Lo que está ocurriendo en Guaviare deja abiertos varios interrogantes sobre la forma como la Unidad de Restitución de Tierras está reaccionando a la presión política en los territorios, y si la solución es debilitar el trabajo de la Dirección de Asuntos Étnicos.
En la actualidad, la Dirección de Asuntos Étnicos trabaja sobre 42 reclamaciones de derechos territoriales de comunidades indígenas, que suman un millón 380 mil hectáreas y cobijan a 15 mil 475 familias. Foto: archivo Semana.Académicos y funcionarios que trabajan en la implementación de las normas de Víctimas y Restitución de Tierras están preocupados por el futuro de los derechos territoriales de los indígenas y afrodescendientes. Sus inquietudes se derivan de dos hechos recientes: las declaraciones de Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en una reunión convocada por políticos en San José del Guaviare el pasado 24 y la renuncia de Luis Azcárate, director de Asuntos Étnicos (DAE) de esta entidad. Parecen hechos diferentes, pero no, el primero condujo al segundo.
La DAE es una dependencia de la URT que comenzó a funcionar en 2013 para hacer cumplir los decretos ley 4633 y 4635, que permiten a indígenas y afros reclamar los derechos territoriales que les fueron vulnerados por efecto de la guerra que, en unos casos, generó la expulsión de su territorio ancestral y, en otros, el despojo. En ambos casos se quedaron esperando que el Estado actuara con diligencia para protegerlos, cosa que nunca sucedió.
Precisamente esos decretos ley, complementarios a la Ley de Víctimas y Restitución, se promulgaron para resarcir esos daños y corregir las incoherencias de los extintos Instituto Colombiano parala Reforma Agraria (Incora) y e Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). (Lea: Protegiendo territorios étnicos a punta de demandas)
La tarea de la DAE ha sido titánica en sus tres años de labores: los resguardos [territorios colectivos de los indígenas] y los consejos comunitarios [territorios colectivos de los afros] suman miles de hectáreas, están en zonas apartadas donde ha habido ausencia histórica del Estado, donde hay disputas de actores armados ilegales por las rentas de los negocios ilegales y donde además, están bajo la lupa de grandes proyectos económicos. (Lea: Comunidades étnicas reclaman títulos sobre 1,2 millones de hectáreas)
Pese a todo, la DAE, bajo la dirección de Luis Azcárate, logró tres sentencias que ordenaron el restablecimiento de los derechos territoriales a los indígenas Emberá-Katíos del río Andágueda y Emberá del Resguardo Dóbida Dogibi, en Chocó, y a los afros del Consejo Comunitario Renacer Negro, en Cauca. Las cerca de 131 mil hectáreas de esos territorios representan el 66 por ciento del total de las hectáreas restituidas en 1.500 sentencias al 1 de abril de 2016.
Según datos oficiales, al 1 de julio de 2016, la DAE trabajaba sobre 65 casos de restitución étnica, entre reclamaciones indígenas y afrodescendientes, que suman 2 millones 208 mil hectáreas. De estos 65 casos, 25 ya están radicados en demandas antes los jueces especializados a la espera de que sus fallos favorezcan a 8.364 familias que reclaman derechos territoriales sobre 238 mil hectáreas. Los otros 40 casos están en etapa administrativa, en trabajo de campo, socialización, documentación y concertación, que involucran a 26.661 familias, que reclaman un millón 616 mil hectáreas.
Como lo ha documentado VerdadAbierta.com, el trabajo realizado por la DAE ha ‘levantado ampollas’, pues las reclamaciones étnicas exigen que la institucionalidad agraria les reconozca los títulos colectivos o se los amplíe, y les garantice autonomía de cómo quieren vivir en su territorio, lo que va en contravía de los Proyectos de Interés Nacional (Pine) en los sectores minero-energético y de infraestructura impulsados por el gobierno de Juan Manuel Santos, sobre los que ya se pronunció la Corte Constitucional, y sobre las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), cuestionadasen tres demandas de inconstitucionalidad.
