Dos mil campesinos denuncian que se quedaron sin tierra y sin comida porque ganaderos y palmicultores han ido secando las ciénagas y playones de donde obtenían el pescado y el pancoger. Los señalados rechazan las acusaciones. Estado aún no toma medidas.
Según los campesinos, estas son las murallas, jarillones o diques que han construido varios finqueros vecinos al Complejo Cenagoso de Terraplén y La Culebra para sedimentar las ciénagas y apropiarse de terrenos baldíos. Foto suministrada.
El pasado 26 de abril, a las diez de la mañana, por lo menos 21 hombres arribaron a la ciénaga de La Torcoroma donde 20 familias se asentaron para detener el secamiento del complejo cenagoso. “Llegaron en un tractor y los otros a pie. Fue cuando Alirio Díaz, quien colinda con la ciénaga, nos dijo que nos fuéramos porque eso era de él, que no había ley que le quitara la tierra y que nosotros éramos unos brutos ignorantes”, cuenta Miguel Suárez*, un campesino a quien se reserva su identidad por razones de seguridad.
Los hombres arrancaron las ramadas del rancho y los amenazaron. Dos días después, las familias siguieron en los playones sembrando plátano, pero esta vez fue la Policía de San Martín que, en cabeza de un sargento, les dijo: “¡Váyanse! Esto es propiedad privada”. Los campesinos le reviraron al uniformado, explicándole que las ciénagas son territorios baldíos, es decir, propiedad de la Nación, por lo que no pueden ser tituladas a nadie. “Le explicamos la historia y le contamos por qué nosotros estábamos allí”, relata Suárez.
La Torcoroma hace parte del complejo cenagoso de Terraplén y La Culebra del río Lebrija, compuesto por 16 ciénagas de las que solo tienen memoria los más antiguos pobladores, pues durante las últimas dos décadas éstas han ido desapareciendo. Ramiro Chacón*, quien nació en estas tierras, dice que ya no queda ni rastro de las ciénagas El Espíritu Santo, La Berraquera, Las Pavas, Las Pavitas, La Salina, Pozo de Barro, Matecaña, Puerto Oculto, San José, Campo Amalia, Aguas Blancas y San Martín.
Los campesinos aseguran que desde hace quince años varios hacendados están abriendo canales artificiales o construyendo murallas dentro de las ciénagas para secarlas. “Así es que han ido corriendo las cercas de sus fincas, apropiándose de estos territorios comunales para desarrollar cultivos de palma o poner a pastar búfalos”,explica Suárez.
Además de la reciente tensión con Alirio Díaz, los campesinos advierten que afrontan una crisis alimentaria, pues otros finqueros construyeron una muralla de casi 15 kilómetros en la desembocadura de los ríos Cáchira y San Alberto que colapsó los caños e inundó los cultivos de pancoger que tenían los campesinos en los playones. El agua estancada no solo mató los pocos peces que quedaban sino que ahogó los cultivos de yuca, plátano y ahuyama que les servían de sustento y comercializaban en la central de abastos de Bucaramanga. “Estamos desesperados. Necesitamos que el gobierno venga y verifique lo que está sucediendo”, afirma Chacón.
De la subienda a la ola de violencia
Los campesinos y pescadores del corregimiento de Terraplén, en San Martín, Cesar, advierten que los finqueros también han instalado portones dentro de las ciénagas para apropiarse de ellas. Foto suministrada.
Las familias que ahora viven en Terraplén llegaron en su mayoría en los años 70, cuando todo era una gran sabana baldía. Ramiro Chacón explica que sus padres les enseñaron a aprovechar los tiempos de verano e invierno para sobrevivir. Entre enero y mayo era la época de las crecientes, con lluvias que mantenían las ciénagas llenas y había peces en abundancia. Entre junio y julio comenzaba el veranillo y cuando bajaban las aguas se formaban unos playones que les permitían cosechar pancoger. En agosto volvía la lluvia y se repetía el ciclo. “Siempre nos hemos preocupado por proteger y conservar las ciénagas”, explica Chacón.
