Los campesinos caucanos buscan, que al igual que a los afros y a los indígenas, el Estado les reconozca sus derechos y les titulen zonas especiales que protejan su economía de minifundio, pero no quitándoles a éstos como lo ha hecho en el pasado, causando conflicto entre ellos. Su lucha por la tierra viene desde la colonia y aún hoy sigue cobrando mártires.
En el departamento de Cauca se viven fuertes tensiones por la propiedad de la tierra. Algunas han desembocado en enfrentamientos entre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Foto: archivo Semana.Los campesinos de Cauca viven una especie de rompecabezas de disímiles fichas en el que, pareciera, tienen que encajar a la brava. A pesar de que la mayoría de la población del departamento es rural, la tierra se encuentra concentrada en pocas manos. Su Gini oscila entre 0.8 y 0.9, un índice cuya escala va del 0 al 1, donde 1 es la desigualdad absoluta (vea mapa). Y las mejores tierras están dedicadas a la agroindustria de la caña, el pino, el eucalipto y la ganadería. (Vea mapa sobre la fertilidad de la tierra).
Casi todos los campesinos que trabajan la tierra no tienen títulos formales; apenas si muestran documentos privados de compraventa sin registrar o con las firmas sin certificar. “El minifundio es la expresión mayoritaria de la presencia campesina”, explica un líder de la región. “No tener títulos es uno de los mayores problemas para acceder al crédito”.
Hay familias que llevan más de cinco generaciones viviendo en sectores que están catalogados como Zonas de Reserva Forestal. Por esa razón, pese a que cuidan del medio ambiente y trabajan sus parcelas desde hace décadas, por ley, no pueden tener los títulos de sus predios. Esos casos se presentan en mayor medida en los municipios de Bolívar, Argelia y Santa Rosa, en el sur del departamento. (Vea mapa de las Zonas de Reserva Forestal)
Al respecto, César Díaz, líder campesino asociado al Proceso Regional del Comité de Integración del Macizo (Cima), cuenta que “hay comunidades campesinas que llevan más de cien años en la región que no ha sido reconocidas, pese a que sus abuelos cuentan que sus papás llegaron a la región por mandato presidencial. Les dijeron: ‘vayan a los baldíos y domestíquenlos’. Fue una manera para habilitar territorios para la economía del país y ampliar la región agrícola”.
La minería ilegal también ronda por los territorios campesinos del sur de Cauca y los afecta de manera similar que a los indígenas del norte y a los afrodescendientes del Pacífico y de los Valles Interandinos. Una persona que conoce la situación del sector, que pidió no revelar su identidad, le contó a VerdadAbierta.com que en el río Esmita hay 20 entables con más de cien retroexcavadoras.
La fuente relata que la realidad de la región es bastante compleja. “Ya los ríos están sedimentados; la subienda del sábalo, que era la base alimentaria de las comunidades pescadoras se acabó; los niveles de contaminación del río son altos…”, cuenta con decepción, y a la vez reflexiona: “dicen que es minería ilegal, pero es consentida. ¿Cómo pasa o llega la maquinaria?”.
Las personas que tratan de enfrentar este desastre medioambiental se han topado con la respuesta de personas armadas. Las amenazas son el común denominador y a los violentos no les ha temblado la mano para sacar del camino a quienes se oponen a su lucrativo y dañino negocio.
Una de sus víctimas más recientes es Adelinda Gómez de Almaguer, quien organizó un foro para alertar a la comunidad sobre los riesgos de la minería ilegal. El 30 de septiembre del 2013 fue asesinada por dos hombres encapuchados que le dispararon en varias ocasiones y dejaron mal herido al hijo que la acompañaba. Semanas atrás, Adelinda recibió amenazas y fue víctima de seguimientos. Pero no les puso atención. Su tesón por salvar a su región podía más que el miedo. “Uno no se muere en la víspera”, solía decir.
Los campesinos caucanos también tienen que soportar la presión armada y vivir en un ambiente de guerra. Sufren la tiranía armada de las Farc a lo largo y ancho del departamento, y la del Eln en algunas zonas. Además, bandas criminales que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2005, como Los Rastrojos, Las Águilas Negras y Los Urabeños, los hostigan constantemente. “Hay un montón de grupos, algunos son los viejos paramilitares que nunca se fueron, que utilizan esos nombres”, cuenta una persona de la región.
