A raíz del acuerdo sobre justicia logrado el pasado miércoles en Cuba, surgen preguntas sobre cómo será la dejación de armas de la guerrilla.
A raíz del acuerdo sobre justicia logrado la semana pasada en La Habana, surgen preguntas sobre cómo será la dejación de armas de la guerrilla. La Fundación Ideas para la Paz da algunas pistas.
La FIP ha identificado que las regiones fronterizas pueden ser las zona de mayor riesgo para las futras dejaciones de armas. Foto: Archivo Semana
“Las Farc comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días de la firma del acuerdo final”.Con estas palabras, el presidente, Juan Manuel Santos, ratificó el pasado miércoles desde Cuba, que los Diálogos de Paz están llegando a su desenlace, pues instantes antes había anunciado que el acuerdo final se firmará, a más tardar, el 23 de marzo del año entrante.
Lo anterior implica un complejo proceso de generación de confianza y de logística, puesto que este grupo guerrillero ha hecho presencia a lo largo y ancho de la geografía nacional.
En medio de las incertidumbres que genera esta posible desmovilización masiva, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Instituto Igarape de Brasil publicaron el informe Desarme de las Farc: claves y propuestas para un proceso viable, exitoso y transparente, que da luces al respecto. Para su realización, tres investigadores analizaron 20 procesos de desarme alrededor del mundo y cinco que ocurrieron en Colombia entre 1953 y 2006.
El informe recomienda que el proceso de desarme debe ser transparente y con amplia difusión en la sociedad, tener un cronograma flexible de fechas de entregas, adoptar un esquema de desarme gradual que genere confianza entre las partes y establecer todas las condiciones necesarias para que se haga un proceso efectivo de recolección, registro, almacenaje y disposición final de final de las armas.
Sobre qué hacer con las armas, la FIP recomienda “inhabilitar el armamento por completo a través de su destrucción total y en el menor tiempo posible”, puesto que “la destrucción evita el desvío y la reutilización de las armas y municiones por parte de disidentes del proceso u otros grupos armados ilegales”. Y como ejemplo cita que Sierra Leona, Timor Oriental, Camboya, Guatemala, El Salvador y Croacia, en donde no hubo destrucción total de las armas recogidas y posteriormente se rearmaron grupos ilegales.
Para que el proceso llegue a buen puerto, Eduardo Álvarez, coordinador del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP, considera que se deben crear protocolos secuenciales que no se alarguen durante mucho tiempo, especialmente por el peligro que representan las armas en circulación y la posibilidad de que terminen en manos de otros grupos armados. Por esta razón, considera que se debe partir de tres condiciones básicas: crear zonas de ubicación temporal, definir condiciones de seguridad y establecer una hoja de ruta para el desarme.
“Primero, se deben seleccionar lugares de acuerdo a las zonas donde han hecho presencia las Farc. Por estándares internacionales y experiencias de otros países, en cada uno no podrá haber más de 1500 hombres; después, se deben definir condiciones de seguridad porque en algunos lugares probablemente persistirán otros actores armados y criminales (Eln y bandas criminales); y por último, definir cómo será el desarme y hacer pedagogía para que la gente, sobre todo en las regiones donde se va a dar, esté bien informada”, le dijo Álvarez a VerdadAbierta.com.
La FIP ha identificado que las regiones fronterizas pueden ser las zona de mayor riesgo para las futuras dejaciones de armas y que éstas pasen a manos de otros grupos armados. Entre ellas están el Catatumbo en Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Caquetá y Nariño, y también otras regiones donde se mueven varios grupos y economías ilegales como Córdoba, Magdalena y Cauca.
Además, Álvarez alerta sobre la necesidad de atender de manera adecuada a los desmovilizados. “La discusión ha estado centrada al largo plazo y muy poco en qué hacer inmediatamente dejen las armas. Debe serobjeto de preocupación la capacidad de las instituciones en los territorios, puesto que no sólo está el riesgo de los otros grupos armados, sino el trabajo previo que se haga con la población. Uno de los riesgos para los desmovilizados va a ser el rechazo de la comunidad y eso puede incidir en su seguridad”, advierte.
“El Estado nos mintió”: desmovilizados de Tierralta
Por esta razón, es vital que se cree un trabajo de comunicación y de pedagogía muy fuerte del gobierno nacional con la población y con los gobiernos locales, para evitar las amargas experiencias que dejaron el proceso de desmovilización de los paramilitares, en los que los alcaldes tuvieron que lidiar con los desmovilizados por su cuenta.
