La masacre de siete personas ocurrida el pasado lunes en la vereda La Estrella, de Yarumal, evidencia la grave alteración del orden público que vive no sólo en este municipio, sino toda una región que hasta hace poco estuvo bajo control y dominio de las Farc y donde, hasta ahora, el Estado ha sido incapaz de controlar.
Aunque inicialmente se había planteado la hipótesis según la cual la guerrilla del Eln estaría detrás de la masacre del 21 de enero, el propio gobernador de Antioquia, Luis Pérez, señaló que podría tratarse de bandas criminales. Foto: Wikimedia Commons.Una profunda zozobra se apoderó de los habitantes de Yarumal, y no es para menos. En menos de un mes se han perpetrado dos incursiones armadas de similares características que han dejado un saldo trágico de ocho personas muertas y tres heridas. Para dimensionar la gravedad del deterioro del orden público que vive esta localidad del norte de Antioquia basta decir que en lo que va enero se han cometido 14 asesinatos, el 77,7 por ciento del total de homicidios registrados en todo 2017, cuando se contabilizaron 18 asesinatos.
El hecho más reciente fue la masacre de siete personas en el estadero Las Margaritas, de la vereda La Estrella, perpetrada el pasado 21 de enero. Según las informaciones entregadas por la Secretaria de Gobierno de Antioquia, tres hombres que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, cubrían sus rostros con pasamontañas y portaban ametralladoras Mini Uzi, llegaron hasta el sitio y abrieron fuego de forma indiscriminada contra los presentes.
Este mismo modus operandi se registró justo un mes antes, cuando tres hombres armados llegaron al corregimiento Cedeño y dispararon contra un grupo de personas que departían en un local comercial de la zona céntrica de este poblado. En el hecho perdió la vida Ricardo Gómez y resultaron heridos Jesús Molina y Henry Geovani Zapata.
¿Quiénes son los responsables de estos hechos? ¿Qué móviles hay detrás de ellos? ¿Existe conexión entre una y otra incursión armada? Estas son preguntas sobre las cuales no hay respuestas claras, sólo especulaciones.
Si bien la secretaria de Gobierno Departamental, Victoria Eugenia Ramírez, informó horas después que la masacre ocurrida en la vereda La Estrella se debía a enfrentamientos entre el ‘Clan del Golfo´, autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), y la guerrilla del Eln por el control de rentas derivadas del narcotráfico, análisis de diversas organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo plantean hipótesis en otras direcciones, incluso, no descartan que en estos hechos estén involucradas organizaciones delincuenciales provenientes de Medellín.
De fondo, lo que evidencian los hechos ocurridos en Yarumal es el deterioro de la seguridad no sólo en ese municipio, sino en la región del norte del departamento, ocasionada por el desarme de las Farc, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, y la incapacidad del Estado de copar esa zona, estratégica para el control de actividades ligadas al narcotráfico.
Reacomodo criminal
Yarumal experimenta un aumento alarmante en los homicidios: en lo que va del año ya se han cometido 14 asesinatos mientras en todo el 2017 se cometieron 18 asesinatos. Foto: archivo Semana.El Norte de Antioquia fue uno de los principales bastiones militares y sociales de la guerrilla de las Farc. Durante décadas, ejerció autoridad y dominio en amplias zonas de municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Campamento y algunas zonas rurales de Valdivia y veredas como La Estrella, Canoas y Cañaveral de Yarumal. Con la dejación de sus armas, los pobladores de la región pensaron que había llegado el tiempo de la paz y la tranquilidad, pero no ha sido así.
Informes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, como el 003 de febrero de 2017 sobre Briceño y el 037 de agosto de 2017 sobre Ituango, alertaron sobre la progresiva expansión de las estructuras ‘gaitanistas’ hacia los territorios antes dominados por las Farc, quienes ahora patrullan vestidos de camuflado y portando armas largas por zonas rurales de ambos municipios. Esa situación, elevó el nivel de riesgo para las comunidades campesinas y sus dirigentes, las organizaciones sociales y los líderes del proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos pactado con las Farc en los acuerdos de La Habana.