Los campesinos también sufren la indiferencia del Estado. “¡Hoy no aparecemos ni en el Dane!”, se queja indignado César Díaz del Cima. Se refiere a que en el Censo Nacional de 2005, la categoría de campesino no fue incluida en esa medición, como sí lo fueron las de indígena y afrodescendiente. En su lugar, aparecieron las definiciones de población mestiza rural o población mayoritaria sin clasificar (Vea mapa sobre la presencia campesina). “Lo que el Gobierno debiera hacer es honrar eso que dicen que es construir paz en el campo y honrar el derecho de los campesinos a unas políticas territoriales y a ser reconocidos en las leyes como comunidad. Este país se volvió vergonzante con su pasado, y a sus administradores se les olvida que su abuelo, o quizá su papá, todavía tienen raíces campesinas”, señala.
Además de esta sensación de abandono, los campesinos tienen problemas con sus vecinos afrodescendientes e indígenas, pues muchas de las fincas que trabajan están en medio de sus territorios colectivos y resguardos. A pesar de que durante muchos años ambas comunidades lucharon de la mano por tierra, los pueblos indígenas se organizaron mejor para reclamar los derechos que les reconoció la Constitución Política de 1991, y eso los separó de los campesinos. En la actualidad hay 101 resguardos indígenas y 17 Consejos Comunitarios Afrodescendientes en la zona del Pacífico Caucano con sus respectivos títulos colectivos. Sin embargo, el número de Consejos Comunitarios con títulos colectivos podría aumentar, porque los pueblos afro que viven en los Valles Interandinos, también buscan que les titulen colectivamente las tierras que hoy trabajan, así como lo han conseguido otros pueblos afro en la Costa Pacífica. (Lea: Los afros de Cauca quieren su tierra)
La ‘discriminación’ de la Constitución del 91
La Constitución Política de 1991 dejó por fuera de una legislación especial a la comunidad campesina y su territorio. Afros e indígenas sí gozan de derechos adicionales por sus luchas ancestrales y culturales. Foto: archivo Semana.Uno de los logros más importantes de la actual Carta Magna que rige a los colombianos es el reconocimiento de los derechos particulares de indígenas y afrodescendientes. Los campesinos caucanos no obtuvieron un tratamiento especial y por ello sienten que están en desventaja ante esas comunidades con las que comparten territorio en buena parte del departamento.
Pedro Alberto Gamboa, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), cuenta que han surgido problemas con los resguardos indígenas que se crearon en los años 70 por medio de actos administrativos acordados entre el Instituto de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) y el Cric (la organización indígena). No ha sido así, explica, con los resguardos que existen desde los tiempos de la Conquista. Para conformar o ampliar los territorios indígenas, el Estado ha adquirido predios que les pertenecían o pretendían los campesinos, y de ahí han surgido los conflictos. “Donde comienzan a darse dificultades es con los resguardos nuevos, que son constituidos con predios que adquiere el Estado. Son predios que están separados entre uno y dos kilómetros, y por ese hecho, las comunidades plantean que en todo lo que está en medio de esos predios también es de ellos, ahí surge el conflicto”, dijo Gamboa.
Además de los conflictos por tierra entre comunidades, se presentan choques por el manejo de la educación y la salud, a raíz de la potestad que la Constitución le otorgó las comunidades indígenas para administrar y desarrollar el territorio de acuerdo a sus tradiciones ancestrales.
Según Óscar Salazar, integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pusoc), por un convenio entre el departamento y el Ministerio de Educación, hoy el Cric es el operador de más de 650 escuelas, a las que asisten hijos de campesinos y reciben educación indígena. “La educación que quieren implantar con sus lenguas y costumbres, lo respetamos pero no lo compartimos”, dice, y explica que en el norte de Cauca los hospitales vienen siendo solicitados por su IPS y entran a manejar parte del presupuesto dedicado a la salud y eso ha hecho sentir excluidos a los campesinos.
Salazar asegura que el diálogo es la clave para encontrar soluciones a estos conflictos creados por agentes externos a las comunidades. “Debe haber puntos razonables para que las comunidades indígenas tengan el territorio que necesitan y merecen, fruto de todas su luchas y sus derechos pisoteados, pero eso no puede pasar por pisotear los derechos del campesinado y de las comunidades afro”, dijo. Está convencido de que esa ha sido la práctica del Estado colombiano, creando así contradicciones entre afros, indígenas y campesinos.
