El gran palo de las elecciones del próximo domingo podría ser el PIN: un partido diseñado desde la cárcel y contra el cual las autoridades nada pueden hacer.
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| En el PIN se juntaron cinco partidos y, sobre todo, muchos votos que con el paso del tiempo la justicia ha puesto en entredicho. |
Uno de los rsultados más importantes de las elecciones del próximo domingo será el del número de curules que gane en el Congreso el Partido de Integración Nacional, más conocido como PIN. Con ese dato el país tendrá un indicador muy potente de qué tan contaminada está la política en Colombia o, mejor, hasta qué grado se han reciclado los votos de dudosa procedencia.
En el país nunca había existido un partido como este. En los últimos años, los partidos polémicos o cuestionados lograban una o dos curules. O si mucho siete, como ocurrió con Convergencia Ciudadana hace cuatro años. Pero las matemáticas electorales indican que el PIN puede sacar más de un millón de votos y eso le representaría de 10 a 14 senadores y unos 20 representantes a la Cámara.
Eso quiere decir que se convertiría en uno de los cuatro o cinco partidos más importantes del país. Una bancada que puede marcar la diferencia en cualquier debate.¿Qué proyectos de ley impulsarán? ¿Qué dirán los candidatos a la Presidencia de ella? ¿Aceptarán sus apoyos para las elecciones de mayo?
En teoría, ninguno de los 100 nombres de la lista del PIN al Senado tiene deudas con la justicia. Y ese es el gran argumento del representante legal del partido, Álvaro Caicedo, más conocido como ‘el concejal TransMilenio’, para defender los avales que ha dado. Pero la realidad es bastante más compleja.
En primer lugar, en el árbol genealógico del PIN pululan nombres de políticos que han protagonizado los más grandes escándalos del país en las últimas dos décadas (ver gráfico). En el PIN se juntaron cinco partidos y, sobre todo, muchos votos que con el paso del tiempo la justicia ha puesto en entredicho.
En el PIN está, por ejemplo, el partido MPU, que creó el senador Carlos Herney Abadía, condenado por recibir dineros del cartel de Cali en el proceso 8.000. Con el aval de ese partido fueron elegidos en 2002 Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, quienes después confesaron a la justicia ser fichas de las AUC. También están Colombia Viva y Colombia Democrática, los dos partidos que nacieron en 2006 y desaparecieron por sustracción de materia, pues la mayoría de sus senadores terminaron en la cárcel por vínculos con paramilitares. Otro de los partidos que se fundieron en el PIN es Convergencia Ciudadana, de Luis Alberto Gil, que aportó cinco de sus siete senadores a las investigaciones de la para-política e incluso a las de la narco-política en el caso de Juan Carlos Martínez. Y por último, se sumó la fracción de Apertura Liberal que lidera el clan de Enilse López, la ‘Gata’, quien está detenida en su casa a la espera de que decidan si es culpable o no de un crimen.
A grandes rasgos esos son los padres que engendraron la criatura del PIN. Pero como ninguno de ellos puede participar en las elecciones del domingo, porque están detenidos o condenados, entonces decidieron armar una lista a imagen y semejanza de ellos mismos. Entre los 100 candidatos al Senado por el PIN hay familiares o cuotas de seis condenados por para-política (Álvaro García, Vicente Blel, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Miguel de la Espriella y Trino Luna) y de cuatro más que están llamados a juicio o en investigación (Luis Alberto Gil, Enilse López, Juan Carlos Martínez y Hugo Aguilar).
En Colombia las responsabilidades penales son personales, y por eso los que hoy aparecen en la lista tienen derecho a postularse. El Congreso tuvo la oportunidad de cerrarles el camino pero no quiso hacerlo. En la reforma política que se aprobó el año pasado, uno de los puntos clave del proyecto que radicó el gobierno era el de prohibir que familiares de los políticos condenados por este tipo de delitos pudieranaspirar a cargos de elección popular. Pero esa propuesta no prosperó.
Pero lo que sí puede ser un pecado mortal es que muchas decisiones clave del PIN se han tomado en la cárcel La Picota.
En este centro de reclusión de Bogotá están detenidos, entre otros, los ex senadores Luis Alberto Gil y Juan Carlos Martínez. Los dos pertenecían a Convergencia Ciudadana pero decidieron partir cobijas para 2010 y crear dos partidos: PIN y ADN, que venían siendo como las divisiones inferiores del uribismo. La idea era que estas dos agrupaciones recogieran las banderas de los otros partidos uribistas que explotaron en mil pedazos con la hecatombe de la para-política. Así se convirtieron en el escampadero de toda la camada uribista que no tenía cupo en el partido de la U. El propio secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, le dio el aval al logo de ADN.
