Una juez de Medellín condenó a 16 empresarios tras comprobar que se aliaron con los paramilitares para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma de aceite en el Bajo Atrato.
Un desplazado de Curvaradó contempla sus tierras. Foto: archivo Semana.
El proyecto agroindustrial que buscaba convertir el Bajo Atrato chocoano en la más extensa área cultivada con palma de aceite no fue más que un complejo engranaje criminal que involucró a Vicente Castaño y sus huestes paramilitares; comisionistas de tierras cercanos al proyecto paramilitar como Sor Teresa Gómez y Remberto Manuel Álvarez; y empresas palmicultoras como Urapalma S.A; Palmas de Curvaradó S.A; Palmura S.A; Palmas de Bajirá S.A; Inversiones Agropalma & Cia Ltda y Palmadó Ltda.
Así lo determinó la Juez Quinta Penal del Circuito Especializado de Medellín quien condenó a 16 de estos empresarios a penas que oscilan entre los siete y los diez años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Descargue la sentencia completa en PDF.
En su decisión, fechada el pasado 30 de octubre, la juez también le ordena al Incoder, a la Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó y a la Superintendencia de Notariado y Registro realizar las labores pertinentes para que las tierras de la región del Jiguamiandó y Curvaradó, donde se implantó este proyecto agroindustrial, regresen a sus legítimos dueños: las comunidades afro agrupadas bajo la figura de consejos comunitarios. El fallo también obliga a los condenados al pago de indemnizaciones a cada una de las familias que fueron desplazadas de manera forzosa de esta región para poder desarrollar luego el proyecto de palma.
Esta es la segunda condena que se conoce en el marco de este litigio judicial, que ajusta poco más de cinco años en tribunales. (Ver: “Palmicultores se asociaron para delinqui”: juez) Ya en julio de 2013, este mismo Juzgado condenó a 150 meses de prisión a los empresarios Luis Fernando Zea y Héctor Duque Echeverri, este último prófugo de la justicia, por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Haga clic aquí para ver quiénes son los condenados y su tipo de sentencia.
En ambos fallos, la funcionaria judicial dio validez a las pruebas presentadas por la Fiscalía que señalan una estrecha relación entre el desaparecido jefe paramilitar Vicente Castaño y empresarios palmicultores, quienes se aliaron para apoderarse ilegalmente de tierras ocupadas por comunidades negras en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, Bajo Atrato chocoano, con el fin de desarrollar allí un megaproyecto agroindustrial de palma africana.
Historia de un despojo
Las comunidades afrodescendientes de Chocó se han visto afectadas por el conflicto armado y no pueden disfrutar de sus ríos con libertad. Foto: archivo Semana.
De acuerdo con lo sustentado por la Fiscalía, los antecedentes de esta empresa criminal pueden ubicase en febrero de 1997, cuando tropas de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa y comandadas por el entonces general Rito Alejo del Río, llevaron a cabo la llamada “Operación Génesis”, con la que buscaban atacar puestos de retaguardia del Frente 57 de las Farc en zonas de los caños Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho.
Aunque el operativo militar duró tan solo cinco días, las confesiones entregadas a fiscales y magistrados de Justicia y Paz por parte de desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos su máximo comandante, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, han permitido establecer que en el mismo participaron activamente por lo menos 60 paramilitares de los frentes Chocó y ‘Arlex Hurtado’ de las Auc, que su accionar se extendió a una territorio más amplio y que dicha incursión culminó en marzo de 1997, con el saldo devastador de más de 1.200 expulsadas de sus territorios. (Ver: Estado no protegió a comunidades durante operación génesis)
Tan solo año y medio después, cuando se consolidó la presencia de los paramilitares en la región, Vicente Castaño invitó a empresarios palmicultores para que invirtieran en la región del Curvaradó y Jiguamiandó. Fue así como arribaron a tierras chocoanas empresas como Urapalma S.A, Palmadó Ltda, Agropalma & Cia Ltda, Palmas de Bajirá, entre otras, las cuales terminaron ocupando los territorios abandonados. (Ver: La barbarie que rodeó la siembra de palma en el Chocó).
Según declararon varias víctimas a lo largo de este proceso judicial, los empresarios se concertaron entonces con los paramilitares, no solo para impedir el retorno de las comunidades desplazadas a sus territorios mediante estrategias que iban desde el amedrentamiento, las intimidaciones y las amenazas directas, sino también para presionar la venta de parcelas a precios irrisorios. Fue así como aparecieron en acción personajes como Sor Teresa Gómez y Remberto Manuel Álvarez, quienes fungieron como intermediarios entre los desplazados y las empresas en negocios de compra-venta.
Para la Juez responsable del fallo, acciones como esta “indudablemente constituyen elementos coactivos que estructuran el delito de desplazamiento forzado. Es más, el solo hecho de que se enviara a “negociar” a comisionistas que eran reconocidos en el sector como paramilitares o que las mismas empresas palmicultoras estuviesen protegidas por éstos, es suficiente para amedrentar a los lugareños y conminarlos a vender sus tierras”, señala en sus apartes la sentencia.