En el centro del departamento también hay tensiones. Tras la reforma agraria de los años 70, emprendida en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, los campesinos lograron recuperar territorios y que se los titularan, pero como muchos de ellos eran indígenas, sus predios pasaron a hacer parte de resguardos. Así muchos campesinos quedaron rodeados de áreas de resguardo, yhoy los indígenas reclaman esas tierras como suyas. Según César Díaz de Cima, en el momento hay conflictos de este tipo en Piendamó, Cajibío y Popayán, pero las comunidades los manejan con acuerdos de convivencia y vías legales. Como por ejemplo, piden al gobierno clarificar los límites de los resguardos.
También surgen conflictos del hecho de que los indígenas es puedan adquirir nuevos predios, pues sus cabildos, u organizaciones de gobierno, reciben dineros de la Nación del Sistema General Participaciones, según fue reglamentado en la Ley 715 de 2001. Así compran predios en transacciones privadas y luego le solicitan al Incoder que les otorgue un título colectivo, con lo que pasan a ser parte de sus resguardos.
Las Zonas de Reserva Campesinas
Los campesinos buscan con las Zonas de Reserva Campesinas un territorio para vivir en paz. Foto: VerdadAbierta.com.El tema de creación de Zonas de Reservas Campesinas irrumpió recientemente en la opinión pública por la propuesta que hicieron las Farc en el primer punto de la agenda de negociación de paz que tiene con el Gobierno Nacional en La Habana, Cuba. Sin embargo, desde hace 20 años, los campesinos están luchando para que se decreten estas Zonas, de alguna manera que equivalentes a los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios afrodescendientes o a los resguardos indígenas.
Esa propuesta se logró en 1994 con la aprobación de la Ley 160, conocida como Ley de Desarrollo Rural, que reconoció las Zonas de Reserva. Para esa época, el Banco Mundial aportó recursos para que se hiciera un plan piloto. “Se propusieron zonas de reserva campesina piloto en Caquetá, en San Vicente del Caguán; en Cabrera, Cundinamarca; en Puerto Asís, Putumayo; en Guaviare, y en sur de Bolívar. Pero las propuestas quedaron ahí porque no al no ser incluidas en los Planes de Desarrollo de estas regiones no recibieron financiación ni se desarrollaron”, cuenta un líder.
Los campesinos consideran vitales estas Zonas de Reserva para proteger sus tierras y su cultura. Entienden que si les empiezan a titular tierras, éstas deben hacerse bajo la figura de Zonas de Reserva Campesina, para que no queden en el mercado, y al final no sean adquiridas por terceras personas, como sucedió en anteriores procesos de titulación. “Para nosotros es muy importante que se desarrolle esta figura y que se proteja de esta manera a la cultura campesina, porque de lo contrario, esta apariencia de fortalecimiento que podemos creer que es la formalización de la titularidad, termina siendo una amenaza contra los campesinos”, explica Óscar Salazar del Pusoc. Actualmente están proponiendo la creación de siete Zonas de Reservas Campesinas. (Vea mapa de los municipios en los que los campesinos pretenden desarrollar Zonas de Reserva)
La posible creación de las Zonas de Reserva ha despertado preocupación entre las comunidades afrodescendientes e indígenas, por la posibilidad de que sus territorios se vean afectados. Al respecto, Salazar sostienen que no deben temer, pues las Zonas de Reserva Campesina que piden no se crearían en territorios de comunidades étnicas, sino que pretenden parcelas que hoy pertenecen a grandes latifundios. No obstante, advierte que deben tener cuidado con no pretender tierras que no les pertenecen para añadirlas a sus propiedades colectivas.
Actualmente hay seis solicitudes de Zonas de Reserva Campesina en Cauca tramitadas ante el Incoder. Estas se encuentran en los municipios de Inzá, Totoró, Páez, Corinto, Miranda, Caloto y La Vega. Antes de tramitarlas, las autoridades deben verificar que las zonas pretendidas no se traslapen con resguardos indígenas de origen colonial. De conseguir estas zonas especiales de protección, los campesinos caucanos obtendrían un gran logro después de más de 200 años de lucha por su tierra, por la cual han puesto, al igual que afros e indígenas, su cuota de martirio.
Una historia de luchas
Los campesinos han librado una intensa lucha por la tierra desde los tiempos coloniales. A partir de ese periodo, se han visto afectados por la concentración de las riquezas del campo. Foto: archivo Semana.“En el departamento de Cauca los padres de la patria nos dieron la independencia, pero se quedaron con la tierra”. Con esta frase lapidaria, un líder campesino de ese departamento del suroccidente colombiano, explica el origen de un problema neurálgico de esa población: la concentración de la tierra.
