Durante tres meses, esa guerrilla y las tropas estatales suspenderán acciones ofensivas y realizarán medidas de carácter humanitario. En ese departamento, uno de los más afectados por el conflicto armado, habrá requisitos adicionales y contará con un comité de seguimiento liderado por dirigentes afrodescendientes e indígenas.
El Eln deberá cesar cuatro prácticas durante la vigencia del cese al fuego. Foto: archivo Semana.Este domingo inicia el cese del fuego y de hostilidades bilateral, temporal y nacional que acordaron el pasado 4 de septiembre los negociadores del gobierno nacional y la guerrilla del Eln en Quito, Ecuador. La medida se extenderá hasta el próximo 9 de enero y las partes deberán cumplir ocho compromisos que pactaron luego de superar una larga crisis en la que mediaron el senador Iván Cepeda y el exministro Álvaro Leyva. Es la primera vez que ese grupo insurgente asume una suspensión temporal de la confrontación contra el Estado.
Las estructuras guerrilleras recibieron la orden de parar las acciones ofensivas el pasado viernes, cuando el comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, les ordenó “a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado”. (Lea más: Así recibieron en las regiones el anuncio del cese al fuego con el Eln)
Ese mismo día, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, emitió el Decreto 1590, en el que ordena “la suspensión de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros del Eln que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del acuerdo del cese y los protocolos pertinentes”. (Descargue aquí el Decreto)
Según el acuerdo pactado en Quito, durante los próximos tres meses el gobierno nacional deberá fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para garantizar la protección de líderes defensores de derechos humanos; mejorar las condiciones de salud, ubicación y seguridad de los militantes del Eln recluidos en diversos penales; agilizar la excarcelación de civiles procesados por delitos asociados a la protesta social; y poner en marcha las audiencias en las que organizaciones sociales propondrán mecanismos para el desarrollo de la discusión del punto uno de la agenda, que es sobre participación de la sociedad.
El Eln, por su parte, deberá suspender el secuestro, los atentados contra la infraestructura, el reclutamiento de menores de 15 años y la instalación de minas antipersonal en aquellas áreas donde tienen una activa presencia armada.
La verificación del cese del fuego estará a cargo del Mecanismo de Veeduría y Verificación, integrado por representantes del gobierno nacional, la guerrilla del Eln, la ONU y la Iglesia Católica, quienes contarán con la protección de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. Sin embargo, sólo hasta el pasado viernes las partes le pidieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizar a la misión de ese organismo que actualmente reside en Colombia en virtud del acuerdo suscrito con las Farc para que realice las tareas de veeduría y verificación.
Aunque el Consejo aún no se ha pronunciado, las partes ya acordaron que voceros de la Iglesia Católica participarán en las instancias regional y local del Mecanismo a través de las diócesis que están en los territorios donde opera el grupo armado. Para el proceso con esa guerrilla, y por solicitud de las partes, la Conferencia Episcopal designó una comisión que lidera y coordina el acompañamiento de la institución a los diálogos, integrada por los obispos de Cali, Arauca, Tibú, Quibdó e Itsmina, esta última a cargo del párroco del municipio de Sipí.
Chocó, caso especial
Durante la instalación del Comité, un grupo de cinco líderes regionales denunció múltiples afectaciones contra la población civil cometidas por el Eln y las Agc . Foto: Cortesía Mapp-OEA.Este cese del fuego tendrá un capítulo regional. Se trata del cumplimiento del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó que, entre marzo y agosto pasados, elaboraron decenas de organizaciones sociales del departamento adscritas al Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, y a los movimientos de víctimas y de mujeres. El acuerdo fue presentado a las partes en Quito el 31 de agosto, y contempla nueve medidas en beneficio de las comunidades negras e indígenas, así como de la propia mesa de diálogos.
Como el gobierno nacional y el Eln se comprometieron a respetar las exigencias de las comunidades, el pasado miércoles las organizaciones sociales instalaron en Quibdó el Comité de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Humanitario. La presentación del Comité se llevó a cabo en la Fundación Universitaria Claretiana, con la presencia de Juan Myer, integrante del equipo negociador del gobierno nacional; el gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuéllar; el gobernador de Chocó, Jhoany Palacios, y el obispo de la Diócesis de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto.