Suárez dice que tiene memoria de estas tierras desde los años 70 cuando era un niño. “Por acá no había violencia. Todo era muy tranquilo”, recuerda. Para esos años sacaban unas 1.500 arrobas de pescado a la semana. Entre 1975 y 1985 la población aumentó y la pesca semanal ascendió a 3.500 arrobas. “Acá todo se compartía. A nadie le falta la comida en la mesa”.
Esa tranquilidad se rompió en los años 90. La Fiscalía 34 de la Unidad de Justicia y Paz, que investiga los crímenes cometidos por los paramilitares en el sur del Cesar, documentó que en esa década varios finqueros, entre ellos el exdiputado Rodolfo Rivera Stapper, así como Roberto Prada Gamarra y Luis Orfego Ovalle, formaron grupos de autodefensa que se hacían llamar ‘Masetos’ para combatir las guerrillas de las Farc, el Eln y Epl que los asediaban. En 1995 luego de que las Farc asesinaron a Rivera, los grupos paramilitares se dividieron por municipios (Lea: ‘Paras’ contaron cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar).
Según el exparamilitar Juan Francisco Prada, alias ‘Juancho Prada’, su primo Roberto Prada Gamarra delinquió en San Martín; Orfego Ovalle en Aguachica y Ocaña, en Norte de Santander. En 1996 Roberto Prada fue capturado, en 1997 los hermanos Carlos y Vicente Castaño mandaron a asesinar a Ortega y en 1998 ‘Juancho Prada’ se alió con ellos y se conformaron las llamadas Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar.
La Fiscalía encontró que los paramilitares se fortalecieron en esta zona utilizando como fachada la constitución de tres cooperativas de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir, entre ellas la asociación Los Arrayanes, registrada en San Martín a nombre de Juan Francisco Prada.
Alias ‘Juancho Prada’ asumió como jefe de los paramilitares en Cesar, instaló su ‘base’ en San Martín y renombró a su grupo en 1999 como Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar. El 4 de marzo de 2006, por lo menos 251 integrantes del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc se desmovilizaron en la vereda Torcoroma. Los campesinos cuentan que pensaron que con ello la situación iba a mejorar, pero eso no fue así. “La intervención de las ciénagas continuó y cada vez fue más grave”, dice Ramiro Chacón.
A partir de versiones de desmovilizados del Frente Héctor Julio Peinado, la Unidad de Justicia y Paz registró que entre 1993 y 2002 los paramilitares perpetraron por lo menos 15 masacres: comenzaron en San Alberto, siguieron en San Martín y continuaron hacia Río de Oro, Aguachica, Gamarra, La Gloria, Pelaya y Tamalameque. Gran parte de estos crímenes se cometieron en 1996, justo cuando el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) comenzaba a titular parcelas a campesinos de la región. (Lea: La tensión que ronda la restitución de tierras en San Alberto, Cesar).
En San Martín, la Fiscalía tiene registro de una masacre cometida el 23 de enero de 1996 y las denuncias de varias víctimas que fueron desplazadas por los paramilitares cuando el Incora les iba a titular en este municipio las parcelaciones Holanda, Candelia, Campoalegre, Buenavista, La Vega y La Granja.
El miedo que reinaba en la zona no fue ajeno a los campesinos que dependían del complejo cenagoso de Terraplén y La Culebra, que se extiende desde el corregimiento de Terraplén, en San Martín, Cesar, hasta las veredas La Salina y Montañitas, en Rionegro, y los corregimientos Vijagual y El Guayabo, en Puerto Wilches, en Santander. “Fue en esa época que los dueños de fincas comenzaron a amurallar las ciénagas para sedimentarlas. Dígame, ¿quién se atrevía a denunciar si más se demoraba uno en acudir a la autoridad cuando ya los paramilitares sabían quién estaba denunciando?”, se pregunta Miguel Suárez.
Según registros de la Unidad Nacional de Víctimas, entre 1994 y 2006, la violencia expulsó a 2 mil 500 personas de San Martín. Varios líderes del complejo cenagoso de Terraplén cuentan que la mayoría resistió al no tener otro lugar dónde pescar y cultivar.
A punta de murallas y canales
En época de lluvia los campesinos pescaban; mientras en verano aprovechaban los playones para cultivar pancoger. “De las 16 ciénagas que componen el complejo cenagoso quedan muy pocas”, dicen los campesinos. Foto suministrada.