Las advertencias del SAT también hacen referencia a la presencia de miembros de ‘Los Pachelly’, en áreas urbanas y semiurbanas de Briceño e Ituango, quienes estarían controlando el negocio del microtráfico. Se trata de una banda criminal del municipio de Bello, reconocida por su larga trayectoria delictiva en el Valle de Aburrá y por ser, junto con los ‘Chatas’, también de ese municipio, las estructuras armadas más poderosas al servicio de la llamada ‘Oficina de Envigado’.
Los análisis de la Defensoría señalan que esta banda delincuencial también estaría presente en San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal, donde, además, la presencia ‘gaitanista’ se advierte desde finales de 2014. ‘Los Pachelly’ serían las responsables del control de la venta de estupefacientes en las zonas urbanos, la producción de alcaloides en áreas rurales del norte de Antioquia, el reclutamiento forzado y la utilización de menores de edad en actividades ilícitas, así como la explotación sexual infantil que se vienen registrando en estos municipios.
De acuerdo con voceros de la Corporación para el Desarrollo y la Paz (Corpades), organización no gubernamental que hace seguimiento a la situación de seguridad en Antioquia, la llegada de esta banda delincuencial a los municipios del norte de Antioquia podría obedecer a pactos celebrados entre los máximos cabecillas de las Agc y Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’ o ‘Carlos Chata’, considerado ‘el último gran capo’ de la ‘Oficina de Envigado’ y quien fuera capturado por agentes de la Policía el pasado 8 de diciembre en El Peñol, oriente antioqueño.
El Norte de Antioquia experimenta un fenómeno complejo: el avance de bandas criminales provenientes de la cuidad de Medellín, la expansión de las Agc y el interés del Eln de copar territorios dejados por las Farc. Foto: Wikimedia Commons.De acuerdo con lo narrado por un investigador judicial a este portal, el modus operandi y las armas utilizadas en las incursiones armadas perpetradas en Yarumal no obedecen a la forma de actuar de la guerrilla del Eln, a la que inicialmente se le atribuyó la masacre de los siete pobladores; refleja, más bien, una manera de actuar propia de la criminalidad urbana, lo que hace suponer que tanto los hechos del pasado domingo como los de un mes atrás obedecerían a un ajuste de cuentas entre bandas criminales que se están disputando el control de corredores, rentas, y centros de producción de alcaloides en el Norte y Bajo Cauca antioqueños.
Varios hechos le darían sustento a esa hipótesis. Los golpes propinados meses atrás por la Policía Nacional a la estructura de mando de las Agc, entre ellos las muertes de alias ‘Gavilán’ (1 de septiembre de 2017) y de alias ‘Inglaterra’ (23 de noviembre de 2017) estarían generando un proceso de fragmentación y vendettas entre las estructuras ‘gaitanistas’ que operan en el Norte y Bajo Cauca, tal como lo destacó el SAT de la Defensoría en su Informe de Inminencia 008 del 22 de enero de 2018.
Las Agc, que hasta hace poco se mostraban como una estructura hegemónica y unificada desde Yarumal hasta Caucasia, está experimentando un proceso de desintegración violenta que, según la Defensoría, se siente hoy con fuerza en Cáceres y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño; y el corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia, norte de Antioquia. Análisis de centros de pensamiento como la Fundación ideas para la Paz (FIP) también integran a esa dinámica armada al municipio de San José de Uré, en Córdoba.
Según reportes de las autoridades locales de Cáceres, enfrentamientos entre grupos armados ilegales no identificados generaron el fin de semana pasado el desplazamiento de por lo menos 450 personas de zonas rurales hacia la cabecera municipal, generando una grave crisis humanitaria.
