Pese a la insistencia de múltiples organizaciones sociales, el gobierno nacional y ese grupo guerrillero no consiguieron ponerse de acuerdo sobre ese tema, que rigió desde el 1 de octubre de 2017 hasta este martes y que benefició a comunidades rurales de diversas regiones del país. La Mesa inicia hoy el quinto ciclo de negociaciones con un nuevo equipo negociador del lado del Ejecutivo y bajo la presión de un año electoral.
El Eln reconoció dos hechos violatorios del cese al fuego, uno ocurrido en Chocó y otro en Nariño. Foto: Eln.Tres meses duró el cese al fuego que, tras múltiples dificultades en la Mesa de Negociaciones, pactaron el gobierno nacional y la guerrilla del Eln en Quito (Ecuador). Las profundas discrepancias entre las partes a la hora de interpretar los contenidos y protocolos del cese temporal impidieron que esa decisión política, que pasó a la historia como la primera vez que esa organización insurgente aceptó suspender la guerra contra el Estado, se extendiera en el tiempo y en beneficio de las comunidades donde se desarrolla la confrontación armada.
Durante la última semana, múltiples actores de la sociedad civil les solicitaron a las partes, sin éxito, la continuidad del cese al fuego. El pasado 4 de enero, 155 organizaciones sociales que respaldan los diálogos le enviaron una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al primer comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, en la que les ‘exigieron’ que “por ningún motivo suspendan el cese al fuego y de hostilidades pactados y por el contrario estos sean profundizados en sus compromisos e impactos y prolongados en el tiempo hasta la solución definitiva del conflicto”.
Los firmantes de la misiva, entre los que se encuentran la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz (Redepaz), la Red de Programas de Desarrollo y Paz (RedProdepaz) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), también expresaron que “la sola idea de pensar en el rompimiento del cese al fuego y las graves consecuencias que esto traería para la sociedad colombiana nos atemoriza y nos afecta profundamente”. Asimismo, argumentaron que la contienda electoral por la Presidencia y el Congreso se beneficiaría de una posible extensión y pidieron poner a las víctimas “en el centro” del desarrollo del punto sobre participación de la sociedad incluido en la agenda de diálogos.
También el pasado 4 de enero, los copresidentes de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda y Alirio Uribe, le solicitaron al recién nombrado jefe de la delegación del gobierno nacional, Gustavo Bell, y al jefe negociador del Eln, ‘Pablo Beltrán’, que “mantengan el cese al fuego bilateral, como un acto de voluntad de ambas partes para iniciar el quinto ciclo de negociaciones en un ambiente pacífico y armónico”.
No obstante esos y otros pedidos, las partes no consiguieron extender la decisión de suspender temporalmente la confrontación armada que sostienen desde hace más de 50 años para evitar afectaciones que impidan el avance de las negociaciones.
Discrepancias por la verificación
El Comando Central del Eln declaró el pasado 29 de diciembre que el Ejército aprovechó el cese al fuego para “sacar ventajas militares”. Foto: Captura de video.Del lado del Eln, la determinación de no prorrogar el cese estaba tomada desde diciembre, cuando Rodríguez Bautista le expresó al jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, que una posible reanudación se deberá acordar en la Mesa una vez se realicen varias tareas. Entre ellas, evaluar el avance de la agenda (de la que hasta ahora se han abordado parcialmente los temas de participación de la sociedad y acciones humanitarias), así como la “disposición del gobierno” de solucionar las dificultades relacionadas con el cumplimiento y la verificación.
De acuerdo con Rodríguez, el obstáculo reside en “la negativa del gobierno” de reconocer, tal como pretende el Eln, varios hechos como violaciones al cese al fuego y de hostilidades, cuyo objetivo principal era aliviar la situación humanitaria en las zonas de conflicto. Entre ellos se cuenta la masacre de siete campesinos cocaleros ocurrida en Tumaco, Nariño, el 5 de octubre de 2017, por la que la Fiscalía anunció que les imputará el delito de homicidio agravado al comandante del Núcleo Delta de la Policía Nacional y al comandante del Pelotón Dinamarca I del Ejército, encargados de las operaciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en esa zona. (Lea más: Tumaco atrapado entre la sustitución y la erradicación de coca)
Igualmente, el Eln buscaba que el gobierno reconociera como una violación al cese el asesinato de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez, ocurrido el 8 de octubre de 2017 en Puracé, Cauca, presuntamente a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). Los hechos ocurrieron durante un enfrentamiento entre el Esmad e indígenas del pueblo Kokonuko, que reclaman como ancestral un terreno que está legalmente amparado por títulos de propiedad privada. (Lea más: Disputa de tierras en Puracé: la visión de dos mundos que no se encuentran).
