Con el asesinato de dos líderes de víctimas en Sucre y Cauca, en la última semana, ya son 42 los dirigentes asesinados por exigir sus tierras desde la desmovilización de los ‘paras’. 400 han sido amenazados.
Lo que ha venido ocurriendo con las víctimas desde la desmovilización de las autodefensas es que en varias regiones del país como Córdoba, Antioquia, Bolívar, Chocó, Sucre, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena Medio y el Catatumbo, testaferros de los paramilitares han intentado a toda costa impedir que se les devuelva las tierras robadas a los campesinos despojados.
Los métodos que usan estos delincuentes para intimidar y evitar que las víctimas reclamen lo suyo son los mismos que usaban antes de la desmovilización los paramilitares: señalar a los líderes como supuestos jefes guerrilleros, tratar de intimidarlos y al final asesinarlos para detener la restitución de las tierras usurpadas. Además, según la Consultoría para los Derechos Humanos, Codhes, no hay un solo criminal procesado o ni nadie condenado por los 42 asesinatos de líderes de desplazados que reclaman sus tierras.
Pero lo más grave en todo este panorama es que el Gobierno no ha brindado garantías de seguridad a las víctimas, llegando incluso a descalificar a las Ong que reclaman protección para estas personas y comunidades, o minimizando el grado de vulnerabilidad que tienen estas víctimas. En una declaración de la semana pasada el presidente Álvaro Uribe calificó la Comisión Intereclecial de Justicia y Paz de “nuevos conquistadores”. La Ong ha acompañado los desplazados de Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó en la reclamación de sus tierras, arrebatadas por los ‘paras’ en 1997, proceso que le ha costado decenas de muertos a la comunidad.
Como ocurrió en la madrugada del 18 de mayo pasado, varios encapuchados se le atravesaron a Rogelio Martínez cuando salía en mototaxi de la vereda La Alemania, cerca de San Onofre, Sucre. Los desconocidos lo bajaron del vehículo, le gritaron al chofer: “Corre que no es contigo” y le dieron tres balazos en la cabeza al campesino. Rogelio, a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, había denunciado amenazas contra su vida, sin embargo el Ministerio del Interior y Justicia no había resuelto aumentar las medidas de seguridad (ver artículo: La larga lista de víctimas de la vereda La Alemania en San Onofre).
Al otro lado del país, en Santander de Quilichao, Cauca, el 23 de mayo a las nueve de la mañana Alexander Quintero volvía del parque principal del pueblo con su suegra, su mujer y su hija de cinco años cuando cuatro desconocidos montados en motos lo atacaron y lo asesinaron con cuatro impactos.
Lo que tenían en común estas personas era que ambos estaban amenazados, eran los representantes de dos comunidades que fueron aterrorizadas por grupos paramilitares y además reclamaban los derechos de las víctimas.
Los dos hombres hacen parte de la lista de 42 líderes de desplazados y asesinados en menos de siete años. Rogelio Martínez representaba a 52 familias campesinas que en 1998 fueron desalojados de la finca La Alemania por paramilitares de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’ y que reclamaban la devolución de su finca.
Mientras que Alexander Quintero era presidente de la Asociación de Juntas Comunales del Alto Naya y representaba a los sobrevivientes de la masacre del Naya, ocurrida entre el 10 y el 13 de abril de 2001 en la que se dice que fueron asesinados más de 40 campesinos, entre indígenas y colonos, por paramilitares al mando de José Ever Veloza, alias ‘HH’.
Los dos líderes habían pedido protección del Estado y estaban en la lista de 400 dirigentes o defensores de desplazados que han sido amenazados por ”herederos” del paramilitarismo, guerrilla o bandas criminales, según un conteo realizado por la Codhes.
Rogelio Martínez, que ya había sido amenazado un sinnúmero de veces y representaba una comunidad donde más de 15 personas habían sido asesinadas, no fue incluído por el Ministerio del Interior en el programa de protección a victimas por no cumplir los requisitos
el Gobierno.
Según los Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Alexander Quintero, considerado por su comunidad como una pieza clave para reclamar justicia y reparación por la masacre del Naya, también había solicitado medidas de protección a la Fiscalía, sin que se le haya dado respuesta.
Por eso la Onu en un comunicado le pidió al Gobierno colombiano “tomar medidas más contundentes para
proteger a los defensores y garantizar los procesos de verdad, justicia y
reparación para las víctimas del conflicto armado”.
“Apenas se empiezan a organizar, los líderes se meten en la mira de los armados. Es muy preocupante porque estas personas son las columnas vertebrales de los procesos de reclamación de tierras” le dijo a VerdadAbierta.com un funcionario de Codhes, que añadió que cada semana llegan nuevas quejas de dirigentes de organizaciones de desplazados por panfletos, llamadas o intimidaciones que están recibiendo.
Como le dijo a VerdadAbierta.com Enrique Petro, que lucha por la restitución de sus tierras invadidas por paramilitares y palmeros en Curvaradó: “Los paramilitares están igualitos, sin uniformes ni armas largas, pero ahí están”.
Petro, un colono que dejó su natal Montería por las selvas del Chocó hace más de 40 años, tuvo que abandonar su finca en 1997 por la presión de los ‘paras’. Cuando volvió en 2004, sus 120 hectáreas estaban sembradas de palma africana, cultivos manejados por empresas que están siendo investigadas por sus presuntos nexos con paramilitares del Bloque Élmer Cardenas.
Este campesino reclamó, se quejó y tumbó las palmas que invadían su finca. Petro ha sido uno de los líderes campesinos que se ha opuesto al despojo por parte de los palmeros, por lo que le ha traído amenazas y tres intentos de asesinato en los últimos años.
Hace menos de un mes dice que un desconocido trató de emboscarlo. Los campesinos denunciaron que este hecho fue realizado en complicidad con varios soldados que supuestamente están apostados en la zona para cuidar la comunidad. “Sé que están pagando 30 millones por mi cabeza, tienen el plan bien hecho, saben todos mis movimientos”, dijo Petro a VerdadAbierta.com con resignación.
Y lo peor de todo es que la lista de los 42 dirigentes de asociaciones de desplazados asesinados y los 400 intimidados solo muestra una parte de la realidad a la que se enfrentan en la actualidad miles de víctimas que reclaman que se haga justicia y que además se les devuelva lo que les robaron.
VerdadAbierta.com hizo un mapa en el que ilustramos cómo ha sido la persecución en contra de estos líderes sociales.
