Creyeron que con la desmovilización paramilitar y llegada de la fuerza pública habríapaz. Pero no. El gobierno fuerza la erradicación de la coca pero no les da alternativas, los grupos armados los obligan a seguir en los cultivos ilícitos, llegaron unos que les reclaman sus tierras, y el narco reavivó allí sus rutas clandestinas.
Por César Molinares Dueñas editor de VerdadAbierta.com
El Sur de Bolívar no debería ser de nadie. Según lo dicta una ley sancionada en 1959 y que aún está vigente, éste debería ser una gran reserva forestal desde la Serranía de San Lucas, hasta el Magadalena Medio, ríos y bosques protegidos. Bajo esa lógica no se podría talar un árbol, titular una finca, ni levantar pueblos que, como Santa Rosa del Sur, estén por encima de los 200 metros sobre el nivel del mar.
Por eso casi nadie puede decir que posee un título legal. Aun así, está lleno de propietarios de pequeñas parcelas y de grandes haciendas ganaderas y de palma de aceite, el cultivo que más ha crecido últimamente. También hay empresas trasnacionales y asociaciones de campesinos dueñas de títulos mineros para explotar sobre todo oro, pero también níquel, uranio, carbón, plata, cobre, platino, zinc y molibdeno. Además, como en tantos lugares de Colombia, se siembran los cultivos de coca y marihuana, base del negocio que más afila la codicia, el narcotráfico.
Así mismo, como es característico en las zonas del país donde hay riqueza legal e ilegal, hay guerrilla. Aún está allí el ELN, con los bloques Simón Bolívar y Luis José Solano Sepúlveda, que vino desde los setentas a evangelizar campesinos marginados con sus doctrinas de revolución salvadora. En esas tierras vivió y murió su jefe, el Cura Pérez y se cree que en algún rincón de su rica geografía se refugia aún hoy su sucesor, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’ y su Comando Central.
También se mueven los frentes 37 y el 24 de las Farc.
Y desde 1997 y por una década, estuvieron los paramilitares. Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, apoyado las autodefensas de los hermanos Castaño, incursionó en el Sur de Bolívar y en gran parte del Magdalena Medio, empujando a la guerrilla hacia lo alto de los montes y consolidando lo que se conocería a partir del año 2000 como el Bloque Central Bolívar (BCB).
Vinieron atraídos por el lucrativo negocio del narcotráfico, a disputar su parte en la minería, y a codiciar la tierra. ¡Y qué mejor manera de controlar el territorio y librar su arbitraria batalla contra la guerrilla que expulsar a los campesinos y quedarse con sus mejores fincas! El 31 de enero de 2006, ‘Julián Bolívar’ se desmovilizó junto con 2.500 hombres que hacían parte del BCB de las autodefensas. En el corto lapso que duró, la tiranía paramilitar dejó más de 20 mil víctimas, según ha registrado oficialmente la Dirección de Justicia y Paz de la Fiscalía.
El BCB siempre estuvo involucrado con el negocio del narcotráfico. En el 2005, un censo de cultivos de coca estableció claras coincidencias entre las zonas donde éste tenía bandas armadas (Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Vichada, Santander, Norte de Santander y Caldas) y las áreas de cultivo de la coca.
Entre 2007 y 2008, luego de que el BCB dejara las armas por acuerdo con el gobierno, disminuyó el desplazamiento forzado, pero en lo corrido de 2009 ha vuelto a crecer.
Las cifras son escandalosas. Según Acción Social entre 1997 hasta lo que va de este año, de los municipios de San Pablo, Simití, Regidor y Santa Rosa, han sido desplazadas 36 mil personas, esto es el equivalente a toda la población del último, que es el municipio más grande.
Hacia fines de 2009, San Pablo, Simití y Santa Rosa habían sido declarados en riesgo de desplazamiento, una medida que busca que las autoridades protejan a la población y civil, y con la que se congelan las transacciones sobre tierras para evitar el despojo forzado.
Estas tierras son atractivas porque, según dice la Corporación Compromiso, no sólo son abundantes los recursos naturales y minerales, sino que desde hace unos dos años, se han desarrollado megaproyectos agroindustriales como la siembra de palma africana y la minería de gran escala. Con la valorización de la tierra, le han aparecido varios supuestos propietarios que alegan es suya, pero se han encontrado con que hay nuevos colonos y esto ha generado nuevos conflictos por la posesión de los territorios.
Además, como la zona ha conservado esa condición ideal para actividades clandestinas, de estar aislada por la difícil geografía y los malos caminos, y a la vez, ser un corredor eficaz del Caribe al interior y hacia Venezuela, se han formado nuevas bandas que se dedican a los tráficos ilícitos de narcóticos y de armas. Y, no que olvidarse, esas montañas selváticas le sirven a los grupos armados de retaguardia ante la ofensiva de la Fuerza Pública.
Ahora han aparecido nuevas bandas, las Autodefensas Bolivaristas (una alianza entre guerrilleros y narcotraficantes que se dedican al narcotráfico), y en las zonas bajas del río Magdalena, otras como “Los Rastrojos”, “Los Paisas” y las “Águilas Negras”.
Por eso las violaciones de derechos humanos no cesan en el Sur de Bolívar. Dice un informe de la Defensoría del Pueblo que durante el segundo semestre de 2009 la situación en Cantagallo, San Pablo y Simití se ha agravado de nuevo, con homicidios, asesinatos selectivos y robos. Además, el informe asegura que líderes de los desplazados y de los campesinos que protestan porque la erradicación de cultivo ilícitos no les da alternativas para ganarse la vida, están siendo amenazados y estigmatizados.
En un recorrido por San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur en el Sur de Bolívar, VerdadAbierta.com quiso averiguar las razones por las cuales el desplazamiento forzado de campesinos se ha vuelto a poner crítico. Pudo constatar que la ofensiva de la Fuerza Pública, la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha por el control de la tierra que ha vuelto tomar bríos, son todas causas que obligan a muchos campesinos a dejar sus tierras para salvar la vida o para buscar otras fuentes de ingreso.
