Los 101 días de tregua se vivieron a plenitud en ese municipio de Arauca, uno de los más afectados por el conflicto armado con la ahora más antigua guerrilla del país. El silencio de los fusiles sirvió para activar el comercio, incentivar el turismo y dar un nuevo aire a sus habitantes que desde la década del ochenta no respiraban. La prolongación de la suspensión de las conversaciones con el grupo guerrillero reactiva el conflicto en esta próspera región.
Desde hace varias semanas está en el congelador el inicio del quinto ciclo de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln. Las dificultades en la verificación del cese bilateral, temporal y nacional, que rigió desde el 1 de octubre hasta la medianoche del pasado 9 de enero reactivó la confrontación armada en el oriente del país, donde opera el Frente de Guerra Oriental, uno de los más poderosos militarmente de esa organización insurgente.
Por lo menos cinco acciones militares ejecutadas por el Eln una vez concluyó el cese bilateral de fuego motivaron al presidente Juan Manuel Santos a llamar a consultas en Bogotá a su equipo de negociadores con el fin de “definir la posición del Estado colombiano frente a este momento” y “evaluar el inicio del proceso”. Hasta el momento, la situación está en un callejón sin salida. (Leer más en: Mesa de diálogos con el Eln se queda sin oxígeno)
Las primeras acciones armadas perpetradas por el Eln que paralizaron la mesa de diálogos ocurrieron en Arauca, Casanare y Boyacá. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, una de la primeras acciones la perpetró un francotirador del Frente Domingo Laín, que asesinó al soldado regular Luis Guillermo Acencio, adscrito al Batallón Especial Energético y Vial N°16, de la Décima Octava Brigada, cuando aquel se encontraba realizando “operaciones de control territorial” en el municipio de Arauquita, Arauca. El gobierno nacional reportó, además, “el lanzamiento de una granada contra infantes de Marina en la vía que conduce de Arauquita a Saravena”.
Asimismo, la petrolera Ecopetrol reportó tres atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas, que el gobierno nacional atribuye al Eln. El primero de ellos ocurrió en la vereda La Cañaguata, del municipio de Cubará, Boyacá, ataque que, según la empresa estatal, “produjo caída de crudo en un caño seco en una extensión de 300 metros”, afectando “suelo y capa vegetal”. Los otros dos atentados ocurrieron en las veredas La Granada y Miramar, del municipio Saravena, Arauca.
Hasta el pasado 15 de febrero, se registraban 15 ataques dinamiteros al oleoducto Caño Limón Coveñas. Al respecto, la compañía declaró que “rechaza enfáticamente estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan gravemente el medio ambiente y el bienestar de las comunidades vecinas a la infraestructura petrolera”.
Ante los atentados, que generaron una ola de indignación en la opinión pública, partidos políticos y movimientos sociales, el jefe de la delegación del Eln, ‘Pablo Beltrán’, declaró desde Quito que “los incidentes sucedidos […] ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país. Pese a ello, no debe alterarse el curso de las conversaciones para buscar una salida política al conflicto”.
No obstante, la presión social y política llevaron al presidente Santos a meter en el congelador las negociaciones con este grupo insurgente. Ante ello, ‘Pablo Beltrán’ ha insistido en reanudar las conversaciones y abordar una evaluación del cese al fuego e identificar los problemas que enfrentó.
Las diferencias a las que se refiere el jefe guerrillero están relacionadas con la interpretación que le dieron las partes al acuerdo de cese al fuego y sus protocolos, particularmente a los hechos que podían constituir violaciones a la suspensión temporal del fuego y las hostilidades. Ello se debió no sólo a la estricta bilateralidad con la que negocia la mesa, sino también a la premura con la que se pactó el cese, al punto que el primero de octubre de 2017 el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) ni siquiera tenía claros los protocolos de comunicaciones con los que entraría a operar. Las discrepancias se agravaron a tal dimensión que el Eln se retiró del MV&V el pasado 15 de diciembre, dejando a esa instancia sin capacidad de decisión. (Ver: No habrá continuidad del cese al fuego bilateral con el Eln)
‘Beltrán’ aseguró, además, que “este nuevo ciclo también debe hacer despegar el diálogo nacional previsto dentro del punto uno de la agenda, sobre participación de la sociedad en el logro de la paz”, que está en la primera línea de interés del Eln. No obstante, el llamado de la guerrilla a vincular a la sociedad en la definición de una agenda nacional ha sido cuestionada por distintos sectores, debido su propia negativa de escuchar los llamados de las organizaciones sociales y la comunidad internacional para extender el cese al fuego.