“Piedra en el zapato”
La Dirección de Asuntos Étnicos trabaja sobre 24 reclamaciones de derechos territoriales de comunidades afrodescendientes, que suman 828 mil 438 hectáreas y cobijan a 22 mil 730 familias. Foto: archivo Semana.Cuando la DAE inició labores en 2013, sus integrantes pensaron que podían cumplir, sin tropiezos, las normas de restitución étnica. Se adentraron por meses en las regiones; sortearon las dificultades de una geografía quebrada como la colombiana; corrieron riesgos de encontrarse con actores armados en el camino; tuvieron que tejer la institucionalidad perdida o ausente en los territorios recavando documentos, mapas y títulos; documentaron la historia de las comunidades; contactaron a los líderes de resguardos y consejos comunitarios; socializaron con ellos los decretos ley; y elaboraron, con su ayuda, los informes de caracterización de las comunidades.
Estos informes son claves porque hacen parte de la formulación de las demandas de restitución, en las que se consignan las pretensiones o necesidades de las comunidades reclamantes. Así radicaron varias demandas. El 23 de septiembre de 2014 celebraron la primera sentencia étnica, la del Alto Andágueda, en el Chocó. Un momento histórico por la calidad del fallo.
No obstante, las órdenes proferidas por los magistrados del Tribunal Superior de Antioquia se convirtieron en un ‘dolor de cabeza’ para el gobierno Santos. La sentencia ordenó suspender todos los títulos mineros y los que estaban en trámite, y de paso negó las oposiciones presentadas por las compañías Continental Gold Limited Sucursal Colombia, Exploraciones Chocó Colombia S.A.S y Anglogold Ashanti y por la Agencia Nacional Minera y el Ministerio Público. Es decir, un ataque al corazón de la locomotora minera.
Varias fuentes aseguran que por este fallo le ‘jalaron las orejas’ a Sabogal. Y comenzó la presión del Ministerio de Agricultura. La primera estrategia para desmotivar el trabajo de la DAE fue cambiar al equipo de oficina sin razón clara: pasó de un espacio cómodo, con suficientes mesas y sillas para el trabajo interdisciplinario y acopio de documentos de prueba, a uno minúsculo y compartido con el equipo de comunicaciones de la URT.
Previendo lo que se vendría con las demandas étnicas, el 29 de mayo de 2015 la Subdirección General de la Unidad de Restitución notificó a la DAE de una circular interna titulada “Directrices frente a la formulación de demandas étnicas en el marco de los procesos de restitución de tierras”. Su contenido dejó boquiabierto al equipo. Desde ese día, su trabajo pasaría por el filtro de un nuevo equipo de expertos bautizado AMEI (Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura). En su momento, Sabogal le dijo a VerdadAbierta.com que la decisión obedecía a la falta de experticia de la DAE en estos temas y descartó que respondiera a presiones del alto gobierno.
La DAE siguió trabajando y lograron una segunda sentencia, la de Renacer Negro. Con ésta, volvieron a pisar ‘callos’ porque el 1 de julio de 2015 el Juzgado Primero de Popayán ordenó a la Agencia Nacional de Minería suspender los títulos y concesiones mineras legales que habían sido otorgadas y que afectaban y se traspalaban con el territorio afro. El AMEI no alcanzó a actuar, pues ésta era una demanda redactada antes de su creación.
Dentro de la URT seguía la molestia. Quienes viajaban a terreno, hacían los procesos de concertación con las comunidades y redactaban los documentos de soporte de las demandas sentían angustia. El equipo AMEI estaba con ojos vigilantes para que las nuevas demandas no incorporaran ninguna pretensión que fuera a generar órdenes que afectaran proyectos de gran envergadura como los minero-energéticos.
Por razones laborales, pocos se atrevieron a expresar su inconformidad, máxime cuando el 3 de febrero de 2016 un abogado de la DAE fue notificado, por resolución, que la URT había decidido su “reubicación y traslado”. En voz baja, varias fuentes aseguraron que este fue un mecanismo de la Dirección para alertar a quienes no quisieran atender las órdenes del AMEI.
