Más allá de la controversia entre las dirigencias antioqueña y chocoana, que reclaman soberanía sobre este territorio, existen complejos problemas, principalmente relacionados con la tenencia de la tierra que tendrán que resolverse independiente de la bandera que se ice o el himno que se cante.
Para finales de la década de los noventa, Belén de Bajirá fue uno de los epicentros de la cruenta guerra que sostuvieron la guerrilla de las Farc y el Frente Árlex Hurtado del Bloque Bananero de las AUC, situación que generó fuertes desplazamientos y posteriores despojos de tierra. Foto: Juan Diego Restrepo E.
¿Qué pasará con las solicitudes de restitución que comprometen tierras en Belén de Bajirá, Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente, poblaciones que están en medio de la controversia por cuenta de la disputa territorial que sostienen Antioquia y Chocó? ¿Podrán afectarse los procesos de retorno que tienen lugar allí, la inmensa mayoría realizados por los labriegos por su cuenta y riesgo y sin acompañamiento estatal? ¿Qué decisión conviene más a los reclamantes de estas localidades: continuar perteneciendo a Antioquia o a Chocó?
Estas son algunas de las preguntas que surgen tras conocer la reciente decisión adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) de anexar estas localidades, por lo menos en el papel, al nuevo mapa del departamento de Chocó, con lo cual, según laentidad, queda zanjada la disputa territorial que sostuvieron por poco más de 17 años dirigentes antioqueños y chocoanos por este vasto territorio cercano a las 110 mil hectáreas.
No se trata de una preocupación menor. Según información suministrada por la Unidad de Restitución de Tierras, regional Urabá, a la fecha han sido recepcionadas unas 604 solicitudes para restituir predios presuntamente despojados en estas cuatro zonas.
Estas localidades también son el escenario de un complejo fenómeno social que comenzó en 2012 y que se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo: cientos de familias campesinas que, cansadas de esperar resultados en los estrados judiciales, decidieron regresar por su propia cuenta y riesgo a las tierras que alegan les fueron despojadas en los años en que los paramilitares eran ‘Dios y Ley’ en la región. (Ver más en: Belén de Bajirá, más que un territorio en disputa)
Desde entonces, de las veredas de Blanquiceth, Macondo, Nuevo Oriente y Belén de Bajirá llegan noticas sobre ataques a campesinos perpetrados por gente extraña; violentos desalojos ordenados por autoridades civiles; amenazas y atentados contra los líderes más visibles de la restitución; y asesinatos de labriegos reclamantes. Allá, la pelea por la tierra no conoce banderas.
VerdadAbierta.com indagó con funcionarios, líderes campesinos y juristas sobre la incidencia que podría tener esta decisión en los complejos casos de restitución que tienen lugar allí y si podrían afectarse otros procesos que se enmarcan dentro de las llamadas medidas de reparación y garantías de no repetición, ordenadas tanto por magistrados civiles de tierra como por aquellos que imparten justicia en los tribunales de Justicia y Paz.
¿Medida en firme?
La disputa limítrofe entre Antioquia y Chocó ha obstaculizado varios procesos de restitución de tierra. Un ejemplo claro de ello es el del territorio colectivo Pedeguita-Mancilla, que a la fecha, tiene tierra en Antioquia y los corregimientos de Turbo objeto de controversia. Foto: Juan Diego Restrepo E.
¿Realmente quedó zanjado este conflicto limítrofe que ha tenido enfrentado a chocoanos y antioqueños por casi dos décadas? Todo indica que no. De acuerdo con el jurista y docente universitario Andrés Úsuga, “jurídicamente, no se ha solucionado el conflicto limítrofe. El mapa es un concepto técnico que no tiene validez hasta tanto no se publique el acto administrativo (una resolución) que le de sustento jurídico. Y el acto administrativo de seguro será demandado. En pocas palabras, es como si una persona tiene el plano de su casa, pero no las escrituras. No tiene nada”.
Como se recordará, el 11 de febrero de 2016 el Igac publicó un informe técnico en el que determinó que los corregimientos Belén de Bajirá, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente pertenecen a territorio chocoano, pero en diciembre del mismo año, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República decidió devolver dicho informe. Así, mientras para la entidad dicha devolución significó la aprobación de sus observaciones técnicas, procediendo con ello a la elaboración del nuevo mapa chocoano y su posterior publicación, congresistas –principalmente antioqueños- aseveran todo lo contrario: que el informe fue devuelto por estar mal elaborado.