Diversas organizaciones sociales, entre ellas la Comisión Étnica para la Paz, la Corporación La Paz Querida y más de una veintena de las principales organizaciones feministas del país, le han solicitado a las partes regresar a la mesa de diálogos y decretar un cese al sin límite en el tiempo en beneficio de la población civil y de las propias negociaciones que se adelantan de manera pública desde el 7 de febrero de 2017.
En su momento el Ejecutivo declaró que “ha sido clara y expresa la voluntad del Gobierno Nacional de prorrogar el cese al fuego y de renegociar condiciones que atiendan al llamado de todos los colombianos y de la comunidad internacional”, pero el ataque del pasado 27 de enero de células urbanas del Eln contra una estación de Policía del barrio San José, en Barranquilla, dejando siete uniformados muertos, así como otras acciones perpetradas en el sur de Bolívar, llevaron a las autoridades a exigirle más coherencia a los mandos del grupo guerrillero y a expedir órdenes de captura internacional contra los jefes máximos de ese grupo subversivo.
El general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, declaró a diversos medios de prensa que, durante el cese al fuego, el Eln perdió la oportunidad de extorsionar, secuestrar y utilizar herramientas que “fastidian” al pueblo colombiano: “No redujimos a cero esas acciones, pero se redujo. Contribuimos a debilitar las armas del grupo terrorista”. Además, indicó que durante ese tiempo fueron “neutralizados” 53 miembros de esa guerrilla, contando capturados y desmovilizados.
De momento, los más afectados por esa falta de consensos son los pobladores del oriente del país, entre ellos Saravena, que pudo vivir a plenitud los 101 días de tregua decretados por las partes, tal como lo pudo constatar este portal a finales del año pasado en este municipio, uno de los municipios más afectados por la confrontación armada.
Cese al fuego se sintió
El sacerdote Luis Teodoro González lleva más de tres décadas trabajando por silenciar los fusiles de la guerra en el país. Pese a ser víctima de secuestro por parte del Eln ha visto en la mesa de diálogos de Quito una oportunidad para llevar desarrollo a la región. Foto: Andrés Celis. “Quien diga que en Saravena el cese al fuego no se cumplió miente, que hubo muertos sí, pero de causas naturales, riñas o por cuestiones de salud. En lo que respecta a la guerra el cese se cumplió, no hubo secuestros, retenciones o extorsiones. Hubo una calma relativa que queremos prolongar”, aseguró el sacerdote Luis Teodoro González.
Un recorrido por sus calles dejó ver que los viejos teatros de guerra, como el parque principal, las garitas que rodeaban a la estación de Policía y las vías que conducen al aeropuerto tenían otro aspecto. El tránsito de las personas fue más frecuente en horarios en los que antes era un sacrilegio salir de las casas, la jornada comercial había recuperado casi dos horas, cerrando, incluso, a eso de las nueve de la noche, y transitar en el área rural era posible sin las restricciones de movilidad que antes imponían los grupos guerrilleros.
“Se ha vuelto a vivir como en los ochenta”, aseveró Clara, una veterana comerciante de jugos de la plaza principal. Sus recuerdos se remontan a la época en la cual hasta ahora se daban los primeros brotes de grupos insurgentes en el departamento. En esa época, la población rural triplicaba a la urbana y se cimentaban las bases de las primeras organizaciones campesinas, comunales y sindicales. Hoy, con un poco más de 50 mil habitantes, el municipio ha fomentado su desarrollo productivo en el campo, pero sus habitantes se concentran, en su mayoría, en el casco urbano.