Como las diferencias sobre esos y otros hechos persistieron, el pasado 15 de diciembre los voceros del Eln se retiraron del Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V), instancia que había entregado su segundo informe de evaluación el 30 de noviembre. Desde el retiro de los representantes de la guerrilla quedó semiparalizada esa instancia, integrada también por delegados del gobierno nacional, la ONU y la Iglesia Católica.
El Frente de Guerra Occidental del Eln reconoció el asesinato del gobernador Aulio Isarama durante el cese al fuego y fue señalado de violar los protocolos por cuenta de la reunión que realizó a mediados de diciembre con organizaciones sociales del Chocó. Foto: Eln.Pocos días después, el Eln alegó que el 27 y el 30 de octubre de 2017 el Ejército “realizó ataques a dos campamentos” guerrilleros en Chocó y Norte de Santander, y que durante la duración del cese aumentó “sus operaciones de copamiento militar y de registro y control” en zonas donde la guerrilla se encuentra “de manera permanente”. De acuerdo con esa organización insurgente, para ese momento el MV&V no estaba sirviendo para “prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes”, debido a que el gobierno nacional se había adjudicado “unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del Eln están en contravía del acuerdo del cese al fuego bilateral, temporal, nacional”.
La tensión entre las partes venía en aumento desde que el Eln reconoció públicamente dos graves violaciones al cese: el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama, ejecutado por el Frente de Guerra Occidental el 24 de octubre de 2017 en Alto Baudó, Chocó, y la participación del Frente de Guerra Suroccidental en los hechos violentos que dejaron 13 personas muertas en Magüí Payán, Nariño, el 27 de noviembre de 2017. Asimismo, se exacerbó por cuenta de una reunión con organizaciones sociales que realizó el Frente de Guerra Occidental en el municipio Medio San Juan, Chocó, a mediados de diciembre pasado y que fue calificada por el gobierno nacional como una violación a los protocolos.
Así las cosas, y como ya es costumbre en la Mesa, las diferencias de interpretación impidieron la extensión del cese al fuego. Un integrante de la delegación del Eln le dijo a este portal que, contrario a lo esperado, “la continuidad del cese no va ser el eje central del quinto ciclo, sino que serán los puntos acordados en la agenda de negociación”, el primero de los cuales es el de participación de la sociedad en la construcción de la paz. Y agregó que el eventual pacto de un nuevo cese requeriría el diseño de “nuevos protocolos y un compromiso real sobre la protección a líderes sociales”.
Aun así, la suspensión temporal del fuego y de las hostilidades en los últimos tres meses fue significativa para los pobladores de las áreas donde el Estado y el Eln libran la guerra. A continuación, presentamos un panorama regional.
Chocó
En este departamento, donde opera el Frente de Guerra Occidental, el Eln reconoció que violó el cese al fuego con el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama. La delegación del gobierno nacional, con base en información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, alegó que el hecho generó el desplazamiento de 248 familias de 18 comunidades indígenas. Por su parte, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó declaró que la situación había causado el confinamiento y hacinamiento de la comunidad del Resguardo Catrú, Dubasa y Ancosó, de donde era oriundo el gobernador indígena.
Para Avi Manuel Romaña, coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), “durante este periodo hubo acciones que desdibujaron la credibilidad del Eln y del gobierno nacional. El asesinato, los desplazamientos y los confinamientos no debieron haber ocurrido. Además, el callar de los fusiles no es todo y nosotros esperábamos que el Estado llegara con oferta institucional para garantizar el goce efectivo de los derechos en los territorios y eso no sucedió, porque el gobierno central no estaba preparado para darles respuesta a las comunidades”.
No obstante, Romaña reconoció que el cese representó un alivio humanitario para la mayoría de los habitantes del departamento. Tal fue el caso del territorio del consejo comunitario General del Río San Juan (Acadesan), que comprende más de 6 mil hectáreas de los municipios Itsmina, Nóvita, Sipí y Litoral del San Juan.