Aportes del pasado
De los 20 casos de dejación de armas internacionales que analizó el informe, el 45% se desarrollaron en África, donde se recogió el mayor número de armas (cerca de 294.000) entre 1989 y 2008. Y destaca la participación que tuvieron agentes externos a las partes en conflicto en labores de monitoreo y verificación del desarme como la ONU, la Unión Europea, la OEA, la OTAN y países amigos.
La FIP encontró que las principales dificultades en estos procesos fueron el alto nivel de desconfianza entre las partes; la entrega parcial de las armas; el almacenamiento clandestino de armas funcionales; y que los arsenales recogidos no se destruyeron inmediatamente ni en su totalidad.
Para evitar que estas situaciones se presenten en la eventual desmovilización de las Farc, es clave el papel de los organismos verificadores. “Sabemos que está Naciones Unidas y Unasur, pero es clave convocar a otro tipos de instancias, tanques de pensamiento y ONG locales e internacionales, que verifiquen y validen para que se pueda generar confianza en la comunidad nacional e internacional”, dice el investigador.
En el terreno local, el informe analiza cinco experiencias de dejación de armas que van desde la guerrilla de Guadalupe Salcedo que recibió amnistía e indulto del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953, hasta la desmovilización de las Autodefensas Unidades de Colombia entre 2003 y 2006.
De los procesos de la década del 90, cuando dejaron las armas el Movimiento-19 de abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS), destaca que el desarme se caracterizó por hacerse con estructuras poco numerosas que tenían un componente armado que no era de gran envergadura y su operación se limitaba a determinadas regiones, lo que generó un alto grado de cohesión de mando y control. Además, resalta que “contó con dispositivos rigurosos de verificación y monitoreo por parte de actores neutrales como la Internacional Socialista, la Conferencia Episcopal, partidos socialistas y el Consejo Mundial de los Pueblos Indios, que garantizaron el cumplimiento tanto de la entrega como de la inutilización de los arsenales”.
De cómo se maneje la posible desmovilización de las Farc depende que la violencia no se vuelva a reciclar. La más reciente experiencia en Colombia, muestra sus efectos negativos, pues tras el desarme de las Auc, surgieron bandas criminales conformadas por exparamilitares y miembros que no dejaron las armas. Foto: archivo Semana.
De este modo, las desmovilizaciones de esos cinco grupos guerrilleros, pueden ser “un buen referente en cuanto a la secuencialidad del proceso, la confianza y la voluntad política para tomar la decisión de dejar las armas a un tercero y de destruir los arsenales, así como a los mecanismos de verificación que incluyeron varios actores internacionales”.
Por otro lado, la FIP considera que el proceso de desmovilización de las Auc dejó experiencias positivas y negativas. En el primer apartado, destaca que “a pesar de que las AUC estaban dispersas en el territorio (como pasa con las FARC) y sus estructuras de mando y control eran menos fuertes por su naturaleza federada (en el caso de las FARC esto constituye una ventaja porque están más cohesionadas), la definición de protocolos y una debida acción interinstitucional permitióconcentrarlas, desarmarlas y desarticularlas”.
En cuanto a lo negativo, la repetición de procesos que hizo que el desarme durara más de dos años y que las armas no se pudieron destruir inmediatamente; la falta de criterios de selección claros, con lo que se permitió la desmovilización de falsos paramilitares mientras otro no se desmovilizaron y se quedaron con armas; y la falta de una hoja de ruta para las labores de verificación.
Sobre este proceso, el informe alerta que “el principal efecto de estas falencias fue el surgimiento de organizaciones criminales conformadas, en parte, por paramilitares que nunca se desmovilizaron ni se desarmaron, un riesgo latente también con las FARC. Para evitarlo es necesario que desde el principio haya una debida planificación, voluntad de las partes y un alto grado de confianza, que sea un proceso expedito que logre recuperar la mayor cantidad de armas en el menor tiempo y que todas sean destruidas. Además debe contar con la participación activa de un tercero con funciones claras que se encargue de verificar el efectivo cumplimiento de todos los compromisos adquiridos dentro del proceso”.
Una de las conclusiones sobre esta materia es que “un proceso de desarme implementado de manera óptima, debe proveer un armamento almacenado y registrado de forma que permita la obtención de información como número de serie, tipo de armas o modelo, con la que se pueda llevar a cabo procesos de rastreo de armas que a su vez sirva para identificar patrones de origen y rutas del tráfico ilegal de armas. Del rigor en el seguimiento de estos procesos radica el éxito de un desarme que prevenga la entrega incompleta de arsenales, el desvío y robo de armas, así como la recolección de información útil para posteriores rastreos”.