Pese al miedo, los campesinos decidieron denunciar lo que venía ocurriendo con el secamiento de las ciénagas, sin que haya soluciones concretas aún. Ellos aseguran que las primeras intervenciones de los hacendados con murallas, portones y canales artificiales para secar las ciénagas comenzaron en 2002. Para ese entonces, los pescadores estaban preocupados porque las ciénagas desaparecían y Alirio Díaz se proponía intervenir las llamadas El Congo y La Torcoroma.
En 2004, los campesinos le solicitaron una visita a Corpocesar, la autoridad ambiental de la región para que adoptara medidas. El 15 de junio de ese año la Corporación concluyó que Díaz, propietario de la hacienda Las Flores y colindante con la ciénaga El Congo, había construido con retroexcavadora un canal artificial de 10 metros de ancho y de cinco metros de profundidad, causando la sedimentación de dicha ciénaga.
En el dictamen, la autoridad ambiental señaló que las ciénagas son humedales y que son los ecosistemas más productivos y eficientes del mundo porque ayudan a controlar las inundaciones, filtran el agua y evitan la erosión. Tras determinar que la muralla construida por Díaz atentaba contra el medio ambiente, el funcionario que hizo la inspección sugirió imponerle una medida preventiva para frenar el daño. (Lea primeras decisiones Corpocesar)
Díaz respondió al informe de la autoridad ambiental asegurando que no había construido ningún canal con maquinaria que afectara El Congo y que, por el contrario, Corpocesar debía investigar a los campesinos porque eran ellos los que intervenían el ecosistema. “Las normas que se me quieren aplicar como violatorias no se compadecen con mi actuar y funcionar como eje del desarrollo de una región empobrecida”, señala Díaz en su respuesta. Sin embargo, en abril de 2006 la autoridad ambiental lo sancionó.
Ante la orden de Corpocesar, la tensión continuó. Según los campesinos, Díaz les propuso que trabajaran juntos, pues quería que participaran en un proyecto piscícola. “Varios pescadores le firmaron un documento para encerrar unas mil hectáreas de ciénaga en la que se reproducían los peces. Pero nunca hubo tal proyecto, eso fue una estrategia para terminar secando la ciénaga”, cuenta Suárez.
Díaz le aclaró a VerdadAbierta.com que él no les hizo esa propuesta a los campesinos. “Ni recuerdo que eso haya sucedido… Es que se inventan unas cosas. Yo sí tenía en la finca un pozo donde criaba pescados, pero ese pescado me lo robaron”, agregó.
Los campesinos de Terraplén aseguran que la intervención sobre la ciénaga El Congo continuó, pero nadie se atrevió a instaurar denuncias por el poder político y económico que tenía Díaz. En 2006, justo cuando Corpocesar advirtió sobre la apropiación irregular de los humedales, el ganadero preparaba su campaña al Concejo de San Martín.
Según datos de la Registraduría Nacional, en las elecciones celebradas el 28 de octubre de 2007, Díaz alcanzó curul con 229 votos y su partido, Cambio Radical, obtuvo la más alta votación en el municipio. Sin embargo, su triunfo se vio opacado posteriormente en una sentencia proferida el 11 de diciembre de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra alias ‘Juancho Prada’.
En ella se registró una versión libre rendida el 14 de diciembre de 2011 por este exjefe paramilitar, quien le dijo a la Fiscalía que entre 1996 y 2006 el Frente Héctor Julio Peinado de las Auc apoyó “militar y económicamente” varias campañas de candidatos a la Cámara, Alcaldías y Concejos de varios municipios de Cesar y Norte de Santander, entre ellas, la de Alirio Díaz. La Fiscalía compulsó copias a la justicia ordinaria para investigar al exconcejal (Lea: Sentencia reconoce el exterminio político del Cesar).