En el evento, presidido por dirigentes comunitarios, se dio a conocer la composición del Comité, que estará integrado por 20 personas: 13 líderes afro de las cinco subregiones del departamento, una delegada de las mujeres, un representante de los jóvenes y cinco delegados por el mismo número de organizaciones indígenas que integran la Mesa de Diálogo y Concertación.
La Secretaría Técnica del Comité, encargada de la coordinación, está integrada por otros cinco líderes: Vanessa Rivas, Cleiver Córdoba, Diana Mosquera, Esildo Pacheco y Lino Membora. Todos los nombramientos son producto de un proceso de concertación entre las organizaciones de base, que terminó el pasado martes.
Los 25 líderes deberán vigilar que el gobierno nacional y el Eln cumplan las nueve exigencias del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, dos de las cuales coinciden con lo pactado en el cese bilateral: la no instalación de minas antipersonal y el no reclutamiento de menores de 15 años de edad.
Las otras siete exigencias son: desmonte de estructuras sucesoras del paramilitarismo; respeto a la autonomía territorial y a las autoridades étnicas; cese de la violencia contra las mujeres, los niños y las personas LGBTI; el respeto a la vida y la integridad de las comunidades y sus dirigentes; la suspensión de los desplazamientos, los confinamientos y las restricciones a la movilidad; suspender la siembra de cultivos de uso ilícito, así como de actividades mineras; y la participación en la mesa del Frente de Guerra Occidental del Eln, que opera en el Chocó.
El Comité aún no termina de definir los protocolos y estrategias que le permitirán realizar la veeduría y la verificación.
Guerra en el departamento
Representantes de la comunidad internacional escucharon las denuncias de las comunidades. Foto: Cortesía Mapp-OEA.Los líderes chocoanos dejaron claro durante la instalación del Comité de Seguimiento que la desaparición de las Farc como fuerza insurgente generó un incremento de la actividad militar del Frente de Guerra Occidental del Eln y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que hacen presencia en todas las subregiones del departamento. Los puntos más críticos de la confrontación son, por ahora, el Bajo Atrato, la zona del Baudó y el alto San Juan. (Lea más: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
Al respecto, los líderes comunitarios contaron en detalle cómo los afectan las operaciones del Eln y de las Agc en la región. El dirigente Milton Velásquez, de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), dijo que “anteriormente las Farc utilizaron mucho estas comunidades, pero no pusieron minas. Hoy, el Eln ha puesto más de 17 minas en Riosucio”. La instalación de estos artefactos explosivos afecta la movilidad en los consejos comunitarios y los resguardos indígenas y desde hace varios meses decenas de familias se encuentran en situación de desplazamiento en ese municipio, luego de huir de combates en la cuenca del río Truandó.
En el municipio Alto Baudó, donde hacen presencia unidades del Eln, la instalación de minas también es una preocupación para la comunidad. Jairo Mosquera, representante legal del consejo comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes (Acaba), declaró que en ese pueblo “los campesinos no pueden ir ni siquiera a sus cultivos, porque los diferentes caminos veredales se encuentran minados”, lo cual afecta la producción agrícola y la seguridad alimentaria de los pobladores.
Los combates entre esa guerrilla y las Agc, que ya controlan parte del Medio Baudó, han afectado las prácticas culturales de la comunidad, agobiada por el miedo: “Antes, la fiesta era el espacio por excelencia de todos los actos culturales, pero ahora a la fiesta no llega nadie. Se han desplazado las cantaoras, los curanderos, muchos de ellos a Quibdó e Istmina. No se puede escuchar un volador porque lo primero que se nos viene a la mente es la tragedia más inminente, porque allá se hace lo que los grupos armados al margen de la ley decidan”.
En las subregiones del Alto y Medio Atrato, ambas organizaciones armadas han generado múltiples victimizaciones contra la población, de acuerdo con el líder Alexis Heredia, del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia). Según Heredia, “hemos tenido heridos por el fuego cruzado entre el Eln y el Clan del Golfo (como el gobierno llama a las Agc). Estamos siendo víctimas de intentos de homicidio, retenciones, robos, secuestros, amenazas, señalamientos, confinamientos, minas, cultivos de uso ilícito y minería ilegal”.
Además de los impactos directos sobre los derechos fundamentales, los líderes señalan que las Agc y el Eln también han lesionado los procesos organizativos de las comunidades. Denunciaron, por ejemplo, retenes en los ríos, intentos de cooptación de las organizaciones étnico-territoriales y restricciones a la movilidad, al punto que “ni las mismas organizaciones de base podemos hacer nuestro trabajo, porque antes de salir tenemos que pedirle permiso al Eln”, según contó Elizabeth Moreno, del Consejo Comunitario General del Río San Juan (Acadesan).