Sentados en una de las bancas del parque principal, José Félix y Nixon Méndez, dos campesinos colonos que llegaron a la región huyendo de la violencia partidista de los años cincuenta, creían que la época de la confrontación que los agobió por décadas estaba llegando a su final y que las viejas guerrillas comunistas estaban en camino a desaparecer.
Ambos consideraron que el cese al fuego con el Eln permitió que la vida cotidiana del municipio regresara a épocas que sólo los “viejos” conocieron. “Este fin de año vivimos algo que hace años, sin decirle mentiras, se vivía: las familias de las afueras alistaron sus fincas para recibir a sus familias. Esto no se veía hace décadas, la situación con el Ejército y las guerrillas no lo permitía”, comentó Méndez.
Pero esa tranquilidad se rompió cuando desde Quito, Ecuador, sede de los diálogos con el Eln, anunciaron que el cese al fuego bilateral no sería prorrogado. A los días del anuncio, se reactivaron las acciones de la guerrilla, una de las cuales tocó a Saravena: el secuestro de un contratista de Ecopetrol en un barrio de este municipio.
El temor de una escalada de violencia se incrementó a finales de enero, cuando desconocidos dejaron una bandera del grupo guerrillero en el cementerio central, un gesto de provocación que altera los ánimos de los saravenenses.
Aumenta el estigma
Cuentan los pobladores que el parque principal retomó la cotidianidad que vivió en la década del ochenta, durante estos tres meses se borraron las barreras invisibles de la estación de Policía y de las entradas a las garitas. Foto: Andrés Celis.Pero lo que ambos pobladores calificaban de “nuevos vientos”, se contrarresta con los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo y su nota de seguimiento emitida el 9 de agosto del año pasado, que advirtió que no se podía pasar por alto las denuncias de las comunidades campesinas frente al incremento de las amenazas relacionadas con la intervención del subsuelo y la ascendencia de otros grupos armados ilegales.
“Sumado a lo anterior, las comunidades relacionan la exploración y explotación mineroenergética con la aparición de actores armados de ascendencia paramilitar, quienes estigmatizan a los líderes y lideresas cuando éstos adelantan acciones de reclamación de derechos, sin que las autoridades identifiquen autores y partícipes de las amenazas, así como los modus operandi de los mismos, o el organigrama, intereses y letalidad de dichos grupos, a efecto de combatirlas efectivamente”, se lee en el informe.
A ello se suman las denuncias de organizaciones sociales frente a las amenazas y el ambiente de estigmatización que se ha sembrado con sus voceros nacionales por haber defendido lo pactado con las Farc en La Habana y trabajado alrededor de la agenda que se discute con el Eln en Quito. (Ver: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln)
Aunque la mayoría de dirigentes sociales desconocen de dónde vienen las amenazas, aseguraron que al parecer firmas multinacionales, políticos regionales y nacionales, así como algunos empresarios, hacen correr rumores para estigmatizar y desestabilizar los procesos organizativos. El ejemplo más significativo lo representa la entrevista que le concedió a Noticias Caracol a mediados de octubre del año pasado, cuando el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, aseguró que en el departamento había cubanos adoctrinando campesinos.
En reacción a ese señalamiento, Sonia Milena López, vocera del Movimiento de Masas Social y Político del Centro Oriente, aseguró que la estigmatización pretendía perjudicar el desarrollo político de las organizaciones, lo que a su juicio revela que “la guerra simbólica” no ha terminado: “de puertas para afuera se ve como una de las tantas barbaridades que dice Vargas Lleras, pero en Arauca eso tiene su peso, por ejemplo, que se emitan órdenes de allanamiento de las oficinas, o que seamos citados a rendir cuentas por hacer eventos de filiación política. ¿Qué otro sentido tiene sino es generar malestar?”. (Leer más en: “Vargas Lleras miente y estigmatiza”: campesinos de Arauca)
Por todo ello es que distintos sectores académicos, organizaciones sociales de carácter nacional e internacional e intelectuales insistieron la necesidad de prorrogar el cese y acompañarlo de intervención social. Petición que fue respaldada por la Conferencia Episcopal, uno de los integrantes del Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) del cese bilateral al fuego con el Eln. Desde su perspectiva, los impactos del proceso han sido positivos en los concerniente a la reducción de acciones militares, pero débil en cuanto al acompañamiento social de las comunidades.
