Aun cuando los paramilitares se desmovilizaron en el Urabá antioqueño y a pesar de que el Gobierno comenzó a devolver algunas fincas, cientos de víctimas no han podido recuperar sus tierras.
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La restitución de tierras en el Urabá antioqueño es uno de los principales problemas que enfrentan las víctimas. |
“Señora, si usted sigue insistiendo en reclamar sus tierras, se va a morir”, le advirtió la semana pasada un desconocido a Leticia* a la salida de la sede de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, a donde había ido para registrar las tierras que le fueron robadas por grupos paramilitares.
El miedo se apoderó de la mujer y dudó de su reclamación, pero recibió todo el apoyo de las mujeres que dirigen la Asociación y por ello su historia pudo ser conocida en Medellín, durante la instalación, el viernes 10 de julio, de la Comisión Regional de Restitución de Bienes, la primera que comienza a funcionar en el país y a través de la cual se pretende devolver, compensar o indemnizar a las víctimas en esta zona del país.
“Ese es el pan nuestro de cada día en Urabá: a todas las víctimas que estamos organizadas reclamando nos están amenazando. ¿Quién? Los testaferros de los jefes paramilitares de los bloques que operaban allá”, narró Carmen Palencia, una aguerrida líder campesina que preside la Asociación, creada en enero de este año por 60 labriegos de los municipios de Chigorodó, Mutatá, Turbo y Necoclí.
En esa región del departamento de Antioquia actuaron tres grupos paramilitares de las Auc a los cuales se les responsabiliza del despojo de tierras: Bloque Bananeros, que lideró Ever Velosa, alias HH; Élmer Cárdenas, bajo el mando de Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán; y el Frente Alex Hurtado, comandado por el empresario bananero Raúl Hasbún, alias Pedro Ponte. Si bien todos ellos son postulados a la Ley de Justicia y Paz, poco es lo que han dicho de la apropiación ilegal de tierras y menos aún de devolverlas a sus dueños originales.
De los tres mandos paramilitares, quien está más asociado al tema de tierras es Hasbún, pues proviene de familia de terratenientes, reconocida como pionera en la siembra de banano para exportación. Dado su conocimiento de fincas y empresarios, alega que buena parte de las tierras apropiadas por sus hombres eran de su propiedad. Así lo reiteró el pasado 2 de julio de este año, en una audiencia de versión libre: “¡Cómo van a decir que los sacamos a las malas si ellos invadieron ese sector!”.
Lo preocupante no sólo es esa falta de aceptación de los paramilitares. A Carmen le alarma la presencia en esa subregión agroindustrial de Antioquia de las mal llamadas bandas criminales (Bacrim) asociadas a un nuevo tipo de paramilitarismo, que intimidan, amenazan y asesinan a las víctimas: “conocemos el caso de un testaferro en Chigorodó que amenaza a las víctimas obligándolas a que le firmen escrituras falsas, que ya tiene elaboradas para quedarse como dueño legal de esas propiedades”.
La situación no es fácil en Urabá para aquellos que reclaman sus tierras despojadas por los paramilitares. Pero para líderes, como Carmen, que se han empeñado en reclamar sus posesiones a pesar del miedo y las presiones, el hecho de que se haya instalado en Antioquia la primera Comisión Regional de Restitución de Bienes representa el logro más importante de su lucha en los últimos años.
“A través de esta Comisión sé que tendremos acompañamiento del Gobierno, una efectiva devolución de las tierras de todas las víctimas que fueron despojadas en Urabá y la garantía de no repetición. Son cerca de 40 mil hectáreas representadas en unas 2mil personas que fueron despojadas por los paramilitares”, declaró Carmen.
Durante el acto de instalación de la Comisión, 105 familias recibieron títulos de restablecimiento de sus derechos sobre propiedades ubicadas en las veredas de La Teca, California, Calle Larga y Nueva Unión, del municipio de Turbo. De acuerdo con Gerardo Vega, coordinador para Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), esta titulación se logró gracias a un proyecto piloto realizado allí. En una segunda fase, programada para finales de septiembre de este año, 67 familias recibirán los títulos de propiedad de predios baldíos de estas cuatro veredas.
A pesar de la satisfacción que esta líder y de varias familias por la devolución de las propiedades, aun no se declaran satisfechas. Varias víctimas consideran que, en el tema de tierras, la Ley de Justicia y Paz fracasó, pues aún no se ha logrado una devolución masiva por parte de los paramilitares: “para nosotros, como víctimas, lo que nos tiene en la calle, sin trabajo, lo que nos ha hecho perder la dignidad como personas, es la pérdida de nuestros bienes, y hasta ahora no se ha logrado su restitución total”.
El Vicepresidente de la República, Francisco Santos, quien estuvo en la instalación de la Comisión, aceptó las críticas y le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que si los paramilitares no restituyen las propiedades robadas se les debe excluir de Justicia y Paz.
Santos reconoció también las dificultades que rodean el proceso de restitución de bienes en el país y argumentó por qué: “hay dificultades institucionales, porque no hay identificación ni titulación de bienes; dificultades en sensibilidad, porque no todos los funcionarios públicos a todo nivel están tan comprometidos; dificultades legales, porque el sistema judicial es inmensamente lento y muchos vuelven a sus tierras y encuentran tenedores de segunda fe o testaferros, y no hay quién resuelva rápidamente esos problemas”.
Para superar ese conjunto de obstáculos, el Vicepresidente de la República explicó que con la nueva Ley de Víctimas, que presentará el Gobierno al Congreso el próximo 20 de julio,permitiría acelerar el proceso no sólo de restitución por la vía de los títulos de propiedad, sino su posesión real.
“Esperamos que esa nueva ley nos faculte para incluir la posesión del bien en los títulos de propiedad para que actúe de inmediato la Policía”, explicó el vicepresidente Santos.
En cuanto a la inseguridad que rodea a las víctimas de despojo de bienes, Santos explicó que el asunto ha sido abordado en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Justicia y Paz, donde se han diseñado nuevos parámetros de protección, pero llamó la atención de las autoridades regionales y locales para que no pierdan de vista este tema.
“Entendemos las dimensiones del problema”, dijo el Vicepresidente. “Por eso estamos creando un mecanismo que sea totalmente efectivo, cuyo esquema debe ser proceso judicial rápido, protección y diseño de un sistema de garantías en el que también participen las fuerzas militares y de policía”.
Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), mostró las dimensiones del problema de los bienes despojados por grupos armados ilegales: “existen alrededor de tres millones de personas desplazadas, lo cual significa alrededor de 650 milfamilias. El cálculo es que un porcentaje de estas familias tenían propiedades rurales por un monto que se calcula en 5,5 millones de hectáreas, de las cuales 1,2 millones están en manos de grupos armados ilegales o sus testaferros, otras están totalmente abandonadas, y unas más están siendo ocupadas en forma masiva por campesinos pobres sin tierra”.
De acuerdo con Pizarro, a más tardar en el primer semestre de 2010, el país tendrá instaladas 12 comisiones regionales de restitución de bienes en igual número de ciudades. Las próximas serán Sincelejo y Cartagena.
Con este nuevo mecanismo, el gobierno espera atender a las víctimas del despojo de bienes y hacer justicia con aquellas personas que luchan de manera denodada y valiente para recuperar sus propiedades y, como lo señaló Carmen Palencia, su dignidad.
(*) Nombre cambiado por razones de seguridad