Pese a todo, la justicia emitió una tercera sentencia el 5 de abril de 2016, protegiendo esta vez a los indígenas Embera del territorio Ancestral Eyákera, del Chocó. Aquí tampoco había alcanzado actuar AMEI, pues había sido de las primeras demandas radicadas por la DAE. El Juzgado Primero de Tierras de Quibdó ordenó, al igual que los anteriores casos, “suspender el trámite de solicitudes de títulos y concesiones mineras en curso”.
Con los antecedentes de las primeras sentencias, varias fuentes le aseguraron a VerdadAbierta.com que Ricardo Sabogal consideraba “que el problema de la DAE es que se llenó de antropólogos” y que “de ahora en adelante las sentencias de restitución étnica serán simbólicas”. Es decir, que ninguna caracterización incluirá las pretensiones de fondo de las comunidades étnicas asociadas al respeto de su territorio colectivo, sino que su sustancia se limitará a un trabajo de memoria histórica que compile los hechos de violencia a los que fueron sometidas.
Sin embargo, tales decisiones se apartan de los deberes de la URT en materia de restablecimiento de los derechos de las comunidades étnicas. “Las demandas deben velar por los derechos territoriales de los indígenas y de los afros, deben incorporar lo que ellos consideran se les ha vulnerado y no limitarse únicamente a un recuento sobre cómo ocurrió la violencia en sus territorios”, aseguró otra fuente.
¿Qué pasa en El Guaviare?
De las 21 demandas de restitución que ya están radicadas ante los jueces especializados, 14 son de reclamaciones indígenas y 7 de afrodescendientes. Foto: archivo Semana.En este departamento existen de momento tres reclamaciones del pueblo Jiw: la del resguardo de La Fuga, que solicita derechos territoriales sobre 8 mil 051 hectáreas; la del resguardo Barrancón, de 2.079 de hectáreas; y la del resguardo La María, que reclama derechos sobre otras 496 hectáreas. Esos territorios colectivos “han sido ocupados por colonos, narcotraficantes, grupos guerrilleros (Farc), paramilitares (Auc) y por el mismo Ejército Nacional (Resguardo Barrancón)”, según indica la Corte en el Auto 173 de 2012, que reiteró que el pueblo Jiw está en peligro de ser exterminado física y culturalmente.
Pese a las órdenes de ese Tribunal en materia de protección y reparación, solamente el primero cuenta con demanda aceptada por el Juez Primero de Villavicencio; los otros dos están en etapa de documentación.
Con la demanda, los Jiw buscan que el Estado les garantice sus derechos territoriales reconocidos desde 1961 cuando el Inderena sustrajo 13.250 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía con el fin de que “se destinarán con exclusividad para ser adjudicados a los indígenas Guayaberos [Jiw] de la región”, indica el Acuerdo 043 de ese año.
No obstante, solo hasta 1979, el Incora creó la Reserva Indígena de La Fuga en una extensión de 8.360 hectáreas mediante la Resolución 066, y veinte años después constituyó el resguardo, dejando por fuera 4 mil 680 hectáreas, según quedó consignado en la Resolución 047 de 1997. Además, pese a sus propias recomendaciones de sanear la reserva, en 2009 tituló 62 terrenos, decisión que fue revocada en 2012 porque se encontraban dentro del territorio Jiw. (Lea: La resistencia del pueblo Jiw)
El despojo jurídico por parte del Estado es causa del avance de la colonización, el incremento de los cultivos de coca y la presencia de actores armados en el territorio Jiw,como se describe en la caracterización realizada por la DAE con el acompañamiento de la Universidad Nacional, como parte del “Proyecto Integración de los enfoques Acción Sin Daño y Justicia Transicional en el proceso de restitución de tierras”.