Según Díaz, la justicia no le ha notificado que haya un proceso en su contra. “A ese señor (‘Juancho Prada’) terminé huyéndole porque me quitó una finca en San Martín llamada Las Mejoras, de 120 hectáreas. Le informé a la Fiscalía que recibí una llamada desde la cárcel de alias ‘El Loro’ (Wilson Salazar) y de ‘Pica Pica’ (Javier Antonio Quintero), quienes me dijeron que si no les daba 600 millones de pesos decían que yo era de esa gente. Les dije que no les daba un peso a esos sinvergüenzas. Yo soy una persona sana y puedo demostrarlo”, le dijo a VerdadAbierta.com y agregó que recibió varias amenazas y que fue tal la presión que decidió renunciar al Concejo para proteger su vida.
“Nos cansamos y decidimos recuperar el agua”
Las ciénagas y playones son terrenos comunales que hacen parte de la propiedad del Estado y que no pueden ser titulados a particulares. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural puede asignar el uso y manejo de estos terrenos a campesinos y pescadores de escasos recursos. Foto suministrada.
Los campesinos aseguran que, al igual que Díaz, otros dueños de fincas vecinas a las ciénagas siguieron construyendo murallas y canales artificiales para sedimentarlas y adecuarlas para palma y cría de búfalos. Además de peces, cada vez fueron menos los manatíes, caimanes, babillas, lobos polleros, chigüiros, tortugas, monos aulladores, tigrillos y aves migratorias en el complejo cenagoso.
Ante ello, en 2011 acudieron al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). En noviembre de ese año, después de una inspección técnica, emitió tres resoluciones ordenando iniciar “procesos de deslinde y delimitación” de los playones de las ciénagas El Congo, Mate Caña y La Gallúa. Esta entidad confirmó que varios ganaderos, entre ellos Díaz, desde hacía cinco años habían construido murallas, diques o jarillones en áreas que sumaban 10 hectáreas (Lea Resoluciones 1, 2 y 3).
Para la misma época, Corpocesar realizó una nueva inspección y encontró que varios finqueros estaban desviando el cauce del río Lebrija para que el ganado pastara en los playones y ciénagas de Polo Vides, Vizcaína y Los Carrachos. En noviembre de 2012, la autoridad ambiental les ordenó suspender las excavaciones y retirar el ganado por el daño ambiental que estaban ocasionando (Lea la Resolución).
En 2013 la tensión entre campesinos y finqueros estalló cuando los segundos acudieron a órdenes de desalojo para expulsar a las comunidades de los playones. Según lo documentó la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que acompaña a los labriegos, estos desalojos estaban programados para el 10 de noviembre de 2013 y el 25 de febrero de 2014 pero no ocurrieron porque los campesinos ganaron dos tutelas.
En marzo de 2014 la comunidad denunció que Alirio Díaz intervino otra ciénaga, La Torcoroma, utilizando tres retroexcavadoras para construir murallas y canales artificiales. Ese mes le enviaron cartas a la Personería y la Defensoría para que tomara decisiones, sobre todo porque habían recibido amenazas y estaban perdiendo las siembras de yuca, ahuyama, maíz y plátano con las que sobrevivían (Lea denuncia ante la Personería).
Desde 2014 y lo que va 2015 la situación se agravó porque, según los campesinos, Díaz los amedrentó directamente. En las denuncias presentadas ante el Ministerio Público advierten que en junio de 2014 algunos de sus trabajadores los amenazaron; en marzode este año les tumbaron los ranchos y en abril pasado los volvieron a intimidar. “Hacemos un uso adecuado de las ciénagas, cultivamos y pescamos pero protegemos el ecosistema; los finqueros son los que las quieren secar”, repite Miguel Suárez.
Aunque la Ley 160 de 1994 o de Desarrollo Rural establece que las ciénagas y playones son baldíos que no pueden titularse, el artículo 69 establece que según disposición del Incoder estos pueden ser aprovechadas por comunidades de escasos recursos. Para determinar este uso, el Incoder debe realizar el “deslinde y delimitación”, que identifica qué bienes son propiedad de la Nación y los diferencia de la propiedad privada.
El Incoder advierte que el Acuerdo 114 de 2007 regula los procesos de asignación de los terrenos comunales a campesinos y pescadores. Esta norma señala que sedimentar, modificar el cauce de los caños, capturar peces que no tengan la talla adecuada y traficar con especies son algunos de los usos prohibidos de áreas de playones y sabana (Lea la cartilla aquí).
