerse con las combatientes que aún hoy están en las Farc, pero no es de un día para otro.
“Las violencias de un Ejército son la extensión del orden patriarcal que existe en todo el país. Es por lo tanto muy difícil de identificar no solo las desiguales, sino algunas violencias contra las mujeres como el acoso. Tiene que haber una tarea de formación y sensibilización para poder identificar esas violencias”, concluyó la experta.
