Un consejo comunitario tuvo que esperar 16 años para que el gobierno le reconociera su título colectivo. Este es un ejemplo de lo que no debería suceder con la nueva institucionalidad de desarrollo rural.
El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río tuvo que esperar a pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para que el recién extinto Incoder pudiera titularles el territorio colectivo de 177 mil hectáreas. Foto: suministrada Incoder.La comunidad afro del Consejo Comunitario del Río Naya, en la región del Pacífico, dio una batalla jurídica que se concretó tras 16 años. El pasado noviembre el reciente liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) emitió la resolución con la que les reconoció un título colectivo por 177 mil 817 hectáreas entre los municipios de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y López de Micay, en Cauca.
El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya está integrado por 16 mil 782 personas, distribuidas en 64 veredas. Esta comunidad tiene sus raíces en los africanos que los españoles trajeron esclavizados a Colombia desde Nigeria y Senegal, para explotar las minas de oro de la región de Micay y Naya. Según quedó documentando en la resolución del Incoder, sus tradiciones están ancladas al uso sustentable de la tierra, en la que cultivan chontaduro, papachina, fruto del árbol de pan, plátano, yuca, banano, borojó, cacao, naranja, caña de azúcar, además de practicar la minería de barequeo, la agricultura, la pesca y la caza.
Aunque desde hace tres siglos viven en este territorio, la comunidad afro tuvo que acudir a tutelas, esperar trámites del Incora, del Incoder y hasta un fallo del Consejo de Estado para que formalmente les reconocieran el territorio ancestral. Para hacer su solicitud la comunidad se amparó en la Ley 170 de 1993, que reconoce los títulos colectivos y la conformación de los consejos comunitarios como forma de administración territorial para las comunidades afrodescendientes.
La primera vez que tocaron a la puerta del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) fue en noviembre de 1999, cuando el entonces representante legal del Consejo, Isabelino Valencia Rodallega, solicitó un título formal. Fue sólo hasta marzo del siguiente año que la institución admitió tal reclamación pero pronto en el camino apareció un obstáculo que terminó dilatando el proceso por casi dos decádas.
En septiembre de 2000 la Universidad del Cauca expresó su desacuerdo con la solicitud de la comunidad afro, argumentado que tenía títulos de propiedad del año 1827 sobre 97 mil 223 hectáreas, de las 190 mil que en ese momento reclamaban los afros. El proceso quedó suspendido casi ocho años, período en el que el Incora fue liquidado y reemplazado por el Incoder.
Mientras había un cambio institucional, en terreno, el Naya era usado por las Farc y el Eln para sostener cultivos de coca, manejar rutas del narcotráfico e incluso, las autoridades sospechaban que era el lugar donde escondían secuestrados. En el comienzo del nuevo siglo, los paramilitares entraron a controlar las zonas urbanas de la acceso a la región, ‘requisando’ por ejemplo a cualquier persona que quisiera llevar alimentos a la zona.
En el año 2001 la región fue testigo de una masacre perpetrada por paramilitares del Bloque Calima en cabeza de Hébert Veloza alias ‘H.H.’ y su subalterno Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’. Según lo documentó el informe La verdad de las mujeres, de la Ruta Pacífica, 500 paramilitares bloquearon el acceso a la zona entre el 10 y el 13 de abril y en su recorrido por varias veredas asesinaron a por lo menos 100 personas, varias de ellas arrojadas a barrancos y todavía desaparecidas, causando el desplazamiento de mil personas entre indígenas, campesinos y afrodescendientes.
Víctimas de la masacre del Naya. Foto: archivo Semana.La Unidad de Justicia y Paz documentó, con base en las versiones de 66 ex paramilitares de ese Bloque, que llegaron al Naya para instalarse en López de Micay y crear un nuevo grupo, el Bloque Pacífico. Para lograr su objetivo, retuvieron a alias ‘Peligro’, un supuesto guerrillerodel Eln que fue el responsable de señalar a las personas que terminaron asesinadas en la masacre.
En 2008, ya desmovilizados los paramilitares, la Unidad Nacional de Tierras Rurales (Unat), una institución que estaba adscrita al Incoder reabrió el caso. Ese año tomó una decisión de tajo: extinguió el dominio sobre las 97 mil hectáreas que la Universidad alegaba como suyas para proceder con la titulación al Consejo Comunitario. Pero la Universidad del Cauca rechazó la decisión e instauró una acción de revisión ante el Consejo de Estado, para que el máximo tribunal tomara una decisión final sobre la extinción de dominio.