Las ciénagas son de los ecosistemas más productivos y eficientes por la biodiversidad que habita allí y porque son calve en la protección y conservación del recurso hídrico. Foto suministrada.
“No sabemos en qué quedó ese proceso que adelanta el Incoder desde 2011”, dice Ramiro Chacón. Y cuestionan por qué las autoridades no han impedido el avance de las murallas, diques o jarillones si la ley indica que “los playones y sabanas comunales constituyen reserva territorial del Estado y son imprescriptibles. No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos del lugar”.
Carlos Ignacio Carmona, subgerente de Tierras Rurales del Incoder, asegura que su despacho está al tanto del proceso que comenzó en 2011 cuando el Instituto emitió las resoluciones de “deslinde y delimitación” de varias ciénagas. Aunque Díaz no estuvo de acuerdo con que comenzara ese proceso alegando que tenía propiedad sobre los terrenos, el Incoder confirmó la necesidad de identificar el área baldía y diferenciarla de la propiedad privada con una nueva resolución en 2012.
Según Carmona, en abril de 2013 el Incoder ordenó realizar una inspección ocular, es decir, una visita de campo a las ciénagas para verificar su extensión.El proceso de recolección de pruebas terminó en agosto de ese mismo año. “Ahora estamos estudiando el trabajo de campo que hizo la Territorial del Incoder Cesar y analizando la legalidad de los títulos aportados por Díaz. Con esto podremos emitir una resolución final sobre el proceso de deslinde”, asegura el funcionario.
Por su parte Kaleb Villalobos, director de Corpocesar, señala que la autoridad ambiental trabaja en la vigilancia y conservación del complejo cenagoso y que adelanta un proceso de sanción contra Díaz porque “intervino con murallas la ciénaga El Congo”. Según el funcionario, la Corporación profirió en 2010 la Resolución 441 imponiéndole una multa de 40 millones de pesos y la orden de demoler las murallas por los daños ambientales causados.
“Díaz apeló la resolución, pero el Tribunal Administrativo del Cesar emitió un fallo el 4 de octubre de 2014 confirmando nuestra decisión. El 20 de abril de 2015 emitimos el Auto 238 que ordena una visita para el 7 de mayo para verificar si Díaz ya demolió las murallas. De no ser así, se le impondrá otra sanción”, asegura Villalobos.
El Director de Corpocesar sostiene que desde 2013 formulan un Plan de Manejo Ambiental de Humedales del sur del Cesar “porque la situación es grave. La afectación de de la cuenca del río Lebrija no solo involucra a Díaz sino a otras personas en otros municipios, pues el complejo cenagoso se extiende hasta Santander”. Villalobos indica que para avanzar con el Plan de Manejo Ambiental requieren que el Incoder culmine y tome una decisión final en los llamados procesos de “deslinde y delimitación”. (Vea otros conflictos similares)
Pese a las denuncias de los campesinos y el proceso de que adelanta Corpocesar, Alirio Díaz afirma que es un protector del medio ambiente y que no ha intervenido la ciénaga de El Congo y La Torcoroma “porque necesito protegerlas, mi ganado toma agua de ellas”. Por el contario, dice que los campesinos le invadieron 120 hectáreas de su finca Las Flores, que se compone en total de 200 hectáreas: “ellos son los que encierran las ciénagas. Utilizan un trasmallo de un kilómetro y chinchorros. Todo animalito que pasa, lo cogen”.
Según Díaz, está cansado de que lo acusen y que digan que él los amenaza, por lo que el pasado 4 de mayo decidió interponer una denuncia en la Defensoría del Pueblo de Barrancabermeja. “Soy un tipo honesto, a mí no me gusta la guerra ni la violencia”, reitera explicando que no ha amenazado a los campesinos y pescadores de la zona.
Mientras el Incoder, Corpocesar y el Ministerio Público se coordinan y toman decisiones, los campesinos le piden al gobierno nacional que visite el complejo cenagoso y determine quién tiene la razón sobre el uso de las ciénagas y playones de Terraplén.
*Nombres cambiados a petición de los campesinos por razones de seguridad