“Hemos insistido en que el cese al fuego no es sólo que se dejen de matar, es claro que tiene que haber un acompañamiento a las comunidades, mayor bienestar, que se mejoren los derechos básicos a la salud, educación y vivienda. Claro que no se logra de la noche a la mañana, pero se debe comenzar a hacer ya”, agregó el sacerdote González.
Hay otros más radicales y escépticos a los que el proceso poco y nada les sirvió, pues la guerrilla era la que fungía como Estado dentro del territorio y una vez en cese de actividades la distancia con la población aumentó para evitar perjudicar los procesos y la judicialización de personas, según cuentan los labriegos.
“Nosotros arriba sí les hemos dicho a ellos que no la vayan a embarrar, que si dejan las armas les va a pasar lo de las Farc o que se nos van a meter los ‘paracos’ otra vez, si por nosotros fuera que se queden como están, ahí quietos, pero como ya no es así toca que hagan lo mejor posible, pero que como siempre busquen es pensar en nosotros y no en ir a la capital a sentarse allá con los políticos”, aseveró Osvaldo* un campesino de 67 años, quien pidió la reserva de su identidad.
El temor de veterano campesino se sustenta en los grafitis que han aparecido en la carretera principal firmados a nombre de las ‘AUC’, un pasado al que muchos se resignan a tener que vivir por los horrores que dejaron hace décadas. A juicio de muchos, es impajaritable la irrupción de nuevos actores.
Impacto económico
Por primera vez, en los mas de 50 años de conflicto, las garitas de la plaza principal no recibieron ni un solo tipo de hostigamiento durante tres meses. Los únicos muertos de los que se habló en el municipio fueron producto de accidentes de transito o riñas callejeras. Foto: Andrés Celis. En contraposición, la Alcaldía y el empresariado en Saravena vieron en el cese al fuego una oportunidad para potencializar los fuertes económicos del departamento, entre ellos la agricultura y la comercialización de carne. Junto a ellos, un sector de los comerciantes, transportadores y gente de a pie calificaron los impactos del cese al fuego como positivo.
“Hay mayor circulación de personas, hay mayor movilidad. Ha sido un cese ambicioso porque ha habido visitas de inversionistas, hay gente que ha venido a hablar la comercialización de carnes a gran escala para todo el Sarare”, aseguró en diálogo con este portal el alcalde Yesid Lozano.
Para el burgomaestre, el cese de hostilidades tiene un impacto internacional en la medida que los reportes mensuales de las multinacionales que hacen presencia en el departamento incentivan al inversionista a buscar nuevos. Por ejemplo, dentro de los documentos que reposan en su escritorio hay tres propuestas de empresas europeas interesadas en desarrollar un frigorífico departamental que promueva la comercialización de la carne a gran escala.
No obstante, esas iniciativas son calificadas por los campesinos como una violación a la soberanía y un atentado en contra de la “madre tierra”, apelación que toman de la cosmogonía de las comunidades indígenas araucanas Hitnú y Sikuani.
De otro lado, productores de plátano, cacao y arroz, aunque piden que se cumplan las viejas demandas de mejorar las vías terciarias y los accesos a la mayoría de corregimientos donde tiene sus cultivos, aseguran que del buen éxito de la implementación de lo acordado con las Farc dependerá de que se termine de sustituir la economía de la coca por la de algún producto oriundo de la región.
En el departamento quedan poca hoja de coca por sustituir y, según los campesinos, quienes la siguen cultivando lo hacen, más allá de alimentar el negocio de las economías ilegales, por no encontrar una alternativa económica sostenible en el tiempo.
Por lo pronto, el fin del cese al fuego bilateral con el Eln y la congelación de las conversaciones en Quito con los voceros de este grupo insurgente generaron un ambiente de incertidumbre en esta región araucana que, en 101 de suspensión de la confrontación armada, vivió la tranquilidad que se deriva del silencio de los fusiles.
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