A esto se suman los argumentos que expondrá la dirigencia antioqueña para controvertir la decisión del Igac, lo que desde ya augura un largo trámite jurídico. Según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, esta entidad no es competente para resolver este agrio diferendo limítrofe pues según la Ley 1454 de 2011, solo el Congreso de la República tiene esa facultad y debe ser este quien tome la última palabra.
El mandatario regional añadió nuevos argumentos a la pretensión de mantener la soberanía antioqueña sobre estas poblaciones en carta enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos: “para que el Igac publique un mapa oficial se requiere concepto favorable del representante legal de la entidad territorial respectiva y cada uno de los representantes legales de las entidades territoriales colindantes y el gobernador de Antioquia no fue consultado, como tampoco los gobernadores de Valle y Risaralda, colindantes con Chocó”.
Política nacional
Campesinos desplazados piden restitución de tierras en la Hacienda Monte Verde.
Independiente de este galimatías jurídico, en la Unidad de Restitución de Tierras tienen claro que, más allá de que sea territorio chocoano o antioqueño, urge resolver los complejos casos de restitución documentados en estas poblaciones. Casos como el de los consejos comunitarios Pedeguita-Mancilla y La Larga-Tumarado son claros ejemplos de ello. (Ver más en: Campesinos y afros se enfrentan por la tierra en Riosucio, Chocó)
En el caso de este último, se trata de un territorio de 107 mil hectáreas que inicia en el municipio de Riosucio, Chocó, y se extiende hacia las veredas Guacamayas, Eugenia Arriba, Eugenia Abajo, Eugenia Medio, Cuchillo Blanco, Cuchillo Negro y Bella Rosa del corregimiento Macondo.
El relato histórico dice que allí paramilitares bajo el mando de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, en su afán de arrebatarle el control del territorio a la guerrilla de las Farc, protagonizaron sangrientas incursiones que terminaron por generar desplazamientos masivos a finales de los años noventa. Aprovechando el miedo generalizado en la región, agroempresarios de la palma y ganaderos se hicieron con grandes extensiones de tierra mediante presiones y engaños. Varios de ellos, incluso, ya fueron juzgados y sentenciados. (Ver más en: “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)
En 2015, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución decidió priorizar el caso de La Larga-Tumaradó, junto a otras ocho comunidades afro, para presentar una demanda de restitución colectiva ante un juez especializado de tierras. Pero el proceso ha experimentado varios obstáculos. Uno de ellos guarda relación con la disputa limítrofe: como no ha habido claridad en los límites entre ambos departamentos, los registros catastrales no muestran dónde está el territorio colectivo, si en tierras antioqueñas o chocoanas.
El otro escollo pasa por las solicitudes individuales sobre predios que están dentro del Consejo Comunitario. Estas se concentran principalmente en Macondo. De acuerdo con Elkin Rocha, director de la Unidad de Restitución de Tierras, regional Urabá, en su despacho reposan 184 solicitudes de restitución de predios de esta localidad. Cuando el desaparecido Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) tituló el territorio colectivo a comunidades negras, en el año 2000, no tuvo en cuenta las más de 150 resolución de adjudicación de baldíos que hizo la misma entidad en los primeros años de los años noventa. (Ver más en: La disputa por la tierra en Macondo: una realidad que trasciende la ficción)
Y como la tierra en los territorios colectivos tiene un carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, allí no se pueden realizar restituciones individuales, sino que estas deberán ser a nombre del Consejo, en este caso el Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, que, a su vez, devolverá los predios a los campesinos reclamantes.
Para ello, cuenta Rocha, era preciso culminar un proceso de caracterización para identificar cuantos habitantes mestizos (es decir, campesinos) habitan el Consejo Comunitario, cuántos son propietarios y salieron desplazados por cuenta de la violencia paramilitar y, a su vez, cuántos adelantan hoy procesos de restitución de predios de manera individual.