En esa zona, de acuerdo con Elizabeth Moreno, representante legal de Acadesan, “el cese fue un éxito porque las comunidades estuvieron tranquilas, no se tuvo alteraciones del orden público, desplazamientos o enfrentamientos. En todo el territorio del consejo la gente pudo salir con tranquilidad a extraer la madera y a ejercer la pesca y la agricultura”.
El departamento también estaba cobijado por las condiciones especiales contenidas en el Acuerdo Humanitario Ya Para el Chocó, elaborado por decenas de organizaciones étnico-territoriales y de base adscritas al Fisch, a la Mesa de Diálogo y Concertación y a los movimientos de mujeres y de víctimas. Al respecto, Moreno y Romaña, cuyas organizaciones hacen parte del Comité de Seguimiento y Verificación de ese acuerdo, concluyeron que se cumplieron varios de los compromisos que asumieron las partes. Sin embargo, aún están en veremos las exigencias a largo plazo, tales como el desmonte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas también ‘Clan del Golfo’, y la participación de un representante del Frente de Guerra Occidental en la mesa de diálogos. (Lea más: Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln).
El cese también atravesó momentos de tensión por cuenta de la reunión que realizó el Eln con organizaciones sociales de la zona en Medio San Juan a mediados de diciembre, pese a que el gobierno la calificó como una violación a los protocolos. Durante el encuentro se abordaron asuntos relacionados con el alcance de la negociación entre el gobierno nacional y la guerrilla, la agenda de paz regional, la situación de derechos humanos y la participación de las comunidades en la mesa.
Norte de Santander
En esta región opera el Frente de Guerra Nororiental, pero no se reportaron incidentes. Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), asegura que “podemos dar fe de que el Ejército de Liberación Nacional cumplió el cese al fuego”. Y agrega: “la medida fue un alivio humanitario para la zona, dado que, sumada al aterrizaje del acuerdo de paz con las Farc, redujo en su totalidad la confrontación armada en estos últimos tres meses, con excepción de los hechos asociados a la existencia del otro grupo insurgente que opera en la región: el Ejército Popular de Liberación (Epl)”.
No obstante, durante el cese al fuego el Ejército anunció el robustecimiento de la Fuerza de Tarea Vulcano, que opera en la región, con 6 mil nuevos hombres distribuidos en cinco nuevos batallones y un comando operativo. Así, la institución informó que se crearán cuatro batallones de operaciones terrestres (los números 8, 9, 10 y 11), en reemplazo de las brigadas móviles 23, 30 y 33, cuya tarea será defender la frontera con Venezuela desde siete de los 11 municipios del Catatumbo (El Tarra, Teorama, San Calixto, Hacarí, El Carmen, Convención y Sardinata).
Asimismo, el Ejército pondrá en funcionamiento el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 2, que tendrá mil hombres y permanecerá en los cascos urbanos de la subregión, y el Comando Operativo Energético Número 1 (compuesto por 1.500 hombres de los batallones especiales, energéticos y viales números 6, 10 y 21), encargado de prestar seguridad al tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas que atraviesa la zona.
Para Quintero, esa decisión es preocupante: “Hay una militarización de la zona, particularmente en las áreas donde se han realizado acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo cual implica un saboteo al cese con el Eln. Existe un despliegue militar permanente, sumado a constantes amenazas contra los movimientos sociales y al tratamiento militar que el gobierno le dio al paro campesino que se realizó entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre de 2017, por lo que creemos que si se pacta un nuevo cese debe haber un Mecanismo de Veeduría y Verificación mucho más robusto que además contribuya a garantizar el cese de asesinatos de líderes sociales”.
En diciembre pasado, el Equipo Jurídico Pueblos, una organización integrada por abogados defensores de derechos humanos del nororiente del país, informó que en los meses previos al cese “las comunidades (del Catatumbo) han hecho notar que no sólo se ha aumentado significativamente el número de militares en la región, sino que ha habido cambio de personal del Ejército en la zona, precisando que están sacando los soldados regulares y están metiendo fuerzas especiales, a su vez están incrementando la presencia de la Fiscalía y se ven con mucha frecuencia drones sobrevolando en jurisdicción de los municipios de Tarra, Tibú, Convención y Ocaña”. Asimismo, alertó por la criminalización de los liderazgos sociales en la región.
