En el Alto Andagueda en Bagadó, Chocó, los indígenas Emberá-katíos han sido víctimas y protagonistas de una cruenta guerra por el control de las minas de oro. Hace un año un juez suspendió la explotación minera que tenía títulos y era ajena a la comunidad indígena, pero la minería ilegal sigue haciendo de las suyas.
La Resguardo del Alto Andagueda tiene 50 mil hectáreas. Está en Bagadó, Chocó, y ha sido afectado por la presencia de grupos armados ilegales y empresas mineras que buscan la explotación de oro.El Alto Andagueda es una región de espesa selva al oriente de Chocó, vecina a Antioquia y a Risaralda, en el corazón del Nudo de San Fernando, a donde nacen varios de los ríos principales del Chocó y por donde corren los ríos Azul y Colorado. Ha sido apetecida desde épocas de la Conquista por las minas de oro que hay en las entrañas de sus montañas. Y ha habido puja por ellas por cinco siglos, muchas veces violenta. En los últimos años el control por las minas ha enfrentado a empresarios, a comunidades, y a mineros locales con las multinacionales.Estas pugnas han pisoteado constantemente los derechos de las comunidades indígenas, con derechos ancestrales sobre estas tierras
Por eso la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (creada por la Ley de Víctimas de 2011) solicitó ante el Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras en Quibdó (Chocó) medidas de protección para evitar que las tierras de los indígenas siguieran siendo afectadas por la intervención minera. El 30 de enero de 2013 el Juez concluyó que la explotación aurífera había desplazado a los indígenas y ordenó a la Agencia Nacional de Minería suspender todos los contratos, estudios y trámites de concesión minera que habían sido otorgados o estaban siendo solicitados por personas o empresas ajenas a la comunidad.
Según la Unidad de Restitución, las empresas y particulares que tenían estos permisos suspendieron la explotación tras la decisión del juez y una resolución emitida por la Agencia de Minería. Pero el problema continuó en la zona con los mineros ilegales que, provenientes de diferentes regiones del país, siguen extrayendo el oro del territorio indígena con quince retroexcavadoras distribuidas en todo el resguardo.
El resguardo indígena del río Andagueda fue reconocido por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) el 13 de diciembre de 1979. Según documentó la Unidad de Restitución, de las 50 mil hectáreas que componen el territorio 13 mil ya han sido concesionadas con títulos mineros a cinco empresas y había solicitudes de explotación de otras 27 mil. Es decir, que 80 por ciento del territorio, entre títulos otorgados y en solicitud estaban afectando el derecho a su territorio del resguardo de los Emberá-katíos.
La decisión judicial viene a complicar un panorama jurídico de por sí enredado, dado las constantes decisiones contradictorias que ha venido tomando el Estado Colombiano sobre esas tierras. Así, en octubre de 2012 la Agencia Nacional Minera les aprobó títulos a cinco empresas con vigencia hasta los años 2038 y 2040 para explotar 13 mil hectáreas en el Andagueda. Pero mucho antes, en septiembre de 1996, el Ministerio de Minas les había otorgado a los indígenas una licencia para explotar 720 hectáreas hasta febrero de 2012. ¿Por qué a las multinacionales el Estado les dio permiso para explotar durante 26 años una enorme extensión de tierras que habían sido reconocidas por el mismo Estado como de propiedad de los indígenas? ¿Por qué, en cambio, cuando ellos pidieron licencias para explotar su propia tierra colectiva, apenas les dieron 720 hectáreas y por un tiempo más limitado?
La violencia de actores armados en la región, también ha tornado difícil la protección de los territorios indígenas. Allí han estado en diferentes épocas el Ejército de Liberación Popular (Epl), el Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg). Ahora por la zona rondan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
En sus denuncias, la comunidad señala que los grupos guerrilleros han ocupado sus viviendas y reclutado niños, y generado confinamientos y desplazamientos cuando hay combates con el Ejército. La Unidad documentó que la expulsión de Emberás recrudeció en 2000 según el Sistema de Información a la Población Desplazada (Sipod). Los indígenas terminaron en poblados urbanos de Risaralda y Antioquia en condiciones de mendicidad.
