La principal lección que dejan los procesos de paz de Centroamérica es que el respaldo de la sociedad es crucial para que los acuerdos se implementen con éxito. Por Juan Diego Restrepo E., Ciudad de México.
Durante varias décadas El Salvador y Guatemala vivieron guerras civiles que devastaron sus economías, rompieron el tejido social, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y la democracia casi nula. A mediados de los años 90 en ambos países se firmaron acuerdos de paz, con relativo éxito en El Salvador, y con muy poco impacto en Guatemala.
¿Cuáles son las deudas que tienen ambos países con lo pactado? Para responder a esta pregunta, VerdadAbierta.com aprovechó su presencia en el décimo tercer encuentro del Observatorio del Crimen Organizado convocado por la organización alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) realizado recientemente en Ciudad de México, para hablar con dos expertos: Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, y Marco Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
En El Salvador cambiaron las instituciones
Jaime Martínez, Director General de la Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador asegura que los acuerdos de paz han avanzado, pero quedan varias deudas. Foto tomada de presidencia.gov.sl
El 16 de enero de 1992 se firmó en México el llamado Acuerdo de Paz de Chapultepec entre el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani y los representantes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), que puso fin a doce años de guerra en ese país centroamericano con un saldo trágico de por lo menos 75 mil víctimas, entre muertas y desaparecidas.
Los acuerdos reflejaban un ambicioso proceso de reconstrucción del Estado y de reconocimiento de nuevas fuerzas políticas, distintas a las que por décadas habían gobernado ese país y contra las cuales se levantaron en armas los insurgentes arropados en las banderas del Fmln.
Esas reformas incluyeron también una profunda reforma de las Fuerzas Armadas, que en las décadas del ochenta y noventa tenía la responsabilidad de la seguridad pública; se crearon nuevas instituciones, entre ellas la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional para la Seguridad Pública, la Procuraduría General para los Derechos Humanos; se reorganizó la Corte Suprema de Justicia, que dependía mucho del presidente de la República, y para regularla se creó el Consejo de la Magistratura.
Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, asegura que los pactos consagrados en Chapultepec se han cumplido en un 80 por ciento, no sin dificultades y varias deudas.
¿Qué balance se puede hacer de la implementación del acuerdo de Chapultepec?
Por lo menos en un 80% se ha cumplido. El Salvador es otro después de los acuerdos de paz que fueron la base para reestructurar el Estado. Lo más importante para mí fueron las nuevas instituciones que surgieron de los acuerdos y las que se reformaron profundamente, entre ellas todo el poder judicial. Antes la Corte Suprema y la Fiscalía no eran nada, ahora tienen un peso importante en nuestro país. Las Fuerzas Armadas fueron transformadas profundamente. Antes, los militares eran los que mandaban en El Salvador; ahora siguen teniendo mucha influencia, pero ya saben que hay fuerzas políticas que deben ser respetadas. Se han profesionalizado y respetan más el poder civil y las autoridades que el pueblo elige.
¿Hubo justicia transicional en El Salvador? ¿Se juzgó a los miembros del Fmln y del Ejército?
La impunidad de los crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos es un tema pendiente. Lamentablemente nadie ha pagado por eso. Los acuerdos se firmaron el 16 de enero de 1992, pero dos meses después el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, mandó a la asamblea legislativa una ley de amnistía general que fue aprobada de manera rápida, absoluta e incondicional. Por tal razón, nadie ha sido procesado, ni de las guerrillas ni del Ejército. Con esa amnistía todos quedaron habilitados para hacer política.
Según el informe de la Verdad que apareció en 1993 realizado por Naciones Unidas, el 90 por ciento de los crímenes que se cometieron, le correspondían a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad publica militarizados y a los llamados escuadrones de la muerte. Y un 10 por ciento a la guerrilla.
¿Cómo ha sido la participación en política de los exguerrilleros?
El Fmln fue una alternativa política. Desde su primera participación electoral en 1994 en las legislativas se posicionó como la segunda fuerza política y fue creciendo hasta que ganó las elecciones en 2009, con Mauricio Funes. Para esa época, el Fmln no tenía fuerza para ganar sin alianzas y fue la primera vez que las Fuerzas Armadas tuvieron que someterse a un partido de izquierda.
En 2014 el Fmln ganó nuevamente las elecciones presidenciales, esta vez con Salvador Sánchez Cerén, uno de los máximos comandantes del Frente, y ganó contra todo pronóstico y con una diferencia muy estrecha en relación con los resultados del 2009. Eso parecía un sueño imposible.