En este caso en particular, el proceso de apropiación de tierras implicó el diseño de complejas estrategias jurídicas para superar los obstáculos legales que suponía negociar tierras protegidas por la Ley 70 de 1993, que reconoce el valor ancestral de los territorios afro-colombianos, como es la zona del Bajo Atrato. Según la Ley, estas tierras no pueden enajenarse, embargarse o negociarse. De hecho, el Incoder, mediante resoluciones 02801 del 22 de mayo de 2000 y 02809 del 22 de noviembre de 2000, había adjudicado estos predios en calidad de títulos colectivos a los consejos comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó, asociaciones autónomas que agrupan a las comunidades negras.
“Vicente Castaño, como líder del sector palmero, designó a Javier José Daza Pretelt (uno de los condenados a una pena de 10 años de cárcel) para que buscara solución a dicha problemática, quien finalmente, junto con el abogado Carlos Daniel Merlano Rodríguez diseñó dos alternativas como estrategias jurídicas para la legalización de los fundos que habían adquirido: realizar acuerdos con las comunidades negras y la implementación de la figura de la accesión, obviamente entendida como una manipulación ilegal y no como un hecho generado de manera natural”, consigna la Juez en su decisión.
Un negocio agro-paramilitar
Foto: archivo Semana.
La providencia proferida por la Juez Quinta Penal del Circuito Especializado de Medellín termina dándole la razón a las denuncias hechas años atrás por diversas organizaciones no gubernamentales con presencia en territorio chocoano: el estrecho vínculo existente entre los empresarios palmicultores y los ejércitos paramilitares con presencia en el Bajo Atrato Chocoano.
En declaraciones rendidas en el marco de este proceso judicial, el exjefe paramilitar, Raúl Emilio Hasbún, señaló que “este proyecto era impulsado por las Autodefensas, al punto que el que entraba en la zona y compraba un metro de tierra en el sector sabía que había detrás de todo eso, de quién estaba detrás impulsando todo el proyecto macro en general”.
De acuerdo con Hasbún, esta relación fue tal magnitud que varios importantes jefes paramilitares terminaron jugando un papel fundamental en la creación de varias empresas palmicultoras, como fue su caso particular en Palmadó Ltda. Caso similar fue el de Vicente Castaño, quien tuvo gran injerencia al interior de Urapalma S.A, Palmura S.A y la Extractora Bajirá. Por su parte, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, mantuvo nexos con la empresa Palmas S.A; mientras que Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoloche’, lo tuvo en Agropalma & Cia Ltda.
Testimonios aportados por la Fiscalía en calidad de prueba, refuerzan aún más la afirmación lanzada por el exjefe paramilitar. Tal es el caso de un exempleado de Urapalma S.A, quien declaró en los estrados judiciales que una persona que se desempeñaba como vigilante y escolta personal de una alta ejecutiva de este empresa como era Katia Patricia Sánchez Mejía (una de las condenadas a una pena de 10 años de cárcel), en realidad era un paramilitar que también cuidaba los sembradíos de palma, pero portando camuflado y fusil.
“Ello, entonces, también denota no sólo relaciones o vínculos con paramilitares sino su actuar mancomunado, ya que deja claro que sí había paramilitares al cuidado de los cultivos de palma, pues si bien es cierto la condición paramilitar o subversiva de un empleado no conlleva necesariamente a que la misma la esté desempeñando en la empresa, en este case es evidente que se valían de su posición como paramilitares para prestar seguridad en los viveros de Urapalma, puesto que precisamente fue avizorado por este testigo dotado de uniforme y fusil”, reseña la sentencia en sus apartes.
Y continúa: “no obstante existe la posibilidad de que estos procesados no empuñaran un arma ni ejercieran presiones directas en los pobladores, ello no se traduce en que fueran ajenos a la coacción, al desplazamiento forzado y al terror generado en la población civil por la agrupación ilegal, pues su actividad, como pertenecientes a dichas acusaciones, fue suficiente para hacer parte del designio criminal”.
Así, las empresas palmicultoras que se asentaron en el Bajo Atrato chocoano fueron una pieza más de un complejo engranaje de naturaleza criminal que involucró la acción bélica de los paramilitares y las estrategias jurídicas de los empresarios que les permitió hacerse a grandes extensiones de tierra para el desarrollo de un proyecto agroindustrial y acceder a cuantiosos recursos del orden estatal.
En efecto, entre los años 2001 y 2005, la empresa Urapalma S.A obtuvo un crédito de parte del Banco Agrario y la Corporación Financiera Colombiana por 5,421 millones de pesos y recibió incentivos del Estado por 2.891 millones de pesos. A su vez, la empresa Palmas de Curvaradó recibió en 2005 un crédito del Banco Agrario por 1.788 millones de pesos y de esa misma entidad, la firma Palmadó obtuvo un préstamo en 2005 por 488 millones.