El desplazamiento más grande se registró en 2012 cuando la fuerza pública realizó un bombardeo cerca a la comunidad indígena de Conondo, que está dentro del resguardo, generando la expulsión de por lo menos 2 mil indígenas hacia el caserío de Aguasal.
Conociendo esta situación, la Juez Civil de Restitución de Tierras de Quibdó además de la suspensión de los títulos y solicitudes de concesión minera, ordenó a la Unidad de Protección y a la fuerza pública darles garantías a los indígenas para retornar. A la Unidad de Restitución le pidió documentar el caso para presentarlo en demanda.
Pero los indígenas han denunciado por medio de comunicados que incluso después de las medidas de protección, la violencia continuó en la región por los bombardeos de la fuerza pública y los enfrentamientos entre el Ejército y la columna móvil Aurelio Rodríguez de las Farc. Esto “agrava nuestra condición de víctimas en medio del conflicto armado, pues permanecemos en medio de una lucha de intereses por nuestros territorios, los cuales permanecen constantemente en la mira de multinacionales mineras y de sus socios nacionales, quienes actúan como intermediarios de pequeñas empresas mineras en la región”, advirtieron los indígenas en un comunicado (Léalo aquí).
La Unidad de Restitución presentó la demanda en febrero de 2014 con base en el Decreto Ley 4633 de 2011, que permite la restitución de derechos territoriales a indígenas (Lea: Comunidades étnicas reclaman títulos sobre 1,2 millones de hectáreas). Como el proceso ahora está en etapa de juicio, VerdadAbierta.com se reserva los nombres de las empresas y las personas relacionadas con la explotación minera del Andagueda.
El camino a Dabaibe
En su libro El oro y la sangre el periodista Juan José Hoyos hace una descripción detallada de la historia de la región del Andagueda desde los tiempos de la Conquista hasta los años 90. Según este relato, el despojo comenzó cuando los españoles se enteraron que en las selvas del Chocó había minas ricas en oro. Para llegar al famoso camino a Dabaibe, como se le conoce a la región minera del Andagueda, engañaron y mataron a los indígenas.
Pese a la percusión, la comunidad resistió. Pero en el siglo XX, la codicia por otra mina de oro, la Morrón descubierta por el indígena Severo Campo, desató otro conflicto. La mina tuvo varios dueños hasta terminar en manos de dos familias que llegaron a un acuerdo: la del indígena Guillermo Montoya y la del colono paisa Ricardo Escobar Restrepo. La explotación de la mina se realizó sin disputas hasta que en 1950 murió Escobar y más tarde, en 1974, Montoya.
Según los testimonios recaudados por el periodista, los herederos de Escobar quisieron apropiarse del Morrón. Ninguna de las familias tenía títulos de las tierras, pues la mina estaba sobre una zona de reserva forestal. Sabiendo esta restricción, los Escobar buscaron al entonces Servicio Minero para que les realizara un mapa de la mina para solicitar los títulos.
En 1975 el indígena Aníbal Murillo, a quien describían como un hombre que tenía la capacidad de ‘oler el oro’, encontró una nueva mina a dos kilómetros del Morrón a la que nombró La Bruja. Preocupados por la competencia pero sobre todo porque ésta era una veta en potencia y a Morrón se le estaban agotando las reservas después de 76 años de explotación, los Escobar buscaron de nuevo al Servicio Minero. Esta vez, le solicitaron incluir en el mapa a La Bruja y a las dos minas las renombraron Palomas Uno y Palomas Dos.
“A partir de agosto de 1976 todos los Emberá del Alto Andagueda comenzaron a ser desterrados de los ríos Colorado y Azul. Durante los primeros meses de 1977 la situación empeoró y los actos de hostilidad contra los indígenas continuaron durante los primeros meses de 1977”, documentó Hoyos en su libro.
Mientras en terreno trataban de imponerse, los abogados de los Escobar buscaban los permisos en Bogotá para explotar La Bruja. La División de Asuntos Indígenas delMinisterio de Gobierno les informó que este permiso sólo lo otorgaban si el terreno era baldío y allí no había comunidades asentadas. Durante 1977 miles de indígenas fueron obligados a salir de su territorio después de que le destruyeran sus tambos (viviendas tradicionales).
