Se dispararon las alarmas por el efecto que puede tener una tutela que permite levantar la protección que tienen miles de hectáreas en los Montes de María que pertenecen a víctimas de la violencia.
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El pasado 3 de marzo llegó a la oficina del Comité de Atención a la Población Desplazada de Bolívar el fallo de un juzgado de El Carmen de Bolívar. La providencia ordena levantar las medidas de protección sobre 40 predios de campesinos desplazados en los Montes de María y les permite vender más de 1.000 hectáreas de tierra a dos empresarios de Medellín, de la firma Agropecuaria Tacaloa. Lo más extraño ocurrió tres días después, cuando funcionarios de este comité intentaron presentar un recurso contra la tutela y en el juzgado les informaron que los términos se habían vencido. Es decir que contra la decisión del juez no había nada que hacer.
A los Montes de María llegaron desde hace varios años grandes inversionistas, en su mayoría de Medellín, a comprarles parcelas a campesinos desplazados y endeudados con bancos. En un consejo comunitario con el presidente Álvaro Uribe en El Carmen de Bolívar varios labriegos denunciaron que intermediarios estaban comprando masivamente tierras a bajos precios. Los campesinos aseguraron que los compradores o comisionistas llegaban después de que unos cobradores los visitaban para anunciarles que sus tierras iban a ser rematadas. Asediados y sin otro recurso, los campesinos vendían.
Muchas de estas tierras en los Montes de María tenían una restricción: por ser tituladas por el Incora sólo podían ser vendidas 15 años después de la adjudicación y sólo podían comprarlas campesinos sin tierras o minifundistas. Por eso el gobierno, junto con Acción Social, la Gobernación de Bolívar y la Defensoría del Pueblo, creó un comité que protegió miles de hectáreas de desplazados, cuya venta sólo se puede realizar después de un estudio detallado de cada solicitud.
Uno de esos campesinos que elevó su solicitud fue Gilberto Medina Arrieta, desplazado desde comienzos de 2000 de su parcela de23 hectáreas en la vía entre Zambrano y El Carmen. Medina y otros 39 labriegos argumentaron que ya no querían regresar a sus tierras y que, además, por ser morosos las iban a rematar y por eso tenían que vender. No obstante, el Comité rechazó su solicitud porque no le vendían a otro campesino sino a una empresa.
Medina y los cultivadores impugnaron la decisión, pero al tiempo se fueron al Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, que el 23 de febrero de este año consideró que los campesinos ya habían rehecho su vida en las ciudades y que, de no permitirles vender sus predios, se les violarían sus derechos y se les podría causar un perjuicio mayor.
La petición de Medina entraña un fuerte dilema: por una parte, como desplazado de la violencia debería poder vender y sacar réditos de su tierra. Pero, por otra, algunos temen que detrás de esta tutela esté jugando en realidad un plan para levantar ese mecanismo de protección a todas las tierras, lo cual dejaría en cierto grado de vulnerabilidad a los más desprotegidos a la hora de negociarlas.
Según explicó un funcionario de la Gobernación de Bolívar, lo que se ha pretendido con las restricciones a la venta de parcelas es que no se concentre la propiedad en pocas manos y se afecte el proceso de retorno de miles de campesinos que fueron expulsados por la violencia paramilitar en la zona. Y la filosofía de proteger esas tierras no sólo tiene que ver con compradores legales, sino que también busca evitar que grupos ilegales obliguen a campesinos a vender por menos valor. En el país hay cerca de dos millones de hectáreas protegidas con el mismo propósito.
El Comité de Bolívar ha advertido a los campesinos que no se dejen asustar con el remate porque existe una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a los bancos a renegociar o reliquidar las deudas que se dejaron de pagar a causa de su desplazamiento. “Incluso muchas de éstas podrían haber precluido”, asegura una fuente de la Gobernación.
La situación de muchos desplazados, como el propio Medina, no ha sido sin embargo fácil. Años después se han encontrado con que las deudas que adquirieron se multiplicaron, y esto ha sido aprovechado por comisionistas y empresas que les compran sus fincas a bajo precio para que al menos paguen sus deudas. No obstante, muchos lo perciben como buen negocio y prefieren hacerlo.
Con la decisión del juez de El Carmen de Bolívar se abre la posibilidad de que empiece la venta masiva de miles de hectáreas que hasta ahora estaban siendo protegidas por el Comité Departamental y que éstas queden en manos de grandes empresas o, peor aún, de señores de la guerra, mientras se trunca la idea de retorno de los campesinos y su reparación como víctimas.