Nariño
En este departamento, donde opera el Frente de Guerra Suroccidental, ocurrió la segunda violación al cese al fuego reconocida por el Eln. Allí, el 27 de noviembre de 2017, en la vereda Pueblo Nuevo del municipio Magüí Payán, esa estructura guerrillera se enfrentó a hombres de la organización armada ilegal denominada Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). En los hechos, sobre los que hay versiones encontradas, resultaron muertas 13 personas, entre integrantes de las Gup y de la población civil. (Lea más: Cese al fuego con el Eln, en una difícil recta final).
Tatiana Portela, quien hizo parte de la misión humanitaria y de verificación que desplegó la Red de Veeduría Social al cese al fuego en ese municipio, asegura que “dadas las condiciones de seguridad, la misión ni siquiera pudo llegar a Pueblo Nuevo. Nos reunimos en Magüí Payán con los familiares de las víctimas, que tuvieron que abandonar las veredas e irse al casco urbano del municipio, quienes nos relataron el aire de intranquilidad, zozobra y miedo que respiraban ellos y la comunidad ante lo que pudiera pasar”.
En un comunicado expedido tras la misión, la Red de Veeduría, integrada por distintas organizaciones sociales de corte nacional y regional, subrayó “el miedo generalizado de las comunidades que se encuentran en total estado de indefensión y en riesgo inminente ante la presencia y presión de los actores armados, así como por el abandono histórico del gobierno departamental y nacional, que a pesar de las necesidades y solicitudes de la población aún no hacen presencia en la zona”. Además de ese pronunciamiento, la Red elaboró un informe sobre la masacre que en los próximos días será remitido al MV&V.
El hecho se sumó a la masacre de siete campesinos cocaleros ocurrida el quinto día del cese en el consejo comunitario Alto Mira y Frontera, Tumaco, donde la tensión entre la Fuerza Pública y las comunidades se ha exacerbado por cuenta de los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, algunas de ellas ejecutadas en zonas donde hay acuerdos de sustitución concertada en desarrollo de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. (Lea más: Continúa preocupación por la violencia en Tumaco).
Bolívar
En relativa calma transcurrió el fin de año en el sur de Bolívar, donde opera el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. “Si bien no hubo total paz, la zozobra si se redujo mucho, al punto que desarrollamos actividades que hace años no se veían, como extender las jornadas de celebración. Es positivo que no haya más confrontación, sobre todo porque es menos el asedio del Ejército contra los pobladores”, afirma Alfredo Zabaleta, un campesino del municipio de Morales.
No obstante, hechos que ocurrieron en diciembre y que están siendo investigados podrían constituir violaciones al cese al fuego por parte de la guerrilla. El más reciente de ellos es el asesinato del exguerrillero del Eln Johan Sebastián Colmenares, ocurrido el pasado 27 de diciembre, señalado de vender estupefacientes en el municipio San Pablo.
Durante este periodo también fueron asesinados Brayan Castillo y Fabián Patrón, dos primos residentes del municipio de Tiquisio, quienes fueron encontrados con signos de tortura y heridas de bala el 30 de noviembre de 2017. Según versiones entregadas a la Fiscalía, los jóvenes de 19 y 22 años habían salido a trabajar en compañía de otras cuatro personas el martes 28 en la mañana.
Una fuente de la región consultada por este portal, que pidió la reserva de su nombre, aseguró que el Eln raptó a las seis personas aduciendo que pertenecían a las Agc, y que lo hizo para evitar que se siguieran presentando casos de extorsión en el municipio. “Acá quienes mandan son ellos (el Eln). Lo de los muchachos nos tiene en alerta, porque por supuestos no se puede estar asesinando”, aseveró la fuente, agregando que aún se desconoce el paradero de las otras cuatro personas.
A la fecha, el Eln no se ha pronunciado sobre esos hechos. Cabe recordar que en noviembre de 2017 fueron puestos en libertad seis de los 12 campesinos, entre ellos varios líderes sociales, que fueron capturados en marzo de ese año sindicados de pertenecer a las redes de apoyo de esa guerrilla. (Lea más: Operativo en sur de Bolívar, más mediático que judicial).
Arauca
El cese al fuego en el departamento, donde opera el Frente de Guerra Oriental, ha sido calificado como cumplido tanto por las administraciones municipales y la gobernación, como por organizaciones sociales que realizaron labores de veeduría. En palabras del sacerdote de Saravena, Luis Teodoro Gonzáles, “este corto ciclo sin confrontación armada ha servido para pensar que sí podemos tener una región diferente. Que falta avanzar en los demás puntos de la agenda, sí, es verdad, pero son cientos de muertos menos”.