A partir de talleres realizados con los indígenas Jiw y Tukano y con las familias no indígenas, la DAE solicitó en la demanda la ampliación, formalización del resguardo, y su saneamiento: compra de propiedades y mejoras a las 85 familias que lo habitan y su reubicación en condiciones dignas y estables. Como lo resalta la Universidad Nacional, esas familias por habitar en un territorio étnico están “excluidas de programas de inversión o desarrollo por parte del Estado o de la posibilidad de acceder a créditos bancarios”. (Lea la carta enviada por la Universidad Nacional).
Los opositores
Las medidas cautelares han protegido a 21 comunidades étnicas, 11 de ellas a favor de resguardos y 10 a Consejos Comunitarios. Foto: archivo Semana.La oposición a las reclamaciones de los Jiw comenzó con la caracterización de los territorios colectivos de Barrancón y La María realizada entre el 6 y el 11 de junio. La noticia de que la URT continuaría presentando demandas étnicas en favor de los Jiw se regó como pólvora y los políticos nacionales y locales no demoraron en alborotar el avispero partiendo de la desinformación.
El ‘caldo de cultivo’ de esta situación tuvo orígenes en el debate contra la restitución convocado el 8 de junio por la representante María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien repitió el discurso del mismo debate citado un año anterior. En su discurso, Cabal insistió en que la restitución es una “aplanadora” porque está afectando a campesinos, ganaderos y empresarios que explotan territorios reclamados pero que actuaron de buena fe.
A su llamado se sumó la Senadora Nohora Tovar Rey, de Centro Democrático, una llanera que asegura sentir preocupación y tristeza por lo que está ocurriendo en el Guaviare. A su juicio, “el Gobierno de forma irresponsable está tomando decisiones desde el nivel central sin escuchar al pueblo. Hoy a muchas familias de San José del Guavire las quieren despojar, gente que ha trabajado de generación en generación, que tienen títulos, que han sacado préstamos y hoy los quieren despojar de las tierras dizque para entregárselas a los indígenas. Son 100 familias indígenas que representan unas 500 personas a las que quieren entregar unas 11 mil hectáreas. Los mismos indígenas dicen que no les interesan esas tierras”, aseguró la Senadora (ver video).
Lo que las congresistas proponen es el respeto a lo que han llamado “segundos ocupantes”, personas que explotan territorios reclamados en restitución, pero que no participaron ni fueron cómplices del conflicto. Pero con sus discursos, Cabal y Tovar pretenden que la Ley de Restitución de Tierras considere bajo esta categoría a cualquier opositor a la restitución, cuando en la realidad los jueces han probado que no todos cumplen con la calidad de “segundos ocupantes”, tras probar que muchos sí se aprovecharon del conflicto, acumularon tierras y violaron normas agrarias y étnicas.
Cuando esto último ocurre los opositores no son compensados ni económicamente ni con predios de similares condiciones. En el caso del Guaviare, con la demanda de La Fuga, se pretende garantizar los derechos de las 85 familias que no pertenecen al pueblo Jiw, de las cuales 36 están incluidas en el Registro Único de Víctimas.
Los mismos Jiw expresaron en un comunicado oficial (leer aquí parte 1 y 2) que ellos valoran enormemente el trabajo de la DAE y afirmaron que “no es nuestra intención desconocer ni atropellar a los hermanos y colonos quienes al igual que nosotros han sufrido los impactos del conflicto armado”.
Pero en sus discursos, Cabal y Tovar generalizan la situación, y en San José del Guaviare la postura de la “restitución es una aplanadora” ha sido replicada por el abogado Ignacio Javela y el representante a la Cámara Alexánder García, conocido como “El Canguajo”, del Partido de la U.
“Quieren enfrentar a las comunidades; quieren, además, mezclar el caso de La Fuga con los de Barrancón y La María que apenas comenzaron a caracterizarse. En estos últimos dos resguardos hay ganaderos y personas que acumularon tierras y por eso están preocupados”, dijo una fuente que por razones de seguridad prefirió la reserva de su identidad.