“Hemos avanzado bastante con esa caracterización. En próximos días se socializará con la Junta Directiva del Consejo”, explica Rocha, quien añade que “se presentarán tanto las solicitudes individuales como la solicitud de restitución colectiva. Consideramos importante que el juez que asuma el caso tenga un panorama muy amplio del problema”.
A juicio de Rocha, si queda en firme incluir este corregimiento en territorio chocoano, “ello no afectará en nada el trabajo de la Unidad. Nosotros en ningún caso perdemos la competencia. Lo único que cambia es dónde radicamos la demanda, si en el distrito judicial de Apartadó o en Quibdó. Estamos aplicando una Ley de la República que no se ve afectada por decisiones regionales”.
De acuerdo con el funcionario, a la fecha existen unas 190 solicitudes de restitución que comprometen predios en Belén de Bajirá. Asimismo, en su despacho reposan 143 solicitudes en Blanquicet mientras que para Nuevo Oriente la cifra llega a 84.
“Sí cambia la cosa”
Belén de Bajirá también fue uno de los laboratorios de la palma africana que impulsó en su momento Vicente Castaño en todo el Bajo Atrato. El mayor de los hermanos Castaño invitó un grupo de agroempresarios para que invirtieran en la región. Por estos hechos ya hay varias sentencias en firme. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Tanto Belén de Bajirá, como Nuevo Oriente, Blanquiceth y Macondo han experimentado un fenómeno social que inició en 2012 y que en los últimos años se ha convertido en una bomba de tiempo: cientos de familias campesinas que por su propia cuenta y riesgo han regresado a fincas que alegan les fueron despojadas hace varios años por paramilitares.
Para las autoridades antioqueñas, particularmente de Turbo, se trata de invasores, personas que recurrieron a las vías de hecho para invadir predios que la justicia aún no ha probado que les pertenecen. Decenas de desalojos fueron ordenados por las inspecciones de Policía de Turbo y Mutatá. (Ver más en: Los desplazamientos, despojos y desalojos que rodean a Guacamayas)
Sin embargo, el Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó sentó un precedente al establecer, en octubre de 2014, que no se trataba de campesinos invasores sino víctimas de la violencia y, por tanto, las autoridades municipales, administrativas, policiales y judiciales de Riosucio (Chocó), Turbo y Mutatá (Antioquia) debían abstenerse de ordenar y realizar diligencias de lanzamientos y desalojos en contra de estas comunidades, hasta tanto el proceso en la jurisdicción de tierras se resolviera.
La medida quedó en firme mediante Auto Interlocutorio No 08 del 12 de diciembre de 2014, que protegió a 39 familias afro y mestizas que ocuparon predios ubicados en la comunidad La Madre, pertenecientes al Consejo Comunitario La Larga y Tumaradó. (Ver más en: Juez ordena proteger a comunidad La Madre, de la Larga-Tumaradó, en Chocó)
Por ello, al ser consultados sobre el tema, voceros de los campesinos reclamantes señalaron que podrían verse beneficiados si queda en firme la decisión de incluir estos corregimientos en territorio chocoano. “Claro que nos beneficia. Macondo es parte de un consejo comunitario chocoano. Al quedar todo el territorio integrado a un solo departamento y no a dos, como ahora, podría avanzarse en un proceso de restitución colectiva”, sostiene Carlos Páez, líder reclamante de tierras de Urabá.
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, que actualmente acompaña 60 casos de restitución de tierras en la región objeto de controversia limítrofe, sostiene que la inclusión de estos corregimientos en territorio chocoano traería grandes ventajas a las familias reclamantes que decidieron regresar por su cuenta y riesgo a lo que consideran como propio.
“Eso quiere decir que los inspectores de Turbo y Mutatá pierden toda competencia para ordenar desalojos. Hace poco se efectuaron desalojos en Macondo”, relata Vega. “Los funcionarios de Riosucio han mostrado una actitud más benevolente conlos reclamantes. Para ellos, se trata de víctimas de la violencia, mientras que para Turbo se trata de invasores, haciéndole el juego a los despojadores y terratenientes que se niegan a entregar la tierra”.
La controversia está al rojo vivo, pero detrás de esa agitación política, promovida desde la gobernación de Antioquia, hay una grave situación de despojo y violencia continuada que tendrá que ayudar a resolver aquel departamento que se quede con los territorios en disputa. El asunto no es solo de papel.