De otro lado, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó de manera preliminar el desplazamiento de 425 personas, entre campesinos e indígenas, de cinco veredas y del resguardo Dochamá de San José de Uré, que llegaron a este centro urbano en busca de ayuda. De acuerdo con OCHA, “esta situación se da como consecuencia del homicidio del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito el 18 de enero por parte de un grupo armado no identificado, quienes además ordenaron a las familias desplazarse de la zona”.
De hecho, según reportes de las autoridades locales de Cáceres, enfrentamientos entre grupos armados ilegales no identificados generaron el fin de semana pasado el desplazamiento de por lo menos 450 personas de zonas rurales hacia la cabecera municipal, generando una grave crisis humanitaria.
El trasfondo de esta disputa sería el control de corredores para el narcotráfico, centros de producción de alcaloides y lucrativos expendios de drogas. En este sentido, Yarumal es una localidad sumamente importante dado el alto consumo de sustancias psicoactivas que se registra en sus zonas urbanas y rurales.
De otro lado, para las autoridades de Policía también es significativo el hecho de que el estadero donde se perpetró la masacre del pasado 21 de enero era un reconocido expendio de sustancias alucinógenas que en el pasado estuvo bajo control del Frente 36 de las Farc y que tres de las personas fallecidas venían siendo investigadas por la Fiscalía.
¿Los ‘elenos’ en la disputa?
Aunque la presencia del Eln en la región del Norte ha sido limitada, diversos informes de organismos humanitarios señalan el interés de esta guerrilla de avanzar hacia ese territorio, dado el excepcional corredor que representa.Eduardo Álvarez, coordinador del área de Dinámicas de Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP, siente que no se debe descartar del todo la injerencia de la guerrilla del Eln en el incremento de la violencia que viene experimentando Yarumal y, en particular, el Norte de Antioquia.
Los seguimientos que viene realizando la FIP al comportamiento de las Agc y del Eln muestran presencia verificada de este grupo insurgente en municipios como Cáceres, Tarazá y Zaragoza, en Antioquia, y en San José de Uré, Córdoba, así como fuertes rumores de avances hacia Valdivia e Ituango. “Sin embargo, en Yarumal es poca la información que tenemos de presencia del Eln”, señala Álvarez.
“A ello hay que agregar –continúa Álvarez– que se tienen reportes de uso de brazaletes del Eln por parte de otras expresiones armadas en otras regiones del país. Eso lo hemos podido comprobar en municipios como Suárez y Miranda, en el departamento de Cauca. Con todo y ello, no se puede descartar la presencia del Eln en el norte de Antioquia. Si se observa en su conjunto el Bajo Cauca, el Nudo de Paramillo, Valdivia, no está de más plantear la posibilidad de que el Eln quiera acceder a corredores de movilidad en la zona y, de paso, bloquear el avance de las Agc”.
Se trata de una región que, durante décadas, le permitió a distintos frentes de las Farc conectar el Nudo de Paramillo y el sur del Córdoba con el Norte y el Bajo Cauca antioqueño. Esta amplia zona montañosa sigue siendo estratégica para la movilidad, retaguardia y aprovisionamiento de las fuerzas irregulares que, además, concentra extensos sembradíos de hoja de coca para uso ilícito y entables para su procesamiento.
No es casual que las denuncias de comunidades campesinas de Dabeiba, en el occidente antioqueño; Ituango y Valdivia, en el norte; y Anorí, en el nordeste, sobre movimientos de los ‘elenos’ vienen en aumento. De comprobarse lo anterior y, peor aún, no detenerse oportunamente este avance, localidades como Yarumal, Campamento y Angostura quedarían en el centro de un nuevo conflicto armado.
Sin el efectivo control de las fuerzas estatales, esas agrestes montañas y los centros poblados cercanos, entre ellos municipios, como Yarumal, donde se asientan importantes actividades agroindustriales, e Ituango, en cuya área de influencia se construye la central hidroeléctrica Hidroituango, están convirtiéndose en el centro de un conflicto armado que podría tener graves consecuencias para las comunidades y sus líderes, así como para la dinámica económica de la región. Las alarmas están prendidas.