Luis Alberto Gil decidió maquillar la imagen de su partido Convergencia Ciudadana y le cambió el nombre por PIN. Y Juan Carlos Martínez, por su parte, ‘compró’ la personería jurídica de Colombia Viva para convertirlo en ADN. La compra se hizo por una cifra de miles de millones de pesos, según le dijo una fuente cercana al partido a SEMANA. En el periódico El Mundo de Medellín, Juan Paz escribió recientemente que la negociación se fraguó en La Picota, que se pagó una cuota inicial y que quedaron debiendo unos 500 millones de pesos.
ADN no duró dos meses. El Consejo Nacional Electoral decidió quitarle la personería jurídica, en enero pasado, por falta de transparencia en el traslado de la misma. Y en cuestión de días todos los de ADN -de Martínez- encontraron refugio en PIN -de Gil-.
Varios miembros del PIN, consultados por esta revista, niegan que las movidas políticas se estén haciendo en la cárcel. Pero SEMANA recogió varios indicios que lo ratificarían.
Cuando se pregunta ¿quién da los avales a los candidatos para ocupar las curules, una tarea que sin duda le corresponde al jerarca mayor de una colectividad, la respuesta es sorprendente: en el PIN lo hace un concejal de Bogotá, Álvaro Caicedo. Caicedo se hizo famoso por haber invadido con su carro oficial el carril exclusivo de TransMilenio porque no quería llegar tarde a la sesión del Concejo. Pero tres personas que conocen su trayectoria le comentaron a esta revista que Caicedo lo único que hace es cumplir las órdenes que le da Gil desde La Picota.
El concejal reconoció que visita asiduamente a Gil en la cárcel, pero, según él, nunca hablan de los temas del partido. “Yo soy el jefe”, dice este hombre que nació en Ancuyá (Nariño) y llegó a Bogotá hace 25 años sin nada en el bolsillo.
A pesar de ser el ‘jefe’ no sabe cómo explicar por qué le dio el número 1 de la lista a la Cámara por Bogotá a Sandra Valencia, vallecaucana, que venía de ADN, y le quitó ese puesto privilegiado a Javier Cubides, actual representante. A la hora de explicar incurren en contradicciones. Mientras Caicedo dice que entre los dos aspirantes arreglaron ese cambio, la candidata Valencia explica que nunca habló con Cubiles del tema y que las directivas del partido le dieron la cabeza de lista. Sandra Valencia también visita con frecuencia a Juan Carlos Martínez en La Picota. Igual que Caicedo, asegura que no habla de política con Martínez.
SEMANA le preguntó a una persona cercana al alto gobierno y que ha conocido los detalles de la conformación de ADN y PIN sobre cómo se dio la fusión de los dos partidos. “Eso lo arreglaron en Villa Pico. En RSur”, contestó, haciendo referencia al pabellón de los para-políticos (‘RSur’) de la cárcel La Picota (‘Villa Pico’).
Cabe anotar que Valencia y Caicedo no son los únicos que van al penal. “Aquí todos los días hay visitas de políticos -dijo uno de los presos-. Y aquí se hacen cuentas de que hay un millón de votos para ponerle al próximo Presidente”.
En el tarjetón del PIN no sólo hay aportes y sugerencias de La Picota. También llegan desde el sitio de reclusión domiciliaria de la polémica empresaria del chance Enilse López. Como lo informó esta revista en septiembre pasado, la ‘Gata’ reunió a ediles de Cartagena para informarles que se trasteaba de Apertura Liberal, porque no quería estar al lado de la gente de DMG, a Convergencia Ciudadana (el ahora PIN). Por esas fechas se trastearon unos 100 concejales de todo Bolívar a Convergencia Ciudadana.
El próximo domingo se sabrá a ciencia cierta el poder de este nuevo partido.
En Colombia no es extraño que personajes cuestionados se cuelen en los tarjetones electorales. Pablo Escobar lo intentó hace 30 años, después el cartel de Cali puso en su nómina a varios congresistas y, más tarde, el paramilitar Salvatore Mancuso dijo que el 40 por ciento del Congreso era de ellos.
La diferencia ahora es que antes lo de Escobar sacudió al mundo político y provocó que mucho tiempo después el capo asesinara al que lo había vetado, Luis Carlos Galán. Lo del cartel de Cali provocó una crisis política profunda. Y lo de Mancuso dio para el escándalo de la para-política que puso tras las rejas a cerca de 70 congresistas.
Hace cuatro años por lo menos la clase política les hizo la vida difícil. En ese entonces Gina Parody exigió que purgaran la lista de la U para ella aceptar ser la cabeza. El gobierno de Estados Unidos obligó al senador Mario Uribe a sacar de su lista a Eleonora Pineda y a Rocío Arias. El propio presidente Uribe echó de su coalición a Luis Alberto Gil y pidió investigar sus cuentas. Y hasta al ‘Gatico’ (Héctor Julio Alfonso) lo pusieron de patitas en la calle en el Partido Conservador. Pero hoy, poco o nada de eso ha pasado. La política colombiana no aprende de las lecciones del pasado y está condenada a repetir su historia.
Publicado en Semana, edición 1453 – Fecha: 6/3/2010