Líderes de diferentes sectores campesinos del Cauca, consultados en la región por VerdadAbierta.com, coinciden en que tras el final del control de la Corona española, la tierra pasó a manos de los oficiales de guerra que participaron en la batallas de la independencia y de los grandes empresarios que las financiaron, con lo que los campesinos se quedaron sin parcelas y siguieron bajo condiciones esclavistas.
“Todos los que fueron generales en las luchas libertarias, se convirtieron en grandes hacendados que mantuvieron relaciones de vasallaje con los campesinos, indígenas y afrodescendientes. Se mantiene la figura del terraje, en donde se entrega tierra para que la gente trabaje y viva en ella, a cambio de la alimentación”, explica César Díaz, de Cima. Otro líder añade que el terraje existió hastala década de 1970.
Un dirigente campesino, que pidió mantener en reserva su identidad, explica que la acumulación de tierras por parte de la clase dirigente caucana y su rol durante la época en la que los mandatarios locales y regionales no eran elegidos por votación popular, “dio como resultado la permanencia de su poder y la definición de políticas públicas en defensa de sus intereses”. Ese es el origen de la concentración tierra, que en gran parte, es el detonante de las arduas luchas que han librado los campesinos desde el siglo pasado.
En la década de 1930, los campesinos recibieron una influencia muy marcada del Partido Comunista, que promovió el sindicalismo. El movimiento campesino comenzó a organizarse en las Juntas de Acción Comunal, que fue un modelo propiciado por la Iglesia y que se llama Acción Cultural Popular (Acpo). Desde las juntas de acción comunal, que tienen un poder muy fuerte en Cauca, los campesinos comenzaron a luchar por la tierra.
A partir de allí los campesinos empezaron a ocupar las grandes haciendas con el ánimo de conseguir tierra para subsistir. En medio esas fuertes movilizaciones, que también se dieron en otras regiones del país, en 1936 el Gobierno de Alfonso López Pumarejo sancionó la Ley 200 o de Reforma Agraria. Con esta norma, a los predios que no eran ocupados ni explotados, se les podía extinguir el derecho de dominio, pasaban a ser terrenos baldíos, y el Estado los adjudicaba a quien los ocuparan.
Por medio de la Ley 200 se les tituló tierra a muchos campesinos, sobre todo en el norte de Cauca. Sin embargo, como lo demuestra la historia de ese departamento, tras cada conquista de los campesinos, viene la reacción.Pedro Alberto Gamboa, de Fensuagro sostiene que a los diez años de haber iniciado la titulación de predios ociosos, se dio una especie de contrarreforma por parte de los terratenientes, quienes bajo presiones y amenazas, adquirieron las tierras que el Estado les entregó a los campesinos.
“Por esos tiempos salió la expresión ‘me vende o le compro a la viuda’”, indica Gamboa, al recordar que “a finales de 1949 Walter Eder estaba comprando la última propiedad a los campesinos”. Según él, Eder era un extranjero que llegó al país en 1919 y fue un empresario que compró parte de dichas tierras, donde, a la postre, se alzaron ingenios azucareros.
La situación se agudizó con la Violencia bipartidista y muchos campesinos fueron desplazados de la parte plana hacia las cordilleras. “En muchas regiones del departamento se siente la acción violenta de sectores de los partidos Liberal y Conservador. Siempre en estas confrontaciones, el campesino es el que sale afectado en este proceso de despojo de la violencia. La violencia institucionalizada va encaminada a sacar al campesino de la zonas productoras, que son necesarias para la gran empresa agrícola”, indica Gamboa, de Fensuagro.
En ese mismo sentido se expresa César Díaz de Cima: “Las comunidades fueron arrinconadas en zonas altas por la violencia política. Las tierras de Corinto, Caloto, Miranda… que posteriormente fueron ocupadas por latifundistas y hoy en día los ingenios han heredado esos latifundios para expandir la caña para producir etanol. Se dio apropiación por vía institucional, política y violenta de las tierras más útiles”.