Los orígenes de la masacre del Naya
Mientras tanto, el Consejo Comunitario estaba indignado. Ya había pasado una década desde que habían hecho la solicitud al Incoder y su caso ahora dependía de los estrados judiciales. Por eso, en 2009 decidieron interponer una tutela contra la Nación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el lncoder y la misma Unat, exigiendo protección a los derechos al debido proceso y Ia propiedad territorial, así como a los derechos a la vida, la existencia y pervivencia como pueblo tribal.
El Tribunal Administrativo del Cauca falló a favor del Consejo Comunitario y le ordenó a la Unat que un plazo máximo de 48 horas tomara una decisión definitiva sobre la titulación colectiva. El mismo Consejo de Estado que ya conocía el caso le dio un mes a la Unidad para que resolviera de fondo la titulación. Sin embargo en mayo de 2009 el Gobierno Nacional ordenó liquidar la Unat, un hecho que se concretó en septiembre del mismo año, de manera que el proceso fue delegado al Incoder.
El caso de la titulación del territorio colectivo prácticamente quedó en ceros pues el Incoder no conocía la minucia de la solicitud, sobre todo cuando desempeñaba las funciones de múltiples instituciones rurales que desaparecieron con la supresión del Incora. El 7 de diciebre de 2009 el proceso del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya llegó a los despachos de la Corte Constitucional, el máximo tribunal que vela por el cumplimiento de la Constitución Política, que ordenó al Incoder realizar con diligencia un plan de acción para tomar una decisión frente a la titulación.
La Subgerencia de Ordenamiento Social de la Propiedad del Incoder asumió al plan pero en este no incluyó las 97 mil hectáreas sobre las que cursaba todavía una acción de revisión en el Consejo de Estado. Pese a que la Corte dio la orden en 2009, fue hasta el 27 de diciembre de 2012 que el Instituto ordenó una visita al terreno para verificar los predios baldíos (de la Nación) reclamados como territorio de la comunidad negra.
El estudio debía incorporar no sólo la identificación del terreno sino además un estudio socio-cultural que incluyera un censo y aspectos etnohistóricos y socioeconómicos de la comunidad. Entre febrero y abril de 2013 los funcionarios del Incoder viajaron hasta Buenaventura y López de Micay, recorrieron el territorio, exceptuando las 97 mil hectáreas en litigio, y determinaron que, en efecto, había por lo menos 68 mil hectáreas de origen baldío que podían adjudicar.
En julio de 2013 tanto el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya y el Resguardo Indígena Eperara Siapidara decidieron hacer público un comunicado expresando rechazo a los rumores de que existía de un conflicto “interétnico”, que impedía supuestamente avanzar con el proceso de titulación del territorio colectivo. “…dejamos constanciade nuestra convivencia pacífica como pueblos hermanos.. rechazamos toda expresión, documento o señalamiento, mediante el cual se quiera mostrar división o conflicto entre nuestros pueblos, quizá con el objetivo de romper los procesos organizativos y la unidad de lucha y defensa por el territorio”, explicaron en un comunicado publicado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Ese año la reclamación seguía a medias pues de un lado la comunidad exigía las otras 97 mil hectáreas; pero la Universidad se oponía. Quien terminó tomando la decisión de fondo fue el Consejo de Estado, que el 12 de diciembre de 2014 negó la solicitud de la Universidad del Cauca y en cambio, reconoció que el territorio colectivo de la comunidad negra se componía de 177 mil hectáreas. Y un año después antes de ser liquidado, el Incoder alcanzó a emitir la resolución con el título definitivo.
Después de casi dos décadas el Instituto reconoce que el Consejo Comunitario del Río Naya hace un aprovechamiento sostenible del bosque y de los demás recursos naturales de la zona, clave para proteger al Parque Nacional Natural Farrallones de Cali que es aledaño al territorio colectivo. Es por eso que en julio de 2015 la comunidad negra expresó preocupación por la continuación en las aspersiones de glifosato sobre la Cuenca, pese a que en abril el Ministerio de Salud le recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender las fumigaciones.
Todos (o casi todos) contra el glifosato
Aunque el extinto Incoder aseguraba que entre 1966 y 2014 el antiguo Incora y el Instituto había reconocido 5 millones de hectáreas a 118 consejos comunitarios, no sabía cuánta tierra las comunidades afro estaban solicitando en titulación o ampliación de sus territorios colectivos. Ahora la recién creada Autoridad Nacional de Tierras (ANT) tendrá el reto de asumir los programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de territorios étnicos, según lo promete en el artículo 26 con la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos. (Lea aquí Decreto 2363 que crea la nueva Autoridad)