En entrevista otorgada a la emisora Kapital Stereo de Arauca, el diputado Carlos Alberto Hernández, presidente de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental, afirmó que en este periodo se sintió una tranquilidad que hace años no se vivía y que sirvió para reactivar el comercio y la movilidad. Aún así, dijo que “nos preocupa que no se le dé pleno cumplimiento a lo acordado y eso implicaría que llegáramos a un nuevo conflicto que no queremos seguir viviendo”.
No obstante, otro es el panorama que han reseñado las organizaciones frente al cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno en lo que respecta a la protección a líderes sociales. De acuerdo con Sonia Milena López, vocera del Movimiento de Masas Social y Político del Centro Oriente, “el balance del cese no puede ser positivo cuando nos siguen asesinando a los líderes sociales o cuando a diario hay una amenaza en nuestra contra. El rearme de otros grupos es inminente y para este año la respuesta del Estado debe ser contundente para evitar nuevos tropiezos en la mesa y que se siga propagando el baño de sangre contra los líderes”. (Lea más: Vargas Lleras miente y estigmatiza: campesinos de Arauca).
Empieza el quinto ciclo
El pasado sábado, el presidente, Juan Manuel Santos, se reunió con la nueva delegación que negociará con el Eln en Quito, Ecuador. Foto: Presidencia.Tras la renuncia de Juan Camilo Restrepo como jefe de la delegación del gobierno nacional, el presidente Santos anunció el pasado sábado la composición del nuevo equipo que continuará las negociaciones con el Eln en Quito.
Bajo la coordinación de Gustavo Bell, exvicepresidente, exministro de Defensa y exembajador en Cuba, llegarán a la mesa la doctora en Filosofía y Ciencia Política Angelika Rettberg, hasta ahora directora de la maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes; la doctora en Ciencia Política, profesora jubilada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y experta en asuntos fronterizos Socorro Ramírez; el general (r) Freddy Padilla, quien fungió como comandante de las Fuerzas Militares durante el primer periodo de la presidencia de Álvaro Uribe; y el general Carlos Rojas, quien participó en los diálogos con las Farc en La Habana y se desempeñó como comandante del Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación del cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas de esa guerrilla.
Santos mantuvo en el equipo al psiquiatra Alberto Fergusson; al economista José Noé Ríos; y al asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz Alejandro Reyes Lozano, uno de los tres delegados del gobierno en el MV&V y quien participó en los diálogos de La Habana.
Esa es la delegación que arribó este lunes a Quito para empezar el quinto ciclo de negociaciones con el Eln, cuyo equipo se mantiene bajo la dirección de ‘Pablo Beltrán’. De acuerdo con el presidente Santos, lo nuevos negociadores llegan “más que dispuestos a prorrogar el cese al fuego y a renegociar las condiciones de un nuevo cese”. La tarea no será fácil, teniendo en cuenta las dificultades de la primera iniciativa y el interés del Eln de concentrarse en el desarrollo del punto sobre participación de la sociedad, cuyas audiencias preparatorias se llevaron a cabo en Colombia entre octubre y noviembre de 2017. (Lea más: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln).
La coyuntura electoral será uno de los mayores retos que tendrá que afrontar el proceso de paz, que, si bien ha sido cuestionado por diversos sectores debido a la lentitud con la que avanza, les ha dado un respiro a los campesinos, afros e indígenas que viven en las áreas donde opera el Eln. El regreso a la confrontación armada en época de campaña podría beneficiar a quienes se oponen a la salida negociada al conflicto, debilitar aún más la imagen pública de la Mesa de Negociaciones y dificultar la participación de la sociedad en los diálogos.
Es por eso que, además de avanzar en la concreción de los puntos pactados en la agenda, las partes deberán adoptar en los próximos meses medidas humanitarias que complementen un eventual nuevo cese al fuego. Entre ellas, la mejora en la calidad de vida de los presos de ese grupo insurgente y el plan de desminado humanitario que desde hace más de seis meses fue presentado por distintas organizaciones sociales y que centra su foco de acción en municipios de Arauca, Cauca, Nariño, Chocó y Norte de Santander.