La explosión de la guerra
Cansados de los abusos de los Escobar, Jaime Montoya, nieto de uno de los dueños originarios del Morrón, organizó a los indígenas del Alto Andagueda para rebelarse. El 11 de junio de 1978 cuando un helicóptero de la familia Escobar iba a aterrizar para recoger la carga de oro, los indígenas se tomaron La Bruja usando escopetas, cerbatanas,cuchillos y machetes.
Desde ese día se desató una batalla en el Andagueda. Con el dinero de la venta del oro, los indígenas se armaron para defenderse. No querían que Escobar volviera a pisar esas tierras. Como sabían que su mejor arma para proteger el territorio era lograr el reconocimiento como resguardo, comenzaron a hacer los trámites ante el antiguo Incora.
Pero esa decisión de los indígenas de recuperar el Andagueda se vio interrumpida varias veces durante los siguientes veinte años por disputas entre ellos. Un grupo indígenas que estaba inconforme con el manejo de la mina asesinó en mayo de 1979 a Jaime y su hermano Jorge Montoya. Después de varios meses y de denunciar que el ministro de Agricultura Germán Bula Hoyos tenía vínculos familiares y de amistad con Escobar, finalmente el Incora terminó reconociendo el Resguardo del Río Andagueda en diciembre de ese año.
A principios de 1980 los Emberá-katíos se enteraron de la noticia, pero los Escobar, no contentos con la decisión siguieron presionándolos para que salieran del territorio. El 30 de agosto de ese año varios hombres vestidos de civil aprovecharon que la comunidad había tomado aguardiente durante la noche anterior y a las cinco de la mañana los atacaron a disparos. Según el relato de la comunidad, luego se supo que se trataba de un grupo de policías que había sido pagado por un familiar de los Escobar.
Tras el ataque, los indígenas formaron una comisión y viajaron a Bogotá para denunciar lo sucedido. “¿Cómo es posible que después de aprobar la creación del resguardo por usted, señor Presidente, se mande al Ejército y a la policía con fusiles, ametralladoras, granadas y demás armamentos para asesinarnos y buscar nuestro desalojo?”, le preguntaron los indígenas al presidente Virgilio Barco en una carta.
Los Emberá decidieron asesorarse y contrataron al abogado Aníbal Tascón, quien era un experto en tierras y acompañaba a varias comunidades indígenas en estos litigios. Pero en junio de 1983 Tascón fue asesinado por un sicario. Durante los siguientes años la violencia continuó por las batallas de la guerrilla del M-19 en contra de la Cuarta Brigada del Ejército.
Indígenas de las zonas de Chuigo, Conondo y Aguasal, que estaban en la parte baja del resguardo, estaban inconformes con el manejo de la mina porque según ellos los Montoya sólo les permitían la explotación a los indígenas de los caseríos del Río Colorado y Paságuera.
El 30 de enero de 1987 el grupo de indígenas que se sentía excluido asesinó a Orlando y Humberto Montoya así como a su tío Gabriel Estévez y ocho indígenas más, todos integrantes del Río Colorado. Lo que vino durante los siguientes años fueron asesinatos de venganza entre los dos grupos indígenas de la misma etnia Emberá. Por miedo, los sobrevivientes se desplazaron al Cauca, otros a Risaralda y unos más aprovechando su conocimiento sobre minería buscaron rebuscarse la vida en Puerto Boyacá, Boyacá.
Después de varios años de sangre derramada, más de 600 indígenas de los dos grupos se reunieron en Aguasal y en marzo de 1989 firmaron la paz en una reunión curiosamente convocada por un actor armado, el Epl. En el Andagueda hubo un relativo período de tranquilidad hasta que los mineros foráneos llegaron con fiebre del oro. Esta vez no eran los Escobar sino cinco empresas y dos personas que en 2012 lograron concesiones avaladas por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Las medidas de protección del Juez de Tierras de Quibdó es solo un salvavidas para proteger a la comunidad, pero los Emberá piden que se les respete su territorio ancestral, su derecho a la consulta previa y se les indemnice por los daños causados. En el Alto Andagueda hay 5 mil indígenas, cuyos líderes tratan de enmendar los lazos de una comunidad fracturada por la violencia propia y ajena. La decisión judicial, si es respetada por el Estado, puede darles otra oportunidad.
FotosCortesía Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras
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