Un acto histórico fue la entrega de mando del Ejército de manos del general David Munguia Payés a un exguerrillero como Sánchez Cerén, con el que se enfrentó en la guerra.
¿Hubo una nueva constitución a partir del acuerdo?
Tras los acuerdos de paz, el Fmln no pidió la derogatoria de la Constitución de 1983 que es la que estaba y sigue estando vigente. Sin embargo, se le hizo una reforma muy profunda.
Salvaldor Sánchez Cerén se convirtió en 2014 en el primer presidente “pura sangre” surgido del Fmnl. Durante la guerra fue uno de los comandantes guerrilleros. Foto tomada de frontpagemag.com
¿Cuál ha sido el papel de los grupos económicos en estos años?
El tema social y económico no fue discutido en los acuerdos de paz, lo único que se dijo en uno de los capítulos es que se iba a crear el Consejo Económico y Social, un escenario de discusión dirigido por el Presidente de la República, pero que integraría a empresarios, trabajadores, sindicalistas y a gente de la sociedad civil, para que rediseñara una nueva economía. Eso no ocurrió. Ese fue un gol que metió el neoliberalismo. A ellos les convenía que no hubiese guerra, pero la economía quedó en manos de la derecha que siguió a su conveniencia los dogmas neoliberales.
Desde el 2009 se vienen haciendo algunas reformas, pero ya no habrá una transformación revolucionaria del modelo económico en El Salvador.
¿Cuál es el 20% de los acuerdos que no se ha cumplido?
Para mí las víctimas de los crímenes de guerra y de las violaciones a los derechos humanos sigue siendo el capítulo pendiente de los acuerdos de paz y de toda la transición en El Salvador. Después de los acuerdos y mientras estuvo gobernando Arena (Alianza República Nacionalista, partido de derecha que gobernó entre 1989 y 2009) no hubo ni siquiera un reconocimiento simbólico a las víctimas. Se llevaron algunos procesos a la Corte Interamericana de derechos humanos y a partir de 2005 comenzaron a salir las primeras condenas contra El Salvador. Y por una sentencia de la Corte se ha estado reparando a las víctimas económica y simbólicamente.
Paradójicamente, Funes fue el primer presidente en pedirles perdón a las víctimas por los crímenes del pasado cometidos por las fuerzas del Estado.
¿Cómo fue la experiencia de reinserción en su país?
A muchos desmovilizados de la base, de uno y otro bando, guerrilla y Ejército, les dieron tierra, financiamiento, capacitación, asistencia técnica, becas, pero eran tantas las necesidades que todo eso no les alcanzó. Otros no estaban acostumbrados a producir, o las tierras no resultaron aptas y había que invertir mucho para que fueran productivas, o tenían las familias en la ciudad y vendieron lo que les dieron y terminaron pauperizados. También se intentó hacer cooperativas; algunas funcionaron bien y otras terminaron mal.
A los mandos altos, a los comandantes, a los cuadros dirigentes, les dieron becas para estudiar bachillerato y en la universidad. Algunos terminaron graduándose en tres años.
¿Los excombatientes se involucraron en el crimen organizado?
Al extinguirse los cuerpos de seguridad, que se caracterizaba por la aplicación de una autoridad represiva, autoritaria, se comienza entonces a expresar laviolencia delincuencial. Aparecen unas bandas conformadas por desmovilizados de la guerrilla, otras por antiguos miembros del Ejército, a veces hasta combinadas, con propósitos netamente criminales: asaltar bancos, robar carros.
El narcotráfico es un tema pendiente de investigar. Algunos desmovilizados, sobre todo de las fuerzas militares, sí han evolucionado hacia los grupos que participan en los dos carteles salvadoreños que están ligados a las redes mexicanas en logística y transporte de la droga que sube de Colombia y pasa por acá.
¿Qué tanta participación hay de desmovilizados en las maras?
Las maras, especialmente la MS y La 18 se nutrieron de una serie de deportaciones masivas hechas por Estados Unidos de jóvenes salvadoreños que vivían sobre todo en Los Ángeles y Washington. Las ‘maras’ surgen como una ideología, como una identidad, como un concepto que va más allá de un pequeño grupo, con unas raíces étnicas y culturales propias.
Los desmovilizados no generaron las ‘maras’ ni se integraron de inmediato, pero con el tiempo algunos, tanto de las guerrillas como del Ejército, recalaron ahí. Pero no fue por ellos que se fortalecieron la MS y La 18.
(Foto de portada fue tomada de arainfo.org)
(Espere mañana: Guatemala: el 95% de los acuerdos no se han cumplido)