Lo que hizo ‘rebosar la copa’ de la paciencia de varios funcionarios de la DAE fue la postura de Sabogal cuando viajó el pasado 24 de junio a hacerle frente al hervidero. “Nunca se reunió con el equipo de caracterización y más bien se dejó presionar por los políticos, diciendo que existe la posibilidad de cambiar las pretensiones de la demanda de los Jiw y que quienes tengan documentos fechados antes de 1991 y que acrediten propiedad no serán afectados por la demanda étnica”, aseguró un funcionario que escuchó las intervenciones del director de la URT.
A criterio de varias personas que conocen lo ocurrido en Guaviare, lo anunciado por Sabogal va en contravía del Convenio 169, la ley de restitución étnica, los acuerdos de la Mesa Permanente de Concertación Indígena y el enfoque de Acción sin Daño. La URT no puede modificar unilateralmente las pretensiones de la demanda; menos aún referirse a derechos de antes de 1991 puesto que ello implica desconocer que desde hace 55 años las 13.250 hectáreas sustraídas de la Reserva Forestal de la Amazonía se destinaron exclusivamente para el pueblo Jiw.
En su intervención, “el Director de la URT omitió referirse a la responsabilidad del Estado en las vulneraciones a los indígenas y los campesinos. Frente a los primeros por la constitución tardía y parcial del resguardo La Fuga. Y frente a las 62 familias no indígenas al generarles una expectativa de acceso a tierras en un territorio no adjudicable y al no brindarles alternativas con posterioridad a la revocatoria de los títulos otorgados irregularmente por el Incoder”, afirmó otra persona consultada por VerdadAbierta.com.
Además, como lo resalta la Universidad Nacional, los campesinos por habitar en un territorio étnico están “excluidas de programas de inversión o desarrollo por parte del Estado o de la posibilidad de acceder a créditos bancarios”. (Lea la carta enviada por la Universidad Nacional)
Los Jiw ya sienten preocupación por esta situación, tanto que en el comunicado rechazan “la forma distorsionada y malintencionada con la que algunos abogados, periodistas y políticos del departamento del Guaviare han abordado el tema de nuestras solicitudes de restitución”, y hacen un llamado a Sabogal para que viaje hasta el resguardo La María “para dialogar sobre el alcance de las pretensiones de restitución que hemos construido colectivamente”. También solicitan a la Unidad de Protección medidas que garanticen la vida y seguridad de las comunidades en procesos de restitución.
“Lo del Guaviare es solo la punta del iceberg. Lo étnico se volvió un problema para la URT. La pregunta es: ¿qué va a pasar con las demás reclamaciones de indígenas y afros del país?”, cuestionó un funcionario consultado que pidió la reserva de su nombre.
Todo ese clima enrarecido llevó a Azcárate a renunciar a su cargo de Director de la DAE. Ahora no es claro qué pasará con las demandas de restitución en curso y, menos aún, con las que están en elaboración. Se teme que éstas no sean construidas por un equipo interdisciplinario como venía ocurriendo sino por un grupo de abogados que responden únicamente a los lineamientos del AMEI.
A la Corte Constitucional también le preocupa ese asunto. Al respecto, a través del Auto 310 de 14 de julio de 2016, le solicitó a la URT precisar “¿cuáles son las garantías que permitan evitar posibles bloqueos o contradicciones entre la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad y el grupo Amei, para adelantar los procesos de restitución étnica en el Urabá”. (Lea el Auto 310 aquí)
Es tal el hermetismo sobre este tema que ninguna de las fuentes con las que dialogó VerdadAbierta.com quiso que se publicara su nombre y el saliente director de la DAE se negó a hablar sobre el tema.
Quien sí habló fue Ricardo Sabogal, director de la URT, quien aseveró que sus declaraciones en El Guaviare no respondieron a presiones políticas; que está aplicando la Ley y que el equipo AMEI es necesario para blindar las demandas de inconsistencias; aseguró, además, que para él no es un problema que en la DAE trabajen antropólogo y mucho menos que se haya pensado que las demandas étnicas serán simbólicas. (Lea la entrevista completa: “Le creo a mi equipo, pero también le creo a la gente”: Ricardo Sabogal)