Para Heredia, el reclutamiento y el desplazamiento también afectan el desarrollo de las organizaciones: “El Eln está reclutando menores negros e indígenas y desplazando gota a gota a las autoridades tradicionales de sus territorios, situaciones que debilitan el proceso organizativo”. En el caso del Medio Baudó, los líderes aseguraron que las Agc se han metido a la brava en las reuniones en las que la comunidad discute asuntos relacionados con la posibilidad de constituirse como sujeto de reparación colectiva.
Las denuncias de los dirigentes fueron respaldadas por el gobernador Palacios, quien aseguró que la extorsión es otro de los fenómenos que afectan gravemente a las comunidades: “Por una ración de plátano le cobran mil pesos a nuestros campesinos para poderla vender en el medio Baudó y llevarla a la parte del San Juan. ¿Eso quién lo hace? El Clan Úsuga. Pero cuando revertimos la ecuación, el Eln en el Alto Baudó nos cobra por subir una arroba de arroz. Entonces, estamos en ese fuego cruzado, y la población sufriendo: todos los días desplazamientos, confinamientos y extorsión”.
Por esas razones, los líderes aseguraron que el “fin de la guerra” prometido en la mesa de conversaciones de La Habana está lejos de llegar a Chocó. Una postura que comparten los representantes de los organismos de cooperación internacional. El jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, Gerard Gómez, dijo públicamente que “nos hace sufrir mucho que aquí todavía haya tanta violencia, después de la esperanza que se proyectó hacia afuera con el acuerdo de paz” con las Farc.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), que monitorea las condiciones de seguridad en el departamento y acompaña al Comité, aseguró que “en los últimos seis meses el Chocó, junto al Cauca, ha sido el territorio más afectado por el conflicto. Hay confrontaciones armadas muy duras entre estructuras criminales y el Eln, intervención de la Fuerza Pública contra unos y otros, violencia contra liderazgos y comunidades, y miles de desplazamientos”.
Responden unos y otros
El gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuéllar. Foto: Cortesía Mapp-OEA.Después de escuchar las denuncias de las comunidades, a los representantes del gobierno nacional y del Eln les llegó el turno de responder sobre la manera como se dará cumplimiento al Acuerdo Humanitario.
El primero en pasar al micrófono fue el gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuéllar, quien reconoció que el acuerdo con las Farc “le dio un empujón muy fuerte a la mesa para avanzar en la toma de la decisión por parte de las dos delegaciones de asumir el cese bilateral al fuego”. Sin embargo, les pidió a las comunidades clasificar por actor las afectaciones relacionadas en ese documento, “para que el Eln pueda dar respuesta”.
Cuéllar aseguró que, con el fin de avanzar en el suministro de esas “respuestas”, la guerrilla estudia la posibilidad de construir una suerte de “cartografía humanitaria para el Chocó”, en la que se identifiquen los lugares en los que se han instalado minas antipersonal y se han reclutado menores, así como las estructuras responsables de esas acciones.
También aseguró que el Eln estudia la petición de las comunidades de enviar un delegado del Frente de Guerra Occidental a la mesa de diálogos de Quito, con lo que se pretende garantizar el compromiso de esa estructura con el proceso de paz.
A su turno, el negociador del gobierno nacional, Juan Myer, también reconoció que la propuesta humanitaria del departamento “nutrió el acuerdo de cese de hostilidades bilateral”. Más que por la identificación de responsabilidades, este vocero estatal llamó la atención sobre la necesidad de construir mecanismos de articulación entre la misión de la ONU y el Comité de Seguimiento del Chocó.
Ambos delegados, sin embargo, valoraron la instalación del Comité y de su Secretaría Técnica, del que dijeron es un interlocutor directo para operativizar el acuerdo de cese del fuego y su verificación.
Lo que se pretende en Chocó, hasta ahora un objetivo inédito en el país, contará con el acompañamiento de la Mapp-OEA, Naciones Unidas, la Embajada de Suecia y la Iglesia Católica. Se trata de otro enorme esfuerzo de los indígenas y los afros, duramente afectados por el conflicto, que actualmente también presionan al gobierno nacional y a las Farc para implementar el Capítulo Étnico consignado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto a través del ejercicio autónomo de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. (Leer más: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)