No obstante, el movimiento campesino siguió creciendo y buscó reivindicaciones por la tierra. En 1968 surgió la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), que impulsó los procesos de reclamación de tierras y reforma agraria en los años 70 y 80. Bajo el seno de la Anuc nació el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en 1971, debido a que en ese entonces no había distinción entre campesinos, indígenas y afros. El Cric fue vital para la titulación de los resguardos a los cabildos indígenas. (Lea: La sangre que recuperó la tierra de los Nasa)
La marca de la violencia 
Desde tiempos remotos, los campesinos han sufrido el desplazamiento forzado por la violencia y la presión de poderes de diferentes sectores. Foto: archivo Semana.Aparte los procesos de contrarreforma y la violencia bipartidista, diversos actores armados han aportado su cuota de sangre a lo largo de la lucha campesina en Cauca. Según relata un líder de la región, en 1960 surgieron ‘Los Pájaros’, hombres armados que estuvieron al servicio de terratenientes. Cuatro años más tarde, aparecieron las Farc en Riochiquito, un área montañosa de Cauca, en la región de Tierradentro, entre los municipios de Belalcázar e Inzá. Al principio eran una resistencia campesina armada (Lea: El origen de las Farc). El Ejército Nacional entró a la región para combatir al comunismo y a muchos de sus soldados, como pago, les entregaron tierras que eran de las comunidades.
Además de ‘Los Pájaros’, en la región se dice que frecuentemente existieron grupos paramilitares que arremetieron contra la población campesina por su cercanía con el movimiento sindical y el Partido Comunista. “El paramilitarismo ha estado latente por muchos años en el norte del Cauca y la cordillera Occidental. Entre 1980 y 1985 se constituyeron grupos armados de derecha, donde su función principal fue confrontar a las Farc y a las comunidades indígenas y campesinas, a quienes consideraba como el supuesto apoyo del grupo insurgente”, relata Pedro Gamboa, miembro de Fensuagro.
Entre finales de los 80 y principios de los 90 se dio el desangre de la Unión Patriótica. Según cálculos de Gamboa, quien fue representante a la Cámara por ese partido y le tocó la revocatoria del Congreso República por el proceso de constituyente de 1991, en Cauca fueron asesinados alrededor de 150 líderes campesinos que militaron en ese partido y llegaron a ocupar cargos públicos. Entre esa lista de caídos figuran Javier Castillo, diputado; Leoncio Ayala, concejal; Giovanni Lazo, concejal; Rodrigo y Patrocinio Zúñiga, dirigentes de la UP; Cornelio Velasco, concejal y fundador del Sindicato de Pequeños Agricultores de Cauca; Rubén Darío Fernández, concejal; Jesús Grijalva, líder campesino, entre otros.
Y así como los indígenas consideran que la Constitución Política de 1991 les fue inaugurada con la masacre de El Nilo, a los campesinos les pasó algo similar con la masacre de Los Uvos. El 7 de abril de ese año, en el municipio de Patía, un grupo de miembros del Ejército asesinó a 17 campesinos que se transportaban en una chiva, porque fueron señalados por dos informantes como supuestos miembros de las Farc. Conozca más sobre esta masacre en el proyecto de VerdadAbierta.com y del Centro de Memoria Histórica, Rutas del Conflicto.
Para César Díaz, líder campesino y miembro de Cima, “la masacre fue una acción deliberada de la Fuerza Pública para castigar a las personas que se movilizaban para exigir reivindicaciones. Estábamos movilizándonos por la invisibilidad de derechos campesinos en la Constitución Política de 1991 y por el reconocimiento del Macizo como región estratégica habitada por campesinos y afros”.
El nuevo milenio trajo consigo a las Autodefensas Unidas de Colombia a la región y este grupo paramilitar dejó una larga estela de sangre. En mayo del año 2000, el Bloque Calima, bajo el mando de Éver Veloza García, alias ‘HH’, incursionó desde el vecino departamento de Valle del Cauca y sus hombres instauraron un régimen de terror a punta de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos forzados, en donde la gran mayoría de sus víctimas fueron personas a las que arbitrariamente señalaron como supuestos colaboradores o simpatizantes de la subversión. (Lea: El recorrdio sangriento del Bloque Calima en Cauca)
Paradójicamente, aunque diferentes sectores campesinos son señalados por funcionarios del Estado, y en su momento fueron perseguidos por los diferentes grupos paramilitares por ser supuestamente afines a la subversión, estos grupos armados de izquierda también los han azotado. Un líder de la región recuerda el asesinato del médico y entonces alcalde de Bolívar Orlando Hoyos Méndez en el año 2002, por “la intolerancia de las Farc”.
“En ese periodo (2000-2002) también asesinaron a tres alcaldes y varios concejales que surgieron de las movilizaciones campesinas de los 90, cuando establecieron un veto en el que los líderes sociales no podían participar en elecciones populares”, agrega. Y ni qué hablar de los constantes desplazados por los enfrentamientos con las Fuerza Pública, los hostigamientos a los pueblos, las viviendas destruidas por el uso de tatucos, el reclutamiento de menores, entre otros abusos de las guerrillas contra la población civil.
